TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE EL
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, CON SEDE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO TRUJILLO, ACTUANDO COMO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AGRARIO.- TRUJILLO, VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL TRECE (2013).

203º y 154º

EXPEDIENTE: Nº 0830

ASUNTO: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO AGRARIO.

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS:
PARTE RECURRENTE: ciudadanos FRANCISCO JOSÉ LA CORTE, Venezolanos, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 4.665.885, domiciliado en la casa número 34, 2da. Avenida de la Población de Mendoza Fría, Parroquia Mendoza, Municipio Valera del Estado Trujillo.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE RECURRENTE: GLORIA GIL VILLEGAS, titular de la Cédula de Identidad número 11.131.884, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 65.383, con domicilio procesal en el Sector San jacinto de la Ciudad de Trujillo, Estado Trujillo.
ENTE QUE PRODUJO EL ACTO CONFUTADO: Instituto Nacional de Tierras, en la persona del Presidente por autorización expresa del Directorio.
ACTO CUYA NULIDAD FUE INTERPUESTA: Acto Administrativo emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, de fecha 27 de julio de 2011, acordado en Sesión número 391-11, en deliberación sobre el punto de cuenta número 11, mediante el cual acordó: “Inicio del Procedimiento de Rescate por Circunstancias Excepcionales de Interés Social o Utilidad Pública y Acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento decretados sobre las tierras pertenecientes al predio denominado “Fundo El Olimpo”, ubicado en el Sector La Pueblito, Parroquia Mendoza, Municipio Valera del Estado Trujillo, con linderos particulares: Norte: Terrenos Ocupados por Finca San Francisco. Sur: Terrenos ocupados por Finca San Benito La Mina. Este: Río Momboy, Escuela y Campo deportivo. Oeste: Zona Montañosa; con una superficie de TREINTA Y CINCO HECTÁREAS CON CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (35 ha con 5.587 m2)”.

