TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
Trujillo, quince de mayo de dos mil doce
202º y 153º
ASUNTO: TP11-O-2012-000006
PARTE QUERELLANTE: WILFREDO ANTONIO MANJARRES ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 15.431.515, domiciliado en la Carretera Vieja, Sector Las Termas, casa S/N, cerca de la Alcabala de Agua Viva, Municipio Miranda estado Trujillo.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: ABG. JUAN VILORIA MONTILLA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 63.005.
PRESUNTO AGRAVIANTE: EMPRESA EDIFICACIONES E INVERSIONES MARCACCIO C. A. (EDIMA), inscrita por ante el Registro de Comercio que por secretaria llevaba el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en fecha 09/07/1984, bajo el Nº 302, Tomo VIII y según acta de asamblea de fecha 13/ 07/2011, bajo el Nº 20-A, RMPET, Nº 21, de los libros respectivos.
REPRESENTANTE LEGAL: ELIO MARCACCIO BAGAGLIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 9.370.926, domiciliado en Boconó, estado Trujillo, en su carácter de presidente.
APODERADA JUDICIAL DEL AGRAVIANTE: Abg. MAYROBIS QUIJADA Y NELSON VALERO PAREDES, inscritos en el I.P.S.A, bajo los Nos. 28.895 y 64.054 respectivamente.
MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

I
SÍNTESIS NARRATIVA
En fecha 27/03/2012, fue presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), solicitud de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano WILFREDO ANTONIO MANJARRES ROSALES, representado por el ABG. JUAN VILORIA MONTILLA, contra la EMPRESA EDIFICACIONES E INVERSIONES MARCACCIO (EDIMA, C. A.). En fecha 28/03/2012, se dio por recibida la referida solicitud de amparo constitucional registrada bajo el Nº TP11-O-2012-000006; siendo admitida en fecha 02/04/2012, en ejercicio de la competencia establecida a los Tribunales Laborales en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, artículo 25, numeral “3”, y practicadas las notificaciones correspondientes, se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en fecha 08/05/2012 oportunidad en la cual, se pronunció el dispositivo oral del fallo, cuyo texto completo se reproduce a continuación de conformidad con lo establecido en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 01/02/2.000, caso: José Amado Mejía Betancourt.

II
DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL
En el auto de admisión de la solicitud de amparo constitucional y en la audiencia constitucional, se emitió pronunciamiento respecto a la competencia de este Tribunal, en base a las motivaciones que se ratifican en la presente reproducción del texto íntegro del fallo en los siguientes términos:
Este Tribunal observa que en el presente caso se denuncia la violación del derecho constitucional al trabajo y la estabilidad laboral, en virtud del desacato de la providencia administrativa Nº 070-2011-00183 de fecha 21/09/2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo de Valera, estado Trujillo; en este sentido, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales atribuye el conocimiento de las acciones de amparo autónomas a los jueces de primera instancia con competencia en materia afín a los derechos que se denuncian como violados, que en este caso se trata de los Tribunales en materia del Trabajo. Asimismo, en virtud de la entrada en vigencia de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 25, numeral “3”, la cual establece que: “Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia, las acciones de nulidad de los actos administrativos en materia de inamovilidad se excepcionan del campo de competencia de los tribunales en lo Contencioso Administrativo, y por tanto, se interpreta que en lo casos de nulidad contra providencias administrativas de inamovilidad los competentes serán los tribunales por la materia, en virtud de ello se reafirma la competencia de los tribunales laborales para conocer también las demandas de amparo que pretendan lograr la ejecución de una providencia administrativa de inamovilidad.
Sobre la interpretación de la citada disposición legal, se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 23/09/2010, caso: Central La Pastora, C.A., desprendiéndose del texto de la citada decisión lo siguiente:

“… En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.

Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.

Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.

2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo… ”.

