TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Circuito Judicial con Competencia en DVM .Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Edo. Lara
Barquisimeto, 19 de febrero de 2013
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : KP01-S-2013-000191
ASUNTO : KP01-S-2013-000191

JUEZA: ABG. JEUNESSE KARLA GUMERA CARVAJAL
SECRETARIO: ABG. ORLANDO ALBUJEN
ALGUACIL: DAVID BONITO
IMPUTADO: RUBEN ANTONIO HERRADA CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº (...) (no la porta), de 45 años de edad, grado de instrucción Bachiller, de profesión u oficio Albañil, hijo de José Ezequiel Herrada Jaramillo y Carmen Celestina Castillo Balsa, fecha de nacimiento 08/07/67, natural de Zaraza Estado Guarico, domiciliado en (...). (Se reviso en el sistema Juris y no presenta otras causas)
DEFENSA PUBLICA Nº 1: ABG. LORELVIS BALBAS por el ABG. PAÚL ABREU.
FISCALIA VIGESIMA OCTAVA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO LARA: ABG. ANA MARÍA TORREALBA.
VICTIMA: CARMEN MARÍA CORDERO, titular de la cédula de identidad Nº (...). (concubina del imputado).-
DELITO: VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 en su segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

AUTO DE FUNDAMENTACIÓN DE AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE DETENIDO - FLAGRANCIA ARTÍCULO 93 LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Celebrada como ha sido la audiencia para oír al imputado conforme a lo dispuesto en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde a este Tribunal fundamentar lo decidido en Audiencia, con motivo de las actuaciones presentadas por la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara con competencia en materia para la Defensa de la Mujer, en virtud de la aprehensión del ciudadano: RUBEN ANTONIO HERRADA CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº (...) (no la porta), de 45 años de edad, grado de instrucción Bachiller, de profesión u oficio Albañil, hijo de José Ezequiel Herrada Jaramillo y Carmen Celestina Castillo Balsa, fecha de nacimiento 08/07/67, natural de Zaraza Estado Guarico, domiciliado en (...). (Se reviso en el sistema Juris y no presenta otras causas); por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previstos y sancionados en los artículos 41 y 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en agravio de la ciudadana víctima CARMEN MARÍA CORDERO, titular de la cédula de identidad Nº (...).
En la Audiencia la Representación Fiscal del Ministerio Público solicita a este Tribunal: 1. -Se decrete la Aprehensión en Flagrancia. 2.- Se acuerde el procedimiento especial conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 3.- Solicitó se dicten medidas de protección y seguridad conforme a lo dispuesto en el artículo 87 numerales 1, 3, 5, 6 y 11 de la Ley Orgánica Especial, que consisten en: referir a la víctima a que reciba charlas en un centro especializado en materia de violencia contra la mujer; ordenar la salida del imputado de autos de la residencia en común, independientemente de su titularidad; prohibición de acercarse a la victima, prohibición de acercarse a su lugar de trabajo, estudio y residencia; la prohibición de realizar actos de persecución, intimidación o acoso por si o por terceras personas, y la imposición al imputado de autos de la obligación de proporcionarle a la víctima de autos, el sustento necesario para garantizar su subsistencia. Asimismo se le imponga Medida Cautelar contenida en el artículo 92 numeral 7 consistente en asistir a charlas en materia de violencia de género, para que reciba la ayuda y orientación en materia de violencia contra la mujer. Es todo”.-

ENUNCIACION DE LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN
La representación Fiscal del Ministerio Público, le atribuye al ciudadano, RUBEN ANTONIO HERRADA CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº (...), los hechos ocurridos en fecha 11 de Febrero de 2013, en virtud que la ciudadana CARMEN MARÍA CORDERO, titular de la cédula de identidad Nº (...), siendo aproximadamente las 11:30 horas de la noche, regresaba de una reunión social familiar, a su casa conjuntamente con su pareja quien es el imputado de autos, y comenzó éste a reclamarle el porqué miraba tanto a un ciudadano que estaba en la fiesta, comenzó a decirle palabras obscenas, tomó un cuchillo y le decía que la iba a matar, la víctima le abrió la puerta para que saliera, para que no despertaran los niños, y el imputado cerró la puerta y la golpeó, la víctima procede a llamar por teléfono a la hermana del imputado, quien se presentó en la casa y la acompañó para que la viera un médico, quedándose el ciudadano RUBEN ANTONIO HERRADA CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº (...), en la casa con los niños; motivo por el cual procedió a denunciar ante el organismo receptor competente.
