REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, CON SEDE EN LA CIUDAD
CAPITAL DEL ESTADO TRUJILLO.
Trujillo, 03 de Junio de 2013.
203° y 154°
EXPEDIENTE: Nº A-0257-2011
ASUNTO: “ACCIÓN POSESORIA”
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
PARTE DEMANDANTE:
FRANCISCO BECERRA y RUBÉN DARÍO BECERRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N° 5.769.437 y 9.327.753 respectivamente, domiciliados en la Jurisdicción del Municipio Motatán del Estado Trujillo.
PARTE DEMANDADA:
RAMONA JOSEFINA ALVAREZ SEGOVIA, MARIA ELSY AVENDAÑO NELO y RAMON MANUEL PEÑA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N° 16.440.640, 17.094.176, 16.065.877 respectivamente, domiciliados en la Parroquia Jalisco, Municipio Motatán del Estado Trujillo.
ÚNICO
Remitidas las presentes actuaciones por declinatoria de competencia, contentivas del expediente penal por la presunta comisión del Delito de Invasión en causa signada con el número TP01-P-2011-005708, planteada por el Juzgado de Control número 07 de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo en fecha 25 de Marzo de 2013, quien se declaró incompetente para conocer y decidir este asunto, por la materia, en consecuencia, declinó la competencia en éste Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.
Este tribunal encontrándose dentro de la oportunidad legal para pronunciarse sobre la competencia para conocer y decidir el presente asunto, hace las SIGUIENTES REFLEXIONES:
En fecha 31 de Agosto de 2011, se presentaron por ante la Fiscalia Cuarta del Ministerio Público del Estado Trujillo los ciudadanos Francisco Becerra y Rubén Darío Becerra, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N° 5.769.437 y 9.327.753 respectivamente, a los fines de formular una denuncia, quienes expresaron: “(…) El día lunes 29-08-2011 en horas de la madrugada hemos sido afectados por unos invasores aparentemente de oficio, en una finca, propiedad de nuestro padre Samuel Darío Becerra Becerra, titular de la cedula de identidad N° 201.931, ubicada en el sector el Albarical –Agua Blanca, Parroquia Jalisco, Jurisdicción del Municipio Motatán del Estado Trujillo. “(…) La finca la hemos tenido como posesión desde hace aproximadamente 40 años, la misma se encontraba para el momento cercada pero fue derribada por los presuntos invasores, así como construido en ella una vivienda habitable siendo esta desvalijada, también tenía sembrado árboles de sombra y de protección al medio ambiente tales como pardillos entre otros siendo estos taladrados por dichos invasores. (…)” (sic). Posterior a ello el Fiscal Cuarto del Ministerio Público ordena el inicio de una investigación penal y comisiona con carácter de urgencia al Comandante del Destacamento N° 15 de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado Trujillo, a objeto de que practique una serie de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito, que guardan relación con la investigación signada con el N° D21-7390-2011, resultando los ciudadanos Ramona Josefina Álvarez Segovia, Maria Elsy Avendaño Nelo y Ramón Manuel Peña imputados en la presente causa.
Celebrada la Audiencia Preliminar en fecha 25 de Marzo de 2013 el Juez declinante estableció:
Primero: Decreta el sobreseimiento de la presente causa, por no se punible el hecho imputado, tal como lo establece la sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de la Presidenta Luisa Estela Morales. Segundo: Ordena el cese de cualquier medida cautelar que pesa en contra de los imputados y se acuerda dejar sin efecto la orden de captura dictada en su oportunidad y Tercero: Declina la competencia al Tribunal de Primera Instancia Agrario del Estado Trujillo. Se acuerda remitir las presentes actuaciones en su oportunidad legal.
Declinando en este Tribunal la competencia para conocer el presente asunto.
Este Tribunal para decidir, previamente hace las siguientes consideraciones:
Con relación a la Despenalización de las Actividades Agrarias, fundamento del Tribunal declinante, es necesario resaltar que en Jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela en Sala Constitucional en fecha 08 de diciembre de 2011, por motivos de solicitud de avocamiento, en causa seguida a los ciudadanos Martín Javier Jiménez y Rafael Celestino, en expediente signado con el número 11-0829, donde desaplicó por control difuso la Constitucionalidad de los artículos 471-a y 472 del código penal Venezolano, en aquellos casos donde se observare un conflicto entre particulares devenido de la actividad agraria; así mismo, declaró, con carácter vinculante, la aplicación del procedimiento ordinario agrario establecido en el Capítulo VI de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en aquello casos donde se observe un conflicto entre particulares devenido de la respectiva actividad.
Artículo 471-A. Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenas, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.). El solo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del juez hasta en una sexta parte. La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión.
Se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural.
Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos. Será eximente de responsabilidad penal, además de haber desalojado el inmueble, que el invasor o invasores comprueben haber indemnizado los daños causados a entera satisfacción de la víctima.
Si el hecho se hubiere cometido por varias personas con armas, o por más de diez sin ellas, la prisión será de dos años a seis años; e igualmente se aplicará la pena respectiva por el porte ilícito de armas.
