TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, catorce de noviembre de dos mil doce
202º y 153º

ASUNTO : KH02-M-2002-000020

Revisadas las actas procesales, este Juzgador observa: Consta en el Expediente: KH02-M-2002-000020, interposición de demanda de Cobro de Bolívares (vía intimatoria), intentado por la firma Mercantil DISTRIBUIDORA TROTTA C.A, inscrita en el Registro Mercantil del Estado Lara, en fecha 09/07/1992 bajo el Nº 73, Tomo 2-A, contra la firma Mercantil FRIGORIFICO TORO GRANDE C.A representada por el ciudadano OSCAR ALEJANDRO CARDOZA, venezolano, mayor de edad

En fecha 23/04/2002 fue admitida la presente demanda por este Tribunal y se decreto medida preventiva de embargo (folio 26 y 27).
En fecha 30/04/2002, la parte actora consigno diligencia donde solicitó se comisionara al Juzgado Ejecutor Distribuidor de Medida de los Municipios Valencia y Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo del Estado Carabobo (folio 28).
En fecha 07/05/2002 el Tribunal dicto auto donde se ordenó comisionar al Juzgado Ejecutor Distribuidor de Medida de los Municipios Valencia y Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo del Estado Carabobo y se libro despacho con oficio (folio 31).
En fecha 15/07/2002, la parte actora consigno diligencia se oficiara al Juzgado Ejecutor Distribuidor de Medida de los Municipios Valencia y Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo del Estado Carabobo (folio vto 34).
En fecha 22/07/2002, el Abogado Alberto Ramírez apoderado de la parte demandada se da por intimado y consigno poder notariado (folio 35).
En fecha 29/07/2002, la parte demandada consigno diligencia donde se opuso al decreto intimatorio (folio 39).
En fecha 18/09/2002 la parte demandada consigno escrito de contestación de la demanda (folio 41 al 43).
En fecha 24/10/2002 la parte actora consigno diligencia solicitando el avocamiento de la Juez, (folio 44).
En fecha 28/10/2002, la Juez Carmen Rosa Campolargo se avoco a conocimiento de la presente causa (folios 45 y 46).
En fecha 28/10/2002, el Tribunal dicto auto donde se ordeno desglosar las prueba promovidas (folio 47).
En fecha 06/11/2002, el Tribunal dictó auto donde acordó agregar las pruebas promovidas (folio 48).
En fecha 07/11/2007, la parte actora consigno escrito impugnando las pruebas promovidas por la parte demandada (folio 64).
En fecha 14/11/2002, el Tribunal dicto auto donde se admitieron las pruebas promovidas por ambas partes (folio 65)
En fecha 07/04/2003 la parte actora consigno diligencia donde solicito el avocamiento de la juez (folio 75).
En fecha 14/04/2003 la Juez Tamar Granados Izarra, se avoco al conocimiento de la presente causa (folio 76).
En fecha 15/07/2003, la parte Actora consigno escrito de informe (f.77)
En fecha 31/05/2010, se recibió diligencia presentada por el Abg. ZALG ABI HASSAN donde se da por notificado y solicita el avocamiento (folio 84).
En fecha 04/06/2010, la Juez Tamar Granados Izarra se avoco al conocimiento a la presente causa y ordeno la notificación de las partes para dictar sentencia (folios 85 y 86).
De la narrativa anterior, se desprende que la fecha 04/06/2010 donde La Juez Tamar Granado Izarra, y ordeno la notificación de las partes para dictar sentencia, transcurrieron sobradamente el lapso de dos (02) años cinco meses.
En este sentido, aunado a la necesidad jurídica de que se respete el debido proceso, lo esta también, el que se respete la majestad de la justicia, lo cual presupone que se debe garantizar los principios procesales, constituidos en la norma, expresamente a entender de este juzgador, debe garantizarse el principio de la Economía Procesal. Así para Chiovenda, La Economía Procesal, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se refiere no solo a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen, implícito a la celeridad. En razón a ello a criterio de este juzgador, la celeridad procesal, no debe considerarse solo como una obligación de la administración de justicia, pues es en esencia una obligación no solo del Director del Proceso, representado por el Juez, sino que las partes deban Coadyuvar a que con sus impulsos el proceso no se constituya en un letargo que impida su desenvolvimiento adecuado. Es lógico que en un Juzgado convergen gran cantidad de causas, y peticiones, es lógico también que el impulso de dichas actuaciones no deben recaer exclusivamente bajo el Juez, quien debe estar presto para orientar el proceso, y decidir las incidencias y disputas que en mismo se presentan. En materia de amparo, el Juez constitucional debe, ser protector de la tutela judicial efectiva como en todo proceso, pero las partes no deben a costas de la exigencia de dichas garantías, hacer que el aparataje judicial se enrumbe en procesos que posteriormente son abandonados, demostrando con ellos en un abandono que se traduce en falta de interés.-
Así la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentado que “ la tutela judicial efectiva y el derecho a la pronta decisión que le confiere la Constitución……… no ampara la desidia y la inactividad de las partes…….”
En torno a ello, este Juzgado trae a colación Sentencia de Sala Constitucional del TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, en el cual se establece lo siguiente:
“El artículo 26 constitucional, garantiza el acceso a la justicia, para que las personas puedan hacer valer sus derechos e intereses, y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
Tal derecho de acceso a la justicia se logra mediante el ejercicio de la acción, que pone en movimiento a la jurisdicción, la cual no garantiza una sentencia favorable, y que comienza a desarrollarse procesalmente desde que el juez admite o inadmite la demanda, la petición, el escrito o cualquier otra forma de inicio del proceso…. A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdicción…. Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez. Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional. En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento. Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida. No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción. Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse. No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta Sala del 28 de julio de 2000 (caso: Luís Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial. La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin…. Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?”.

En la presente causa, es evidente que las partes, han demostrado que no presentan interés alguno para que la misma prosiga su curso normal, pues no ha desplegado actividad, para demostrar su interés en el proceso, proceso que el mismo interpuso. Por ello, para este Juzgador la actitud desplegada por el demandante, antes identificado no puede ser considerada de otra forma sino PERDIDA DEL INTERES, lo cual lo ha llevado a mantener la causa sin actividad procesal alguna que lleve a demostrarle a este Juzgado, la relevancia que implica ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica.
Por toda esta situación narrada supra, este despacho acogiéndose a la Sentencia del Exp. Nº 00-1491, dec. Nº 956, en Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, procede a declarar el DECAIMIENTO DE LA INSTANCIA en el presente asunto. Se ordena la notificación de las partes.
Publíquese y Regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Segundo Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto a los catorce (14) días del mes de Noviembre de Dos Mil Doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Juez,

Mariluz Josefina Pérez
La Secretaria,

Eliana Hernández Silva

En la misma fecha se publico siendo las 09:30 a.m., y se dejo copia resolución Nº 347

La Secretaria,

Eliana Hernández Silva

MJP/Milagro