TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
Año 202º y 154º
ASUNTO NUEVO: 00144-12
ASUNTO ANTIGUO: AH1B-V-1999-000043.
DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
DEMANDANTE: BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A, BANCO UNIVERSAL, instituto Bancario domiciliado en la ciudad de Caracas, constituido originalmente por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en el Tercer Trimestre de mil ochocientos noventa (1890), bajo el N° 33, folio 36 Vto, del Libro Protocolo Duplicado, inscrito en el Registro de Comercio del Distrito Federal, el día dos de Septiembre de 1890, bajo el N° 56, modificados sus Estatutos Sociales en diversas oportunidades e incluidos en un solo texto, según consta en asiento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 15 de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), bajo el N° 42, Tomo 121-A Sgdo.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos MAX BUSTILLOS BERRIZBEITIA, STANISLAVO RICARDO KONOPNICKI y LUIS ALBERTO BUSTILLOS SANABRIA, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 18.186, 12.268 y 42.174 respectivamente.
DEMANDADO: Ciudadano ABUKAIR SALMAN EMAD, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Carúpano y titular de la cédula de identidad N° V-11.442.668.
DEFENSOR JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: EVELYN FUMERO, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 83.924.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.

- I -
Mediante Oficio N° 22365-12, de fecha 15 de febrero de 2012, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que procediera a su distribución, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 2011-0062 dictada el 30 de noviembre de 2011, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual se resolvió en el Artículo 1 atribuir competencia como Juzgado Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a este Juzgado Séptimo de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole a este Juzgado previo sorteo de Ley conocer del presente asunto (f.165).
En fecha 21 de marzo de 2012, este Tribunal dio entrada a esta causa y, ordenó hacer las anotaciones en los libros respectivos (f.166).
Por auto dictado en fecha 12 de Julio de 2012, La Juez conforme a lo establecido en el artículo 5 de dicha Resolución, se abocó de oficio al conocimiento de esta causa, ordenándose librar boleta de notificación a la parte actora y cartel de notificación a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, fue fijado en la cartelera de este Juzgado ejemplar del Cartel de notificación librado a la parte demandada en la presente causa. Asimismo se realizo la publicación del referido cartel en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, de igual manera se ordenó oficiar a Fogade y a la Procuraduría General de la República y asimismo se suspendió la presente causa por noventa días (f.167 al172).
En fecha 10 de enero del 2013, se dictó auto en el cual se ordenó agregar a los autos oficio proveniente de la Procuraduría General de la Republica (f. 173 y 174)
En fecha 17 de enero del 2013, se dictó auto a los fines de dar cumplimiento a la Resolución Nº 2012-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012, Emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó agregar al expediente, una copia del Cartel de Notificación librado en fecha 10 de diciembre del 2012, una copia del Cartel publicado en el Diario Ultimas Noticias el día 10 de enero del 2013, realizó su publicación en la pagina Web del Tribunal Supremo de Justicia, asimismo ordenó que el Secretario de este Tribunal dejara constancia de haberse cumplido con las formalidades señaladas, a los fines de proceder a dictar sentencia en esta causa (f.175 al 193)
Posteriormente, el secretario de este Juzgado dejó expresa constancia que se cumplieron con las formalidades de Ley.
Ahora bien examinadas como fueron las actas de este expediente, el Tribunal observa:
Se dio inicio al presente juicio mediante libelo de demanda presentado en fecha 22 de julio de 1999, por los ciudadanos, MAX BUSTILLOS BERRIZBEITIA, STANISLAVO RICARDO KONOPNICKI y LUIS ALBERTO BUSTILLOS SANABRIA, apoderados judiciales de el BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A, BANCO UNIVERSAL contra el ciudadano ABUKAIR SALMAN EMAD ambas partes ampliamente identificados en el encabezado de esta decisión (f.1 al 13).
Mediante auto de fecha 01 de diciembre de 1999, el Tribunal admitió la demanda y acordó en el mismo la intimación del demandado a los fines de que en un plazo de 10 días contados a partir de su intimación procediera al pago de las cantidades intimadas (f.15).
Auto complementario de fecha 17 de Enero de 2000, mediante el cual el Tribunal concede al demandado seis días como término de la distancia (f.19).
En fecha 15 de febrero de 2000, los apoderados judiciales de la parte actora, consignaron escrito de Reforma de la demanda (f. 22 al 25).
Mediante auto de fecha 28 de febrero de 2000, el Tribunal admitió la reforma a la demanda y acordó en el mismo la intimación del demandado a los fines de que en un plazo de 10 días contados a partir de su intimación mas seis días que se le conceden como termino de la distancia, procediera al pago de las cantidades intimadas (f.26 al 27).
En fecha 05 de mayo del 2000, compareció el alguacil de ese Juzgado para ese momento y dejó constancia que no pudo intimar a la parte demandada (f.33 al 49)
En fecha 02 de Agosto de 2000, el Tribunal acuerda la Intimación del demandado mediante Cartel de Intimación en la misma fecha se libro el Cartel (f.52 al 54).