En consecuencia de los antes expuesto, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, teniendo por norte de sus actuaciones, la tutela efectiva de los derechos e intereses de los justiciables y al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, con la brevedad y la celeridad que debe orientarlo, especialmente al procedimiento de amparo por violación o amenaza de violación de derechos constitucionales, se declara competente para conocer de la presente solicitud de amparo constitucional, de conformidad con las normas constitucionales y legales invocadas.
III
DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES

ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE:

La parte recurrente en su solicitud de amparo constitucional, señaló lo siguiente: 1. Que en fecha 02/02/2007, ingresó a laborar para la EMPRESA EDIFICACIONES E INVERSIONES MARCACCIO (EDIMA, C. A.), ubicada en el Sector los Potreritos, Carretera Panamericana, cerca de la Alcabala de Agua Viva, Municipio Miranda del estado Trujillo, siendo su representante legal, el ciudadano Elio Marcaccio Bagaglia, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 9.370.926, en su condición de presidente, prestando servicios personales como ayudante de planta, en la función de colocar gasoil a los equipos, tapar los camiones, descargar gandolas cuando llegaban con el combustible, empujar el material en las tolvas, ayudar a arreglar la planta cuando se accidentaba, además limpieza y mantenimiento del área; cumpliendo una jornada de trabajo de lunes a jueves, en un horario comprendido de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. y los viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.; siendo su último salario la cantidad de Bs. 581,35 semanales. Señaló que el día 31 de agosto de 2011, en horas de la tarde encontrándose laborando fue llamado a la oficina donde se encontraba el ciudadano Marcial Valladares, Director de la empresa, y la Licenciada Belkis Torres, Administradora de la empresa, quienes le manifestaron verbalmente que hasta ese día trabajaba, que le presentaron una hoja contentiva de la liquidación, negándose a firmarla porque necesitaba el trabajo; ante lo cual el ciudadano Marcial Valladares, le respondió que no había más trabajo para él ni para el otro compañero de trabajo de nombre Eleazar Viloria; infiriendo que había sido objeto de un despido injustificado pese a encontrarse amparado por la inamovilidad laboral según Decreto Presidencial de Inamovilidad Laboral Nº 7.914 de fecha 16/12/2010, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.575. 2. Que en fecha 05 de septiembre de 2011, acudió por ante la Inspectoría del Trabajo, con sede en la ciudad de Valera del Estado Trujillo, con el objeto de interponer ante dicho organismo procedimiento administrativo por reenganche y pago de salarios caídos, previsto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, procedimiento del cual se produce decisión en fecha 21 de septiembre de 2011, según acta providencia Nº 070-2011-00183, emitida por la Inspectoría del Trabajo de Valera, en la que se declara con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, la reposición al puesto de trabajo y consecuencialmente el pago de los salarios caídos, la cual consigna marcada con la letra “A” en 20 folios útiles y copias certificadas del expediente Nº 070-2011-01-00350. 3. Que la empresa no acató voluntariamente la referida providencia, y que han transcurrido mas de 6 meses sin que se interpusiera recurso alguno contra dicha providencia, más aún no se ha dado cumplimiento a la orden de reenganche y el pago de salarios caídos, hecho del desacato u omisión al reenganche en cuestión, que impide y viola el derecho y deber de trabajar para garantizar su sustento y el de su familia. 4. Que en fecha 27 de octubre de 2011, el Inspector del Trabajo del estado Trujillo, procedió a la ejecución forzosa de la decisión, siendo que la empresa persistió en su posición de despedirlo en virtud de lo que se procedió a iniciar el procedimiento de sanción de conformidad con lo establecido en el artículo 639 y 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, en virtud de la desobediencia a la orden de reenganche emanada de la autoridad competente del trabajo, solicitud que obedece al criterio jurisprudencialmente establecido según el cual como paso previo para intentar el recuro de amparo debe agotarse en su integridad el procedimiento administrativo; es decir, se emita la providencia administrativa según la cual se imponga multa al patrono contumaz que desobedece la orden de reenganche emanada de la Inspectoria del Trabajo, siendo que dicha decisión se produce en fecha 7 de febrero de 2012, según providencia administrativa Nº 070-2012-06-008, expediente Nº 070-2011-06-00230, emitida por la Inspectoría de Valera, estado Trujillo, la cual acompaña marcada con la letra “B” en 27 folios útiles y copias certificadas donde se evidencia dicho procedimiento sancionatorio y su notificación. 5. Que considera procedente la pretensión de amparo constitucional, fundamentándose en los artículos 26, 27, 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículos 1, 11, 23, 24 y 32 de la Ley Orgánica del Trabajo; artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y criterio jurisprudencial aplicable al caso, para que se reestablezca el orden jurídico infringido.

