REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección del Niños, Niñas Y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Carora, tres de diciembre de dos mil trece
203º y 154º
KP12-V-2012-000365
PARTE DEMANDANTE: Andrys Isaura Torrealba, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.234.831, domiciliada en Sabana Grande, municipio Torres del estado Lara.
DEFENSORA PÚBLICA SEGUNDA Abg. Carmen Isabel Rojas Aponte.
PARTE DEMANDADA: Nolberto García, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.824.056, domiciliado en la ciudad de Valera, estado Trujillo.
MOTIVO: Inquisición de Paternidad
En fecha veintiséis (26) de octubre de 2.012, se recibió escrito de demanda de Inquisición de Paternidad y los recaudos que la acompañan, intentada por la ciudadana Andrys Isaura Torrealba, asistida por la Defensora Pública Segunda de Protección. En fecha veintinueve (29) de octubre de 2.012, se admitió la presente causa por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, se ordenó oír la opinión de la niña. Asimismo, se ordenó oficiar al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (I.V.I.C), a los fines de que se le practicara a las partes un examen de experticias heredo-biológica, de acuerdo a la gratuidad de dicha prueba conforme a lo establecido en la norma del artículo 31 de la Ley Orgánica para la Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad. En fecha dos (02) de noviembre de 2012, el demandado se dio por notificado en el presente asunto. En fecha cinco (05) de diciembre de 2012, se realizó audiencia de sustanciación, se admitieron las pruebas consistente en la copia certificada de la partida de nacimiento de la niña, siendo prolongada la audiencia de sustanciación para el día catorce (14) de febrero de 2.013. En fecha catorce (14) de febrero de 2013, se prolongó la audiencia de sustanciación por no constar en autos el resultado de la prueba heredo biológica para el día cinco (05) de marzo de 2.013. En fecha ocho (08) de agosto de 2013, se realizó la prolongación de la audiencia de sustanciación, siendo la misma suspendida. En fecha siete (07) de octubre de 2013, la Defensora Pública del Área de Protección abogada Tibisay Sánchez, consignó el resultado de la prueba de ADN realizada en la Universidad Centro Occidental "Lisandro Alvarado". En fecha ocho (08) de octubre de 2013, fue fijada la audiencia de sustanciación para el día siete (07) de noviembre de 2013, en esa fecha, se celebró la prolongación de la audiencia de sustanciación y se dio por terminada la última fase de la audiencia preliminar. En fecha once (11) de noviembre de 2013, se recibió por este tribunal de juicio el presente expediente y se fijó audiencia para oír a la niña a las 9:00 a.m. y la audiencia de juicio a las 10:00 a.m., ambas para el día dos (02) de diciembre de 2013, en esa fecha se celebró la audiencia de juicio declarándose con lugar la demanda.
Ahora pasa a señalar quien juzga las razones de su decisión en los siguientes términos:
DE LOS HECHOS ALEGADOS POR LAS PARTES
Parte demandante
En el escrito de demanda la actora, manifestó que de la unión con el ciudadano Nolberto García, ya identificado, nació la niña (OMITIDO ARTICULO 65 LOPNNA) que el referido ciudadano se desatendió por completo de sus obligaciones como padre, no la ha reconocido como su hija. Que en reiteradas ocasiones ha hablado con él en forma amistosa pero se niega rotundamente a reconocer a la niña. Que por ello demanda en beneficio de su hija y en base a su interés superior previsto en las normas de los artículos 25 y 27 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y 210, 217, 218, 230, 321 del Código Civil venezolano, a dicho ciudadano para el establecimiento de la filiación de su hija. Solicitó que se oficiara al IVIC para la práctica de la prueba heredo biológica
Parte Demandada
El demandado se dio por notificado en fecha dos (02) de noviembre de 2012, tal como se evidencia en el folio trece (13) de autos, no compareció a dar contestación a la demanda ni a presentar escrito de pruebas, sin embargo, siendo esta una acción de estado, cuya principal característica es que es materia de orden público, se tiene como contradicha la misma, es decir, no se considera que admite los hechos alegados por la parte demandante, por tanto, no se aplica la presunción de confesión ficta, por consiguiente, la parte demandante debe impulsar el proceso y demostrar su argumento.