Mediante auto de fecha 05 de octubre de 2000, el Tribunal comisionó al Juzgado de Municipio Bermúdez de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Carúpano a los fines de que proceda a fijar el Cartel de Intimación, por auto de fecha 22 de noviembre de ese mismo año, el Tribunal da por recibida la comisión con sus resultas (f57 al 74).
Mediante diligencia de fecha 10 de enero de 2001, la parte actora solicitó al Tribunal designara defensor judicial a la parte demandada, y mediante auto de fecha 31 de enero de 2001, el Tribunal acuerda lo solicitado y designó como defensora judicial de la parte demandada a la abogada EVELYN FUMERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 83.924 en la misma fecha se libró boleta de notificación (f. 78 al 81).
En fecha 12 de Febrero de 2001, el alguacil del Tribunal dejó constancia mediante diligencia en el cual le dio cumplimiento a la notificación de la defensora judicial (f.82).
En fecha 13 de febrero de 2001, compareció ante el Tribunal la defensora Judicial de la parte demandada y mediante diligencia dio aceptación al cargo (f.84).
En fecha 13 de marzo del 2001, se dictó auto en el cual se ordenó librar boleta de intimación a la defensora judicial de la parte demandada (f.86 y 87)
En fecha 20 de abril de 2001, compareció la defensora judicial de la parte demandada y consignó escrito de oposición a la intimación (f.90).
En fecha 04 de mayo de 2001, compareció la defensora judicial de la parte demandada y consignó escrito de contestación a la demanda (f.93).
En fecha 30 de mayo de 2001, la representación actora consignó escrito de promoción de pruebas (f.95).
Mediante auto de fecha 08 de junio de 2001, el Tribunal vista las pruebas promovidas por la parte actora acuerda agregarlas a los autos.(f96 al 135).
Mediante auto de fecha 25 de junio de 2001, el Tribunal admitió las pruebas promovidas por la parte actora (f.136).
En fecha 03 de diciembre de 2001, los apoderados judiciales de la parte actora consignaron escrito de informes (f.143 al 151).
Por auto de fecha 21 de febrero de 2003, la Juez Titular FRANCIS CELTA ALFARO, SE Avoco al conocimiento de la causa y ordena la notificación de la parte demandada (f.153 al 153).
Por diligencia de fecha 21 de mayo de 2004, la defensora judicial de la parte demandada se dio por notificada del avocamiento de fecha 21 de febrero de 2003 (f.157).
Mediante auto de fecha 21 de abril de 2006, La Juez ELIZABETH BRETO GONZÁLEZ se Avoco al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de la parte demandada (f.159).
Diligencia de fecha 17 de julio de 2006, mediante la cual la parte actora solicitó se dictara sentencia previa notificación de la parte demandada del Avocamiento y asimismo por auto de esa misma fecha, se ordenó la notificación de la Defensora Judicial del avocamiento del Juez Suplente al conocimiento de la causa, en la misma fecha se libro Boleta de Notificación (f.161 al 163).
En fecha 21 de marzo de 2012, este Tribunal dio entrada a esta causa y, ordenó hacer las anotaciones en los libros respectivos (f.166).
Por auto dictado en fecha 12 de Julio de 2012, La Juez conforme a lo establecido en el artículo 5 de dicha Resolución, se abocó de oficio al conocimiento de esta causa, ordenándose librar boleta de notificación a la parte actora y cartel de notificación a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en los artículos 90, 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, fue fijado en la cartelera de este Juzgado ejemplar del Cartel de notificación librado a la parte demandada en la presente causa. Asimismo se realizo la publicación del referido cartel en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, de igual manera se ordenó oficiar a Fogade y a la Procuraduría General de la República y asimismo se suspendió la presente causa por noventa días (f.167 al172).
En fecha 10 de enero del 2013, se dictó auto en el cual se ordenó agregar a los autos oficio proveniente de la Procuraduría General de la Republica (f. 173 y 174)
En fecha 17 de enero del 2013, se dictó auto a los fines de dar cumplimiento a la Resolución Nº 2012-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012, Emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó agregar al expediente, una copia del Cartel de Notificación librado en fecha 10 de diciembre del 2012, una copia del Cartel publicado en el Diario Ultimas Noticias el día 10 de enero del 2013, realizó su publicación en la pagina Web del Tribunal Supremo de Justicia, asimismo ordenó que el Secretario de este Tribunal dejara constancia de haberse cumplido con las formalidades señaladas, a los fines de proceder a dictar sentencia en esta causa (f.175 al 193)
Posteriormente, el secretario de este Juzgado dejó expresa constancia que se cumplieron con las formalidades de Ley.
- II -
DEL DECAIMIENTO DE LA ACCION:
La Acción, como derecho, facultad o poder reconocido Constitucionalmente, deviene en el interés del ciudadano de instar al Órgano Jurisdiccional, a los fines de ver la tutela de su derecho, es decir, que se le administre justicia. Este derecho, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se concreta con la proposición de la demanda y, la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso.
Ello así, dicho pedimento o llamamiento se efectúa con el fin que aquél atienda la pretensión, para ver materializada la satisfacción de lo que se pide, independientemente de sí se otorgue o no lo pedido, lo importante es garantizar por parte del Estado (Órgano Jurisdiccional) tal derecho.