Opinión del ministerio publico:
La Representación Fiscal del Ministerio Público, constituida por el Abg. LUÍS JAVIER RAMÍREZ MOLINA, Fiscal Décimo Quinto (15°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en materia Contencioso Administrativo y Tributario, cuya exposición se resume a continuación: Visto que consta a los autos la providencia administrativa Nº 070-2011-00183,que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de la parte demandante y siendo que el amparo es el mecanismo idóneo para dar cumplimiento a las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo en los procedimientos administrativos de inamovilidad, pues así lo ha establecido la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2006, emanada de la Sala Constitucional, caso Guardianes Vigimán; procediendo dicha representación del Ministerio Público a analizar los supuestos de procedencia contenidos en la referida decisión vinculante, evidenciando que existe Providencia Administrativa Nº 070-2011-00183, de fecha 21 de septiembre de 2011; que se agotó el procedimiento sancionatorio de multa según providencia administrativa Nº 070-2012-008 de fecha 7 de febrero de 2012, evidenciándose que se cumplen los requisitos exigidos por la jurisprudencia patria, los cuales calificó como concurrentes y consideró que están todos presentes en el caso de autos por lo que solicita se declare con lugar la presente acción de amparo, aunado al hecho de la incomparecencia de la parte accionada a la presente audiencia, produciéndose una aceptación de los hechos incriminados..

IV
DE LAS PRUEBAS
La parte recurrente con su solicitud promovió las siguientes pruebas:

Copia certificada del expediente administrativo Nº 070-2011-01-00350, de la Sala de Fuero de la Inspectoría del Trabajo, con sede en Valera, marcada “A”, cursante del folio 04 al 23; del cual se observa que al folio 10, corre inserta acta-providencia de fecha 21/09/2011, signada con el Nº 070-2011-00183, emitida por la Inspectoría del Trabajo del estado Trujillo, con sede en Valera, a través de la cual se resolvió declarar con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos; al folio 19, consta acta de fecha 23/09/2011, donde se deja constancia de la negativa del ente demandado de reenganchar a la trabajadora; al folio 22, se verifica acta de fecha 27/10/2011, a través de la cual la parte accionada persiste en el despido, señalando que las prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones y demás beneficios fueron depositados ante el tribunal laboral; mientras que al folio 23, corre inserto informe de propuesta de sanción suscrito por la Abg. María Alejandra Linares, Jefe de la Sala de Fuero, donde solicita se aperture el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 609 de la Ley Orgánica del Trabajo; se le otorga pleno valor probatorio; al tratarse de documentos que la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia ha calificado como públicos administrativos y que, en el presente caso, dan cuenta de la sustanciación por parte del referido órgano del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano WILFREDO ANTONIO MANJARRES ROSALES, contra la demandada de autos que desencadenó en la emisión de la providencia administrativa la cual adquirió el carácter de cosa juzgada al no constatarse en autos que la parte demandada, hubiere ejercido el recurso de nulidad correspondiente. Así se establece.

