TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PENAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL EN FUNCIONES QUINTO DE CONTROL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
202º y 153º
Barquisimeto, 03 de Mayo de 2013

ASUNTO: KP01-P-2013-006089
Corresponde a este juzgador pasar a abocarse, y a pronunciarse respecto a solicitud que hace la Fiscalia SEGUNDA del Ministerio Publico del Estado Lara, en escrito presentado en fecha 30 de abril de 2013, en el cual expone: en vista de la denuncia formulada por el ciudadano RAMON OSWALDO TERAN PEREZ titular de la cedula de identidad Nº (representante de la asociación civil Provivienda Socialismo siglo XXI) quien denuncio que unos ciudadanos ajenos a esa asociación civil se encuentra construyendo ranchos no permitiendo el acceso al terreno el cual se encuentra ubicado en la calle 6 con autopista Florencio Jimenez carrera 1 de Santa Isabel, por lo que solicita que sedan desalojadas esas personas en virtud de que el referido terreno se esta enmarcando un proyecto de la Gran Misión Vivienda por el Gobierno del estado Lara para lo cual consigno documentos que lo acreditan como tal, en el transcurso de la investigación se determino que los ciudadanos MERY ALVAREZ MEDINA titular de la cedula de identidad Nº, YARI COLMENAREZ titular de la cedula de identidad Nº, DELIMAR JUAREZ titular de la cedula de identidad Nº, YANET LINAREZ titular de la cedula de identidad Nº, ELIA CASTILLO titular de la cedula de identidad Nº, NATIVIDAD BRITO titular de la cedula de identidad Nº, DIREGLIS SANCHEZ titular de la cedula de identidad Nº, SULEIDA MENDOZA titular de la cedula de identidad Nº, ELMA RAMIREZ titular de la cedula de identidad Nº, INEILYS DIAZ titular de la cedula de identidad Nº, CARLOS YEPEZ titular de la cedula de identidad Nº, YUSELI DURAN titular de la cedula de identidad Nº, TOMASA ALVARADO titular de la cedula de identidad Nº, MARIBEL MENDOZA titular de la cedula de identidad Nº, IRMA YANEZ titular de la cedula de identidad Nº, YOLDARI ALVARADO titular de la cedula de identidad Nº, MARLENE PRINCIPAL titular de la cedula de identidad Nº, ENMA MARIN titular de la cedula de identidad Nº, DELIA DURAN titular de la cedula de identidad Nº, MIRTHA PEREZ titular de la cedula de identidad Nº, XIOMARA DURAN titular de la cedula de identidad Nº, ANTBAR ANGULO titular de la cedula de identidad Nº, YELITSA RIVERO titular de la cedula de identidad Nº, ANDREINA DEL CARMEN PINTO titular de la cedula de identidad Nº, MARIA ALEJANDRA VISCAYA titular de la cedula de identidad Nº, MARIA SUAREZ titular de la cedula de identidad Nº, NATALY CHIRINOS titular de la cedula de identidad Nº, YRLYUSKA JIMENEZ titular de la cedula de identidad Nº, PAOLA BARRAGAN titular de la cedula de identidad Nº, y otras personas mas que se negaron a ser identificadas, Es por lo que En vista de los hechos antes expuestos esta Representación Fiscal solicita SE ACUERDE CON LUGAR LA MEDIDA CUATELAR INNOMINADA, consistente en la desocupación o desalojo del terreno ubicado en la calle 6 con autopista Florencio Jimenez carrera 1 de Santa Isabel del Estado Lara, a fin de dejarlo libre de personas u objetos y poner en posesión del identificado terreno a su legitimo propietario el ciudadano RAMON OSWALDO TERAN PEREZ titular de la cedula de identidad Nº (representante de la asociación civil Provivienda Socialismo siglo XXI).

