REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
Corte de Apelaciones
TRUJILLO, 4 de Julio de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : TP01-P-2012-002869
ASUNTO : TP01-R-2012-000117
RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO
PONENTE: DRA. RAFAELA GONZALEZ CARDOZO
Se recibieron las presentes actuaciones procedentes del Tribunal de Control Nª 2 este Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, en fecha 29 de junio de 2012, con motivo del RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO interpuesto por el Abogado William Arguello Peña, Abogado en ejercicio, inscrito en el 1. P. S. A. con el N° 165.607 actuando con el carácter de defensor privado del imputado NATANAHEL ZAMUDIO CARVALLO, contra la decisión dictada en fecha 02 de junio de 2012 y publicada el 03 de junio de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 02, de este Circuito Judicial Penal, donde: “decretada la aprehensión en flagrancia, acuerda imponer LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA LIBERTAD al ciudadano NATANAHEL JOSE ZAMUDIO CARVALLO , venezolano, fecha de nacimiento 21-06-1991, de 20 años de edad, titular de la cedula de identidad N. V.- 21.207.271, soltero, ocupación obrero, natural de Barinas y con residencia en el sector El Hatico, cerca de la Bomba Shell casa s/n de color gris, Parroquia Trujillo – Estado Trujillo, EXTORSION, previsto y sancionado en el articulo 16 en su encabezamiento Ley del secuestro y extorsión, en agravio del ciudadano LENIN ENRIQUE RUIZ MONTILLA, en atención a lo pautado en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal a ser cumplida en el Internado Judicial del Estado Trujillo. Asimismo, se ordena la tramitación de la causa por las vías del PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO”

DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE APELACION, DEL AUTO RECURRIDO DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA PRESENTE DECISION.

Plantea el recurrente, en el escrito contentivo del recurso de apelación de auto que: “…
ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
Es procedente el recurso de apelación de conformidad con el artículo 447 del Código Adjetivo Penal ya que en dicho auto se resuelven, medidas cautelares, y niegan la admisión de lo propuesto por la defensa técnica cambiando lo expresado por esta en la audiencia de presentación; en la Resolución emitida por el Tribunal de Control N° 02 en fecha 03 de junio de 2012; causándose un gravamen irreparable a mi representado.
OBJETO DEL RECURSO
El objeto del presente recurso de apelación es que la Corte de Apelaciones reexamine las motivaciones del fallo interlocutorio antes descrito mediante el cual se resuelve en audiencia presentación declarar sin lugar las solicitudes de nulidad de las actuaciones, las argumentaciones de defensa opuestas, y la medida cautelar sustitutiva solicitada, ordenando la apertura del proceso ordinario. Con la finalidad de que al reexaminar el fallo dicte una decisión propia corrigiendo los vicios de inmotivación en que incurre la recurrida, la desaplicación de normas de rango Constitucional y legal, que vician tanto la investigación y por consiguiente el acto conclusivo y la audiencia preliminar de nulidad.
Se requiere subsanar la situación jurídica infringida, corrigiendo la inconstitucionalidad que hacen nulo el proceso.
MOTIVOS DE LA APELACION Primer motivo de la Apelación:
Se denuncio en la audiencia de presentación que la imputación hecha por el Ministerio Publico a cargo de la Fiscalía Tercera, viola el debido proceso y el derecho a la defensa; por cuanto se basa en unos elementos de convicción que no estaban claros en el acta policial como lo fue la hora en que es aprehendido mi representado; el color de la motocicleta en la que presuntamente había la pretendida victima colocado el sobre amarillo manila; el lugar donde fue dejado el sobre; en este orden de ideas tenemos:

En cuanto a la hora señalada en dicha acta policial es a las 0930 horas de la noche del día 31 de mayo de 2012; (VER FOLIO DOS Y TRES DE LA CAUSA N° TPOIP-2012-002869) hora esta que contradice mi representado y que también es confusa para el representante del Ministerio Publico Abog: JOSE LUIS MOLINA GIL, Fiscal auxiliar de la Fiscalía Tercera, ya que en oficio de fecha 01 de junio de 2012 remitido al Juez en funciones de Control donde señala entre otros particulares (... y a los fines de sea oído por el Tribunal Competente de la Republica, al aprehendido Ciudadano: ZAMUDIO CARVALLO NATANAHEL, titular de la cedula de identidad V-21207 271 quien fue aprehendido de manera flagrante por funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 02 Valera Estado Trujillo aproximadamente a las 05:30 horas de la mañana. En las circunstancias de modo tiempo y lugar (VER FOLIO 16 QUE +RIELA EN AUTOS) esto se suma al hecho de que mi representado fue aprehendido a las 0510 horas de la tarde, del día 31 de mayo de 2012, saliendo de su trabajo. en la empresa EDIMA. CA en una construcción DE MURO AVENIDA LAUDELINO MEJIA ESTADO TRUJILLO, tal y como lo declaro mi patrocinado en la audiencia de presentación el día 02 de junio de 2012, en cuanto a la claridad de los hechos en el momento de la aprehensión el funcionario policial OFICIAL (FAPET) PIRELA TERAN YANKI ALBERTO, (ver folio 03 y siguiente que riela en autos) quien procede a realizar una inspección de persona, basado en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal y logra incautarle un sobre manila entre la pretina del pantalón y el abdomen, que al inspeccionarlo contenía Un (01) billete de papel moneda de circulación nacional, de la denominación de cien (100) bolívares serial C15320659 y cincuenta recodes de papel en blanco en forma rectangular, aparentando el tamaño de un billete, que minutos antes le había hecho entrega la victima; se pregunta la defensa por que si en la referida acta policial se señalo que supuestamente el sobre fue colocado en una moto color negro y amarillo que estaba estacionada en la vía, como es que luego en la misma acta policial que es tomada por la recurrida como fundamento de la imputación se señala que le fue incautado un sobre manila que minutos antes la víctima le había entregado a mi representado.