Asimismo, promovió expediente administrativo Nº 070-2011-06-00230, cursante del folio 24 al 50, de la Sala de Sanciones de la Inspectoría del Trabajo, con sede en Valera, marcada “B”,donde se observa cursante a los folios 47 y 50 la Providencia Administrativa Nº 070-2012-06-008 de fecha 07/02/2012, en la que el órgano administrativo, resolvió imponer multa por la cantidad de Bs. 3.096,94 a la EMPRESA EDIFICACIONES E INVERSIONES MARCACCIO C.A. EDIMA, por desacatar la orden de reenganche y pago de salarios caídos, emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Trujillo, con sede en Valera, a favor del querellante. Asimismo, se evidencia copia certificada de notificaciones del procedimiento de multa, cursantes a los folios 49 y 50 de autos, los cuales por tratarse de documentos públicos administrativos se les otorga pleno valor probatorio y se desprende que la señalada empresa fue multada ante el desacato de la orden de reenganche y que el funcionario del trabajo consignó constancias de notificaciones del procedimiento de multa. Así se decide.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Llegada la oportunidad fijada por este Tribunal para la celebración de la audiencia constitucional, se hizo presente la parte accionante y la representación del Ministerio Público. En tal sentido, siguiendo con lo establecido en la sentencia fecha 01/02/2000, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso: José Amando Mejía Betancourt, que regula el procedimiento de amparo constitucional adaptándolo a los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y visto la incomparecencia de la parte accionada, este Tribunal debe tener por cierto los siguientes hechos: 1. Que en fecha 02/02/2007, el accionante ingresó a laborar para la EMPRESA EDIFICACIONES E INVERSIONES MARCACCIO (EDIMA, C. A.), cuyo representante legal es el ciudadano Elio Marcaccio Bagaglia, titular de la cedula de identidad Nº 9.370.926, en su condición de presidente; prestando servicios personales como ayudante de planta, en la función de colocar gasoil a los equipos, tapar los camiones, descargar gandolas cuando llegaban con el combustible, empujar el material en las tolvas, ayudar a arreglar la planta cuando se accidentaba, además limpieza y mantenimiento del área; cumpliendo una jornada de trabajo de lunes a jueves, en un horario comprendido de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. y los viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.; siendo su último salario la cantidad de Bs. 581,35 semanales; que el día 31 de agosto de 2011, en horas de la tarde encontrándose laborando fue llamado a la oficina donde se encontraba el ciudadano Marcial Valladares, Director de la empresa, y la Licenciada Belkis Torres, Administradora de la empresa, quienes le manifestaron verbalmente que hasta ese día trabajaba, que le presentaron una hoja contentiva de la liquidación, negándose a firmarla porque necesitaba el trabajo; ante lo cual el ciudadano Marcial Valladares, le respondió que no había más trabajo para él ni para el otro compañero de trabajo de nombre Eleazar Viloria; infiriendo que había sido objeto de un despido injustificado pese a encontrarse amparado por la inamovilidad laboral según Decreto Presidencial de Inamovilidad Laboral Nº 7.914 de fecha 16/12/2010, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.575. 2. Que en fecha 05 de septiembre de 2011, acudió por ante la Inspectoría del Trabajo, con sede en la ciudad de Valera del Estado Trujillo, con el objeto de interponer ante dicho organismo procedimiento administrativo por reenganche y pago de salarios caídos, previsto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, procedimiento del cual se produce decisión en fecha 21 de septiembre de 2011, según acta providencia Nº 070-2011-00183, emitida por la Inspectoría del Trabajo de Valera, en la que se declara con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, la reposición al puesto de trabajo y consecuencialmente el pago de los salarios caídos, la cual consigna marcada con la letra “A” en 20 folios útiles y copias certificadas del expediente Nº 070-2011-01-00350. 3. Que la empresa no acató voluntariamente la referida providencia, y que han transcurrido mas de 6 meses sin que se interpusiera recurso alguno contra dicha providencia, más aún no se ha dado cumplimiento a la orden de reenganche y el pago de salarios caídos, hecho del desacato u omisión al reenganche en cuestión, que impide y viola el derecho y deber de trabajar para garantizar su sustento y el de su familia. 4. Que en fecha 27 de octubre de 2011, el Inspector del Trabajo del estado Trujillo, procedió a la ejecución forzosa de la decisión, siendo que la empresa persistió en su posición de despedirlo en virtud de lo que se procedió a iniciar el procedimiento de sanción de conformidad con lo establecido en el artículo 639 y 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, en virtud de la desobediencia a la orden de reenganche emanada de la autoridad competente del trabajo, solicitud que obedece al criterio jurisprudencialmente establecido según el cual como paso previo para intentar el recuro de amparo debe agotarse en su integridad el procedimiento administrativo; es decir, se emita la providencia administrativa según la cual se imponga multa al patrono contumaz que desobedece la orden de reenganche emanada de la Inspectoria del Trabajo, siendo que dicha decisión se produce en fecha 7 de febrero de 2012, según providencia administrativa Nº 070-2012-06-008, expediente Nº 070-2011-06-00230, emitida por la Inspectoría de Valera, estado Trujillo, la cual acompaña marcada con la letra “B” en 27 folios útiles y copias certificadas donde se evidencia dicho procedimiento sancionatorio y su notificación. 5. Que fundamenta la solicitud en los artículos 26, 27, 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículos 1, 11, 23, 24 y 32 de la Ley Orgánica del Trabajo; artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y criterio jurisprudencial aplicable al caso, para que se reestablezca el orden jurídico infringido.

Dentro de éste contexto, se observa que habiendo agotado el accionante los mecanismos ordinarios en sede administrativa para lograr la satisfacción de su pretensión, los cuales resultaron infructuosos, es donde le queda la vía abierta para intentar su acción de amparo constitucional. En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desde noviembre de 2.002, había reconocido que el amparo era vía para obtener el cumplimiento de las providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo. Este criterio fue modificado a través den sentencia Nº 3569, de fecha 06/12/2.005, caso: Saudí Rodríguez Pérez, en los términos que a continuación se transcriben:

