TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y CONSTITUCIONAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO.
202° y 153°
Actuando en sede CIVIL, produce el siguiente fallo: Interlocutorio con fuerza definitiva.

Expediente No. 23.844
Motivo: Reivindicación.
Demandante: Comunidad Pro Vivienda San Luis Parte Alta, domiciliada en la ciudad de Valera, estado Trujillo, debidamente inscrita y registrada por ante la entonces Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Valera, hoy día Oficina de Registro Público de los Municipios Valera, Motatán y San Rafael de Carvajal, en fecha 27 de agosto de 1993, anotada bajo el Nro. 23, Tomo 10, Protocolo 1º del tercer trimestre, de los libros llevados por ese Registro, representada por el abogado Juan Carlos Quiñones Orta, según poder autenticado por ante la Notaria Pública Segunda de Valera en fecha 06 de noviembre de 2009.
Demandados: Camacho Hernández Leonardo José, Morillo Ramírez Suhail Carolina, Villarreal de Ramírez María Ureliana, Villarreal Maria Feliciana, Fernández Méndez Carlos Ramón, Guerrero Viloria Angely Ramona, Pacheco Pérez Maria del Carmen, Mejias Vieras Alix Coromoto, Cabrita Marcelino, Vergara Blanco Jonathan Anderson, Montilla La Cruz Dilia del Valle, Pirela Araujo Maria Juana, Fernández Angulo María Araceli, Pineda Ynfante Alexa Josefina, Benítez Villarrael José Gregorio, Villarreal de Rivera María Dolores, Ramírez Andara Solanda Elena, Pirela Araujo Gladis María, Artigas Abreu Jesús Alberto, Maldonado Mesa José Atilio, Ramírez Andara Maria Estenia, Varela Paredes Maria Juana, Pacheco Viloria Deysi del Valle, Suárez La Cruz Janeth Carolina, Guerreo Viloria Andreina del Carmen, Contreras Ramírez Andrés Eduardo, Carreño Ocanto Yuiber Josefina, Valera Ramírez Ender José, Albornoz Ramírez Bertha Elena, Calderón Mireira Coromoto, Sulbarán Raúl Antonio, La Cruz Rivera Xiomara Elena, Viloria Montilla Gregorio Alfonso, Torres Viloria Edymar, Figueroa Nava Gladis Josefina, Segovia Gutiérrez Zobeida Josefina, Viloria Flor Maria, Ramírez Villarreal Ariyuli del Carmen, La Cruz Rivera Jacqueline del Carmen, Pacheco Viloria Nury del Carmen, Montilla de Viloria Maria Dilia Rosa, Viloria Montilla José Alejandro, Paredes Rodríguez Neydi Carolina, Villegas Durán José de Jesús, Mejias Valera Maria Gregoria, Mejias Valera Maria Benita, Paredes Jhovanny, Araujo Paredes José Gustavo, Ángel de Ángel Auxiliadora, Gutiérrez Lucila del Carmen, Andrade Aldana Oscar José, Ramírez Mendoza Maribel del Valle, Ramírez Villarreal Yesenia Coromoto, Ramírez Ramírez Elvis Alberto, Manzanilla Jackelin Coromoto, Vargas Galea Norkis Karina, Ramírez Villarreal Raiza Josefina, Torres José Luís, Morales Leiva Karina del Valle, Rodríguez Figueroa Franklin José, Segovia Briceño Jean Carlos, Iván Carrizo, Rufa Briceño, Reinaldo González, Isabel Montilla, José Fernández, Yoleida Zambrano, Miguel Ángel Ramírez, María Villarreal, José Gregorio Benítez Villarreal, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 11.898.015, 12.905.504, 9.164.050, 9.011.117, 4.665.181, 15.293.062, 10.034.975, 10.907.086, 1.666.066, 5.430.980, 12.797.011, 10.906.948, 14.598.147, 12.542.013, 10.402.850, 5.107.245, 5.494.667, 13.260.756, 4.324.967, 9.653.531, 11.322.190, 11.324.454, 12.498.349, 17.832.923, 17.096.759, 12.540.495, 11.894.921, 15.430.863, 10.401.933, 12.723.643, 10.399.584, 11.894.012, 10.037.504, 12.041.634, 10.034.492, 9.323.747, 9.170.369, 13.764.641, 9.178.478, 13.404.423, 9.013.098, 9.310.890, 14.459.883, 4.917.360, 13.260.184, 11.894.670, 13.260.583, 12.038.625, 5.793.402, 4.663.577, 11.320.417, 13.523.480, 18.097.597, 12.540.494, 20.788.274, 17.830.220, 12.905.859, 13.262.609, 13.371.744, 17.266.386, 17.265.458, 13.260.357, 10.397.556, 14.149.515, 14.328.346, los últimos cinco el actor no indicó sus números de cédula, domiciliados todos en la carretera vieja que conduce de Valera a Motatan, en un inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en el sector San Luis parte alta, frente a la Urbanización Las Lomas, Municipio Autónomo Valera del estado Trujillo.