En cuanto al color de la motocicleta según lo plasmado en el acta policial esta es de color negro con amarillo, motocicleta que no pertenece a mi representado ya que no pudo el representante fiscal demostrar de que manera le pertenecía dicha motocicleta, en cuanto al color según lo determinado en la planilla de recepción y entrega de vehículos recuperados emitida por Concesionaria ESTACIONAMIENTO Y GRUAS VALERA, C.A donde fue remitida dicha motocicleta; en cuanto a las características del vehículo señala color NEGRO (ver folio 13 que riela en autos),
Aunado a lo arriba denunciado está la orden de inicio de la investigación que fue emitida el día 01 de mayo de 2012 por el despacho fiscal a cargo de la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico, fecha que no se adapta a la realidad, puestos que los hechos que derivaron a la aprehensión ilegal de mi representado fueron en fecha 31 de mayo de 2012. Todos estos alegatos evidencian la violación del debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 de LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA causándole un gravamen irreparable a mi representado.
Segundo Motivo de Apelación
Con la Reforma parcial del Código Orgánico Procesal penal ocurrida en fecha 04 de Septiembre de 2009, publicada en la gaceta oficial N° 5.930 Extraordinaria se legislo y se creó lo que hasta esa fecha había sido obviado de nuestro Código adjetivo Penal es decir la cadena de custodia a tal efecto se incorporo el articulo 202 A en el cuerpo normativo. A decir de Rodrigo Rivero Morales en su obra Código Orgánico Procesal Penal segunda edición página 239, “esta agregación es muy importante. Constituía un déficit que tenía el CQPP, en la reforma del proceso penal todas las legislaciones iberoamericanas habían incorporado este importante elemento como garantía del aseguramiento de la prueba y el debido proceso.
Nuestro Tribunal Supremo de Justicia en sede de la Sala Penal venia desde hace algunos años tratando el tema de la cadena de custodia, pero no existía normas reguladoras especificas. Los Jueces de guiaban por los artículos relativos de las inspecciones arts. 202-209-.”
A su vez cita Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal que sirvieron de precedentes a este citado artículo 202 A entre ellas la sentencia N° 466 del 03 de Agosto de 2007, la sentencia N° 281 de fecha 31 de Mayo de 2005, y la sentencia N° 8 del 20 de Enero de 2009.
