TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
202° y 153°
ASUNTO: 00021-12
ASUNTO ANTIGUO: AH1B-R-2000-000006
MATERIA: MERCANTIL- APELACIÓN EJECUCIÓN DE HIPOTECA
PARTE ACTORA: Sociedad Financiera LATINOAMERICANA C.A. SOFILATIN, Instituto de Crédito domiciliado en Caracas, cuyo documento constitutivo esta inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 26 de marzo de 1981, bajo el número 148, Tomo 22-A-Sgdo.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos LUIS BOUQUET LEON y ANDRÉS ELOY HERNÁNDEZ SANDOVAL, inscritos en Inpreabogado bajo los números 1.105 y 2.836, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil VELAS Y VELONES SANTA FE S.R.L, “INVEL”, domiciliada en San Cristóbal e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 03 de octubre de 1984, bajo el número 22, Tomo 22-A-Sgdo y a los ciudadanos ELOY ANTONIO CHACON SÁNCHEZ y ANA FELISA MONSALVE DE CHACÓN, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, domiciliados en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira y titulares de las cédulas de identidad números V-1.530.323 y 3.079.503, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Ciudadanos GERARDO PACHECO VIVAS, HERNÁN PACHECO ALVIAREZ, DANIEL EDUARDO MOROS VELASQUEZ, LUIS FRANCISCO INDRIAGO ACOSTA, RAFAEL BLANCO TIRADO y RAFAEL BLANCO RICOVERY, inscritos en Inpreabogado bajo los números 4.588, 43.297, 53.094, 10.069, 57 y 39.945, respectivamente.
MOTIVO: EJECUCIÓN DE HIPOTECA (APELACIÓN).

