Se inicia la presente causa por DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta JUAN ARGENIS MERLO GUTIERRES, ANIBAL JOSÉ MERLO GUTIERREZ, EIVAR ANTONIO MERLO GUTIERREZ, GILBERTO MERLO GUTIERREZ, BILMA DEL CARMEN MERLO GUTIERREZ, HECTOR MERLO GUTIERREZ y ELIZABETH MERLO GUTIERREZ, contra NERIO ESCALONA, PABLO A. MENDOZA, JOSE ALBERTO ESCALONA, DEIVIS R. MENDOZA, DEIBIS R. ESCALONA, JOSÉ L. MENDOZA, JHONNY A. MENDOZA, DIEGO LUIS MENDOZA, GREGORIO ANTONIO GIMENEZ y CARLOS ALVARADO ESCALONA
En fecha 24 de marzo de 2009, la parte actora con su apoderado abogado Agustín Ocanto Sánchez, presento libelo de demanda ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, acompañado con los anexos correspondientes (Folios 01 al 28).
En fecha 09 de abril de 2009, mediante auto, se le da entrada a la presente demanda y se libran las respectivas Boletas de Citación (Folio 29 al 42).
En fecha 02 de junio de 2009, mediante auto, se anexa escrito de reforma de demanda (Folios 44 al 47).
En fecha 22 de octubre de 2009, se recibe comisión proveniente del Juzgado del Municipio Jiménez del estado Lara (Folios 62 al 215).
En fecha 04 de diciembre de 2009, mediante auto se ordena librar Carteles de Citación (Folios 218 y 219).
En fecha 23 de febrero de 2010, mediante auto se anexa a la presente causa ejemplar de la publicación en un medio impreso de circulación regional del Cartel de Citación (Folios 221 al 223).
En fecha 14 de abril de 2010, mediante auto agrego a la presente controversia escrito de contestación de demanda (Folios 238 al 359).
En fecha 05 de mayo de 2010, se realizo audiencia preliminar (Folios 362 y 363).
En fecha 24 de mayo de 2010, mediante auto se fijaron los límites de la controversia en la presente demanda (Folios 366 al 368).
En fecha 31 de mayo de 2010, mediante auto se agrega escrito de promoción de pruebas con sus respectivos anexos promovido por el apoderado de la parte actora (Folios 369 al 389).
En fecha 03 de junio de 2010, mediante auto se agrega escrito de promoción de pruebas promovido por la el apoderado de la parte demandada (Folios 390 al 399).
En fecha 09 de junio de 2010, mediante auto se admiten las pruebas documentales promovidas por la parte actora (Folios 400 al 404).
En fecha 09 de junio de 2010, visto el escrito de promoción de pruebas promovido por la parte demandada, mediante auto se agrega a la causa dichas pruebas promovidas (Folios 407 al 445).
En fecha 10 de junio de 2010, se dicto sentencia interlocutoria (Folios 648 al 654).
En fecha 01 de octubre de 2010, mediante auto se juramento como defensor del ciudadano Gregorio Jiménez demandado, al abogado Pastor Leonardo Gómez Defensor Especial Agrario (Folio 675).
En fecha 14 de octubre de 2010, mediante auto se agrega contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas por parte del apoderado de la parte demandada (Folios 680 al 701).
En fecha 20 de octubre de 2010, mediante auto se agrega contestación de la demanda por parte del apoderado de la parte del Defensor Público Pastor Leonardo Gómez (Folios 702 y 703).
En fecha 05 de noviembre de 2010, se realizo Audiencia Preliminar (Folio 705).
En fecha 09 de diciembre de 2010, se realizo Audiencia Conciliatoria (Folios 710 al 712).
III MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
De la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, observa este Tribunal que desde el día 07 de julio de 2009, oportunidad cuando el Tribunal se traslado al predio objeto de la presente litis, en la cual se encontraba presentes las partes, transcurriendo así tres (03) años, y dos (02) meses, paralizada la misma, no existiendo actuación alguna con el objeto de su continuación.
En este sentido establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”.
La perención es de carácter objetivo, suficiente para su declaratoria dos condiciones: falta de gestión procesal, inercia de las partes; y, paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, sin que las partes efectúen algún acto del procedimiento.
