TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
Trujillo, diecinueve de marzo de dos mil trece
202º y 154º

ASUNTO: TP11-O-2013-000002
PARTE RECURRENTE: MARIA GRACIELA REINOSO DE RIVAS, titular de la cédula de identidad Nº 9.312.099.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: Abg. RUBÉN DARÍO RONDON GRATEROL.
PARTE RECURRIDA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO, representada legalmente por el ciudadano TEMISTOCLES CABEZAS, en su condición de Alcalde.
MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

La presente acción de amparo constitucional es incoada, en fecha 25 de enero de 2012, por la ciudadana MARÍA GRACIELA REINOSO DE RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.312.099 y domiciliada en el sector San Luís Barrio Rafael Caldera, carrera 2, casa Nº 58, Municipio Valera, Trujillo, estado Trujillo, mediante su representación judicial constituida por el Abogado RUBÉN DARÍO RONDON GRATEROL, venezolano, mayor de edad e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 38.886, en su condición de Procurador de Trabajadores del estado Trujillo; contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO, representada legalmente por el ciudadano Alcalde TEMISTOCLES CABEZAS.

En fecha 29/01/2013, se le dio entrada en este Tribunal de Juicio y en fecha 31/01/2013, fue debidamente admitida conforme al procedimiento regulado en sentencia No. 7 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 01/02/2000, caso José Amando Mejía, que adaptó el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales al texto constitucional de 1999. Una vez practicadas las notificaciones correspondientes, se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, la cual tuvo lugar el día 13 de marzo de 2013.

En la oportunidad fijada por este Tribunal para la celebración de la audiencia constitucional, sólo compareció la accionante, ciudadana MARÍA GRACIELA REINOSO DE RIVAS, debidamente acompañado por su apoderado judicial Abogado RUBÉN DARÍO RONDON GRATEROL, quien ratificó su pretensión de ejecución de la providencia administrativa, cuyo incumplimiento denuncia, por la vía de la acción de amparo constitucional; en cuyo escrito inicial denuncia lo siguiente: (I) Que en fecha 19/06/2008, ingresó a trabajar como FUNCIONARIO DE SEGURIDAD INTERNA, en la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO, la cual se encuentra ubicada en: Avenida 13, con calle 7 y 8, Palacio Municipal, frente a la Plaza, Valera, Municipio Valera del estado Trujillo; con una jornada de trabajo de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.; devengando como último salario mensual de Bs. 1.548,22. (II) Que en fecha 09/01/2012, fue despedida injustificadamente por el ciudadano HÉCTOR PAREDES, en su condición de Jefe de la Unidad de Servicios Generales de la referida Alcaldía, quien le hizo entrega de un oficio de fecha 29/12/2011, emitido por la Lic. Yuleima Vergara Rodríguez en su condición de Directora Encargada para el Talento Humano de la Alcaldía, lo cual constituye un despido injustificado, por lo que acudió a la Inspectoría del Trabajo con sede en la ciudad de Valera del estado Trujillo, el día 09/01/2012, para solicitar se diera inicio al procedimiento pautado en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, a fin de solicitar su reenganche y pago de salarios caídos. III) Que se produce decisión en fecha 21 de agosto de 2012, según Providencia Administrativa Nº 070-2012-133, emanada de la Inspectoría del Trabajo en la ciudad de Valera estado Trujillo, en la que se declara con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos del expediente administrativo Nº 070-2012-01-00041. (IV) Señaló que con el mencionado procedimiento quedó demostrada la relación laboral y el derecho que le asiste al reenganche y pago de salarios caídos ante la negativa de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO, en cumplir con lo ordenado; con lo cual se viola su derecho y deber de trabajar para garantizar su sustento y el de su familia. (V) Solicitó la ejecución de la providencia administrativa cuyo desacato denuncia. (VII) Promovió prueba del expediente administrativo que contiene la Providencia Administrativa que ordenó su reenganche y pago de salarios caídos, así como de la Providencia Administrativa, que impone al patrono la sanción de multa por incumplimiento.

Por su parte, la accionada ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO, representada legalmente por el ciudadano TEMISTOCLES CABEZAS, en su condición de Alcalde del Municipio, no se hizo presente en la audiencia constitucional, ni por medio de dicha representación legal, asistida de Abogado, ni por medio de representante judicial alguno; a los fines de oponer defensa alguna frente a los hechos denunciados.