“…Ello así, considera la Sala que es necesario indicar que en las sentencias de esta Sala Constitucional Nº 2122 del 2-11-2001 y 2569 del 11 de diciembre de 2001(caso: Regalos Coccinelle C.A.), se estableció que el acto administrativo tiene que ser ejecutado forzosamente por el órgano emisor, esto es, a través de sus funcionarios o valiéndose de la colaboración de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, si lo considerara necesario, por tratarse de la ejecución de un acto administrativo de desalojo, cuya posibilidad de ejecución forzosa por parte de la Administración es posible, ayudándose de ser necesario, con funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
(iii) Pero el caso sub-examine, la orden contenida en el acto administrativo del Inspector del Trabajo, es la de proceder al reenganche de los trabajadores antes mencionados, que según se desprende de autos, están amparados por inamovilidad laboral. Por tanto la Sala reitera su criterio al considerar que las Providencias Administrativas deben ser ejecutadas por la autoridad que las dictó, sin intervención judicial, por lo que el amparo no es la vía idónea para ejecutar el acto que ordenó el reenganche. En este sentido, la Sala modifica lo señalado en la sentencia del 20 de noviembre de 2002 (caso: Ricardo Baroni Uzcátegui), respecto a que el amparo sea una vía idónea para lograr el cumplimiento de las Providencias Administrativas provenientes de la Inspectoría del Trabajo.
Además constituye un principio indiscutible en el derecho administrativo la circunstancia de que el órgano que dictó el acto puede y debe el mismo ejecutarlo, recogido como principio general en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Por estar dotado de ejecutoriedad el acto administrativo adoptado en los términos expuestos, no requiere de homologación alguna por parte del juez: y la ejecución de dicha decisión opera por su propia virtualidad.
Ahora bien, a pesar que en el presente caso se produjo por parte de la Gobernación del Estado Yaracuy, un evidente desacato a la Providencia Administrativa, dictada por la Inspectoría de Trabajo, que ordenó el reenganche y el pago de salarios caídos de los trabajadores, los órganos jurisdiccionales no son la encargados de intervenir en la actuación de los órganos de la Administración Pública; excepto que una Ley así lo ordene.
En este sentido se debe hacer referencia al artículo 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos:
“La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la propia administración salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial.”
En consecuencia, considera esta Sala Constitucional, que el presente acto administrativo, debió ser ejecutado por la Administración Pública y de esta manera dar cumplimiento a la Providencia Administrativa antes mencionada, razón por la cual se declara ha lugar a la solicitud de revisión formulada y visto que el fallo impugnado obvió el criterio sostenido por esta Sala, se anula la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y se declara inadmisible el amparo ejercido de conformidad con el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.

En el orden indicado, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 2308 de fecha 14/12/2.006, caso Guardianes Vigimán S.R.L, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán, ratificada en sentencia de la misma Sala en 13/08/2.008, caso: Universidad de Oriente, dejó asentó el criterio que se reproduce a continuación:
“…Como se observa, la Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, de que la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo.
De ese modo, sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa, como en principio es el caso de autos. La naturaleza del amparo constitucional, tal como es la pacífica jurisprudencia de esta Sala, es la de un mecanismo extraordinario, que sólo procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, en caso adicional, cuando no es posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto y de la urgencia de resolución de la controversia.
En todo caso, sí procedería el amparo –sin lugar a dudas- en los supuestos en que, pese a la diligencia del interesado en solicitar la actuación de la Administración, no consiga satisfacción a su primigenia pretensión –el desalojo, el reenganche, por ejemplo-, pues es sabido que el poder de los órganos administrativos, a los efectos de la ejecución de cierto tipo de decisiones, es limitado, por lo que, en caso de desacato, apenas cuenta con instrumentos indirectos de presión, como las multas, las cuales en ocasiones se presentan como insuficientes para influir realmente en la conducta del obligado.
Se trata, pues, de un asunto que debe ser resuelto en atención a las circunstancias particulares del caso, teniendo como principio la necesidad, por una lado, de mantener los poderes de la Administración –la ejecutoriedad, en especial-y, por el otro, el respeto a los derechos de los particulares, que no pueden verse negados en caso de que las vías ordinarias demuestren su ineficacia.
Lo expuesto es común a cualquier demanda de amparo, al ser una acción judicial que, sin pretender sustituir a las vías ya existentes en el ordenamiento jurídico, está consagrada para proteger lo que, a veces, esas vías no son capaces de hacer. La valoración del caso concreto se hace indispensable…”

En tal sentido, y con fundamento en la sentencia mencionada ut supra, donde se estableció el criterio que de modo excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede acudirse al amparo constitucional para exigir un mandamiento judicial que consista en una actuación que debió instarse directamente en sede administrativa, procede el amparo, siempre y cuando el interesado haya agotado la actuación de la administración mediante los procedimientos de multa sin lograr conseguir la satisfacción a su primigenia pretensión tenga que recurrir a la sede jurisdiccional por esta vía extraordinaria a obtener justicia en su caso.

