REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, ocho de mayo de dos mil doce
202º y 153º
ASUNTO: KH0U-X-2012-000030
MOTIVO: INHIBICION
JUEZ: ABG. ISABEL BARRERA TORRES, JUEZA PRIMERA DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÒN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO LARA CON SEDE EN BARQUISIMETO.
En fecha 08 de mayo del año en curso, se recibieron las presentes actuaciones en virtud de la inhibición planteada por la Juez Primera de Primera Instancia de Mediación, Sustanciòn y Ejecución este Circuito Judicial, Abogada ISABEL BARRERA, según consta en acta de fecha 26 de abril de 2012, cursante al primer folio del presente cuaderno, para seguir conociendo de la causa signada con el número KP02-V-2010-001326, por motivo de PARTICION DE HERENCIA, intentado por la ciudadana NANCY COROMOTO LOPEZ LOPEZ, por argumentar haber emitido opinión sobre lo principal del pleito al dictar sentencia interlocutoria en fecha 09 de diciembre de 2011, negando la cautelar solicitada. Fundamenta su inhibición, en el numeral 5º del artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 82 numeral 15 del Código de Procedimiento Civil
En fecha 08 de mayo de 2012, este Juzgado le da entrada al presente expediente.
Este Juzgado Superior para decidir observa:
Primero: De conformidad con el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, las inhibiciones serán decididas conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En tal sentido, la referida Ley consagra que estas incidencias serán decididas por el juzgador de Alzada, criterio sostenido por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia al señalar lo siguiente:
“(…) En este sentido, el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:
‘Articulo 89: En los casos de inhibición, corresponderá la decisión de la incidencia a los funcionarios que indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales dictarán la resolución de los tres días siguientes al recibo de las actuaciones’.
Por su parte, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Gaceta Oficial Nº 5.262 Extraordinario del 11 de septiembre de 1998), prevé lo que a continuación se transcribe:
‘ARTÍCULO 48: La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decididas por el tribunal de Alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento del fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el tribunal de la alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición’.
Las causas criminales no se paralizarán, sino que las actas serán enviadas a otro Tribunal de la misma categoría, si lo hubiere, para continuar el procedimiento…” (Magistrada Evelyn Marrero Exp. 2006-0503)
Conforme a lo anteriormente señalado, y atendiendo a la organización jerárquica de los Tribunales y la competencia territorial atribuida, según Resolución Nº 2008-0032 de fecha 06 de agosto de 2008, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.034, de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 09 de octubre de 2008, corresponde a este Tribunal conocer de la inhibición propuesta. Así se declara.
En este mismo orden, el artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que las materias contempladas en el artículo 177 de la referida ley, tienen que sustanciarse y decidirse conforme a los procedimientos en ella contemplados. No obstante, el único aparte del mencionado artículo 452, permite la aplicación supletoria de otras normas procesales y sustantivas, siempre y cuando no contravengan a las disposiciones previstas en nuestra Ley especial. Esto se trae a colación, tomando en consideración, que este Juzgado Superior ante la inhibición planteada, y en virtud de que la Ley Orgánica para la Protecciòn de Niños, Niñas y Adolescentes, no contempla un procedimiento especial para la tramitación de las inhibiciones y recusaciones que se puedan suscitar, ni tampoco se encuentra señalada entre las materias contempladas en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aplicará supletoriamente el procedimiento a seguir en el establecido en los artículos 31 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, garantizando de esta forma el debido proceso contemplado en el artículo 257 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Segundo: Competente esta alzada y aclarado el procedimiento a seguir, estando dentro del lapso legal establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a decidir la presente incidencia.
Primeramente considera esta Alzada que la inhibición es un acto voluntario donde el juez especializado en Niños, Niñas y Adolescentes, se abstiene de conocer algún juicio por considerar que se encuentra incurso en alguna de las causales a que se contrae el artículo 31 Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El funcionario si considera que se encuentra incurso en alguna de las causales de inhibición y recusación previstas en el artículo 31 de la norma adjetiva especial de aplicación supletoria, está en el deber de inhibirse del conocimiento del asunto antes de ser recusado por una de las partes, conforme lo ordena el artículo 32 de la citada norma adjetiva. A tal efecto, la citada norma establece:
Artículo 32. Cuando el juez del trabajo advierta que está incurso en alguna o algunas de las causales de recusación o inhibición previstas en esta Ley, se abstendrá de conocer e inmediatamente, en esa misma audiencia, levantará un acta y remitirá las actuaciones al tribunal competente para que conozca de la misma. Queda a salvo el derecho del particular de exigir la responsabilidad personal del juez y el derecho del Estado de actuar contra éste, si a sabiendas de encontrarse incurso en una causal de inhibición no lo hiciera. En todo caso la causa estará en suspenso hasta la resolución de la incidencia.