DECLARACION DE LA VICTIMA
Encontrándose presente las víctimas a los fines de garantizar su derecho a intervenir en el proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se les concedió el derecho de palabra, haciéndose en primer lugar la ciudadana BEATRIZ ELENA MUJICA GIMENEZ, titular de la cédula de identidad Nº (...), quien expuso lo siguiente: “Nosotros nos fuimos a las 7 para la fiesta y llegamos como las 10 y el me dijo que si a mi me gustaba un calo y Lugo yo me levanto y el estaba muy tomado, yo lo empuje en tres oportunidades y le metí dos cachetadas y ahí fue donde el me agredió y llame a su hermana y las vecinas no se acercaron a la puerta, los niños estaban durmiendo y no escucharon nada, lo del cuchillo yo misma se lo pase y le dije que si me iba a pegar lo hiciera o si me iba a matar lo hiciera, pero El lo guardó de nuevo. Es todo”.
DECLARACIÓN DEL IMPUTADO Y DEFENSA
Este Tribunal luego de haber oído la exposición de la Fiscal representante del Ministerio Público, procede de conformidad con el artículo 133 del Código Orgánico Procesal Penal, a realizar advertencia preliminar al imputado y éste encontrándose provisto de todas las garantías procésales y del precepto constitucional que lo exime de declarar en su contra, de conformidad con el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y asistido por la DEFENSORA PUBLICA, libre de toda coacción y apremió expuso lo siguiente: “Yo salí de la fiesta y llegue y me eche unas copas, discutimos pero es mentira que yo no la amenace y como lo dijo ella yo lo estoy diciendo, eso es todo”. Acto seguido se le concedió el derecho de palabra a la Defensa quien manifestó: “Esta Defensa se opone a la precalificación Fiscal de Amenaza por cuanto según lo declarado por la victima en audiencia no fueron ciertos y esto es una conducta temeraria de la ciudadana y en el propio asunto es contradictorio el acta policial y lo narrado por la victima CARMEN MARÍA CORDERO, titular de la cédula de identidad Nº (...), quien de manera extraña afirma que la aprehensión se realizo en condiciones diferentes en cuanto al acta policial, y mas aun cuando la propia victima desmiente las aseveraciones, por otro lado solicito se aplique el procedimiento especial a los fines de que se realice la investigación correspondiente por el ministerio público, ya que el diagnostico presentado en la causa refleja aumento de volumen en la región frontal y parpado izquierdo por lo cual se hace necesario las resultas del reconocimiento forense, solicito copias simples de la presente acta. Es todo”.
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CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR
PRECALIFICACIÓN JURÍDICA
La Fiscalía del Ministerio Público, precalifica los hechos narrados bajo los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previstos y sancionados en los artículo 41 y 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en agravio de la ciudadana CARMEN MARÍA CORDERO, titular de la cédula de identidad Nº (...), siendo el presunto agresor su pareja, este Tribunal no acoge la precalificación jurídica del delito de AMENAZA previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en razón de las contradicciones que se reflejan entre lo indicado por la Representación Fiscal de cómo se configuró el delito precalificándolo como de AMENAZA, con respecto a lo expresado en la declaración de la Víctima de autos en la audiencia de presentación, específicamente señalando que ella misma le pasó el cuchillo al imputado de autos para que la agrediera, y fue él quien lo guardó, situación que ratificó para el momento que culminada su declaración, esta juzgadora le volvió a preguntó a la víctima, quien a viva voz señaló nuevamente lo dicho en audiencia; es importante tener presente que en el delito de AMENAZA, debe estar presente la intención de causar un daño grave y probable, elementos que no quedaron evidenciados en la audiencia, por las razones antes señaladas, básicamente por o declarado en audiencia por la víctima, quien demostró seguridad y lo ratificó en lo referido a que ella sacó el cuchillo para que el imputado de autos lo usara y fue él quien lo guardó, razón por la cual quien aquí decide, no acoge el referido delito de AMENAZA. Ahora bien, este Tribunal acoge la precalificación jurídica efectuada por la Fiscala del Ministerio Público en cuanto al delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precalificación ésta que comparte quien decide, tomando en consideración las siguientes actuaciones: Acta Policial distinguida con el Nº 104-02-13 de fecha 12 Febrero 2013, suscrita por los funcionarios actuantes del Centro de Coordinación Policial Juan de Villegas I, del Cuerpo de Policía del Estado Lara, en la cual constan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la aprehensión del imputado de autos y cuya acta riela en el folio tres (3) de las actas procesales; Constancia médica suscrita por la Médico Cirujano Dr. Luis Carlos Marchena, quien atendió en el Servicio de Emergencia del Hospital “Dr. Pastor Oropeza Riera”, de fecha 12 de Febrero de 2013, en cuya constancia se lee entre otras apreciaciones, lo siguiente: “…aumento de volumen en región frontal y párpado superior izquierdo…”, que riela al