DERECHO A SER OIDOS
El día dos (02) de diciembre de 2013, se presentó la niña quien sostuvo entrevista con esta juzgadora.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Antes de pasar al análisis del fondo del presente asunto, se estima necesario revisar la acción interpuesta por la parte demandante y aclarar ciertos conceptos relativos a la filiación, materia de la cual trata este juicio. Es así, que en sentido stricto sensu, la filiación es la relación inmediata de parentesco que existe entre el padre o la madre y el hijo, es decir, es la consanguinidad de primer grado en línea recta y se puede clasificar de acuerdo a la relación de parentesco del padre con el hijo o la que existe entre la madre con el hijo, o en cuanto a la relación del hijo con el padre o madre. La filiación en cuanto a los padres, se denominan filiación paterna y filiación materna y en relación a la filiación en cuanto al hijo, se denomina filiación matrimonial y filiación extramatrimonial. La filiación matrimonial deriva de la concepción o del nacimiento del hijo dentro del matrimonio de sus padres, tiene como presupuesto el matrimonio de ellos, en cambio, la filiación extramatrimonial no procede de la concepción o nacimiento del hijo, sino de su reconocimiento por la madre o por el padre independientemente, pues, no están unidos por el matrimonio.
La norma de artículo 226 del Código Civil vigente, establece que toda persona tiene acción para reclamar, el reconocimiento de su filiación materna o paterna, en las condiciones que él prevé. Asimismo, preceptúa en su artículo 227, que en vida del hijo y durante su minoridad, la acción a que se refiere el artículo anterior podrá ser intentada, si no lo hiciere su representante legal, por el Ministerio Público, por los organismos públicos encargados de la protección de la infancia, por el progenitor respecto del cual la filiación esté establecida y por los ascendientes de éste, pero una vez que hubiese contraído matrimonio o alcanzado la mayoría de edad, la acción le corresponde únicamente al hijo. Esta acción corresponde a la filiación extramatrimonial, pues, el hijo es concebido por sus padres sin estar unidos en matrimonio civil, sin embargo, de conformidad con la norma ut supra comentada, puede ejercer la acción de inquisición de paternidad, mediante la cual puede reclamar el reconocimiento forzoso a uno de sus progenitores.
En este caso bajo estudio, la acción de inquisición de paternidad la ejerció la ciudadana Andrys Isaura Torrealba, en representación de su hija, como así se desprende de la copia certificada de la partida de nacimiento que corre inserta en el folio cinco (05) de autos, por lo cual está perfectamente legitimada conforme lo pautado en las normas anteriormente señaladas.
Es importante resaltar que el presente caso trata de una materia eminentemente de orden público, cuyo fin es el establecimiento o no de la filiación paterna entre el ciudadano Nolberto García y la niña (OMITIDO ARTICULO 65 LOPNNA) cuya madre ha recurrido a este órgano judicial a fin de que a su hija se le reconozca el derecho a llevar el apellido de su padre y ser cuidado por él, derechos estos consagrados en nuestra Carta Magna, en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En nuestro derecho, nuestra carta magna en su artículo 56, dispone que “Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad. (…)”. La norma del artículo 25 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, estatuye que: “todos los niños y adolescentes, independientemente de la filiación, tienen derecho a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos, salvo cuando sea contrario a su interés superior.”
PRUEBAS PRODUCIDAS EN JUICIO
En fecha dos (02) de diciembre de 2013, se llevó a cabo la audiencia de Juicio como lo dispone la norma del artículo 484 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quedando incorporada la copia certificada de la partida de nacimiento de la niña, que riela al folio cinco (05) de autos y el resultado de la prueba de paternidad del Laboratorio de Embriología y Endocrinología de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, que corre inserto a los folios cincuenta y ocho (58) de autos, practicada al ciudadano Nolberto García y a la niña.
Experticia heredo-biológica
Analizado el informe de filiación biológica emanado del Laboratorio de Embriología y Endocrinología Molecular de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) por solicitud directa del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de este circuito judicial de protección, cuyo informe indica que “El perfil del ADN se realizó en muestras colectadas del supuesto padre y de la hija. En 15 de los 15 loci probados, el resultado del ADN sugiere al supuesto padre como padre biológico, con un porcentaje de índice de paternidad de: 99,999996991462500”, se desprende de este informe que la probabilidad de paternidad del ciudadano Nolberto García González respecto a la niña es altísima. Por consiguiente, siendo que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos conforme con la norma del articulo 56 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la norma del articulo 16 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en cuanto al derecho a un nombre y la norma del artículo 25 de la misma ley, que consagra el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a conocer a su padres independientemente de la filiación, así como ha ser cuidados por ellos, estima quien juzga que con la prueba heredo biológica examinada es suficiente para determinar que el demandado ciudadano Nolberto García González es realmente el padre biológico de la niña (OMITIDO ARTICULO 65 LOPNNA)
El tribunal observa:
Que una vez que esté firme la presente sentencia el paso siguiente será ordenar su inserción de conformidad con la norma del artículo 506 del Código Civil y la consiguiente nota marginal en la partida de nacimiento de la niña, en la cual se estampe de forma resumida la inclusión de la paternidad fruto del presente juicio. Asimismo, la norma del artículo 507 del Código Civil prevé la publicación de un extracto de la decisión en un periódico de circulación local.
