REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 08 de Noviembre de 2012.
202º y 153º
ASUNTO: KP02-R-2012-000976
PARTES EN JUICIO:
PARTE ACTORA: JOSE RAMON LOPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.370.369
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: RAFAELA DEL C. ZAMBRANO G. y LIBERTAD C. PERAZA ROJAS, abogadas en ejercicio, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 102.232 y 102.288, respectivamente.
PARTES DEMANDADAS: SERVI BRONCO, C.A., JUAN CARLOS ROAS CHAVEZ y JUAN ERNESTO ROAS CHAVEZ
APODERADA JUDICIAL PARTES DEMANDADAS SERVI BRONCO, C.A. y ciudadano JUAN CARLOS ROAS CHAVEZ: GABRIELA A. PIÑA LARA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 108.873.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA
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I
BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS
Se inicia la presente demanda por cobro de prestaciones sociales, interpuesta por el ciudadano JOSE RAMON LOPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.370.369 contra SERVI BRONCO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 18 de octubre del 2006, bajo el Nº 7, Tomo 98-A y solidariamente a los ciudadanos JUAN CARLOS ROAS CHAVEZ y JUAN ERNESTO ROAS CHAVEZ portadores de las cédulas de Identidad Nº 12.244.236 y 12.244.265, respectivamente.
En fecha 28 de junio del 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, dejó constancia de la incomparecencia del codemandado en forma personal y solidaria ciudadano JUAN ERNESTO ROAS CHAVEZ, motivo por el cual, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declara la presunción de Admisión de los hechos en relación al mismo, razón por la cual comparece el referido ciudadano, asistido por la abogado Bertha D´Santiago y apela de la referida sentencia, siendo que el juzgado a quo oyó la apelación interpuesta en un solo efecto y se ordenó la remisión de las correspondientes copias certificadas a este Juzgado Superior.
Una vez recibido el presente asunto por este Despacho, se le dio entrada en fecha 24 de octubre de 2012 y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral, la cual tuvo lugar en fecha 31 de octubre del 2012, oportunidad en la cual se declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte co-demandada ciudadano JUAN ERNESTO ROAS CHAVEZ.
Llegada la oportunidad procesal para exponer los fundamentos de la decisión, este Juzgado Superior procede a hacerlo en los términos que a continuación se expresan:
II
DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA
El presente recurso de apelación versa sobre la incomparecencia del codemandado en forma personal y solidaria ciudadano JUAN ERNESTO ROAS CHAVEZ, por medio de apoderado judicial alguno a la audiencia de preliminar, en virtud de lo cual el a quo declara la presunción de admisión de los hechos con relación al referido ciudadano.
La no comparecencia de alguna de las partes, constituye una anomalía del procedimiento habida consideración de que las partes son sujetos necesarios y útiles en el proceso, cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento en que se inicia cualquier proceso, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste.
Bajo esta perspectiva, resulta evidente entonces que la incomparecencia de cualquiera de las partes a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia, afecta per se el iter procesal y es por ello que el legislador ha otorgado diferentes efectos legales en los diversos supuestos que pueden presentarse con ocasión de la no comparencia de los intervinientes en un juicio.
En el ámbito laboral, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 131, ha previsto: Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual, el demandado podrá apelar a dos efectos dentro de un lapso de cinco, (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo, del texto citado se colige que se le impone una consecuencia jurídica, en este caso a la parte demandada, en virtud del “incumplimiento de la carga de comparecer” a la audiencia preliminar, habida cuenta de que las partes están a derecho una vez efectuada la notificación para la audiencia preliminar, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Sin embargo el ejercicio de la actividad probatoria constituye el instrumento mediante el cual las partes pueden demostrar la verdad de sus proposiciones y crear en el juzgador la convicción sobre la realidad de los mismos y llevarlo consecuencialmente a decidir conforme a la norma invocada dentro de la cual se encuadran los hechos alegados, tal como ha sido recogido por el legislador laboral en el artículo 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los términos que seguidamente se expresan:
“Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”
Resulta evidente entonces la ineludible necesidad de demostrar los hechos que se invocan dentro de un proceso por parte del justiciable, de modo que quien juzga pueda tener en sus manos los elementos de convicción que le permitan constatar la veracidad de los hechos esgrimidos por las partes.