I
Mediante oficio N° 22379-12, de fecha 15 de Febrero de 2012, librado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue remitido este expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que procediera a su Distribución, en virtud a la Resolución No.2011-0062 dictada el 30 de noviembre de 2011, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. A través de la cual se resolvió en el artículo 1 atribuir competencia como Juzgado Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole previo sorteo de Ley a este Juzgado conocer de este asunto.
En fecha 19 de marzo de 2012, el Tribunal dio entrada a esta causa y ordenó hacer las anotaciones en los libros respectivos (f.148).
En fecha 23 de abril de 2012, quien suscribe se abocó al conocimiento de la causa en el estado en que se encuentra y, ordenó librar cartel y boleta de notificación a las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil y comisión al Juzgado de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira (f.149 al 155)
En fecha 31 de mayo del 2012, compareció el alguacil ciudadano JULIO ARRIVILLAGA, y consigno boleta de notificación de la parte actora, debidamente firmado y sellado por sus apoderados judiciales (f.156 y 157)
En fecha 27 de septiembre del 2012, se dictó auto en el cual se ordenó librar oficio a los Juzgados de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los fines de solicitar información sobre el estado en que se encuentra dicha comisión (f.159 y 160)
En fecha 08 de octubre del 2012, compareció el alguacil ciudadano Jairo Alvarez y consignó oficio debidamente firmado y sellado por el Departamento de Correspondencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (f160 y 161)
En fecha 13 de diciembre del 2012, se dictó auto en el cual se ordenó agregar resultas de la comisión proveniente del Juzgado Segundo de Municipio Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira (f.162 al 172)
En fecha 18 de diciembre del 2012, se dictó auto en el cual se dictó auto en el cual se ordenó librar cartel de notificación a la parte demandada, de igual manera el secretario de este Juzgado dejó constancia que se cumplieron con las formalidades de Ley (f.173 al 175)
Ahora bien, examinadas como fueron las actas del expediente, este Tribunal observa:
Este juicio de Ejecución de Hipoteca, se inició la demanda por el libelo presentado en fecha 04 de agosto de 1993, interpuesto por los apoderados judiciales de la Sociedad Financiera LATINOAMERICANA C.A. SOFILATIN (f.1 al 4 y vuelto).
Por auto de fecha 28 de septiembre de 1993, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda y decretó Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el inmueble hipotecado. Asimismo, se acordó oficiar al ciudadano Registrador respectivo, a fin que se abstuviera de protocolizar documento alguno (f. 24). Igualmente, se ordenó la Intimación de los demandados.
En fecha 20 de octubre de 1993, por auto complementario se ordenó practicar la Intimación de la demandada y se comisionó al Juzgado Primero de Municipio San Cristóbal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, librándose las respectivas boletas de notificación (f.23).
En fecha 16 de enero de 1995, compareció el abogado LUIS BOUQUET, antes identificado, y solicitó se oficiara al Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira a los fines de que devolviera las resultas (f31)
En fecha 05 de octubre de 1995, se dictó auto en el cual negó reponer la causa (f.34)
En fecha 17 de mayo de 1996, se dictó auto en la cual dando cumplimiento a la resolución 619 de fecha 30 de enero de 1996, en la cual modificó la competencia de los Tribunales de Parroquia, Municipio y Primera Instancia, ordenando remitir dicho expediente al Juzgado Octavo de Municipio de este misma Circunscripción Judicial (f44)
Por diligencia de fecha 18 de noviembre de 1996, la parte actora solicitó sentencia y que se decretara Confesión Ficta de los demandados (f.91).
En fecha 20 de enero de 1998 el Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró: “Con Lugar la Ejecución de Hipoteca interpuesta...se condena a los ejecutados al pago de las cantidades dinerarias especificadas en el libelo de la Demanda a la ejecutante.- Y conforme al Artículo 662 y 634 del Código de Procedimiento Civil, se ordena el EMBARGO EJECUTIVO sobre el Inmueble objeto de la Garantía y su Remate....se condena al pago de las costas a los ejecutados...”.
En fechas 16 de noviembre de 2000, el apoderado judicial de la parte demandada, apeló de la sentencia dictada el 20 de enero de 1998 (f. 128 y 134).
Por auto de fecha 20 de noviembre de 2000, en virtud del Recurso de Apelación interpuesto, el Tribunal de la causa acordó oír la misma en ambos efectos y remitir este expediente al Distribuidor de turno de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (f.131 y 132).
En fecha 10 enero de 2001, el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó auto mediante el cual fijó el vigésimo (20) día de despacho siguiente a fin que las partes presentaran sus informes (f.133).
En fecha 19 de enero del 2001, compareció el ciudadano RAFAEL BLANCO TIRADO, antes identificado y consigno escrito de informes (f.134)
En fecha 21 de octubre de 2003, los apoderados judiciales de la parte actora solicitaron por escrito ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se desecharán los alegatos de la parte demandada (f. 142 al 144 y vuelto).
Por auto de fecha 15 de febrero de 2012, se ordenó la remisión del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Expedientes del Circuito Judicial de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (f.145) y se libró oficio N° 22379-12.
En fecha 19 de marzo de 2012, el Tribunal dio entrada a esta causa y ordenó hacer las anotaciones en los libros respectivos (f.148).
En fecha 23 de abril de 2012, quien suscribe se abocó al conocimiento de la causa en el estado en que se encuentra y, ordenó librar cartel y boleta de notificación a las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil y comisión al Juzgado de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira (f.149 al 155)
En fecha 31 de mayo del 2012, compareció el alguacil ciudadano JULIO ARRIVILLAGA, y consigno boleta de notificación de la parte actora, debidamente firmado y sellado por sus apoderados judiciales (f.156 y 157)
En fecha 27 de septiembre del 2012, se dictó auto en el cual se ordenó librar oficio a los Juzgados de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a los fines de solicitar información sobre el estado en que se encuentra dicha comisión (f.159 y 160)
En fecha 08 de octubre del 2012, compareció el alguacil ciudadano Jairo Alvarez y consignó oficio debidamente firmado y sellado por el Departamento de Correspondencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (f160 y 161)
En fecha 13 de diciembre del 2012, se dictó auto en el cual se ordenó agregar resultas de la comisión proveniente del Juzgado Segundo de Municipio Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira (f.162 al 172)