El Tratadista Francisco Cornejo Certucha, al analizar la noción de interés considera que está “estrechamente vinculada con los fines del derecho una de las funciones primordiales del derecho es la de proteger los intereses que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales. Por esta razón, el contenido de las normas jurídicas se integra por facultades y derechos concedidos a las personas que representan estos intereses; de esta manera se tutelan las aspiraciones legítimas de los miembros de una comunidad”. (Interés Jurídico, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa-UNAM, México, 2001).
Por otra parte, el Dr. Román J. Duque Corredor, en su libro “Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario” sostiene que: “Ciertamente que en este aspecto el Código de Procedimiento Civil no sólo modernizó el concepto de interés procesal, sino que recogió lo que había admitido la jurisprudencia, de que dicho interés no solo puede ser actual sino incluso una mera declaración de la existencia de un derecho o de una relación jurídica, con la cual ya recibieron las acciones mero-declarativas su partida de nacimiento legal”…”la única limitación es que estas acciones son inadmisibles cuando el actor puede obtener la satisfacción completa de sus intereses mediante una acción diferente”. En otras palabras, que las acciones mero declarativas o de declaración de certeza son supletorias ….en este sentido la Casación Civil había advertido sobre la naturaleza sucedánea y no principal de la acción declarativa, cuando advertía: “…al Juez corresponderá impedir en la practica que la institución (las acciones declarativas), de lugar a acciones ligeras e infundadas y que al pretender transformar la sentencia en un sucedáneo de la prueba escrita, se incurra en consecuencias tales como en las que en la practica se admita la acción para todos los casos faltos de pruebas o de incertidumbre artificiosamente creada…”. (Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario Tomo I, Ediciones Fundación Pro justicia, Colección Manuales de Derecho, Caracas 2000, Págs. 77 y 78).
Así “(…) el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la administración de justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño i injusto, personal o colectivo”. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 686 del 2 de abril de 2002, Caso: MT1 (Arv) Carlos José Moncada).
En virtud de ello, se deduce que es indiscutible que ambas partes mantengan el interés en que se les sentencie; el actor para ver satisfecha su pretensión presentada con la demanda y, la accionada, a los fines de que se declare no tener ninguna obligación con la que ha instado al Órgano Jurisdiccional. Por ello, cuando ninguna de las dos actúa, incluso cuando ni siquiera lo hacen quienes sean llamados al procedimiento como interesados, tal omisión o falta de hacer, denota que no quieren que se les sentencie -El Derecho de obtener con prontitud la decisión debe ejercerse y exigirse- por lo cual no ACCIONAN al Órgano Jurisdiccional para este fin, -NO PIDEN QUE LA CAUSA SE DECIDA-. (Negrillas de este Juzgado).
Así las cosas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia N° 788, de fecha 04 de mayo de 2004, expresó lo que sigue:
“...El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño justo, personal o colectivo. Tal interés ha de manifestarse en la demanda o SOLICITUD y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la comprobación de esta falta de interés, ella puede declarase de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si el interés no existe. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 256 de fecha 01/06/01, Caso FRAN VALERO GONZALEZ Y MILENA PORTILLO; y Sentencia Nº 686, de fecha 02/04/2002. Caso: CARLOS JOSÉ MONCADA entre otros).” (Subrayado de este Juzgado).
Con relación a la llamada teoría del “decaimiento de la acción”, es preciso señalar lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia N° 956, del 01 de junio de 2001, recaída en el (Caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero), Expediente N° 00-149, en la cual se estableció lo siguiente:
“(…) es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendiendo este como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
En ambos casos, la función Jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida de interés procesal, (…) y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscriben al procedimiento.
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala – la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida tal del impulso procesal que le corresponde.
(Omissis)
No estableció ni la constitución ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta sala del 28 de Julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial…”
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales:
1.- Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el Juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al Juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
2.- La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como el caso de marras. Tal parálisis conforme a los principios generales de las instituciones, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de la prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que declara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. (…)”. Entre otros, fallos (Vid. Sentencia de la referida Sala N° 2673 del 14 de diciembre de 2001, Caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., SC. Expediente Nº 08-1569, 29 de marzo de 2012. Caso: FEDECÁMARAS vs. CONINDUSTRIAS). (Negrillas y subrayado de este Juzgado).

