REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, once de marzo de dos mil trece
202º y 154º

ASUNTO: KP02-M-2012-000085

PARTE ACTORA: CARLOS EDUARDO URDANETA, mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 13.034.225.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: CARLOS EDUARDO OVALLES COMBITA, Inpreabogado Nº 104.085.

PARTE DEMANDADA: OSWALDO JOSE AGELVIS REYNALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 6.316.567; y solidariamente contra la empresa O.J.A. PUBLICIDAD, C.A. debidamente protocolizada ante el registro Mercantil Primero de Barquisimeto, Estado Lara, en fecha 12/08/2010, bajo el Nº 17, Tomo 61-A, Expediente Nº 364-5793.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. PERENCIÓN BREVE EN JUICIO DE COBRO DE BOLIVARES (vía intimatoria).

Se inició en fecha 13/03/2012 el presente juicio de COBRO DE BOLÍVARES (Vía Intimatoria), intentado por el ciudadano CARLOS EDUARDO URDANETA, mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 13.034.225, contra el ciudadano OSWALDO JOSE AGELVIS REYNALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 6.316.567; y solidariamente contra la empresa O.J.A. PUBLICIDAD, C.A. debidamente protocolizada ante el Registro Mercantil Primero de Barquisimeto, Estado Lara, en fecha 12/08/2010, bajo el Nº 17, Tomo 61-A, Expediente Nº 364-5793. En fecha 22/03/2012 el Tribunal dictó auto admitiendo la presente demanda (f. 14). En fecha 23/03/2012 el actor otorgó poder apud-acta al abogado CARLOS EDUARDO OVALLES COMBITA, Inpreabogado Nº 104.085 (f. 16). En fecha 27/03/2012 la parte actora solicitó se decretara medida de embargo (f. 17). En fecha 12/04/2012 el Tribunal dictó auto advirtiendo que debía diligencia sobre la medida en el cuaderno signado con el Nº KH02-X-2012-26 (f. 18). En fecha 17/07/2012 la parte actora solicitó se identificara a los demandados (f. 19). En fecha 25/07/2012 se dictó auto subsanado el auto de admisión (f. 20). En fecha 20/09/2012 la parte actora consignó copia del libelo para las boletas de intimación y haber entregado los emolumentos al alguacil (f. 21). En fecha 27/09/2012 se libraron las boletas de intimación (f. vto 21). En fecha 11/03/2013 el Alguacil diligenció señalando que no le habían sido entregado los emolumentos para practicar la intimación (f. 26).
De lo antes expuesto este Tribunal trae a colación lo siguiente.

El artículo 267 en su ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil establece:
SIC: “… (omisis), También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.”

La norma transcrita consagra la perención breve o especial, que extingue el proceso, ya no por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, luego de ser admitida la demanda. Por lo tanto, la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal, hacen verificar de pleno derecho esta figura.
La perención requiere de la concurrencia de tres elementos o condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el lapso de treinta días.
En efecto, es menester traer a colación sentencia dictada por el Magistrado Carlos Oberto Veliz de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 6 de Julio del 2004 entre otras cosas, establece lo siguiente:

“…Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación o mas de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones independientemente de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta ( la gratuidad) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario. El estado está facultado para establecer exenciones o exoneraciones tributarias, pero no para obligar a los particulares (transportistas, hoteleros o prestadores de servicio de manutención etc.) a soportar la gratuidad de los juicios. De manera, pues que tales sumas de dinero para pagar transporte, hospedaje o manutención no responden a la definición de ingreso público ni de tributo a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial, ni al de renta ordinaria previsto en el ordinal 4° del artículo 42 de la ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía de consecuencia, no vulnera la gratuidad de la justicia consagrada en el vigente texto Constitucional.

Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estrictas y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando está haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigió en la Ley a los fines de realizar las diligencia pertinentes a la consecución de la citación.

La jurisprudencia nacional señala que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entrañan una renuncia a continuar la instancia. Y así se decide.

Así mismo el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece.” La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267 es apelable Libremente”.

Las obligaciones han quedado determinadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en la Jurisprudencia citada. De allí se tiene que a partir del auto de admisión de la reforma de la demanda, el actor tiene la obligación de cumplir las actividades y obligaciones que le impone la ley, para que fuese practicada la intimación de la parte demandada, cuales son las de cancelar los emolumentos previstos en la Ley de Arancel Judicial (hoy derogada por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y posteriormente aquellos pagos que impliquen la forma de emplazamiento que hayan de producirse, sanción que procede de pleno derecho por omisión en la falta de gestión procesal por parte del demandante para la citación o intimación en forma personal del demandado.

De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se pudo observar que desde el auto de admisión de la demanda en fecha 22/03/2012, la parte demandante consigno el 20/09/2012 las copias del libelo de demanda a los efectos que fuera librada las boletas de intimación (folio 21) y señaló que entregó los emolumentos al Alguacil para el traslado y práctica de la citación de la parte demandada, sin embargo en fecha 11/03/2013 el Alguacil diligenció indicando que no le habían sido entregados los emolumentos para practicar la intimación del demandado. Por lo que observa esta juzgadora que entre el auto de admisión de la demanda y la consignación de las copias de libelo transcurrieron con creces más de los 30 días establecidos por el legislador para que opere la perención breve, requisito indispensable para practicar la citación del demandado cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal.

En virtud de todo lo antes expuesto, este Tribunal declara de oficio la perención de la instancia en el presente caso y así se decide.
DECISIÓN

En virtud de las anteriores consideraciones este Juzgado, de conformidad con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente juicio de COBRO DE BOLÍVARES (Vía Intimatoria), intentado por el ciudadano CARLOS EDUARDO URDANETA, contra el ciudadano OSWALDO JOSE AGELVIS REYNALES y solidariamente contra la empresa O.J.A. PUBLICIDAD, C.A., todos identificados suficientemente en autos. Se suspende la medida decretada en fecha 16/04/2012.
Se ordena notificar a la parte actora.
No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE. DÉJESE COPIA CERTIFICADA de la presente decisión de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara. En Barquisimeto a los once del mes de marzo de dos mil trece. AÑOS: 202º y 154º.
La Juez


Mariluz Josefina Perez
La Secretaria


Eliana Gisela Hernández Silva
En la misma fecha se publicó siendo las 10.00 a.m., y se dejo copia de la sentencia Nº 15.
La Secretaria
MJP/maria elisa