Denuncio igualmente la violación de Normas de Orden Público de rango constitucional como son las del artículo 26 y 49 de nuestra Carta Magna, el primero que establece la tutela judicial efectiva, imparcial, idónea y transparente y el segundo que establece la nulidad de las Pruebas obtenidas con violación del debido proceso es así como ve la defensa que la imputación se fundamenta en actuaciones, todas derivadas de una aprehensión practicada a mi defendido y que supuestamente produjo hallazgos positivos en cuanto a la incautación de elementos de convicción; sin embargo, se observa la ocurrencia de serias irregularidades que vulneran normas de orden público de carácter legal, que establecen a su vez Garantías de Orden y Rango Constitucional; es así como se evidencia que e reformado artículo “202-A” del Código Orgánico Procesal Penal estatuyó en forma expresa, todo lo relacionado con LA CADENA DE CUSTODIA DE LAS EVIDENCIAS QUE SE COLECTAREN, obligando a los funcionarios que colectan evidencias físicas a registrarlas, en la planilla correspondiente, creada a tal efecto por mandato legal, debiendo cumplirse progresivamente con todos los pasos para la protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado a las otras dependencias, con el objeto de GARANTIZAR la integridad AUTENTICIDAD, ORIGINALIDAD, Y SEGURIDAD DEL ELEMENTO PROBATORIO para evitar y detectar MODIFICACIONES, ALTERACIONES, CONTAMINACION O EXTRAVIO DE ELEMENTOS PROBATORIOS según el manual que ordena a ley debe haber elaborado el Ministerio Público y el Ministerio de Interiores y Justicia. En el presente acto de imputación la recurrida toma como elemento de convicción para decretar la flagrancia, y para decretar una medida de coerción personal sobre mi representado el registro de cadena de custodia y podemos leer claramente, es decir no debemos efectuar más que un análisis formal y no sustancial o de fondo, que quien ubica y colecta la evidencia es el Oficial PIRELA TERAN YANKI ALBERTO (VER FOLIO 08, 09 y 10 DEL EXPEDIENTE). Pero al trasladar la evidencia según el acta de cadena de custodia o de acta de identificación no aparece a quien se las entregó, en el espacio que dice FUNCIONARIO QUE RECIBE, ESTA TOTALMENTE EN BLANCO, OMITIENDOSE QUIEN TRASLADA LA EVIDENCIA. GRAVEMENTE SE EVIDENCIA LA RUPTURA DE LA CADENA DE CUSTODIA, lo que distorsiona la realidad, plasmado en el acto de imputación o AUDIENCIA DE PRESENTACION, esta irregularidad en la ruptura de la cadena de custodia fue puesta de manifiesto el día 02 de junio de 2012 en la celebración de la audiencia de presentación ante la recurrida. Sin obtener respuesta al planteamiento señalado.
Como puede observarse violenta el debido proceso el Juzgador cuando NO SE PRONUNCIA sobre este señalamiento ventilado por la defensa. El deber ser es que el Órgano Policial que ejecuto la aprehensión de mi representado se ciña con rigurosidad a los extremos de Ley puesto que ello representa la garantía constitucional prevista en todos los tratados que sobre la materia ha suscrito la República y que deben cumplirse independientemente de los que pueda decir cualquier sujeto procesal.
Cabe destacar que en la resolución emitida por el Tribunal Penal de Control N° 02 se notan de manera preocupante una serie de vicios en cuanto a la participación de la defensa técnica en la causa N° TPOI-P-2012-002869 que se le sigue a mi representado ZAMUDIO CARVALLO NATANAHEL, por el delito de extorsión previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley del Secuestro y Extorsión, por los hechos ocurridos el día 30 de mayo de 2012, cuando la recurrida señala (ver folio 23 de la causa) Por su parte, en la oportunidad legal correspondiente se le cedió la palabra al defensor privado Abg. WILLIAM RAFAEL ARGUELLO, ejerció la defensa técnica: “Considera que la solicitud fiscal en cuanto a la medida de privación judicial de la libertad se encuentra desproporcionada a la gravedad del delito tomando en cuenta la simple o pequeña cantidad de 2,8 gramos de cocaína la cual no satisface el numeral 2do del Art. 250 del VCOPP para que sea decretada dicha medida y se evidencia en el acta policial la presencia de testigos fundamentales para la revisión de personas y así sigue haciendo fundarnentaciones jurídicas a u defensa y finalmente pide tribunal sea desestimada nuevamente la solicitud fiscal y decretada una medida cautelar menos gravosa de las contenidas en el Art. 256 ordinal 1 lo cual sería una detención domiciliaria. Es todo. Niega la defensa lo aquí expuesto ya que no fue imputado mi representado por delito de droga alguno, y mal puede la defensa argumentar en un caso de extorsión una defensa técnica referida al delito de drogas. Lo antes señalado deja ver que ni para la recurrida están claros los hechos que derivaron en la privación de la libertad de mí representado, con lo que se vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso claramente consagrados en el artículo 49 de La Constitución de La Republica Bolivariana de Venezuela.
Con lo antes expuesto honorables miembros de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo no busca la defensa desviar el objetivo principal del proceso que es la búsqueda de la verdad, que a decir de la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, del 20 de Octubre de 2005, N° 606, expediente 02-493, que transcribe la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 07 de Diciembre de 2004, N° 2811 ponencia del Magistrado ANTONIO GARCIA GARCIA.
En base a los señalamientos hechos y a la señalada jurisprudencia solicito muy respetuosamente se reexamine lo expuesto por la defensa técnica al momento de celebrarse la audiencia de presentación en cuanto a las graves violaciones al debido proceso en la presente causa.
Propongo como solución a todos los vicios señalados, que se anulen todas las actuaciones violatorias del Debido Proceso, se ordene la realización de una nueva y legal investigación desde su fase inicial, aplicando al imputado una medida de coerción personal menos gravosa que la que se le ha impuesto como es la de privación de la libertad, pero que permita la realización de todo el proceso penal en la búsqueda de la verdad y la aplicación de la Justicia.