Asimismo, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya doctrina es vinculante para todos los Tribunales de la República, conforme a la disposición contenida en el artículo 335 del texto constitucional, estableció en sentencia de fecha 02 de agosto de 2001, caso: Nicolás José Alcalá Ruiz, la posibilidad de solicitar la ejecución de un acto administrativo laboral, como lo es la Providencia Administrativa cuyo desacato se denuncia en el presente asunto, siempre que se den las siguientes circunstancias: 1) que el acto no se encuentre impugnado en vía administrativa o contencioso administrativa; 2) que exista abstención de la Administración en ejecutar su propio acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo; y 3) siempre que exista violación a derechos constitucionales del ciudadano beneficiado con el acto. Tal criterio ha sido ratificado en numerosos fallos de la misma Sala, entre otros en decisión de fecha 20/05/2005, caso: TAIMECA; así como en sentencias Nos. 3569, 65, 255 y 2516, de fechas 06/12/2005, 24/01/2007, 15/02/2007 y 19/12/2006, respectivamente.

En el caso de autos, se observa que ante la existencia de la providencia administrativa cuyo desacato se denuncia, la cual no fue impugnada en sede judicial; que habiendo la parte recurrente agotado el procedimiento de multa para hacer cumplir la providencia, el mismo resultó infructuoso, no teniéndose la satisfacción originaria del reenganche y pago de salarios caídos ante la contumacia de la empresa EDIFICACIONES E INVERSIONES MARCACCIO C. A. (EDIMA), en ejecutar la misma, circunstancias éstas que se encuentran suficientemente probadas en las actas procesales, se desprende que tal incumplimiento ha generado la violación de derechos constitucionales al trabajo y la estabilidad laboral consagrados en los artículos 87 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razones por las cuales, este Tribunal debe declarar con lugar la acción de amparo propuesta por el ciudadano WILFREDO ANTONIO MANJARRES ROSALES, contra la EMPRESA EDIFICACIONES E INVERSIONES MARCACCIO (EDIMA, C. A.).

VI
DISPOSITIVA
Por las razones expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 25, numeral “3” de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR LA SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por el ciudadano WILFREDO ANTONIO MANJARRES ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 15.431.515, domiciliado en la Carretera Vieja, Sector Las Termas, casa S/N, cerca de la Alcabala de Agua Viva, Municipio Miranda estado Trujillo, representado judicialmente por el ABG. JUAN VILORIA MONTILLA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 63.005, contra la EMPRESA EDIFICACIONES E INVERSIONES MARCACCIO C. A. (EDIMA), inscrita por ante el Registro de Comercio que por secretaria llevaba el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en fecha 09/07/1984, bajo el Nº 302, Tomo VIII y según Acta de Asamblea de fecha 13/07/2011, bajo el Nº 20-A, RMPET, Nº 21, de los libros respectivos, representada legalmente por el ciudadano ELIO MARCACCIO BAGAGLIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 9.370.926, domiciliado en Boconó, estado Trujillo, en su carácter de presidente. SEGUNDO: SE ORDENA a la parte querellada el CUMPLIMIENTO INMEDIATO de la Providencia Administrativa providencia Nº 070-2011-00183 de fecha 21/09/2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo de Valera, estado Trujillo, mediante la cual se ordena el reenganche del ciudadano WILFREDO ANTONIO MANJARRES ROSALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 15.431.515, con el cargo que ocupaba antes de que fuera despedido y al PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS, producidos desde la fecha de su despido el 31/08/2011, hasta la fecha de su efectiva incorporación, concediéndosele tres (3) días hábiles, para el cumplimiento del presente mandamiento de amparo constitucional. TERCERO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena que el presente mandamiento sea acatado por todas las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente proceso.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, en Trujillo, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil doce (2.012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación, siendo las 02:55 p.m.
LA JUEZA SEGUNDA DE JUICIO

ABG. MARIA NANCI MENDOZA

LA SECRETARIA,

ABG. ASTRID LEÓN