En fecha 18 de diciembre del 2012, se dictó auto en el cual se dictó auto en el cual se ordenó librar cartel de notificación a la parte demandada, de igual manera el secretario de este Juzgado dejó constancia que se cumplieron con las formalidades de Ley (f.173 al 175)
En virtud de lo establecido en la Resolución mencionada y, vista la competencia atribuida a este Órgano Jurisdiccional para conocer del presente asunto, considerando el ámbito objetivo de esta controversia, analizados los alegatos de las partes, actuaciones procesales, y el tiempo transcurrido en la presente causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado realiza las siguientes observaciones:
- II -
Del Decaimiento de la Acción:
La Acción, como derecho, facultad o poder reconocido Constitucionalmente, deviene en el interés del ciudadano de instar al Órgano Jurisdiccional, a los fines de ver la tutela de su derecho, es decir, que se le administre justicia. Este derecho, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se concreta con la proposición de la demanda y, la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso.
Ello así, dicho pedimento o llamamiento se efectúa con el fin que aquél atienda la pretensión, para ver materializada la satisfacción de lo que se pide, independientemente de sí se otorgue o no lo pedido, lo importante es garantizar por parte del Estado (Órgano Jurisdiccional) tal derecho.
El Tratadista Francisco Cornejo Certucha, al analizar la noción de interés considera que está “estrechamente vinculada con los fines del derecho una de las funciones primordiales del derecho es la de proteger los intereses que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales. Por esta razón, el contenido de las normas jurídicas se integra por facultades y derechos concedidos a las personas que representan estos intereses; de esta manera se tutelan las aspiraciones legítimas de los miembros de una comunidad”. (Interés Jurídico, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa-UNAM, México, 2001).
Por otra parte, el Dr. Román J. Duque Corredor, en su libro “Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario” sostiene que: “Ciertamente que en este aspecto el Código de Procedimiento Civil no sólo modernizó el concepto de interés procesal, sino que recogió lo que había admitido la jurisprudencia, de que dicho interés no solo puede ser actual sino incluso una mera declaración de la existencia de un derecho o de una relación jurídica, con la cual ya recibieron las acciones mero-declarativas su partida de nacimiento legal”…”la única limitación es que estas acciones son inadmisibles cuando el actor puede obtener la satisfacción completa de sus intereses mediante una acción diferente”. En otras palabras, que las acciones merodeclarativas o de declaración de certeza son supletorias ….en este sentido la Casación Civil había advertido sobre la naturaleza sucedánea y no principal de la acción declarativa, cuando advertía: “…al Juez corresponderá impedir en la practica que la institución (las acciones declarativas), de lugar a acciones ligeras e infundadas y que al pretender transformar la sentencia en un sucedáneo de la prueba escrita, se incurra en consecuencias tales como en las que en la practica se admita la acción para todos los casos faltos de pruebas o de incertidumbre artificiosamente creada…”. (Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario Tomo I, Ediciones Fundación Projusticia, Colección Manuales de Derecho, Caracas 2000, Págs. 77 y 78).
Así “(…) el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la administración de justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo”. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 686 del 2 de abril de 2002, Caso: MT1 (Arv) Carlos José Moncada).
En virtud de ello, se deduce que es indiscutible que ambas partes mantengan el interés en que se les sentencie; el actor para ver satisfecha su pretensión presentada con la demanda y, la accionada, a los fines de que se declare no tener ninguna obligación con la que ha instado al Órgano Jurisdiccional. Por ello, cuando ninguna de las dos actúa, incluso cuando ni siquiera lo hacen quienes sean llamados al procedimiento como interesados, tal omisión o falta de hacer, denota que no quieren que se les sentencie -El Derecho de obtener con prontitud la decisión debe ejercerse y exigirse- por lo cual no ACCIONAN al Órgano Jurisdiccional para este fin, -NO PIDEN QUE LA CAUSA SE DECIDA-. (Negrillas de este Juzgado).
Así las cosas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia N° 788, de fecha 04 de mayo de 2004, expresó lo que sigue:
“...El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño justo, personal o colectivo. Tal interés ha de manifestarse en la demanda o SOLICITUD y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la comprobación de esta falta de interés, ella puede declarase de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si el interés no existe. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 256 de fecha 01/06/01, Caso FRAN VALERO GONZALEZ Y MILENA PORTILLO; y Sentencia Nº 686, de fecha 02/04/2002. Caso: CARLOS JOSÉ MONCADA entre otros).” (Subrayado de este Juzgado).
Con relación a la llamada teoría del “decaimiento de la acción”, es preciso señalar lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia N° 956, del 01 de junio de 2001, recaída en el (Caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero), Expediente N° 00-149, en la cual se estableció lo siguiente:
“(…) es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendiendo este como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
En ambos casos, la función Jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida de interés procesal, (…) y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscriben al procedimiento.
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala – la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida tal del impulso procesal que le corresponde.
(Omissis)
No estableció ni la constitución ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta sala del 28 de Julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial…”
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales:
1.- Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el Juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al Juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
2.- La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como el caso de marras. Tal parálisis conforme a los principios generales de las instituciones, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de la prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que declara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. (…)”. Entre otros, fallos (Vid. Sentencia de la referida Sala N° 2673 del 14 de diciembre de 2001, Caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., SC. Expediente Nº 08-1569, 29 de marzo de 2012. Caso: FEDECÁMARAS vs. CONINDUSTRIAS). (Negrillas y subrayado de este Juzgado).