Ahora bien, con respecto a lo anterior, considera quien juzga que existe una situación enojosa, engorrosa y discriminatoria que afecta de forma muy sensible la intimidad personal y familiar de la niña. Para nadie es un secreto lo obsoletas que están las normas del Código Civil, que como norma supletoria de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es la aplicable en estos casos, normas que no están acorde con la Doctrina de Protección Integral que consagra nuestra Carta Magna, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley antes señalada, en tal sentido la norma del artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana establece que:
“Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y estarán protegidos por la legislación… El Estado, las familias y la sociedad aseguraran con prioridad absoluta la protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior”
Con respecto al derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes a su intimidad personal y familiar, vida privada, reputación y honor, la norma del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes lo consagra, prohibiendo exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones, a través de cualquier medio que lesionen el honor o la reputación de ellos. En esta misma orientación, la norma del artículo 21 de la Constitución garantiza la igualdad de las personas ante la ley, es así que en el numeral primero, dispone que: “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general tengan por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona y más aun, de una manera más extensa la norma del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes .establece que “Las disposiciones de esta Ley se aplican por igual a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión pública o de otra índole, posición económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición de los niños, niñas o adolescentes, de su padre, madre, representantes o responsables, o de sus familiares” ( negrita del tribunal)
Por tal razón, salvaguardando y garantizándole a la niña su derecho a su propia intimidad personal y familiar, manteniendo en reserva situaciones familiares de las cuales no tienen porque ser públicas, se debe considerar el principio constitucional antes señalado, por cuanto el indicar que se estampe una nota al margen del acta de nacimiento en la cual se indique que mediante decisión judicial debe tenerse o no al niño, niña o adolescente como hijo o hija de la persona cuya filiación se demandó o se impugnó, atenta contra el principio de igualdad y no discriminación establecido en nuestra Carta Magna y en la ley, así como a su derecho a la intimidad, honor y reputación, por tal razón lo prudente es insertar una nueva acta de nacimiento con la filiación establecida sin hacer mención del procedimiento judicial y así se decide.
DECISION
Con fundamento en lo precedentemente expuesto y en pro de la filiación verdadera, y garantizando a la niña su derecho a llevar su verdadera identidad y ser cuidado por su padre real, este Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declara: Con lugar la demanda de Inquisición de Paternidad, incoada por la ciudadana Andrys Isaura Torrealba, ya identificada, contra el ciudadano Nolberto García, ya identificado, a favor de su hija la niña (OMITIDO ARTICULO 65 LOPNNA). Asimismo, conforme con la norma del artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 3 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en cuanto al principio de igualdad y no discriminación, así como también con la norma del articulo 65 eiusdem en relación al derecho a la intimidad personal y familiar, honor y reputación de los niños, niñas y adolescentes, se ordena lo siguiente: Primero : que se anule el acta de nacimiento signada bajo el Nº 4329 del año 2003, fecha de presentación dieciséis (16) de diciembre del año 2003, que se encuentra asentada en el Registro Civil de la Parroquia Trinidad Samuel, municipio Bolivariano G/D Pedro León Torres del estado Lara y en el Registro Principal del Estado Lara. Segundo: que se inserte una nueva acta de nacimiento con la filiación paterna que aquí se establece sin hacer mención de este procedimiento judicial donde debe aparecer la niña (OMITIDO ARTICULO 65 LOPNNA) como hija de Nolberto García, titular de la cédula de identidad Nº V-15.824.056, domiciliado en Valera, municipio Trujillo. Se advierte que una vez que esta sentencia haya adquirido el carácter de definitivamente firme, la niña llevará los apellidos del padre y de la madre, es decir se llamará (OMITIDO ARTICULO 65 LOPNNA)
Regístrese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Carora, tres (03) de diciembre de 2.013. Años 203° y 154°.
LA JUEZ DE JUICIO
Abg. RAQUEL CASTILLO DE ZUBILLAGA
LA SECRETARIA
Abg. LAURA MARINA JUAREZ
En esta misma fecha se registró bajo el Nº 72- 2.013 y se publicó siendo la 11:30 a.m.
LA SECRETARIA
Abg. LAURA MARINA JUAREZ
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