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: Durante la celebración de la audiencia constitucional, no obstante la incomparecencia de la parte accionada, fue oída la exposición de la parte actora, así como la opinión del Ministerio Público, mediante su representación construida por la Fiscal 16° del Misterio Público a Nivel Nacional con competencia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Abg. MARIO AQUINO PISANO, inscrito en el I.P.S.A. bajo el No. 42.470, quien manifestó que el Ministerio Publico comparece con la legitimación que le concede el articulo 285 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales y el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico. Dejó constancia de la incomparecencia de la parte presuntamente agraviante la cual producirá la aceptación de los hechos incriminados, tal como lo prevé el articulo 23 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales, con la sentencia de fecha 01-02-2000 de la Sala Constitucional, sobre la admisión de los hechos, no existiendo en tal caso la eminente violación al orden publico y visto como ha sido cumplido el procedimiento sancionador, es por lo que solicita se declare con lugar la presente acción de amparo, al cumplir la providencia administrativa con todos los requisitos establecidos en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 14 de diciembre de 2006, en el caso Guardianes Vigiman, para su ejecución por la vía del procedimiento de amparo constitucional; considerando que el incumplimiento a la providencia administrativa cuya ejecución se pretende violenta el derecho al trabajo, al salario y a la estabilidad laboral, previstos en los artículos 87, 91 y 93 del texto constitucional.

Concluida la exposición de la accionante y de la representación del Ministerio Público, intervino la Jueza de Juicio quien pronunció de forma inmediata el fallo oral, con una síntesis de sus motivaciones de hecho y de derecho, reduciendo a forma escrita sólo su parte dispositiva, cuyo texto íntegro se reproduce a continuación, de conformidad con el procedimiento pautado en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 01 de febrero de 2000, caso José Amando Mejía:

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL:
El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales atribuye el conocimiento de las acciones de amparo autónomas a los jueces de primera instancia con competencia en materia afín a los derechos que se denuncian como violados. En el presente caso, se denuncia la violación del derecho constitucional al trabajo y la estabilidad laboral, teniendo tal violación presuntamente su origen en el desacato a una providencia administrativa, emanada de la Inspectoría del Trabajo de Trujillo, estado Trujillo, lo que ubica el caso concreto en la esfera competencial de los tribunales laborales en virtud de la interpretación vinculante que hizo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del artículo 25.3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece una excepción a la regla general atributiva de competencia para el conocimiento de las pretensiones de nulidad que corresponden a los tribunales con competencia en materia contencioso administrativa, a saber: “Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la ley Orgánica del Trabajo. (Subrayado del tribunal); interpretación ésta contenida en decisión No. 955, de fecha 23 de septiembre de 2010, caso: Central La Pastora, C.A., en la que se confirma que el supuesto de excepción a que se refiere la citada norma está constituido por los Tribunales Laborales, agregando que estos Tribunales serán competentes para el conocimiento de todas las pretensiones que se planteen en relación a los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, lo que incluye a las pretensiones de amparo constitucional; criterio éste que además ha quedado confirmado en numerosos fallos posteriores de la misma Sala, tales como el No. 1272 de fecha 09/12/2010 y el No. 108 del 25/02/2011, entre otros.
Por otro lado, se observa que respecto a la ejecución de las decisiones administrativas, la Sala Constitucional en sentencia de fecha 14/12/2.006, caso: Guardianes Vigimán S.R.L., con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, ratificada por sentencia de la misma Sala de 13/08/2.008, caso: Universidad de Oriente, se estableció: ”… que las acciones de amparo constitucional intentadas para lograr el cumplimiento de los actos administrativos solo puede intentarse luego de fracasados los intentos del órgano emisor de dar cumplimiento a la providencia, siendo únicamente en éste caso cuando queda abierta la posibilidad de solicitar protección fundamental por violación de derechos constitucionales…”, criterio éste con carácter vinculante, de conformidad con lo dispuesto en el mandato constitucional establecido en el artículo 335 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

En este orden de ideas, de la interpretación concatenada de los artículos 26 y 27 del texto constitucional, que establecen la garantía de la idoneidad de la justicia y los principios que orientan el procedimiento de amparo constitucional, con la disposición contenida en el artículo 25, numeral “3” de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuya interpretación vinculante por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia atribuye competencia a los tribunales laborales para el conocimiento de todas las pretensiones relacionadas con las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, incluyendo las acciones de amparo por violación de derechos constitucionales del trabajo debida al desacato a tales providencias; es por lo que este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, teniendo por norte de sus actuaciones, la tutela efectiva de los derechos e intereses de los justiciables y al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, con la brevedad y la celeridad que debe orientarlo, especialmente al procedimiento de amparo por violación o amenaza de violación de derechos constitucionales, ratifica su competencia para conocer de la presente solicitud de amparo constitucional, de conformidad con las normas constitucionales y legales invocadas.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR:

La incomparecencia de la accionada a la audiencia constitucional, activa la aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por mandato expreso de la referida sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 01/02/2000, caso José Amando Mejía, donde se regula el procedimiento de amparo constitucional, que remite a la aplicación de la referida norma para los casos de incomparecencia de la accionada a la audiencia constitucional, lo que se traduce en que deben tenerse por admitidos los hechos denunciados; máxime cuando en materia de procedimiento de amparo constitucional por violación o amenaza de violación de derechos y garantías constitucionales, quedan excluidos los privilegios procesales, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 ejusdem.