folio cinco (5) de las actas procesales; Acta de Denuncia distinguida con el Nº 023-13, efectuada por la ciudadana, CARMEN MARÍA CORDERO, titular de la cédula de identidad Nº (...), en fecha 12 de Febrero de 2013 por ante la Coordinación Investigaciones Policiales, Núcleo Brisas del Obelisco, Barquisimeto del Cuerpo de Policía del Estado Lara, mediante la cual describe las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo sucedieron los hechos, cuya acta riela en los folios catorce (14) y quince (15) de las actas procesales del presente asunto Principal; considerando quien decide que los hechos denunciados encuadran en el tipo penal de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, prevista y sancionada en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica Especial, agravada por la relación de afectividad que une a la víctima con el imputado de autos. Por todos los señalamientos anteriores se acoge la calificación de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA. Y ASI SE DECIDE.-

SUPUESTOS QUE CONCURREN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES
El artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se encuentra referido a las situaciones en que se estima que un ciudadano ha sido detenido en condición de flagrancia, por lo que se puede afirmar que en el procedimiento especial previsto para el juzgamiento de delito de género existe una clara descripción de las situaciones en que se estima que un ciudadano ha sido detenido en situación de flagrancia a saber:
1. El que se esta cometiendo.
2. El que se acaba de cometer.
a. Se entiende que se acaba de cometer cuando la víctima u otra persona que haya tenido conocimiento del hecho, acuda dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la comisión del hecho punible al órgano receptor o la autoridad que tenga conocimiento.
b. En este supuesto la autoridad competente debe dirigirse en un lapso que no debe exceder de doce (12) horas, hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, donde debe recabar los elementos que acreditan su comisión, y verificados los supuestos de flagrancia procede a practicar la aprehensión en situación de flagrancia.
3. Cuando el agresor se vea perseguido por la autoridad policial, o por la mujer agredida, por u particular o por el clamor público.
4. Cuando se produzcan solicitudes de ayuda a servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, realizadas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o fax, que permitan establecer su comisión de manera inequívoca.
5. El que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
Esta descripción de las situaciones en las cuales se debe estimar que existe una aprehensión en flagrancia, amplia de manera considerable lo descrito en el Código Orgánico Procesal Penal en relación al juzgamiento de delitos ordinarios.
Ahora bien, debe entenderse claramente que existe una considerable diferencia entre lo que es el delito flagrante y lo que es la aprehensión en flagrancia, asuntos que son absolutamente disímiles aunque tienden a confundirse en la práctica forense.
Se entiende que el delito flagrante se verifica “…por la prueba inmediata y directa que emana del o de los medios de prueba que se impresionaron con la totalidad de la acción delictiva…” .
La detención in fraganti, esta referida a “…la detención de la persona en el sitio de los hechos o a poco de haberse cometido, lo cual es la ejemplificación más clásica de la flagrancia, o bien a la aprehensión del sospechoso a poco e haberse cometido el hecho en el mismo lugar, o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos, que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor, es decir, lo que la doctrina impropiamente denomina cuasi-flagrancia…” .
En particular sobre los delitos de Violencia de Género la Sala Constitucional en la ya citada Sentencia Nº 272 del 15 de febrero de 2007 con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchan citando a CABRERA ROMERO , sobre la aprehensión en asuntos de violencia de género expreso lo siguiente:
“...La detención judicial del sujeto activo de los delito de género, más que ser una medida preventiva privativa de libertad en el concepto tradicional del derecho penal o una medida de aseguramiento con fines privativos como lo establecen la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y la nueva normativa agraria, es una medida positiva de protección que incardina a la Ley que regula la materia dentro de las normas de Derechos Humanos (…omisis…)
Al ser ello así, la razón de esta interpretación tiene que partir de la particular naturaleza de los delitos de género, pues su configuración, y en especial el de la violencia doméstica, son tan especiales que con dificultad podrían encuadrarse en una concepción tradicional de la flagrancia, por lo que podría dejarse desprovistas a las mujeres víctimas de medidas positivas de protección con fines preventivos, por ello, vista la particular naturaleza de los delitos de género (…omisis…)
(…omisis…) la institución constitucional de la flagrancia tiene que estar por encima de algunos derechos humanos individuales, ya que la lucha contra el delito en general, es una defensa social que en un estado de justicia se complementa con el proceso.