I

Revisadas las actuaciones que constan en el presente expediente, observa este Tribunal, tal como cursa al folio 112 de actas, se recibió por Secretaría en fecha 29 de septiembre de 2011, y en la misma fecha tal como cursa al folio 113 de actas, se le dio entrada por medio de auto, al RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO AGRARIO, asignándose el número 0830 de la numeración llevada por este Tribunal, y sus anexos cursantes del folio 09 al folio 111 (folio 9 al 37 boleta de notificación que contiene el Acto confutado, agregado marcado “A”; Agregado marcado “B”, informe suscrito por trabajadores mediadores explotados en sus labores agrícolas; Agregados marcado “C”, “D” y “E”, copias certificadas de los últimos títulos que acreditan como propietario legítimo del inmueble en cuestión y que fueron protocolizados por ante el Registro Subalterno de los Municipios Valera, Motatán y san Rafael de carvajal del Estado Trujillo, bajo los datos siguientes: 1.- Documento de fecha: 05 de junio de 1985, inserto bajo el N° 47, folio 229 al 230, Protocolo primero, Tomo 5to, Segundo Trimestre. 2.- Documento de fecha 30 de diciembre de 1985, inserto bajo el N° 65, Protocolo primero, Tomo 4to, Cuarto Trimestre y el mas reciente , 3.- Documento de fecha 11 de noviembre de 1986, inserto bajo el N° 40, folio 157 al 158, Protocolo primero, Tomo 6to., Cuarto Trimestre; Marcado con la letra “F”, informe realizado por el recurrente, en el cual señala o refleja la cadena titulativa que acredita a sus antecesores como propietarios del Fundo “El Olimpo”, la cual inicia en el año 1818, con una partición de los bienes dejados por Florencio Antonio Briceño, en cuya Partida Primera refleja un fundo agrícola adquirido por compra hecha a Juan Abreu, denominado El Olimpo. Agregados con la Letra “G” y “H”, Constancia de inscripción de Predios en el Registro de la propiedad rural que data de fecha 16-02-1987, cuyo código de registro predial: 190706003 y constancia de registro de productores de la misma fecha y la mas reciente de fecha 03 de febrero de 2011, la constancia de inscripción al productor en la Misión Agrovenezuela. Marcado y agregado con la letra “I”, Inspección Judicial practicada por el Juzgado Primero de los Municipios Valera, Motatan, Escuque y San Rafael de Carvajal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, realizada en fecha 15 de junio de 2011, de la Finca El Olimpo, objeto de la controversia y marcado con la letra “J”, Copia del cartel de Notificación, presentado por el ciudadano FRANCISCO JOSÉ LA CORTE, asistido por la Abogada Gloria Gil Villegas, en contra del Acto Administrativo emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, otorgado en fecha 27 de julio de 2011, acordado en Sesión número 391-11, en deliberación sobre el punto de cuenta número 11, mediante el cual acordó: “Inicio del Procedimiento de Rescate por Circunstancias Excepcionales de Interés Social o Utilidad Pública y Acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento decretados sobre las tierras pertenecientes al predio denominado “Fundo El Olimpo”, ubicado en el Sector La Pueblito, Parroquia Mendoza, Municipio Valera del Estado Trujillo, con linderos particulares: Norte: Terrenos Ocupados por Finca San Francisco. Sur: Terrenos ocupados por Finca San Benito La Mina. Este: Río Momboy, Escuela y Campo deportivo. Oeste: Zona Montañosa; con una superficie de TREINTA Y CINCO HECTÁREAS CON CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (35 ha con 5.587 m2)”.
Como petitorio con fundamento en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 160 y 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, solicitó de este tribunal: 1.- Admitir el presente Recurso Contencioso Agrario de Nulidad previo el cumplimiento de las formalidades legales, con todos sus pronunciamientos. 2.- Solicitar la remisión de los antecedentes administrativos del caso, a fin de particularizarlo y distinguirlo de otros actos administrativos; igualmente corroborar la concordancia de sesión y número de punto de cuenta. 3.- Se decrete Medida cautelar de suspensión del Acto Administrativo impugnado y solicitado en este mismo acto. 4.- Se anule el acto administrativo emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras en su sesión N° 391-11 de fecha 27 de julio de 2011, punto de cuenta N° 11. 5.- Que una vez admitido el presente Recurso se Notifique al Procurador General de la República de conformidad con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; así como al órgano a que se vincule la aplicación de la norma en concreto.
En fecha 03 de octubre de 2011, mediante acta se inhibe el Juez de esta Alzada Abogado Reinaldo de Jesús Azuaje, inhibición consagrada en los ordinales 1 y 12 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, convocando a este Juzgador para conocer y decidir la inhibición planteada, una vez declarada con lugar tal y como costa a los folios 122 y 123 de actas, se convoca nuevamente a este Juzgador para conocer a fondo la presente causa, el cual aceptó mediante acta de fecha 09 de diciembre de 2011 (folio 128).
Cursa al folio 130 de actas, auto de fecha 08 de febrero de 2012, mediante el cual este Juzgador se aboca al conocimiento de la presente causa y ordena notificar a las partes de tal abocamiento, librándose las boletas, oficios y comisiones respectivas.
En fecha 05 de diciembre de 2012, este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, tal como consta en auto inserto del folio 127 al folio 130 de actas, de acuerdo a lo previsto en el Ordinal 1º del Artículo 156 y 157 eiusdem, se declaró Competente para conocer de la presente acción contenciosa administrativa especial agraria, y estando dentro de la oportunidad legal para decidir, sobre la admisibilidad del recurso ya mencionado, no se hizo y por el contrario, acordó solicitar la remisión de los antecedentes administrativos del caso sub-iudice, de conformidad con la sentencia número 438, de fecha 4 de abril de 2001, que recayó en el expediente 2000-1944, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y se ordenó la notificación del Presidente del Instituto Nacional de Tierras, para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, desde que constara en auto las resultas de dicha notificación, remitiera los referidos antecedentes, se realizaría el pronunciamiento sobre la admisibilidad o no del recurso interpuesto, aplicando en forma armónica y progresiva los Artículos 160 y 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con los artículos 2, 26 y 49 de la Carta Fundamental. Elaborándose el oficio correspondiente de notificación Presidente del Instituto Nacional de Tierras con domicilio en Caracas, Capital de la República Bolivariana de Venezuela.
Cursa del folio 156 al 164 auto de recibo y agregado a las actas y resultas de la notificación del Presidente del Instituto Nacional de Tierras, mediante la cual se le solicitaron los antecedentes a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso interpuesto contra el nombrado Ente Agrario.