En el caso que nos ocupa, la ciudadana Jueza Primera de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, y Ejecución del Circuito Judicial de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara con sede en la ciudad de Barquisimeto, se inhibió de seguir conociendo la demanda de Colocación Familiar, signada con el Nro KP02-V-2010-001326., según nomenclatura de ese Tribunal, alegando estar incursa en la causal quinta del artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En este sentido, la juez inhibida señaló lo siguiente:
“(…)En vista de que en el cuaderno de Medidas Nº KHOU-X-2011-000079 perteneciente al asunto principal signado con el número KP02-V-2010-001326 correspondiente a PARTICIÒN DE HERENCIA, interpuesta por la ciudadana NANCY COROMOTO LOPEZ LOPEZ, dicté sentencia interlocutoria en fecha 09 de diciembre de 2011 donde se negó la Medida Cautelar de Secuestro, siendo el caso que la representante judicial de la parte actora Abogada Souad Rosa Sakr Saer, plenamente identificada en autos, ejerció el recurso de apelación correspondiéndole conocer el recurso al Juzgado Superior del Circuito de Protecciòn de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial de la circunscripción Judicial del Estado Lara, quién declaró con lugar el recurso de apelación, por cuanto sobre tal medida solicitada previamente se había pronunciado la juez que presidía el Tribunal, en consecuencia revoco (sic) la sentencia en todas sus partes. En vista de dicho pronunciamiento de la incidencia de cuaderno de medidas y las afirmaciones proferidas por la parte actora respecto de esta juzgadora, y a fin de garantizar la sanidad procesal de la causa, por cuanto debe ejecutarse dicha medida…procedo a inhibirme de la presente causa…”
Visto los hechos narrados y la causal en que se fundamenta la Jueza Inhibida, esta alzada considera que ser juzgados por jueces imparciales, constituye un derecho constitucional y habiendo manifestado voluntariamente la Jueza su intención de abstenerse de conocer la demanda interpuesta alegando haber emitido un adelanto de opinión, y en aras de fortalecer el estado de derecho y la seguridad jurídica, aplicando los preceptos constitucionales de una justicia imparcial, transparente, idónea, sin formalismos inútiles, sin dilaciones indebidas, considerando el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 29-11-2000, la cual señala que el legislador estableció una presunción de verdad con respecto a lo expuesto por el juez en el acta de inhibición, así como también, el criterio vínculante de la Sala Constitucional mediante sentencia de fecha 23 de noviembre de 2010, que ordena que la causal legal alegada por el juez o jueza inhibido debe ser constatable objetivamente de las actas del expediente; ya que de no ser así podría presumirse la temeridad de la actuación judicial, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que acarrería la indebida dilación, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara procedente en derecho la inhibición planteada. Así se decide.
DECISIÒN
En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la inhibición presentada por la Jueza Primera da de Primera Instancia en funciones de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, abogada ISABEL BARRERA TORRES, para seguir conociendo KP02-V-2010-001326. En consecuencia, notifíquese mediante oficio la presente decisión de manera inmediata a la juzgadora inhibida, así como también, a la Jueza sustituta, conforme lo ordena la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 23 de noviembre de 2010, la cual ordena que las decisiones que resuelvan las incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de las 24 horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Circuito Protección de Niños, Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los 08 días del mes de mayo del año 2012. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
EL JUEZ SUPERIOR
Abg. ALBERTO HERRERA CORONEL
LA SECRETARIA
Abg. ILIANA MEJÌAS DELGADO
En esta misma fecha, se publicó siendo las 3:30 p. m. se registró bajo el Nro. 49-2012 y se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal.
LA SECRETARIA
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