En el orden indicado, por efecto de dicha admisión de los hechos denunciados en la solicitud, deben tenerse por ciertos, por además estar suficientemente acreditados en las actas procesales constituidas por copia certificada de las actuaciones llevadas por la autoridad administrativa del trabajo, los siguientes hechos: (I) Que en fecha 19/06/2008, ingresó a trabajar como FUNCIONARIO DE SEGURIDAD INTERNA, en la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO, la cual se encuentra ubicada en la Avenida 13 con calle 07 y 08, Palacio Municipal, frente a la Plaza Bolívar, Municipio Valera en el estado Trujillo; con una jornada de trabajo de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m.,hasta las 5:00 p.m., devengando como última remuneración mensual la cantidad de Bs. 1.548,22. (II) Que en fecha 09/01/2012, fue despedida injustificadamente por el ciudadano HÉCTOR PAREDES, en su condición de Jefe de la Unidad de Servicios Generales de la Alcaldía del Municipio Valera, Estado Trujillo, a través de un Oficio de fecha 29/12/11 emitido por la Lic. Yuleima Vergara Rodríguez en su condición de Directora encargada para el Talento Humano de la referida Alcaldía, por lo que consideró que fui despedida injustificadamente, pese a encontrarse amparada por inamovilidad; razón por la cual acudió a la Inspectoría del Trabajo con sede en la ciudad de Valera, el día 09/01/2012, para solicitar se diera inicio al procedimiento pautado en el artículo 445 de la Ley Orgánica del Trabajo, a fin de solicitar su reenganche y pago de salarios caídos. III) Que se produce decisión en fecha 21/08/2012 según Providencia Administrativa Nº 070-2012-133, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el estado Trujillo con sede en la ciudad de Valera, en la que se declara con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, la cual consignó marcada con la letra “A” y copia certificada del expediente administrativo Nº 070-2012-01-00041. (IV) Que con el mencionado procedimiento quedó demostrada la relación laboral y el derecho que le asiste al reenganche y pago de salarios caídos ante la negativa de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO, en cumplir con lo ordenado; con lo cual se viola su derecho y deber de trabajar para garantizar su sustento y el de su familia. (V) Que el día 30/11/2012, se produce Providencia Administrativa Nº 070-2012-134, expediente Nº 070-2012-06-00124, que se notificó en fecha 11 de diciembre de 2012, emitida por la Inspectoría de Trujillo con sede en Valera, estado Trujillo, donde se evidencia el procedimiento sancionador por el incumplimiento denunciado; todo lo cual, además de no haber sido negado y rechazado por la accionada en la audiencia constitucional, dada su incomparecencia, está suficientemente acreditado en las actas procesales derivadas del expediente administrativo sustanciado y decidido por la Inspectoría del Trabajo que contiene la providencia administrativa cuya ejecución se pretende por la vía del presente procedimiento de amparo constitucional.

Asimismo, observa este Tribunal que, de conformidad con el criterio vinculante Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14 de diciembre de 2006, caso: Guardianes Vigimán S.R.L., con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, ratificada por sentencia de la misma Sala de 13/08/2.008, caso: Universidad de Oriente, se estableció: “… que las acciones de amparo constitucional intentadas para lograr el cumplimiento de los actos administrativos solo puede intentarse luego de fracasados los intentos del órgano emisor de dar cumplimiento a la providencia, siendo únicamente en éste caso cuando queda abierta la posibilidad de solicitar protección fundamental por violación de derechos constitucionales…”.

En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya doctrina es vinculante para todos los Tribunales de la República, conforme a la disposición contenida en el artículo 335 del texto constitucional, en sentencia Nº 2308 de fecha 14 de diciembre de 2006, caso Guardianes Vigimán S.R.L, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán, ratificada en sentencia de la misma Sala en 13 de agosto de 2008, caso: Universidad de Oriente; retomó el criterio establecido en sentencia de fecha 02 de agosto de 2001, caso: Nicolás José Alcalá Ruiz, sobre la posibilidad de solicitar la ejecución de un acto administrativo laboral, como lo es la Providencia Administrativa cuyo desacato se denuncia en el presente asunto, siempre que se den las siguientes circunstancias: 1) Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto administrativo cuya ejecución se solicita o declarado su nulidad; 2) Que exista una abstención de la Administración en ejecutar su acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo; 3) Que exista violación a derechos constitucionales del trabajador beneficiado con el acto administrativo y 4) Que no sea evidenciable que la autoridad administrativa haya violentado alguna disposición constitucional. Tal posibilidad de ejecución ha sido ratificada en numerosos fallos de la misma Sala, entre otros en decisión de fecha 20 de mayo de 2005, caso: TAIMECA; así como en sentencias Nos. 3569, 65, 255 y 2516, de fechas 06/12/2005, 24/01/2007, 15/02/2007 y 19/12/2006, respectivamente.