Pido por último, que la presente Apelación sea declarada por la alzada con lugar en todas y cada una de sus partes.

La ciudadana MILAGROS DEL CARMEN ROJAS URBINA, abogado, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalia Tercera del Ministerio Público del Estado Trujillo, dio contestación al RECURSO DE APELACION de la siguiente manera: .
“Ahora bien, efectuado el análisis del recurso interpuesto, esta Representación Fiscal pasa a establecer las razones de hecho y de derecho por s cuales no considera procedente el recurso ejercido por el abogado WILLIAN ARGUELLO PENA.
PRIMERO: Es necesario precisar que Representación Fiscal al momento de imputar la comisión del delito de EXTORSION previsto y sancionado en el articulo 16 de la Ley Contra el Secuestro y La Extorsión contra el ciudadano NATANAHEL ZAMUDIO CARVALLO, considera que si existen y fueron presentados ante el Tribunal Segundo de Control fundados elementos de convicción para considerar satisfecho lo establecido en el articulo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, el cual establece: “... quien por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño, alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, serán sancionados o sancionadas con prisión de diez a quince años..” en virtud de que cursa denuncia del ciudadano: LENIN ENRIQUE TERAN MONTILLA, quien manifiesta entre otras cosas lo siguientes: “. . .resulta que el de hoy 31 de mayo de 2012, a eso de las 09:10 horas de la noche cuando me encontraba en la Avenida Laudelino Mejías, sector el Hatico Parroquia Trujillo del Municipio Trujillo, en compañía de unos funcionarios policiales de la Brigada de Inteligencia, con la finalidad de lograr la captura de unos sujetos quienes se encontraban extorsionándome por vía telefónica, recibo una llamada del teléfono celular N° 0426-2228234, que al responderla se trataba del sujeto que me estaba extorsionando, me dice que si lleve el dinero, le dije que s él me dice lo deje encima del asiento de una Moto de color negro con amarillo, que se encontraba estacionada a la orilla de la misma vía, los funcionarios estacionan el vehículo yo me abajo y coloco el supuesto dinero donde me habían ordenado, y vuelvo a abordar el vehículo, en es momento se presenta un ciudadano vestido con una franelilla de color blanco y un jean, y se acerca la moto y tomo el presunto dinero, los funcionarios se abajan rápidamente del vehículo y van tras el ciudadano y lo detienen. .
Por lo que se evidencia claramente que la victimas de marras fue obligado por el imputado a ejecutar acciones contrarias a su voluntad, limitándole el derecho de actuar libremente, obligándolo a exponerse a la incertidumbre del resguardo de su vida y de sus bienes al hacer frente a una situación de entrega de dinero frente a las personas que le habían despojado (robado) su vehiculo.
En cuanto a lo señalado por la defensa, en su escrito donde manifiesta “En cuanto a la hora señalada en dicha acta policial es a las 09 30 de la noche del 31 mayo 2012 VER FOLIOS DOS Y TRES DE LA CAUSA TP01—P-2012-002869 hora esta que contradice mi representado y que también es confusa para el representante del MP JOSE LUIS MOLINA GIL, Fiscal auxiliar de la Fiscalía Tercera, ya que en oficio de fecha 01 de junio remitido al Juez en Funciones de Control donde señala entre otros particulares (y a los fines de que sea oído por Tribunal Competente de la Republica, al aprehendido ZAMUDIO CARVALLO NATANAHEL, titular de la cedula de identidad V21207271 quien fue aprehendido de manera flagrante por funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 02 Valera Estado Trujillo aproximadamente a las 05:30 horas de la mañana. En las circunstancias de modo, tiempo y lugar...”
Es importante señalar lo establecido en el articulo 257 de la Constitución de La Republica Bolivariana de Venezuela, que establece: “... no se sacrificara la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. .“ en virtud de que si bien es cierto en el escrito que se consigna ante el Tribunal de Control a los fines de poner a disposición del Tribunal de Guardia al aprehendido en flagrancia tal y como lo dispone el articulo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, aparece que la hora de la aprehensión es a las 05:30 horas de madrugada, no menos cierto es que la Audiencia de Presentación de Imputado realizada por la ciudadana Fiscal Auxiliar Tercero del Ministerio Publico Abg. Yusleivy Pineda fue de manera Oral y Privada dejando expresa constancia a viva voz ante la Juez Segundo de Control, el imputado NATANAHEL ZAMUDIO CARVALLO y la defensa Privada abogado WILLIAN ARGUELLO PENA y el secretario de sala quien deja constancia en acta de lo expuesto por la Representante Fiscal en la presentación de la causa N TPO1-P-2012-.2869, que la hora de la aprehensión fue a las 09:30 horas de la noche del día 31 de mayo del 2012. Por lo que se evidencia que lo aquí recurrido por la defensa privada carece de fundamento y no constituye una violación del debido proceso y el derecho a la defensa.
