EN NOMBRE DE
P O D E R J U D I C I A L
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
PARTE DEMANDANTE: SMAR CREATION, C.A. debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 22 de marzo de 2006, bajo el Nº 23, Tomo 13-A.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: HERNANDO JOSE RICO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 117.631.
ACTO IMPUGNADO: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 132, de fecha 31 de marzo de 2008 y contra el acta de fecha 18 de julio de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, sede “Pedro Pascual Abarca”, contenida en el expediente Nº 078-2008-01-00105 mediante la cual declaro con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por los ciudadanos CARLOS ENRIQUE GARRIDO e ISMAEL JOSE CATARI GOMEZ, titulares de las cedulas de identidad Nº V-19.343.942 y V-18.842.092.
M O T I V A
En el juicio seguido bajo el No. KP02-N-2012-000728 por nulidad de acto administrativo, el actor solo solicita amparo cautelar de la providencia administrativa impugnada signada con el Nº 132, de fecha 31 de marzo de 2008 y contra el acta de fecha 18 de julio de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, sede “Pedro Pascual Abarca”, contenida en el expediente Nº 078-2008-01-00105 mediante la cual declaro con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por los ciudadanos CARLOS ENRIQUE GARRIDO e ISMAEL JOSE CATARI GOMEZ, titulares de las cedulas de identidad Nº V-19.343.942 y V-18.842.092, sin señalar que tipo de medida cautelar requiere de conformidad con el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil, ni exponer los fundamentos legales que la justifiquen.
Para decidir, el Tribunal observa lo siguiente:
El poder cautelar es la potestad otorgada a los jueces que dimana de la voluntad del Legislador para dictar las decisiones cautelares que sean adecuadas y pertinentes en el marco de un proceso jurisdiccional, con la finalidad inmediata de evitar el acaecimiento de un daño o una lesión irreparable a los derechos de las partes y la majestad de la justicia.
Así pues, en este estado, se precisa señalar el contenido del artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA) que establece:
Artículo 104: A petición de la partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estimen pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la administración pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.
En este orden, el Artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil establece:
“Artículo 585: Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
“Artículo 588: De conformidad con el Articulo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles.
2º EL secuestro de bienes determinados
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado……”
Ahora bien, siendo claro que las medidas cautelares son dictadas en base a las normas citadas (la primera especial y la segunda aplicada en forma supletoria), en ese estado es oportuno señalar que de las mismas devienen los requisitos de procedencia, a saber, el fumus bonis juris, o apariencia del buen derecho que debe derivar de los hechos expuestos en la demanda y de las pruebas o recaudos promovidos; el periculum in mora se contrae a la eficacia de la sentencia que se dicte, es decir, de su ejecutabilidad, en cambio la noción de periculum in damni implica un fundado temor de daño inminente, patente, causal y manifiesto en la esfera jurídica del justiciable.
Al respecto, en la Revista de Derecho No. 14 del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Muci Borjas, conforme la sentencia No. 662 de la Sala Político Administrativa del 17 de abril de 2001 (caso: Sociedad de Corretaje de Seguros CASBU, C.A) ha sostenido lo siguiente:
i) En virtud del derecho a la tutela judicial efectiva, el juez contencioso-administrativo se halla "...habilitado para emitir todo tipo de medida cautelar..."
ii) Dicho en otras palabras, con base en un juicio de mera probabilidad o verosimilitud, el juez contencioso -administrativo "...puede decretar todo tipo de mandamientos...". A la (clásica) medida de suspensión se suman, pues, las "...medidas (cautelares) positivas e incluso anticipativas..." que resulten necesarias para brindar tutela provisional frente a la acción o inacción administrativa que dio lugar a la proposición de la demanda contencioso-administrativa; y,
iii) En síntesis, "...el Juez, por el hecho de tener la potestad de ejecutar o hacer ejecutar lo juzgado, ostenta un poder cautelar general que le permite tomar cualquier medida cautelar que resulte necesaria para la eficaz ejecución de lo juzgado". Para adoptar esas medidas y, por vía de consecuencia, "...garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva...", "...el único criterio que debe ser siempre valorado por el juez contencioso... es la concurrencia del fumus bonis iuris y el periculum in mora".