S I N T E S I S P R O C E S A L
Cumplido el requisito administrativo de distribución de fecha 25 de mayo de 2010, se recibe la presente demanda por Reivindicación.
En fecha 15 de junio de 2010, se admitió la presente demanda, ordenando la citación de los demandados, para efectuar dichas citaciones se comisionó al Juzgado de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de esta Circunscripción Judicial, que por distribución le fuese asignado.
En fecha 05 de agosto de 2010, se libraron las respectivas boletas de citación, remitiéndose con oficio a la Oficina de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Primero y Segundo de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, para su respectiva distribución.
En fecha 13 de diciembre de 2012, se recibió y se agregó a las actas la comisión de citación signada con el Nro.16.699, sin cumplir la misma.
M O T I V A C I O N E S P A R A D E C I D I R
Observa este Juzgador, de la comisión de citación que la parte actora no dio el impulso necesario para que se cumpliera a cabalidad la citación ordenada por este Despacho.
Ahora bien, establece el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral 1º, lo siguiente: “También se extingue la instancia: 1º) Cuando transcurridos treinta días, a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado...” (cursivas del Tribunal).
Al respecto de la Perención de la Instancia el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de de Casación Civil, el 12 de julio de 2.003, (caso Banco Construcción, C.A., contra Productos Mistolín, S.A. y otro), estableció “…Contrariamente a lo sostenido por el sentenciador de reenvío, este Sala en sentencia Nro RC-003 de fecha 7 de marzo de 2.002, dictada en el juicio de Jean Feres Bassil y otros contra Abelardo Raidi Hosry, en la que se ratificó la sentencia de fecha 13 de mayo de 1980, expreso lo siguiente: “…nuestro derecho procesal sigue en materia de perención el sistema italiano; la perención, conforme al artículo 203 del Código de Procedimiento Civil (sustituido por el artículo 269), se verifica de derecho, vale ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, la cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que conforme a la enseñanza de la doctrina, existe aun con antelación a la solicitud de parte de hacerla valer…” (cursivas del Tribunal).
Del mismo modo, la referida Sala, en decisión de fecha diecisiete de enero del presente año, en sentencia dictada en la causa Nro. Exp. Nro. 2011-000305, sociedad mercantil BOLÍVAR BANCO C.A., contra la sociedad mercantil FERRELAMP C.A., en su carácter de obligada principal, en la persona de su presidente, el ciudadano FREDDY ROBERTO PÉREZ REVERÓN, y a éste en su propio nombre en su carácter de avalista y principal pagador; y a la ciudadana MARITZA DOLORES SEGOVIA DE PÉREZ, en su carácter de avalista y principal pagador, sobre la perención breve dejó establecido lo siguiente:
“ De conformidad con el anterior precedente jurisprudencial, en el supuesto de citación por comisión, la Sala sostuvo que:
1) el demandante debía dejar constancia de haber cumplido la obligación de suministrar los medios para citar dentro de los treinta días siguientes al auto de admisión de la demanda, lo que fue modificado por la Sala mediante la referida sentencia de fecha en sentencia N° 466, de fecha: 21 de julio de 2008, caso: Comercializadora Dicemento, C.A. contra Benito Antonio Valera y otros, por cuanto en esta sentencia de fecha posterior se estableció de forma clara que el requerimiento de que se libre la comisión es suficiente para impedir la perención breve; y
2) El demandante debe dejar constancia mediante diligencia consignada en el expediente que cursa en el tribunal de la causa, de haber puesto a la orden del Alguacil del tribunal comisionado los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada; y el Alguacil mediante diligencia consignada en el expediente que se abra en el tribunal comisionado, con ocasión de la comisión para la citación, dejará constancia de que la parte demandante le proporcionó lo exigido por la ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación, criterio este que la Sala estima necesario modificar por considerar que basta la constancia en el tribunal comisionado, por ser este tribunal, específicamente su alguacil, el que debe llevar a cabo el acto de citación.