Ahora bien, en lo aludido por la Defensa “... mi representado fue aprehendido a las 05:30 horas de la tarde, del día 31 de mayo de 2012, saliendo de su trabajo, en la empresa EDIMA, CA en una construcción DE MURO AVENIDA LAUDELINO MEJÍA ESTADO TRUJILLO, tal y como lo declaro mi patrocinado en la audiencia de presentación el día 02 de junio de 2012, en cuanto a la claridad de los hechos en el momento de la aprehensión el funcionario policial OFICIAL (FAPET) PIRELA TERAN YANKI ALBERTO, (ver folio 03 y siguiente que riela en autos) quien procede a realizar una inspección de persona, basado en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal y logra ¡incautarle un sobre manila entre la pretina del pantalón y el abdomen, que al inspeccionarlo contenía Un (01) billete de papel moneda de circulación nacional, de la denominación de cien (100) bolívares serial C15320659 y cincuenta recortes de papel en blanco en forma rectangular, aparentando el tamaño de un billete, que minutos antes le había hecho entrega la victima; se pregunta la defensa por que si en la referida acta policial se señalo que supuestamente el sobre fue colocado en una moto color negro y amarillo que estaba estacionada en la vía, como es que luego en la misma acta policial que es tomada por la recurrida como fundamento de la imputación se señala que le fue incautado un sobre manila que minutos antes la víctima le había entregado a mí representado...”
Quien suscribe, considera y así claramente queda demostrado en el acta policial suscrita por los funcionarios aprehensores adscritos a la Coordinación de Investigaciones Policiales de fecha 31-052012, que el sobre manila fue incautado entre la pretina del pantalón y el abdomen del imputado Por lo que se evidencia que lo aquí recurrido por la defensa privada carece de fundamento y no constituye una violación del debido proceso y el derecho a la defensa.
En atención, a lo explanado por la defensa Privada abogado WILLIAN ARGUELLO PEÑA, con respecto al color de la motocicleta, “.... En cuanto al color de la motocicleta según lo plasmado en el acta policial de color negro con amarillo, motocicleta que no pertenece a mi representado ya pudo el representante fiscal demostrar de que manera íe pertenecía dicha motocicleta cuanto al color según lo determinado en la planilla de recepción y entrega de vehículos recuperados emitida por Concesionaria ESTACIONAMIENTO Y GRUAS VALERA. CA, donde fue remitida dicha motocicleta; en cuanto a las características del vehículo señala color NEGRO,...” cabe destacar que de las actuaciones que rielan en el procedimiento que dio origen a la presente Investigación, se evidencia que en el acta policial y en la denuncia de la victima se deja evidentemente claro las características de la motocicleta que el ciudadano NATANAHEL ZAMUDIO CARVALLO le indico a la victima que dejara el sobre contentivo del dinero a cambio de la devolución de su vehiculo el cual le había sido robado. y que entre los colores señalados en las mismas esta el color negro, tal como consta en la planilla de Registro de Decepción de vehículos que es llenada por el encargado del Estacionamiento judicial Valera. Por lo que se evidencia que lo aquí recurrido por la defensa privada carece de fundamento y no constituye una violación del debido proceso y el derecho a la defensa.