Igualmente, la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 2 de junio de 2004, (ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero, caso Servicios Auxiliares de Aviación Ves-Was Internacional, S.A. vs. Ministerio de Infraestructura) señaló:
“Ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal que la medida precautelativa de suspensión de efectos prevista en el artículo 136 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ahora dispuesta en el artículo 21, párrafo 22 de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004, constituye desde el punto de vista objetivo una incidencia procesal mediante la cual a instancia de parte y como una excepción a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos de efectos particulares, se puede dejar sin eficacia temporal el acto impugnado si su ejecución pudiera producir efectos irreparables o de difícil reparación en la sentencia definitiva; y desde el punto de vista subjetivo, dicha medida reviste una garantía de que la eventual declaratoria de nulidad del acto impugnado, efectivamente restablecerá la situación jurídica infringida y que no producirá efectos formales inejecutables, lesivos a los derechos fundamentales del acceso a la justicia y al debido proceso”.
Además el párrafo 22 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece que: "...El Tribunal Supremo de Justicia podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio...".
En el caso de marras el actor únicamente se limitó a interponer demandada de nulidad conjuntamente solicitud de amparo cautelar sobre la providencia administrativa impugnada porque según sus dichos es contraria a derecho y por violentar lo estatuido en el ordenamiento jurídico, específicamente lo consagrado en los artículos 49, 51 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Observa que en este caso a diferencia de otros similares donde se han acordado medidas la parte solicitante no determinó expresamente ni que tipo de medida cautelar solicita, ni los motivos del daño irreparable al que se refiere en su solicitud de amparo cautelar, en nuestra legislación no se puede presumir la insolvencia del deudor ni la demora en los juicios, de forma que no es suficiente fundamentar sin más el dictado de una medida cautelar, por tanto el elemento del peligro, debe estar motivado y acreditado en los autos, a través de la comprobación sumaria que la persona natural o jurídica sobre la cual se dicte la medida pretende insolventarse, o de causar alguna lesión que pueda hacer ilusoria la ejecución de la sentencia; lo que implica además la existencia de una real necesidad de la medida y que de no dictar se acaecerá fatalmente el riesgo que se teme y ello no se encuentra acreditado en las actuaciones e instrumentos presentados por el demandante. Así se decide.
Por las razones anteriormente expuestas, el Juzgador declara improcedente la medida cautelar innominada de suspensión de los efectos de la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 132, de fecha 31 de marzo de 2008 y contra el acta de fecha 18 de julio de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, sede “Pedro Pascual Abarca”, contenida en el expediente Nº 078-2008-01-00105 mediante la cual declaro con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por los ciudadanos CARLOS ENRIQUE GARRIDO e ISMAEL JOSE CATARI GOMEZ, titulares de las cedulas de identidad Nº V-19.343.942 y V-18.842.092. Así se declara.
D I S P O S I T I V A
Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, el Juez Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE:
PRIMERO: Se declara IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado por la sociedad mercantil SMAR CREATION, C.A. contra la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 132, de fecha 31 de marzo de 2008 y contra el acta de fecha 18 de julio de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, sede “Pedro Pascual Abarca”, contenida en el expediente Nº 078-2008-01-00105 mediante la cual declaro con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por los ciudadanos CARLOS ENRIQUE GARRIDO e ISMAEL JOSE CATARI GOMEZ, titulares de las cedulas de identidad Nº V-19.343.942 y V-18.842.092
SEGUNDO: No se condena en costas por la naturaleza de la presente decisión.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, el día viernes 07 de junio de 2013. Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
El Juez
Abg. William Simón Ramos Hernández
La Secretaria
Abg. Maria Kamelia Jiménez
En esta misma fecha se publicó la sentencia, a las 03:20 p.m. agregándola al expediente físico y al asunto informático del Juris 2000.-
La Secretaria
Abg. Maria Kamelia Jiménez
WSRH/mps.-
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