Artículo 472. Quien, fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores y por medio de violencia sobre las personas o las cosas, perturben la pacífica posesión que otro tenga de bienes inmuebles, será castigado con prisión de un año a dos años, y resarcimiento del daño causado a la víctima de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a cien unidades tributarias (100 U.T.).Si el hecho se hubiere cometido por varias personas con armas, o por más de diez sin ellas, la prisión será de dos años a seis años; e igualmente se aplicará la pena respectiva por el porte ilícito de armas.
En dicho asunto la Sala Constitucional al analizar el contenido de los artículos 471-a y 472, ambos del Código Penal, que establecen los tipos penales referidos a la invasión y a la perturbación violenta de la posesión de bienes inmuebles los cuales desaplico por control difuso, consideró:
“De la lectura de ambas disposiciones sustantivas, se desprende que tanto una figura como la otra -invasión y perturbación a la posesión pacífica- llevan implícita la probanza, del derecho que se pretende violentado –propiedad o posesión-. Así, es menester la existencia de un instrumento demostrativo del derecho que se alegue, y el cual se vea cercenado por la invasión o la perturbación. De lo que resulta evidente, que para la consumación de ambos delitos se requiere la incuestionable propiedad o posesión sobre el bien inmueble objeto del delito, por parte de quien resultare victima en la causa penal, de lo que se deriva la cualidad de ajeno -perteneciente a otra persona- para el infractor, como elemento constitutivo del tipo”.
“Asimismo, resulta relevante destacar que, el tercer aparte de la primera de las disposiciones comentadas -artículo 471-a del Código Penal-, establece como agravante específica, que la invasión se lleve a cabo “sobre terrenos ubicados en zona rural”. Resultando obvio el aumento de las penas en estos casos, porque no sólo se atenta contra propiedad sino, que adicionalmente pudiera atentarse contra la seguridad agroalimentaria. Sin embargo, tal como se indicara ut supra, es requisito indispensable la probanza del derecho que se entiende amenazado, de lo que se deriva la irregularidad de la ocupación, ya que al encontrarse en discusión la legitimidad en la ocupación, se adolece de uno de los elementos del tipo penal”.
“En este orden de ideas, es evidente que ambos tipos –invasión y perturbación violenta a la posesión pacífica- se excluyen entre sí, pues, de la lectura de este segundo tipo penal contenido en el artículo 472 de la norma penal sustantiva, al indicar “Quien, fuera de los casos previstos en los dos artículos anteriores” se extrae que para la consumación del delito previsto en el mismo, se requiere que el hecho no se adecué a los supuestos previstos en el artículo que lo precede. Ello es así porque en el primero se requiere la ocupación del inmueble, mientras que en el segundo supuesto, la perturbación no implica la ocupación del bien, razón por la cual, bajo estas consideraciones de índole legal, mal puede aplicarse a los mismos hechos ambos tipos penales”.
“De modo que, si surgen situaciones de donde emerge una disputa por el derecho legítimo que se procure sobre dichos bienes, entre quien se pretenda propietario o poseedor y quien se señale como ejecutor de los delitos previstos en los artículos comentados, mal podrá entenderse materializado el ilícito comprendido en cualquiera de los dos artículos, y por ende no será competente para resolver tal conflicto el juez penal, sino el de la jurisdicción que según la naturaleza del conflicto corresponda”.
“Ahora bien, de la lectura de los artículos que contienen los tipos penales mencionados –invasión y perturbación violenta de la posesión- se extrae que en ambos casos los verbos rectores –invasión y perturbación- se relacionan con bienes inmuebles, terrenos o bienhechurías en general, sin hacer distinción en cuanto al uso o destino que se le viniere dando a los mismos. De lo que se deviene que para que en primer caso se materialice el delito se requiere el ánimo delictivo de obtener un provecho injusto de esa ocupación ilegal, y en cuanto al segundo caso, esa posesión del inmueble debe entenderse “pacífica”, en su sentido estricto, es decir, que no medie conflicto o disputa en cuanto a la misma”.
“De manera que, adicionalmente a los elementos que componen los dos tipos penales bajo análisis, dos son los requisitos indispensable para entender que se está en presencia de alguno de los dos supuestos, por un lado el ánimo de obtener un provecho injusto, vale decir que no se posea ningún título que acredite derecho alguno sobre el bien objeto del delito, y en caso del segundo supuesto, que no exista disputa alguna sobre la titularidad del bien, de ser así, mal podría entenderse la posesión como pacífica.” (Lo resaltado por éste Tribunal)
Igualmente observa este Tribunal, que el artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece: Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los Tribunales de la Jurisdicción Agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se transmitirá oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales.
En sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, Sala Especial Agraria, de fecha 06 de febrero de 2003, señalo textualmente lo siguiente:
Con el objeto de delimitar la competencia material de la jurisdicción Agraria en función de la aplicación de la Ley, ésta Sala pasa de seguida a realizar el siguiente análisis con base a lo establecido en Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en los Artículos siguiente:
Artículo 212 (ahora 197 agregado del tribunal), competencia específica de los Tribunales de Primera Instancia Agraria, el cual establece textualmente:
“Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:
1.- Acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria.