Ante la relevancia y la enfermedad social que causan ciertos delitos, su persecución, respetando los derechos humanos absolutos, se coloca por encima de algunos derechos humanos individuales.
La prevención social tiene tanto fundamento constitucional como los derechos humanos...”.
De la decisión parcialmente transcrita se puede verificar que la detención en materia de violencia de género no sólo debe ser entendida como la detención en delitos ordinarios, sino que representan además actuaciones de protección a derechos fundamentales de la víctima que se encuentran en peligro inminente como el caso que nos ocupa.
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la concreción de la Convención Belém Do Pará, ratificada por Venezuela mediante Ley Aprobatoria del 24 de noviembre de 1994 sancionada por el Presidente de la República el 16 de enero de 1995, y publicada en Gaceta Oficial en esa misma fecha, por lo que la resolución de esta situación tiene que partir de la especial naturaleza de los delitos de violencia de género, ya que ellos no pueden encuadrarse dentro de los delitos comunes, ya que se correría el riesgo de que dichos delitos queden impunes.
Podemos concluir que resulta proporcional que para garantizar la integridad de la víctima, y garantizar las resultas del proceso se haya practicado la aprehensión de este ciudadano, ya que lo contrario resultaría violentar el contenido de los artículos 55 y 22.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo entender que la situación planteada debe ser vista no sólo desde la óptica del derecho procesal penal, sino que debe atender al ámbito de los derechos humanos de las mujeres. Y ASI SE DECIDE.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL CONFORME A LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Se acuerda el Procedimiento especial de conformidad con lo establecido en el artículo 79 y 94 Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Es importante señalar que la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, por mandato constitucional atiende a las necesidades de celeridad y no impunidad, por lo que establece un procedimiento penal especial que preserva los principios y la estructura del procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad por parte del Fiscal o Fiscala del Ministerio Público en la fase de investigación para que dicte el acto conclusivo que corresponda, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción. ASÍ SE DECIDE.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DECRETADAS
En cuanto a las Medidas de Protección Seguridad, solicitadas por el representante del Ministerio Público, siendo estas consagradas en la ley a los fines de salvaguardar la integridad física y psicológica de la mujer, y su entorno familiar de forma expedita y efectiva, así como en consideración de los hechos expuestos en la Audiencia, este Tribunal DICTA las contenidas en el artículo 87 en los numerales 1, 3, 5, 6, 11 y 13 siendo esta última como una medida innominada de la Ley Orgánica Especial, consistentes en: referir a la víctima a un centro especializado en materia de violencia contra la mujer a fin de proporcionarle toda la orientación requerida; la salida del presunto agresor de la residencia común, independientemente de su titularidad; la prohibición del presunto agresor de acercarse al sitio de trabajo, de estudio y residencia de la víctima de autos; la prohibición para el presunto agresor de realizar actos de persecución, intimidación o acoso por sí o por terceras personas a la ciudadana víctima o algún integrante de su familia; la obligación del imputado de proporcionar a la mujer víctima el sustento necesario para garantizar su subsistencia, este obligación no debe confundirse con la obligación alimentaria que corresponda a los hijos; y referir tanto a la víctima e imputados para el Equipo Interdisciplinario de los Tribunales de Violencia contra la Mujer, a fin de someterse a las evaluaciones Bio-Psico-Social-Legal. La intervención del Equipo interdisciplinario tiene como finalidad el auxilio de la ejecución de la decisión dictada mediante el presente auto y que mediante su valoración y opinión permita al Tribunal ratificar o decretar alguna otra medida de las contenidas en la ley para la protección de la mujer victima de violencia de ser el caso.