Ahora bien en lo que respecta a lo señalado por a defensa con respecto a la fecha de la orden de inicio de la investigación donde manifiesta que: . . .Aunado a lo arriba denunciado esta la orden de la investigación que fue emitida el día 01 de mayo de 2012 por el despacho fiscal a cargo de la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico, fecha que no se adapta a realidad, puestos que los hechos que derivaron a la aprehensión ilegal de mi representado fueron en fecha 31 de mayo de 2012. Todos estos alegatos evidencian la violación del debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 de LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA causándole un gravamen irreparable a mi representado....” se evidencia de las actuaciones policiales, de la denuncia de la victima y del acta de derechos del Imputado que cursan en la causa penal N TPO1-P-2012-2869, queda evidentemente claro que se trata de un error de forma a la hora de transcribir la fecha y no de fondo, y que de acuerdo a los hechos narrados por la Fiscal del Ministerio Publico en la Audiencia de Presentación de Imputado, quedo claro que los hechos tuvieron su inicio en fecha 31 de mayo de 2012, por lo que considera quien suscribe que no estamos presentes ante un error de fondo que conlleve a la violación del debido proceso y el derecho a la defensa, cuya consideración de quien suscribe la fundamenta en lo establecido en el articulo 257 de la Constitución de La Republica Bolivariana de Venezuela, que establece: “... no se sacrificara la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. .“
SEGUNDO: Forman parte del contenido del escrito mediante el cual el abogado WILIJAN ARGUELLO PENA, ejerce el recurso de apelación objeto de la presente contestación. - Denuncio igualmente la violación de Normas de Orden Público de rango constitucional como son las del artículo 26 y 49 de nuestra Carta Magna, el primero que establece la tutela judicial efectiva. imparcial, idónea y transparente y el segundo que establece la nulidad de las Pruebas obtenidas con violación del debido proceso es así como ve la defensa que la imputación se fundamenta en actuaciones, todas derivadas de una aprehensión practicada a mi defendido y que supuestamente produjo hallazgos positivos en cuanto a la incautación de elementos de convicción: sin embargo, se observa la ocurrencia de serias irregularidades que vulneran normas de orden público de carácter legal, que establecen a su vez Garantías de Orden y Rango Constitucional; es así como se evidencia que e reformado artículo ‘202-A” del Código Orgánico Procesal Penal estatuyó en forma expresa, todo lo relacionado con LA CADENA DE CUSTODIA DE LAS EVIDENCIAS QUE SE COLECTAREN, obligando a los funcionarios que colectan evidencias físicas a registrarlas, en la planilla correspondiente, creada a tal efecto por mandato legal, debiendo cumplirse progresivamente con todos los pasos para la protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado a las otras dependencias. con el objeto de GARANTIZAR la integridad AUTENTICIDAD, ORIGINALIDAD, Y SEGURIDAD DEL ELEMENTO PROBATORIO, para evitar y detectar MODIFICACIONES, ALTERACIONES, ONTAMINACION O EXTRAVIO DE ELEMENTOS PROBATORIOS,
A lo cual quien suscribe, considera que no constituye motivo de Violación de Normas de Orden Publico, los hechos explanados por la defensa, en virtud de lo cual queda claro ante la planilla de Registro de Cadena de Custodia de Evidencias N F-00172-12 que las evidencias fueron presentadas ante el Cuerpo Investigaciones Científicas Penales Y Criminalisticas Valera, a los fines de la correspondiente experticias y que las evidencias señaladas fueron remitidas a la Comisión Policial actuante a los fines de su resguardo
En este mismo orden de ideas, considera quien suscribe, que lo expuesto por la defensa Técnica con respecto a la resolución del Tribunal Penal de Control N2 02, “... Cabe destacar que en la resolución emitida por el Tribunal Penal de Control N° 02 se notan de manera preocupante una serie de vicios en cuanto a la participación de la defensa técnica en la causa N° TPOI-P-2012-002869 que se le sigue a mi representado ZAMUDIO CARVALLO NATANAHEL, por el delito de extorsión previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley del Secuestro y Extorsión, por los hechos ocurridos el día 30 de mayo de 2012, cuando la recurrida señala (ver folio 23 de la causa) Por su parte, en la oportunidad legal correspondiente se le cedió la palabra al defensor privado Abg. WILLIM RAFAEL ARGUELLO, ejerció la defensa técnica: “Considera que la solicitud fiscal, cuanto a la medida de privación judicial de la libertad se encuentra desproporcionada a la gravedad del delito tomando en cuenta la simple o pequeña cantidad de 2,8 gramos de cocaína la cual no satisface el numeral 2do deI Art. 250 deI VCOPP para que sea 1 decretada dicha medida y se evidencia en el acta policial la presencia de testigos fundamentales para la revisión de personas y así sigue haciendo fundamentaciones jurídicas a u defensa y finalmente pide 1 tribunal sea desestimada ,nuevamente la solicitud fiscal y decretada una medida cautelar menos gravosa de las contenidas en el L Art. 256 del COPP ordinal 1 lo cual sería una detención domiciliaria. . .
