En nombre de: P O D E R J U D I C I A L JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE DEMANDANTE: HERMOGENES PAOLA ALEXANDRA LOZADA SILVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 12.701.202. ABOGADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: MORELLA HERNANDEZ, DARWIN CHACIN Y DEISY MUÑOZ, inscritos en el Instituto de previsión social del abogado bajo los Nros. 102.257, 143.972 y 36.491, respectivamente PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL EXPRESOS MERIDA, C.A. y MERIDA EXPRESS, C.A. ABOGADOS APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: IVAN MIRABAL RENDON y EGILDA GONZALEZ, inscritos en el Instituto de previsión social del abogado bajo los Nros. 74.866 y 92.307, respectivamente. MOTIVA La presente causa se tramitó en fase de juicio inicialmente por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo en fecha 13 de julio de 2012 (folio 5, pieza 3), posteriormente el juez se inhibe en fecha 23 de octubre de 2012, (folio 28 al 30, pieza 3), agregando las resultas de la inhibición en fecha 14 de noviembre de 2012 ( folios 35 al 57, pieza 3) y ordenando en esa misma fecha su distribución a los tribunales de Juicio Laboral. En fecha 28 de noviembre de 2012, fue recibido el presente asunto por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (folio 58, pieza 3), admitiendo las pruebas y fijando fecha para celebrar la audiencia de juicio en fecha 06 de diciembre de 2012 (folio 59 al 63, pieza 3). El día 18 de febrero de 2013, se instaló la celebración audiencia de juicio (folios 66 al 73, pieza 3), con diversas prolongaciones hasta el día 01 de marzo de 2013, donde el Juez Segundo de Juicio evidencia la existencia de causal de inhibición en la presente causa (folios 97 al 98, pieza 3). Recibidas las resultas de la inhibición (folios 99 al 148, pieza 3), se remite el asunto a los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, (folio 150, pieza 3). Finamente se recibe la presente causa por este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, en fecha 31 de mayo de 2013 y se aboca al conocimiento de la presente causa, el Abogado WILLIAM SIMON RAMOS HERNANDEZ, designado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 10 de abril de 2013, Juez Titular de este Tribunal. Ahora bien, estando en la oportunidad para celebración de la continuación de la audiencia de juicio en el presente asunto el Juzgador considera necesario realizar las siguientes consideraciones: Consciente de la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social tiene es oportuno señalar que la misma sostuvo en la decisión No. 867 del 03 de mayo de 2007 con Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo lo siguiente: El artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela considera al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. Para que el proceso pueda cumplir tal elevado cometido, debe ofrecer garantías formales y sustanciales, cuya efectividad es atribuida a los órganos judiciales. Por su parte, el artículo 2° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que: “El juez orientará su actuación en los principios de uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad”. Asimismo, el artículo 6° eiusdem, dispone que el juez que ha de pronunciar la sentencia, debe presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento. La citada Ley los compromete, además, con la responsabilidad de que el proceso sea realmente un instrumento de la justicia en los términos del vigente Texto Constitucional. Sobre el principio de inmediación, la Sala Constitucional en sentencia N° 952 de 17 de mayo de 2002 (caso: Milena Adele Biagioni), y que esta Sala adopta, estableció que la finalidad de la audiencia oral es que el órgano jurisdiccional tenga contacto directo con las partes, de manera que ciertos aspectos del caso, quizá difíciles de expresar a través de la forma escrita, sean más fácilmente apreciados. Es por ello necesario que el juzgador y las partes estén en contacto directo, sin mediación alguna. Sólo circunstancias absolutamente excepcionales, podrían eventualmente justificar una relajación del mencionado principio. La misma Sala, en sentencia N° 3744 de 22 de diciembre de 2003 (caso: Raúl Mathison), respecto al principio de inmediación, lo reconoce como rector para diversos procesos, doctrina que esta Sala acoge, y reitera que el mismo se caracteriza porque el juez que ha de dictar la sentencia, debe presenciar personalmente la incorporación de las pruebas en las audiencias destinadas a ello, debe dictar decisión, es decir, los jueces que han de pronunciar la sentencia, deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas de las cuales obtienen su conocimiento, siendo que al finalizar el debate, regido por el principio de concentración de la prueba, o en un lapso inmediato a dicha finalización, debe el juez proceder a sentenciar. Como un elemento de la inmediación, a los actos regidos por dicho principio deben concurrir las partes personalmente. Igualmente, la Sala Constitucional en sentencia N° 1840 de 26 de agosto de 2004 (caso Programa Agroindustrial Tapipa C.A. [TAPIPA]), reiteró las decisiones antes citadas, así como las sentencias números 1236 de 2003 y 2807 de 2003, entre otras, doctrina que esta Sala adopta, y atendiendo al principio de inmediación, la Sala Constitucional expresó que debió ser el juez que presidió el debate oral y ante quien se evacuaron las pruebas, quien pronunciara la sentencia, so pena de violación de la tutela judicial efectiva y del debido proceso En este sentido, ante la ausencia del Juez que dictó el dispositivo oral la Sala señaló que el nuevo juez debe fijar la celebración de otra audiencia oral que garantice un contacto directo del juzgador con las partes, sin mediación alguna, de manera que los pormenores del caso pudiesen ser apreciados más fácilmente, para luego dictar la decisión correspondiente. Ante la doctrina señalada, y a los fines de garantizar el debido proceso previsto en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela este Juzgador repone la causa al estado de que se celebre la audiencia de juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 6 y 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, todo ello con fundamento en el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley adjetiva laboral. Así se decide.- D I S P O S I T I V A Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, el Juez Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: Reponer la causa al estado de que se celebre la audiencia de juicio de conformidad con previsto en el artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. SEGUNDO: Se ordena fijar fecha y hora para celebrar la audiencia de juicio por auto expreso una vez que precluya la oportunidad para ejercer el recurso que corresponda. TERCERO: No hay condenatoria en costas porque ésta decisión no se refirió al fondo de la controversia y se dictó de oficio. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Juicio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, 13 de Agosto de 2013. Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación. El Juez, Abg. William Simón Ramos Hernández La Secretaria, Abg. Maria Kamelia Jiménez Pérez En esta misma fecha, se publicó la anterior decisión a las 11:30 a.m. La Secretaria, Abg. Maria Kamelia Jiménez Pérez WSRH/mps.-