El Juez como director del proceso, sí bien es cierto, tiene el deber de impulsar de oficio el procedimiento hasta su conclusión, excepto cuando esté suspendido por algún motivo legal, debe a los fines de cumplir con los principios constitucionales de economía procesal y celeridad procesal analizar el caso, a los fines que se descongestione el aparato jurisdiccional, sobre todo cuando de las actas procesales se desprende a todas luces una falta de interés de las partes; que evidencia que la causa ha tenido una suerte de sueño eterno, porque éstas con su inactividad así lo han demostrado, razón por la cual resultará imperioso castigar tal comportamiento mediante el decaimiento de la acción. (Negrillas y subrayado de este Juzgado). ASI SE SEÑALA.
En virtud de las consideraciones expuestas y, por haber transcurrido un lapso suficiente sin que las partes hasta la presente fecha, ni por sí ni por medio de apoderado, previa notificación del Abocamiento del nuevo Juez en esta causa y, de la solicitud por parte de este Administrador de Justicia, de que manifestarán su interés en el procedimiento sin que lo hicieran “(…) demuestra que no existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado. El interés que manifestó la parte demandante cuando acudió a los órganos del Estado, el cual debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma”. Por ello, esta Juzgadora, acogiendo los criterios jurisprudenciales reiterados por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, relativo al decaimiento de la acción, cuando se trata de falta de interés procesal, siendo éste uno de los caracteres principales para la procedencia y continuidad de la pretensión, pues el mismo es un medio restablecedor de situaciones jurídicas infringidas, relacionadas directamente con el goce y ejercicio de derechos y garantías constitucionales, como así lo prevé nuestra Carta Magna, considera, que en el caso de autos, ha cesado la amenaza, situación jurídica o interés en la pretensión denunciada, sin que la parte actora haya considerado mantener el interés en ésta, ni la accionada tampoco. ASÍ SE ESTABLECE.
Ahora bien, en virtud de haber transcurrido más de Nueve (09) años, desde el momento en que diligenció por última vez la parte actora, hasta la presente fecha, sin que demostrara interés procesal alguno en dicha causa; esta Juzgadora, acogiendo el criterio jurisprudencial reiterado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil, relativo al decaimiento de la acción cuando se trata de falta de interés procesal, siendo este uno de los caracteres principales para la procedencia y continuidad de la pretensión, pues el mismo es un medio restablecedor de situaciones jurídicas, infringidas, relacionadas directamente al goce y ejercicio de derechos y garantías constitucionales, considera, que en el caso de autos, ha cesado la amenaza o situación jurídica denunciada en la presente demanda, en virtud de encontrarse la causa sin actividad de las partes por mas de nueve (09) AÑOS. ASI SE ESTABLECE.
En atención a lo expuesto, esta Juzgadora observa, que lo procedente es declarar el abandono del trámite correspondiente a la demanda por EJECUCIÓN DE HIPOTECA (apelación) y, en consecuencia, la terminación del procedimiento, lo que evidentemente, implica el decaimiento de la acción en esta instancia y, así se establecerá en el dispositivo de esta decisión. ASÍ SE DECLARA.

III
DISPOSITIVA
Atendiendo a los razonamientos expresados, este JUZGADO SÉPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en virtud que esta causa se encuentra comprendida en los presupuestos de la Resolución N° 2011-0062, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de noviembre de 2011, DECLARA: PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el juicio por EJECUCIÓN DE HIPOTECA (APELACION) que incoara la Sociedad Financiera LATINOAMERICANA C.A. SOFILATIN, contra la Sociedad Mercantil VELAS Y VELONES SANTA FE S.R.L, y los ciudadanos ELOY ANTONIO CHACON SÁNCHEZ y ANA FELISA MONSALVE DE CHACÓN, ambas partes identificadas en el encabezado del fallo. SEGUNDO: Por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SÉPTIMO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en la ciudad de Caracas, el 22 de enero de 2013. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZ TITULAR,

MILENA MÁRQUEZ CAICAGUARE
EL SECRETARIO TITULAR,

YORMAN J PEREZ M

En la misma fecha, siendo las 09:00 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la decisión anterior, dejándose copia certificada de la misma en el copiador respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO TITULAR,

YORMAN J PEREZ M

Exp. Nro.: 00021-12
Exp. Antiguo: AH1B-R-2000-000006
MMG/JGS/3.-