En efecto, el cumplimiento de la obligación de poner a disposición del alguacil los medios necesarios para lograr la citación, supone un acto de comunicación entre la parte interesada en lograr la práctica de ese acto –demandante- y el alguacil que debe trasladarse para cumplirlo, lo que sólo puede ser eficazmente logrado frente al funcionario que materialmente va a cumplir con esa actividad, esto es, el alguacil del tribunal comisionado, y por ende, es frente a este funcionario que debe ser cumplida dicha obligación y la constancia de esa actuación debe constar en el cuaderno de la comisión, sin que sea necesario que la parte también deje constancia sobre ello en la causa de actuaciones que se llevan a cabo frente a otro tribunal por causa de la comisión que ha sido librada.
Estas consideraciones permiten determinar que la Sala debe modificar su doctrina, por cuanto el criterio que se abandona en esta sentencia, no responde a la realidad práctica, pues el cumplimiento eficaz de esa obligación depende de los requerimientos del alguacil que deba practicar ese acto procesal y, por ende, la obligación de poner a disposición del alguacil los medios necesarios para practicar la citación debe ser cumplida respecto del alguacil del tribunal comisionado, a quien corresponde llevar a cabo el acto de citación, y es en el cuaderno de la comisión que debe quedar constancia de esa actuación procesal, sin que sea necesario que se deje igual constancia en el tribunal de la causa, lo cual determina que sólo podría ser declarada la perención de la instancia previo examen de las resultas de la comisión, una vez que esta ha sido recibida por el tribunal de la causa…”
Tal criterio jurisprudencial deja establecido, que la perención de la instancia ante un Tribunal comisionado, se perfecciona con la actitud negligente de la parte actora en poner a disposición del Alguacil del referido Tribunal los recursos necesarios a fin de que este practique a cabalidad la citación que le ha sido encomendada, criterio jurisprudencial que este Juzgador adopta a habilidad a partir de la presente fecha y de conformidad a lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
En razón de lo anterior, y verificado por este Juzgador, que en el Tribunal comisionado transcurrió más de treinta (30) días, sin que el interesado haya gestionado la citación de los demandados de autos, ya identificados; en razón de ello y verificándose con esto que la parte actora no cumplió con las obligaciones que le impone la Ley para la prosecución del presente proceso, como lo fue su actitud ante el Tribunal comisionado; por lo que lo ajustado a derecho es Decretar Consumada la Perención, y consecuencialmente la Extinción de la Instancia. Así se decide.
D E C I S I Ó N.
Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA. Publíquese, cópiese y notifíquese a la parte actora de este fallo, de conformidad con los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese Boleta de Notificación y entréguesele al Alguacil de este Tribunal, quien será el encargado de practicar la misma. Dada, firmada y sellada en la Sede donde despacha el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Constitucional de la Circunscripción Judicial Estado Trujillo. En Trujillo, a los siete días del mes de enero del año dos mil trece. Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
El Juez Provisorio,

Abogado Juan Antonio Marín Duarry

La Secretaria Titular,

Abogada Mireya Carmona Torres

En la misma fecha, previas las formalidades de ley, se publicó el anterior fallo, siendo las: ____________________.

La Secretaria Titular,

Abg. Mireya Carmona Torres

Sentencia Nro.01