En razón a ello, la parte codemandada recurrente manifiesta en esta audiencia que en la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar, no pudo comparecer por motivos de fuerza mayor, al respecto de este punto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 866, de fecha 17 de febrero de 2004, estableció que:
“Tales causas extrañas no imputables que configuran el incumplimiento involuntario del deudor (obligado) las adminicula el legislador en correspondencia con la norma transcrita en el caso fortuito y la fuerza mayor, y ante tal categorización, debe la Sala necesariamente aclarar las condiciones necesarias para su procedencia y consecuente efecto liberatorio.
Toda causa, hecho, obstáculo o circunstancia no imputable que limite o impida el cumplimiento de la obligación, debe necesariamente probarse. Tal condición limitativa o impeditiva debe resultar de orden práctico.
Asimismo, tal imposibilidad plena en ejecutar la obligación necesariamente debe instaurarse como sobrevenida, es decir, que se consolida o materializa con posterioridad a contraerse legítimamente la obligación.
De otra parte, la causa externa (no imputable) generadora del incumplimiento no puede resultar previsible, y aun desarrollándose en imprevisible, la misma debe ser inevitable, a saber, no subsanable por el obligado.
Igualmente y de manera conclusiva, debe especificarse que la causa del incumplimiento no puede responder a una actitud volitiva, consciente del obligado (Dolo o intencionalidad)”.
En este sentido observa este sentenciador que la parte codemandada recurrente motiva su recurso en razones de fuerza mayor, específicamente motivos de salud que impidieron la comparecencia del ciudadano Roas Chávez Juan Ernesto a la instalación de la audiencia preliminar, de fecha 28 de junio de 2012, manifiesta en esta audiencia que los motivos de la incomparecencia del mismo se encuentran justificados, razón por la cual consignó reposo médico expedido en fecha 28 de junio del 2012 por el centro de salud Pastor Oropeza. En virtud de lo expuesto, solicitan se declare con lugar el presente recurso y se reponga la causa al estado de instalar nuevamente la audiencia preliminar.
Antes de pasar a analizar los hechos alegados conviene hacer mención a que, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas oportunidades ha establecido que las causas de incomparecencia justificada son el caso fortuito y la fuerza mayor y adicionalmente ha establecido que además de ellas podrían ser justificativas aquellos hechos del quehacer humano que aún siendo previsibles o evitables impongan al obligado una carga compleja e irregular que escape de las previsiones ordinarias de un buen padre de familia, en virtud de lo cual, este juzgador procederá a realizar el análisis de los hechos que rodean al presente asunto.
Ahora bien conocida la fundamentación del recurso observa quien juzga que la parte recurrente consignó reposo médico, expedido por el Instituto de los Seguros Sociales Pastor Oropeza, de fecha 28 de junio del 2012, suscrito por el Dr. Rigoberto Núñez, cédula de identidad No. 13.377.904, M.P.P.S 66581, C.M.I 2742, constatando este tribunal que efectivamente la parte co-demandada ciudadano JUAN ERNESTO ROAS CHAVEZ, demostró el hecho que le impidió su comparecencia en la oportunidad de la audiencia preliminar, mediante documentos emanados de organismo público y que constituyen documentos públicos administrativos, que tal como lo ha señalado la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, se presume la veracidad de los hechos en ellos contenidos, en consecuencia dicha documental avala los motivos justificados de la incomparecencia del ciudadano JUAN ERNESTO ROAS CHAVEZ y considerando que para el momento de la celebración de la audiencia preliminar el mismo no contaba con apoderados judiciales, por lo que se entiende justificada su incomparecencia. Así se decide.
En consecuencia, y como quiera que dicha documental avala los motivos justificados de la incomparecencia del ciudadano JUAN ERNESTO ROAS CHAVEZ, se declara CON LUGAR el recurso de apelación intentado por la parte co-demandada ya identificada y se ordena la REPOSICION de la causa al estado de nueva celebración de la audiencia preliminar. Así se Decide.
III
D E C I S I O N
Por todo lo antes expuesto, es forzoso para este JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA COORDINACIÓN LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declarar: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 06 de julio de 2012, por la parte codemandada ciudadano JUAN ERNESTO ROAS CHAVEZ en contra de la decisión contenida en el acta de instalación de la audiencia preliminar de fecha 28 de junio de 2012, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
En consecuencia, se REVOCA el acta de instalación recurrida en todas sus partes y se ordena al Juzgado A-quo fijar nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al Tribunal de la causa.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los ocho (08) días del mes de noviembre de dos mil doce (2012).
Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Juez,
Abg. Mónica Quintero
El Secretario,
Abg. Dimás Rodriguez.
En igual fecha y siendo las 10:10 a.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El Secretario,
Abg. Dimás Rodriguez.
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