Este Tribunal en atención de que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violaciones sistemática de los derechos humanos, que muestran en forman dramática sus consecuencias, decreta las medidas anteriormente descritas, las cuales obedecen a la protección de la victima y de su derecho a no ser sometida a maltratos, lo que implica el derecho a vivir una vida libre de violencia, teniendo el derecho a no ser agredida ni física, ni verbalmente. Y ASI SE DECIDE.-
MEDIDAS CAUTELARES
Las medidas cautelares tienen como finalidad general garantizar las resultas del proceso, ante un inminente riesgo de que quede ilusiona la pretensión del accionante, siendo en materia penal la regularidad del proceso penal mediante la evasión u obstaculización del proceso penal.
En materia de violencia de género estas medidas tienen aparte de este carácter instrumental de velar por la regularidad del proceso, el de garantizar la integridad física, psicológica y sexual de la mujer presuntamente agraviada, atendiendo a la finalidad de la Ley que es prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, siendo un obligación del tribunal el de garantizar el disfrute de los derechos de la misma sin que se vean amenazados ante posibles agresiones actuales o probables.
Una de estas medidas es la contenida en el numeral 7 del artículo 92 de la Ley Orgánica Especial, referida a la obligación del imputado de someterse a charlas de orientación en materia de violencia de género, medida esta que atiende igualmente a cumplir con uno de los objetos de la Ley Especial como lo es impulsar cambios en lo patrones socio culturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, siendo esta una medida eficaz para lograr mediante la reeducación del presunto agresor, prevenir nuevas agresiones hacía la víctima.
En el caso de marras estima quien decide que existen suficientes elementos para estimar que el imputado debe recibir orientación en materia de violencia de genero con el objeto de modificar los patrones socio culturales que sustentan su conducta machista y agresiva, en virtud de lo cual estima procedente la solicitud del Fiscal del Ministerio Público que sea dictada en el presente asunto esta medida cautelar, la cual se ordena cumplir que consiste en asistir a Charlas de orientación en un Centro u Oficina de carácter Municipal más cercano a su domicilio, tomando en consideración de lo lejano del sitio de residencia del imputado de autos con respecto a la capital del Estado Lara, debiendo acudir cada treinta (30) días, debiendo traer constancia al Tribunal una vez al mes, medida esta que debe cumplir por un lapso de cuatro (04) meses. Y ASI SE DECIDE.-
DISPOSITIVA:
Por todo lo antes expuesto este Tribunal de Primera Instancia Penal con Competencia en Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencias y Medidas Nº 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve lo siguiente: PRIMERO: Este Tribunal decreta con lugar la flagrancia, por cuanto están llenos los supuestos del artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se acoge a la precalificación del delito de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no se acoge la precalificación por el delito de AMENAZA. SEGUNDO: Se acuerda continuar con el procedimiento especial ordinario conforme al artículo 94 de la Ley Especial. TERCERO: Se le imponen las medidas de seguridad y protección contenida en los ordinales 1º, 3º, 5º, 6º y 11º del artículo 87 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistente en charlas en materia de Violencia Contra la Mujer para la víctima en la Oficina de la Defensa Nacional de la Mujer, salida del agresor de la residencia en común, pudiendo llevarse solo sus enseres personales y herramientas de trabajo, prohibición de acercamiento a la víctima o su entorno familiar, la prohibición de realizar actos de persecución u acoso contra la víctima por sí o por interpuestas personas y el deber de proporcionar a la víctima el sustento necesario para su subsistencia. CUARTO: se acuerda para el imputado la medida cautelar establecida en el artículo 92 numeral 7º consistente en asistir a charlas en materia de violencia contra la mujer en IREMUJER una vez al mes por un lapso de 4 meses. QUINTO: se acuerda la medida establecida en el artículo 87 ordinal 11º consistente en que el imputado deberá seguir proporcionando el sustento necesario para la subsistencia de la víctima así como para los niños. SEXTA: se remite a la víctima y al imputado al Equipo Interdisciplinario de Violencia Contra la Mujer, conforme lo establece la medida innominada del artículo 87 ordinal 13º de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. SÉPTIMO: se decreta la libertad inmediata del presunto agresor y se acuerdan copias solicitadas por la Defensa y la Fiscalía. Es todo, líbrese los actos de comunicación correspondientes. Regístrese. Publíquese. Cúmplase.

LA JUEZA (S) DEL TRIBUNAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS Nº 02

Abg. JEUNESSE KARLA GUMERA CARVAJAL

EL SECRETARIO

Abg. ORLANDO ALBUJEN