II

Siendo una obligación constitucional y legal pronunciarse sobre la admisibilidad o no del Recurso de Nulidad de Acto Administrativo Agrario, previo al pronunciamiento este Tribunal, hace las siguientes consideraciones:
Es entendido, que la jurisdicción, es la potestad atribuida por la Ley a un Órgano del Estado para dirimir conflictos de relevancia jurídica, con un procedimiento predeterminado, siendo el mismo capaz de producir decisiones con carácter de cosa juzgada, susceptibles de ejecución, siendo ejercidas por los tribunales ordinarios y especiales, esto es lo que se conoce como el derecho al Juez Natural, igualmente el denominado principio de legalidad, así lo ha fijado nuestro mas alto Tribunal de la República, en Sala Constitucional en reiteradas decisiones, como la número 520 de fecha 7 de junio de 2000 y que la Sala Político Administrativa, también lo ha reiterado y particularmente en fallo número 02178, de fecha 5 de octubre de 2006, que recayó en el expediente 2004-0514.
Así las cosas, también en lo que respecta al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario, relativo a la admisibilidad, imperan los requisitos formales contemplados en los artículos 160 y 162 de la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, esto es, que una vez recibido el recurso, en el presente caso, se notificó al Presidente del Instituto Nacional de Tierras, a los fines de la remisión de los antecedentes administrativos del acto confutado dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, mas el término de distancia correspondiente, contados a partir de la constancia en autos de la práctica de dicha notificación, en plena observancia y acatamiento de la sentencia número 438, de fecha 4 de abril de 2001, que recayó en el expediente 2000-1944, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Es entendido, que El Instituto Nacional de Tierras ha quedado notificado del requerimiento de los antecedentes administrativos, y en el auto que se refiere a la competencia del Tribunal, se estableció que vencido el lapso para la consignación de los antecedentes administrativos, el Juzgado se pronunciaría sobre la admisibilidad o no del recurso interpuesto dentro de la oportunidad prevista en el artículo 161 de la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; por lo que aun no constan en este Tribunal, estando pendiente pronunciarse sobre la admisibilidad o no del Recurso de Nulidad interpuesto, de conformidad con lo previsto en la norma ut supra indicada, observa:
En acatamiento, de la sentencia número 1.777, de fecha 29 de octubre de 2006, emanada de la Sala Especial Agraria, de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, que recayó en el expediente número 2006-0035, es indispensable para este tribunal revisar los requisitos de admisibilidad y los presupuestos de inadmisibilidad de la acción interpuesta, los cuales están contemplados en los artículos 160 y 162 eiusdem, los cuales tienen plena armonía con la sentencia de la Sala Político Administrativa del más Alto Tribunal de la República de fecha 19 de octubre de 2004, en que estableció, que la admisión del recurso contencioso constituye una decisión declarativa, que exige la revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la caducidad y la competencia.
El contencioso administrativo agrario, dada la especial naturaleza de la jurisdicción agraria en nuestro País, en razón de los fines que se persiguen con dicha legislación, van más allá de la simple revisión, puesto que, responde a las prerrogativas procesales entre otras, de Derecho Público que se encuentra investida la Administración Pública, emanadas esencialmente de la naturaleza que tiene ésta como representante del interés colectivo, teniendo plena aplicabilidad y vigencia en la jurisdicción agraria. Ciertamente, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ha incorporado en las disposiciones aquí comentadas, la facultad del juez agrario para entrar directamente y sin preámbulos, a realizar la revisión exhaustiva del recurso interpuesto, incluyendo la cualidad o el interés entre otros, con que actúa el recurrente.
Como corolario, el juzgador está obligado a verificar con cautela los requisitos de admisibilidad y presupuestos inadmisibilidad de la acción recursiva, por lo que está, plenamente facultada esta instancia para constatar previamente si han quedado satisfechos tales requisitos y no existe alguna causal de inadmisibilidad del recurso propuesto, lo cual hace de seguidas:
Con respecto al requisito que corresponde al Ordinal 1º del Artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuando establece como PRIMERA exigencia la determinación del acto cuya nulidad se pretende:
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, La determinación: es el acto de voluntad que resuelve la indiferencia. En consecuencia, es la resolución de la duda, es la distinción, la diferencia. De aquí se concluye que el acto Administrativo confutado, que es de efectos particulares, debe ser individualizado en el texto del Recurso, para poder distinguirlo de otros actos administrativos.
De la lectura del libelo y de la revisión de los documentos que contiene el Recurso de Nulidad, interpuesto por el ciudadano FRANCISCO JOSÉ LA CORTE, representado por la Abogada GLORIA GIL VILLEGAS, en contra del Acto Administrativo emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, otorgado en fecha 27 de julio de 2011, acordado en Sesión número 391-11, en deliberación sobre el punto de cuenta número 11, mediante el cual acordó: “Inicio del Procedimiento de Rescate por Circunstancias Excepcionales de Interés Social o Utilidad Pública y Acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento decretados sobre las tierras pertenecientes al predio denominado “Fundo El Olimpo”, ubicado en el Sector La Pueblito, Parroquia Mendoza, Municipio Valera del Estado Trujillo, con linderos particulares: Norte: Terrenos Ocupados por Finca San Francisco. Sur: Terrenos ocupados por Finca San Benito La Mina. Este: Río Momboy, Escuela y Campo deportivo. Oeste: Zona Montañosa; con una superficie de TREINTA Y CINCO HECTÁREAS CON CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (35 ha con 5.587 m2)”; dándose así por cumplido este requisito. Así se declara.