Del contenido de las referidas decisiones se desprende que, para que prospere la acción de amparo constitucional para lograr la ejecución de las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, como la del caso de autos en la que se ordena el reenganche y pago de los salarios caídos de un trabajador amparado por inamovilidad laboral; se requiere, en primer lugar, la existencia del acto administrativo y su incumplimiento por parte de la obligada, ambos hechos éstos que se encuentran admitidos, por efecto de la incomparecencia de la querellada a la audiencia constitucional celebrada; en segundo lugar, que dicho acto administrativo no haya sido anulado u objeto de medida de suspensión de sus efectos, no habiéndose constatado en las actas procesales que sobre dicho acto administrativo pese medida alguna de suspensión de sus efectos, razón por la cual la misma conserva toda su fuerza ejecutiva; y, en tercer lugar, que a través del órgano emisor se hayan agotado y fracasado todos los intentos tendientes a lograr el cumplimiento del acto administrativo, hecho éste que también se encuentra admitido por efecto de la incomparecencia de la accionada y evidenciado en las actas relativas al procedimiento de multa que agotara ante el órgano administrativo la querellante de autos; al tiempo que la referida providencia administrativa se sustanció y decidió, cumpliendo su fase de ejecución en sede administrativa, bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo derogada, en cuyo procedimiento la autoridad administrativa del trabajo no contaba con los amplios poderes ejecutivos para hacer cumplir sus actos con los que cuenta con la vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Aunado a lo anterior, el desacato denunciado a la orden contenida en la providencia administrativa, cuya ejecución se pretende por esta vía del procedimiento de amparo constitucional, se traduce en violación directa del derecho constitucional al trabajo y a la estabilidad laboral del querellante de autos, consagrado con carácter irrenunciable en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; considerando quien decide que están llenos todos los extremos para que la presente acción de amparo constitucional deba prosperar en derecho, tal y como se establece en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.

DISPOSITIVA

Por las razones expuestas este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, actuando como tribunal constitucional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por la ciudadana MARÍA GRACIELA REINOSO DE RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.312.099 y domiciliada en el sector San Luís Barrio Rafael Caldera, carrera 2, casa Nº 58, Municipio Valera, Trujillo, estado Trujillo; representada judicialmente por el Abogado RUBÉN DARÍO RONDÓN GRATEROL, en su carácter de Procurador de Trabajadores, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 38.886; contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO, representada legalmente por el ciudadano Alcalde TEMISTOCLES CABEZAS. SEGUNDO: SE ORDENA a la querellada ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO, el CUMPLIMIENTO INMEDIATO de la Providencia Administrativa No. 070-2012-133 de fecha 21/08/2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo de Trujillo en la ciudad de Valera del estado Trujillo, mediante la cual se ordena el reenganche de la ciudadana MARÍA GRACIELA REINOSO DE RIVAS, titular de la cédula de identidad Nº 9.312.099 a sus labores habituales, en su cargo de FUNCIONARIA DE SEGURIDAD INTERNA que ocupaba antes de que fuera despedida de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALERA DEL ESTADO TRUJILLO; concediéndosele tres (03) días hábiles para el cumplimiento del presente mandamiento de amparo constitucional, contados a partir de la constancia en autos de la última de las notificaciones ordenadas en este dispositivo, que constituye el mandamiento de ejecución del presente fallo. TERCERO: De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena que el presente mandamiento sea acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. CUARTO: Se ordena la notificación de la presente decisión, mediante oficio, al Alcalde del Municipio Valera del estado Trujillo y al Síndico Procurador Municipal de la Alcaldía del Municipio Valera del estado Trujillo, a los cuales se acompañará copia certificada del fallo cuya dispositiva contiene el mandamiento de ejecución de la presente decisión, de inmediato y obligatorio cumplimiento por parte de la querellada. Se autoriza a la Secretaria del Tribunal para la expedición de las copias certificadas ordenadas, de conformidad con el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil.

Dado, firmado, sellado y publicado en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en Trujillo el diecinueve (19) de marzo del año dos mil trece (2013), siendo las 9:20 a.m. Año 202º de la Independencia y 154º de la Federación.

LA JUEZA DE JUICIO

ABG. THANIA OCQUE

LA SECRETARIA,

Abg. EGLEIDA RUIZ

En esta misma fecha, en la hora indicada, se publicó la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

Abg. EGLEIDA RUIZ