…omissis…
15.- En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados a la actividad agraria”.
Es por ello que se procura así decidir sobre los asuntos de la actividad agraria, en modo exclusivo y excluyente sin que ello implique por su parte una denegación de justicia.
Por ello se hace necesario determinar:
Que la competencia es precisamente el modo o manera como se ejerce la jurisdicción por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado y territorio por necesidades de orden practico. Así por ello que se considere, entonces que sea la facultad del juez para conocer en un asunto dado.
De las disposiciones legales aquí referidas, se obtiene como primer requisito de competencia para los jueces de primera instancia agraria, que los conflictos sean entre los particulares y por ello tramitarlos por el procedimiento ordinario agrario, esto es que las partes sean personas naturales o colectivas, el caso aquí planteado es del conocimiento por la materia del Tribunal declinado, haciendo especial énfasis para su conocimiento en la determinación del elemento de la Agrariedad el cual según Antonio Carrozza en su obra Scritti di Diritto Agrario la define así: la actividad productiva agrícola consiste en el desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los recursos naturales , que se resuelve económicamente en la obtención de frutos, vegetales o animales, destinarles al consumo directo, bien tales cuales, o bien previa una o múltiples transformaciones
Por lo antes expuesto se verificó la competencia de este Juzgado en cuanto a la materia, haciéndose necesario, así mismo verificar la competencia en cuanto al territorio, por lo que éste Tribunal hace las siguientes consideraciones:
Resulta quien aquí juzga, que en la presente causa se infiere que el objeto de la pretensión deducida por la parte actora versa sobre una Acción Posesoria sobre un lote de terreno según las actas ocupado por el ciudadano SAMUEL DARÍO BECERRA BECERRA, titular de la cedula de identidad N° 201.931, causa en la cual los ciudadanos FRANCISCO BECERRA y RUBÉN DARÍO BECERRA, titulares de las cedulas de identidad N° 5.769.437 y 9.327.753 respectivamente, actúan en su condición de hijos del ciudadano antes mencionado, así mismo, es importante resaltar que el referido lote de terrero se encuentra ubicado en el Sector el Albarical –Agua Blanca, Parroquia Jalisco, Jurisdicción del Municipio Motatán del Estado Trujillo, no es menos cierto, que en virtud de la Resolución Nº 2008-0051, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 29 de Octubre de 2008, donde estableció la creación de la Jurisdicción Especial Agraria distribuyendo los Municipios del Estado Trujillo a ser conocidos en dos (02) Tribunales de Primera Instancia, a saber; el Tribunal Primero de Primera Instancia con competencia en el territorio de los Municipios Candelaria, Escuque, Pampanito, Trujillo, Pampán, San Rafael de Carvajal, Urdaneta, Boconó, Carache, José Felipe Márquez Cañizales y Juan Vicente Campos Elías del Estado Trujillo, y el Tribunal Segundo de Primera Instancia con competencia en el territorio de los Municipios Miranda, Andrés Bello, Motatán, Sucre, Bolívar, Rafael Rangel, Valera, La Ceiba y Monte Carmelo del Estado Trujillo, por lo que claramente se evidencia que el asunto planteado recae sobre un inmueble ubicado en la Parroquia Jalisco, Jurisdicción del Municipio Motatán del Estado Trujillo, es por lo que resulta forzoso para este Tribunal declarar su incompetencia por el Territorio, de allí nace la posibilidad del planteamiento de Incompetencia, por el operador de justicia, siendo este el que tiene lugar cuando existe declaración de oficio de la incompetencia.
En consecuencia este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, se declara INCOMPETENTE POR EL TERRITORIO, para conocer y decidir la presente causa, y DECLINA LA COMPETENCIA al Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, ubicado en la población de Sabana de Mendoza, Municipio Sucre del Estado Trujillo. Así se decide
DISPOSITIVO:
Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara:
PRIMERO: LA INCOMPETENCIA POR EL TERRITORIO de este Tribunal para seguir conociendo la presente causa, la cual fuera intentada por los ciudadanos FRANCISCO BECERRA y RUBÉN DARÍO BECERRA, en contra de los ciudadanos RAMONA JOSEFINA ALVAREZ SEGOVIA, MARIA ELSY AVENDAÑO NELO y RAMON MANUEL PEÑA
SEGUNDO: DECLINA LA COMPETENCIA para el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.-
TERCERO: SE ACUERDA remitir este expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.-
Déjese transcurrir el lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir del primer día de despacho siguiente al de hoy, previsto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de la Regulación de la Competencia.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJENSE LAS COPIAS DE LEY.
Dada, sellada y firmada, en el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. A los tres (03) días del mes de Junio de Dos Mil Trece. Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
Abg. JOSE CARLENIN ARAUJO BRICEÑO.
JUEZ.-
Abg. GEOVANNA GODOY.
SECRETARIA.-
En la misma fecha se publico la anterior sentencia siendo las 02:50 p.m.,
Conste.
Scría.
JCAB/GG/FJA
EXP Nº 0257-2011
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