En relación al SEGUNDO requisito establecido en el Ordinal 2° del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que consiste en acompañar copia simple o certificada del acto, actuación o contrato cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la Oficina Pública u organismo en que se encuentran, y los datos que lo identifiquen, el recurrente anexó copia fotostática marcado “A” simple del acto confutado, cursante de los folios 09 al 37 de actas a saber: “…Inicio del Procedimiento de Rescate por Circunstancias Excepcionales de Interés Social o Utilidad Pública y Acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento …”, al igual que los datos que lo identifican; dándose así por cumplido este requisito. Así se establece.
En el mismo orden y respecto al requisito previsto en el Ordinal 3° del Artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que establece la Indicación de las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncia, el recurrente alega que fueron violados los artículo 115 y 156 de la Carta Fundamental, 545 del Código Civil, el artículos 40, 160 y 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, artículos 19 quinto aparte y 22 octavo aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículos 49 y 259 de la Carta Fundamental, por lo que se da por cumplido este requisito. Así se decide.
Verifica este Tribunal, que los ordinales 4° y 5° del Artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los cuales establecen lo referente a acompañar instrumento que demuestre el carácter con que actúa. En caso que tal carácter provenga de la titularidad de un derecho real, identificará el inmueble, con expreso señalamiento de sus linderos y copia certificada de los documentos o títulos que acrediten la titularidad aludida; así como los documentos, instrumentos o cualquier otra prueba que se estime conveniente acompañar.
Se observa del texto del recurso interpuesto, el recurrente señaló que el inmueble sobre el cual recae el “Inicio del Procedimiento de Rescate por Circunstancias Excepcionales de Interés Social o Utilidad Pública y Acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento decretados sobre las tierras pertenecientes al predio denominado “Fundo El Olimpo”, ubicado en el Sector La Pueblito, Parroquia Mendoza, Municipio Valera del Estado Trujillo, con linderos particulares: Norte: Terrenos Ocupados por Finca San Francisco. Sur: Terrenos ocupados por Finca San Benito La Mina. Este: Río Momboy, Escuela y Campo deportivo. Oeste: Zona Montañosa; con una superficie de TREINTA Y CINCO HECTÁREAS CON CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (35 ha con 5.587 m2)”, Por lo que se da por cumplido este requisito. Así se declara.
El artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece en 13 ordinales los motivos de inadmisibilidad de las acciones y recursos en lo Contencioso Administrativo Agrario los cuales son: En los ordinales 1° y 2°, a saber: Cuando así lo disponga la Ley y Cuando corresponde a otro organismo jurisdiccional, en esta causal declinaría al tribunal competente, en relación a estos presupuestos, este Tribunal considera que no tiene motivos de inadmisibilidad al respecto. Este Tribunal en la oportunidad legal se declaró competente, es decir, el conocimiento de la pretensión no corresponde a otro Tribunal.
Igualmente, de acuerdo a lo observado en actas, tampoco esta evidenciada la caducidad del recurso interpuesto (ordinal 3°), así tampoco resulta manifiesta la falta de cualidad o interés del recurrente (ordinal 4°), no existe acumulación de pretensiones que se contradigan entre sí, ni se excluyen, o que para su trámite se requieran procedimientos incompatibles (ordinal 5°); observándose que acompañó los documentos indispensables para su admisión (ordinal 6°); que tampoco hay un recurso paralelo (ordinal 7°); el mismo es lo suficientemente inteligible y no contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos (ordinal 8°); tampoco existe manifiesta falta de representación que se pudiera atribuir el actor, ya que consignó el referido recurrente, la cualidad con que actúa al identificarse y ser el mismo que aparece identificado y el impugnante no representa a persona jurídica alguna, sino que aduce ser poseedor agrario (ordinal 9°); siendo innecesaria la espera del agotamiento de recursos administrativos que exige el ordinal 10°; el antejuicio administrativo en el presente recurso, igualmente el avenimiento, no son necesarios en este tipo de recurso, exigidos en los ordinales 11° y 12°; y por cuanto la pretensión no es manifiestamente contraria a los fines de la referida Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y de los preceptos constitucionales que rigen esta materia que establece el ordinal 13°, se da por no recaído en ningún presupuesto de inadmisibilidad previsto en la Ley. Como corolario, el presente recurso es admisible. In continenti es procedente ordenar la notificación del Ente Agrario que produjo la Providencia Administrativa confutada, al igual que a la Procuradora General de la República y a los terceros interesados, todo de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, igualmente se ordena solicitar la remisión de los antecedentes administrativos sobre los cuales se debe abrir pieza complementaria. Así mismo que se ordene expedir copia certificada de las actuaciones que quepan, para la apertura del cuaderno de medidas y pronunciarse sobre la medida de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado por auto separado Así se decide.