La aludida falta de gestión procesal significa no realizar sucesiva y oportunamente los actos del procedimiento que están a cargo de las partes, que determinan el impulso y desarrollo del proceso al fin.
El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargos innecesarios. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal (cfr Chiovenda, José: Principios…, II, p. 428).
Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 01 de junio de 2001, asentó lo siguiente:
“…La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose la estada a derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. En ese estado, la paralización puede nacer de situaciones casuísticas que necesariamente conducen a tal figura caracterizada por la ruptura de la permanencia a derecho de las partes, como puede suceder si las diversas piezas de un expediente que se encuentra en estado de sentencia se desarticulan y se envían a diversos tribunales, sin que el tribunal a quien le corresponde la última pieza para sentenciar, pueda hacerlo, ya que no tiene el resto de los autos y no sabe dónde se encuentran. Ante tal situación, la causa se paraliza, las partes dejan de estar a derecho, y al juez no queda otra posibilidad, sino esperar que los interesados le indiquen (producto de sus investigaciones) dónde se encuentra el resto de las piezas, a fin que las recabe, conforme el expediente total, y a petición de parte, reconstituya a derecho a los litigantes. Tal situación ha sucedido con motivo de las reorganizaciones de las competencias de los tribunales, lo que conoce la Sala por notoriedad judicial. Surge así una inactividad imputable a las partes, que ocurre en estado de sentencia, y que configura una carga incumplida de los litigantes, es a ellos a quien perjudica, y no al tribunal que se encuentra imposibilitado de actuar. Algo similar ocurría cuando no estaba vigente el principio de gratuidad de la justicia y las partes no consignaban el papel sellado necesario para sentenciar. Estos son los principios generales sobre perención de la instancia, los cuales son aplicables plenamente al proceso civil y a los procesos que se rijan por el Código de Procedimiento Civil (proceso común). Las causas en suspenso no se desvinculan del iter procesal. El juicio se detiene y continúa automáticamente en el estado en que se encontraba cuando se detuvo, sin necesidad de notificar a nadie, ya que la estadía a derecho de las partes no se ha roto. El artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, marca los principios al respecto, mientras que el 14 eiusdem, establece que las suspensiones tienen lugar por motivos, pautados en la ley, tal como lo hacen -por ejemplo- los artículos 202, 354, 367, 387, 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil. Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la ley para ello, por lo que esta inactividad de los sujetos procesales, rompe la estadía a derecho de las partes, las desvincula, y por ello si el proceso se va a reanudar, y recomienza en el siguiente estadio procesal a aquél donde ocurrió la inactividad colectiva, habrá que notificar a los litigantes de tal reanudación, habrá que reconstituir a derecho a las partes, tal como lo previó el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil…”.
En atención a los criterios expuestos, los cuales son plenamente compartidos por esta Juzgadora y de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que no se ha realizado en la presente causa, ningún acto procesal que permitiera el impulso de ésta y de habiendo transcurrido el tiempo que ha establecido el legislador para considerar el abandono del proceso, es razón por la que debe declararse EXTINGUIDA LA INSTANCIA, por haber operado la PERENCIÓN y así se hará en el dispositivo de la presente decisión. ASÍ SE ESTABLECE.
IV DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas, este Tribunal de Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA, por haber operado la PERENCION en el juicio seguido por JUAN ARGENIS MERLO GUTIERREZ, ANIBAL JOSÉ MERLO GUTIERREZ, EIVAR ANTONIO MERLO GUTIERREZ, GILBERTO MERLO GUTIERREZ, BILMA DEL CARMEN MERLO GUTIERREZ, HECTOR MERLO GUTIERREZ y ELIZABETH MERLO GUTIERREZ, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por haber transcurrido más de un (1) año, sin que se hubiere cumplido ningún acto efectivo de impulso procesal, encaminado a lograr la continuación del proceso. ASÍ SE DECIDE.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en El Tocuyo al (15) quince día del mes de octubre de dos mil doce (2012).
La Jueza,
Abg. Ana Cecilia Acosta Malave
La Secretaria
Abg. Bladimar Méndez
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las tres y cinco minutos de la tarde (11:05:00).
Abg. Bladimar Méndez
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