El Ministerio Publico como titular de la acción penal garante de la constitucionalidad y del estado de derecho en la cual se funda nuestra Republica, considera que la decisión recurrida es procedente y ajustada a derecho que no ha vulnerado derecho alguno al imputado, que por el contrario le han sido respetadas todas y cada una de sus garantías constitucionales y procesales, que el juzgador ha sostenido su decisión dentro de los parámetros legales y constitucionales ajustados a las normas previstas en nuestro ordenamiento jurídico, que basta con revisar los elementos de convicción en que se sostiene, para estimar que le asiste la razón al honorable juez en declarar con lugar el pedimento hecho por la vindicta publica, quién esbozó de manera precisa y detallada todos y cada uno de los elementos de convicción y que llevaron al Ministerio Público a solicitar la medida de coerción personal decretada, ya que considera de manera inequívoca que el imputado actúo dolosamente en la perpetración del hecho punible que se le atribuye, estando claramente señaladas las disposiciones legales en las cuales se fundamentó la solicitud, es por lo que a criterio de quien aquí contesta no le asiste la razón al recurrente en afirmar que la decisión recurrida se basa en una serie de vicios, mal puede el recurrente fundar su recurso haciendo aseveraciones de esta naturaleza, pues en todo caso debe motivar sus denuncias con argumentaciones jurídicas y no argumentaciones subjetivas que irrespetan la majestad de juez y su autonomía para decidir, No siendo procedente a criterio de esta representación fiscal una medida cautelar sustitutiva, conforme a la previsiones del parágrafo primero del articulo 250 y 251 del código adjetivo penal, dado el delito imputado y la pena que podría llegarse a imponer en caso de una sentencia condenatoria, la cual supera los diez (10) años de prisión y la magnitud del daño causado.-

Recibidas como han sido las actuaciones procedentes del Juzgado de Control N° 02 de este Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Abogado William Arguello Peña en su carácter de Defensor de Confianza del ciudadano Natanahel Zamudio Carvallo observa esta Alzada que el recurrente señala que la imputación fiscal se funda en elementos que no están claros en el Acta Policial tales como: la hora en que fue aprehendido el ciudadano Zamudio Carvallo Natanahel; el color de la motocicleta en el que la victima avía colocado el sobre amarillo manila; el lugar donde fue dejado el sobre.
En cuanto a estos aspectos claramente se trata de circunstancias de tiempo y modo en que ocurrieron los hechos objeto del proceso, los cuales se irán aclarando en la medida en que avanza la investigación; no obstante no puede pasar inadvertido, esta Corte de Apelaciones la circunstancia que se destaca en cuanto a que en el acta de notificación de los Derechos del imputado se levantó a las 9:30 horas de la noche del día 31 de mayo de 2012 y la hora de las 5:30 solo se evidencia anotada como oportunidad, momento (tiempo) en que por primera vez la victima el día martes 29 de mayo de 2012 fue sujeto pasivo del delito investigado; en cuanto a que se trate de la hora indicada por el Representante Fiscal en el oficio dirigido al Juez de Control de guardia, la misma es irrelevante pues podría ser un error material, debido a que el Fiscal del Ministerio Público no funge como testigo, sino son los funcionarios actuantes en el procedimiento los que en definitiva con su proceder y las actas levantadas para dejar constancia del mismo ayudarán a determinar y establecer los hechos imputados.
Además el oficio en el que la Representación Fiscal actuante presenta al aprehendido ante la autoridad judicial no constituye un acto relevante (como si lo seria un escrito acusatorio) que implique o contenga imputación: La imputación de los hechos se hizo en los términos de las actas existentes en la oportunidad de la audiencia de presentación del ciudadano Zamudio Carvallo Natanahel y ello le preemitió conocer los hechos imputados.
En cuanto a la circunstancia de que el sobre manila fue colocado en una moto color negro y amarilla, no se explica como el acta policial hace constar que al hoy aprehendido le fue incautado un sobre manila que momentos antes la victima le había entregado, esta circunstancia referida a la forma en que ocurrieron los hechos, obviamente debe ser aclarada en la investigación que se realiza; incluso el legislador adjetivo patrio ha establecido para la Defensa la posibilidad de proponer la practica de diligencias de investigación útiles, necesarias, pertinentes que le permitan defenderse de la imputación fiscal y contribuir a llevar la verdad material del proceso, no obstante se observa de la simple lectura del acta policial que …”el ciudadano se sale del vehiculo y coloca el presunto dinero en el sitio pautado por el extorsionador y se devuelve para el vehiculo, en ese momento avistamos que se presenta ciudadano vestido con una franelilla de color blanco y un jean, y se acerca la moto y tomó el presunto dinero, de inmediato nos abajamos rápidamente del vehiculo y vamos tras el ciudadano.
Refiere el recurrente que en el acta policial se reflejó que la misma es de color negro y amarillo, pero que dicho vehiculo en la planilla de recepción y entrega de vehículos recuperados la misma en cuanto a que color es descrita como: color negro. Esta circunstancia claramente no puede ser objeto de determinaciones por esta Alzada en este momento, pues el proceso apenas se inicia, se encuentra pendiente la mayor parte de este por recorrer y cualquier imprecisión en datos, características, descripciones le corresponderá al Juez de Control en su oportunidad cuando deba realizar el control material del acto conclusivo que se presente siempre y cuando no tenga implicaciones directas con el fondo del asunto o en su defecto el Juez de Juicio, de llegarse a dicha fase procesal, quien en conocimiento del material probatorio que recepcione, establecerá conforme a los criterios de la sana critica y la lógica a que resulte de su convencimiento. En este momento luce precipitado e inoportuno para estas Alzada realizar pronunciamientos que no se corresponden con sus competencias, ni con la fase procesal en la que se encuentra el presente asunto.