III

En consecuencia, por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, ACTUANDO COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, CON SEDE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO TRUJILLO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: ADMITE RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO AGRARIO, presentado por el ciudadano FRANCISCO JOSÉ LA CORTE, representado por la Abogada GLORIA GIL VILLEGAS, en contra del Acto Administrativo emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en reunión de Directorio número 391-11, de fecha 27 de julio de 2011.
De conformidad con el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, artículo 49 de la Carta Fundamental, en concordancia con lo establecido en el Artículo 96 del Decreto Nº 6.286, con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena librar boleta de notificación a la Procuradora General de la República, a los fines de hacerle saber de la admisión del presente recurso, así mismo, se les advierte a las partes, que de conformidad con lo establecido en el referido artículo 96 de la Reformada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, una vez conste en auto la consignación de dicha boleta, la causa quedará suspendida por un lapso de noventa (90) días continuos. Por lo tanto la Procuradora General de la República, o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede de lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificada. En el entendido que vencido dicho lapso se tendrá por notificada a la Procuradora General y comenzará a computarse el lapso de diez (10) días hábiles para que proceda a oponerse al recurso contencioso administrativo de nulidad. Líbrese la boleta de notificación ordenada, conjuntamente con copia certificada del expediente respectivo, y comisiónese al Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los fines que practique la misma.-
Igualmente se ordena la notificación de terceros interesados si los hubiere en el caso, así como a cualquier persona natural o jurídica que hayan sido notificados o participado en vía administrativa, y demás terceros que tengan interés en el RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO AGRARIO, para que procedan de igual manera a oponerse al mismo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso otorgado anteriormente a la Procuraduría General de la República conforme al Artículo 96 de la Ley que rige dicho Órgano; esta notificación se llevará a cabo, de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así como también, de acuerdo a lo establecido por la Sala Especial Agraria del Tribunal Supremo de Justicia en Decisión No. 0485 de fecha 15 de marzo de 2.007, Expediente Nº 06-1227 a través de la publicación de un cartel de notificación el cual será publicado en el “Diario Los Andes” del Estado Trujillo, en dimensiones que hagan fácil su lectura; dicha publicación deberá ser consignada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere expedido, tal como lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallo vinculante número 09-0695 de fecha 16 de noviembre de 2011 que recayó en el expediente número 09-0695.
Se ordena librar boleta de notificación al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS en la persona de su Presidente, que se encuentre en el ejercicio de sus funciones para el momento de la práctica de la notificación, a los fines de que proceda a dar contestación al Recurso de Nulidad interpuesto, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a aquel en que conste en auto la última notificación, más seis (06) días que se le conceden como término de distancia, una vez agotados los noventa (90) días continuos otorgados a la Procuraduría General de la República, de conformidad con el Artículo 96 del Decreto Nº 6.286, con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Líbrese la boleta de notificación ordenada, conjuntamente con copia certificada del expediente respectivo.
Con relación a la solicitud de medida de Suspensión de los Efectos del Acto Administrativo confutado, este Tribunal ordena expedir copia certificada del recurso interpuesto y sus anexos, así como del presente Auto de admisión, para la apertura del correspondiente Cuaderno de Medidas y pronunciarse en dicho cuaderno, respecto a cualquier actuación previa a la decisión de declara sobre la procedencia o no de dicha cautela solicitada.
Cúmplase con lo ordenado en la presente decisión.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Dada, sellada y firmada en la Sala donde Despacha el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, con Sede en Trujillo, Trujillo a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil trece (2013). (AÑOS: 203º INDEPENDENCIA y 154º FEDERACIÓN).

EL JUEZ SUPLENTE ESPECIAL;

_______________________
EDGAR ADRIANI JEREZ

LA SECRETARIA;

____________________________
GINA MARÍA ORTEGA ARAUJO

La Suscrita Secretaria del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, HACE CONSTAR: “Que hoy veinticinco (25) del mes de julio de dos mil Trece (2013), siendo las once de la mañana (11a.m.), se publicó y consignó la presente decisión en el expediente respectivo. (Exp. 0830)”.
LA SECRETARIA.

Exp. 0830
EAJ/GMOA/cvvg.-.