El Juez como director del proceso, sí bien es cierto, tiene el deber de impulsar de oficio el procedimiento hasta su conclusión, excepto cuando esté suspendido por algún motivo legal, debe a los fines de cumplir con los principios constitucionales de economía procesal y celeridad procesal analizar el caso, a los fines que se descongestione el aparato jurisdiccional, sobre todo cuando de las actas procesales se desprende a todas luces una falta de interés de las partes; que evidencia que la causa ha tenido una suerte de sueño eterno, porque éstas con su inactividad así lo han demostrado, razón por la cual resultará imperioso castigar tal comportamiento mediante el decaimiento de la acción. (Negrillas y subrayado de este Juzgado). ASI SE SEÑALA.
En virtud de las consideraciones expuestas y, por haber transcurrido un lapso suficiente sin que las partes hasta la presente fecha, ni por sí ni por medio de apoderado, previa notificación del Abocamiento del nuevo Juez en esta causa y, de la solicitud por parte de este Administrador de Justicia, de que manifestarán su interés en el procedimiento sin que lo hicieran “(…) demuestra que no existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado. El interés que manifestó la parte demandante cuando acudió a los órganos del Estado, el cual debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma”. Por ello, esta Juzgadora, acogiendo los criterios jurisprudenciales reiterados por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, relativo al decaimiento de la acción, cuando se trata de falta de interés procesal, siendo éste uno de los caracteres principales para la procedencia y continuidad de la pretensión, pues el mismo es un medio restablecedor de situaciones jurídicas infringidas, relacionadas directamente con el goce y ejercicio de derechos y garantías constitucionales, como así lo prevé nuestra Carta Magna, considera, que en el caso de autos, ha cesado la amenaza, situación jurídica o interés en la pretensión denunciada, sin que la parte actora haya considerado mantener el interés en ésta, ni la accionada tampoco. ASÍ SE ESTABLECE.
Ahora bien, en virtud de haber transcurrido mas de seis (06) años desde el momento en que diligencio por ultima vez la parte actora, hasta la presente fecha, sin que demostrara interés procesal alguno en dicha causa, esta juzgadora, acogiendo el criterio jurisprudencial reiterado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, Sala Constitucional y La Sala de Casación Civil, relativo al decaimiento de la acción cuando se trata de falta de interés procesal, siendo este uno de los caracteres principales para la procedencia y continuidad de la pretensión, pues el mismo es un medio restablecedor de situaciones jurídicas infringidas, relacionadas directamente con el goce y ejercicio de derechos y garantías constitucionales, considera que en el caso de autos, ha cesado la amenaza, situación jurídica, o interés en la pretensión denunciada, en virtud de encontrarse la causa sin actividad de las partes por mas de seis (06) años. ASI ESTABLECE.
En atención a lo expuesto, esta juzgadora observa, que lo procedente es declarar el abandono del trámite correspondiente a la demanda por COBRO DE BOLIVARES (Intimación), en consecuencia la terminación del procedimiento, lo que evidentemente, implica el decaimiento de la acción en esta instancia y, así se establecerá en el dispositivo de esta decisión. ASI SE DECLARA.
-III-
DISPOSITIVA
Atendiendo a los razonamientos expresados, este JUZGADO SÉPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de La Ley, declara que en virtud de las consideraciones expuestas y de que esta causa se encuentra comprendida en los presupuestos de la Resolución N° 2011-0062, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de noviembre de 2011, DECLARA: PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA ACCION POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES incoara BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A, BANCO UNIVERSAL, contra el ciudadano ABUKAIR SALMAN EMAD, ambas partes identificada en autos. SEGUNDO: Por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SÉPTIMO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en la ciudad de Caracas, el 05 de marzo de 2013. Años: 202° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZ TITULAR,

MILENA MÁRQUEZ CAICAGUARE
EL SECRETARIO TITULAR,

YORMAN J PEREZ M

En la misma fecha, siendo las 12:00 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la decisión anterior, dejándose copia certificada de la misma en el copiador respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO TITULAR

YORMAN J PEREZ M

Exp. Nro.: 00144-12.
Exp. Antiguo: AH1B-V-1999-000043.
MMG/YJPM/9.-