Indica el accionante en apelación que la Representación Fiscal dicto orden de inicio de investigación el día 01 de mayo de 2012 siendo que los hechos ocurrieron el día 31 de mayo de 2012, estimando que con ello se ocasionó un daño irreparable al procesado Zamudio Carvallo Natanahel. En relación a este aspecto considera esta Alzada que no se vulneró ninguna garantía del proceso del ciudadano imputado de autos; Zamudio Carvallo Natanahel porque lógicamente si los hechos ocurrieron en fecha 31 de mayo de 2012, en avanzadas hora de la noche, es lógico que siendo informado de ello el Fiscal III del Ministerio público inmediatamente la orden de inicio es posterior, es decir una vez que el representante del Ministerio Público es informado de ello y dicta la orden de inicio de investigación, y el haberlo dictado el día 01 de junio de 2012 solo refleja que se emitió a pocas horas de haber tenido conocimiento del hecho objeto del proceso.
Continua indicando el accionante en apelación que en el presente caso se rompió la cadena de custodia de las evidencias que guardan relación con el presente proceso. Sobre este particular considera esta Alzada que no le corresponde en este momento hacer análisis y valoraciones de actas, instrumentos o documentos que obran en autos, pues tal actividad al encontrarse el presente proceso en fase de investigación, corresponde al Juez de Control de garantías una vez que el Director de la investigación funde cualquier petición o acto conclusivo en la misma.
Como un último aspecto observa esta Alzada que plantea la Defensa recurrente que en el auto recurrido se dejó anotado que el ciudadano Abogado William Rafael Arguello expuso en la audiencia argumentos relativos a una sustancia de droga presuntamente conseguida al hoy procesado cuando los hechos que se imputan van referidos a la comisión del delito de Extorsión. Sobre este particular se observa el Acta de audiencia y se constata que efectivamente lo expuesto por el ciudadano Defensor en el acto de presentación de imputado difieren de lo anotado en el auto de fecha 03 de junio de 2012, aun cuando ello no afectó el dispositivo del fallo y los motivos del mismo, se hace necesario hacer un llamado de atención a la Jueza que conoció del asunto y emitió el auto recurrido a los fines de que errores materiales como el señalado por la Defensa recurrente sean evitados, pues generan en los intervinientes sorpresas desagradables y develan en el administrador de justicia la falta de cuido y lectura previa del auto emitido, antes de su publicación.
Por las razones antes indicadas estima esta Alzada que el recurso interpuesto debe ser declarado Sin Lugar y así se Declara.

DISPOSITIVA
Por los argumentos de hecho y derecho expuestos a lo largo de la presente decisión esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado William Arguello Peña, Abogado en ejercicio, inscrito en el 1. P. S. A. con el N° 165.607 actuando con el carácter de defensor privado del imputado NATANAHEL ZAMUDIO CARVALLO, en la causa N° TP01-P-2012-002869, contra la decisión dictada en fecha 02 de junio de 2012 y publicada el 03 de junio de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 02, de este Circuito Judicial Penal, donde: “decretada la aprehensión en flagrancia, acuerda imponer LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA LIBERTAD al ciudadano NATANAHEL JOSE ZAMUDIO CARVALLO, venezolano, fecha de nacimiento 21-06-1991, de 20 años de edad, titular de la cedula de identidad N. V.- 21.207.271, soltero, ocupación obrero, natural de Barinas y con residencia en el sector El Hatico, cerca de la Bomba Shell casa s/n de color gris, Parroquia Trujillo – Estado Trujillo, EXTORSION, previsto y sancionado en el articulo 16 en su encabezamiento Ley del secuestro y extorsión, en agravio del ciudadano LENIN ENRIQUE RUIZ MONTILLA, en atención a lo pautado en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal a ser cumplida en el Internado Judicial del Estado Trujillo. Asimismo, se ordena la tramitación de la causa por las vías del PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO”

SEGUNDO: Se Confirma el fallo recurrido.
TERCERO: Se acuerda agregar la presente decisión en el expediente respectivo; anotarla en el Libro Diario y demás libros llevados por este Tribunal. Se ordena certificar por la Secretaría de este Tribunal copia de la presente decisión y archivarla en el Copiador de Decisiones Interlocutorias llevado por este Tribunal. Realice cómputo de los días de Despacho transcurridos desde el día 29 de Junio de 2012 fecha en que ingreso el presente asunto hasta el día de la publicación del fallo.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo a los cuatro (04) días del mes de julio del año 2012. Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.


Dr. Benito Quiñónez Andrade
Presidente de la Corte de Apelaciones.


Dra. Rafaela González Cardozo Dr. Richard Pepe Villegas
Juez de la Corte Juez de la Corte.
Abg. Alba Muchacho Peña
Secretaria