De lo antes expuesto se concluye que el Ministerio Público pretende se decrete una medida cautelar innominada, y al respecto se observa:
Que las diferentes Medidas Cautelares Reales Preventivas que pueden ser dictadas durante el curso de un proceso penal, son las previstas en el Código de Procedimiento Civil, por la remisión expresa que a sus disposiciones hace el Artículo 550 del Código Orgánico Procesal Penal, y que están: las nominadas en el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil y las innominadas en el Parágrafo Primero del mismo articulo 588 eiusdem, lo cual implica la previa verificación, para ser acordado, del y del , característicos de las medidas cautelares reales nominadas, y, además, del en el caso de las innonimadas.
Su función principal o inmediata es netamente cautelar, dado que están destinadas a asegurar dichos e instrumentos, a través de su ocupación (“civil”), para garantizar, en su momento, el resarcimiento del daño causado por el delito y el cumplimiento del fallo en lo que concierne a la pena no corporal del “comiso” y subsiguiente confiscación, de manera que a la función de reparación se le adiciona como función la de evitar la libre disponibilidad de una cosa que se relacione con el delito y pueda agravar o prorrogar sus consecuencias, esto es, impedir la consolidación del daño sufrido por la victima.
Ahora bien en el presente caso, el Ministerio Público solicita se dicte una medida innominada, consistente en la DESOCUPACION o el DESALOJO, del terreno.

Las Medidas Cautelares Reales Preventivas, prevista en el Código de Procedimiento Civil, que pueden ser dictadas durante el curso de un proceso penal, por la remisión expresa que a sus disposiciones hace el Artículo 550 del Código Orgánico Procesal Penal, se dictan desde el inicio del proceso, “Inaudita Alteran Parts” hasta el momento mismo del comienzo de la ejecución de la sentencia, siendo la finalidad de tal medida cautelar la de suspender el “Ius Abutenti”.
Con relación a la medida cautelar innominada incoada, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil señala:
"Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama".

En cuanto al Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Articulo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión”.

Observa este Tribunal, de conformidad con la norma citada que la procedencia de las medidas cautelares nominadas, dispuestas en el Código de Procedimiento Civil, se encuentran sometidas al cumplimiento de dos requisitos fundamentales, a saber: el peligro de que los efectos del acto impugnado sean irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva (periculum in mora) y la prueba del derecho que se alega (fitmus bonis juris), requisitos que indefectiblemente, deben constar en autos como consecuencia de la actividad alegatoria y probatoria de las partes. Así mismo la medida cautelar innominada requiere como requisito adicional de procedencia que se verifique el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, lo que la doctrina ha calificado como peligro de daño inminente, inmediato y además dentro del proceso.
Congruente con los requisitos exigidos para decretar la cautela solicitada, en el presente caso el Fiscal del Ministerio Público, acredita que ocurrió la comisión de un hecho punible, como lo es el DELITO DE INVASIÓN, previsto y sancionado en el artículo 471-A del Código Penal.

Por otra parte a tenor de dispuesto en el Artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que obliga al Estado a garantizar a toda persona victima de delito, la reparación de los daños causados.
Y siendo que, en el Inmueble invadido, se pudieran realizar actos de disposición que dejaría ilusoria la ejecución del fallo y que por máximas de experiencia, podría constituir un objeto pasivo del delito, esto es, los que se obtienen directa o indirectamente por la comisión del delito, o con ocasión de ello, valga decir producto del hecho punible o provecho de el; resulta legalmente procedente la medida. Así se decide.

DISPOSITIVA
Por todas las razones expuestas, este Tribunal QUINTO de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el 550 del Código Orgánico Procesal Penal, por estar satisfecho los requisitos a que alude el artículo 585 y Parágrafo Primero del articulo 588 del Código de Procedimiento Civil, emite el siguiente pronunciamiento. PRIMERO: DECLARA CON LUGAR LA PETICION DE LA FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO y se DECRETA la medida cautelar preventiva innominada de DESOCUPACION o el DESALOJO, de los ocupantes del terreno ubicado la calle 6 con autopista Florencio Jimenez carrera 1 de Santa Isabel del Estado Lara, propiedad del ciudadano RAMON OSWALDO TERAN PEREZ titular de la cedula de identidad Nº (representante de la asociación civil Provivienda Socialismo siglo XXI). SEGUNDO: Se Ordena Oficiara a la Policía Nacional a los fines que preste la colaboración necesaria para realizar el acto de DESOCUPACION o el DESALOJO, de los ocupantes del terreno ubicado en la calle 6 con autopista Florencio Jimenez carrera 1 de Santa Isabel del Estado Lara, propiedad del ciudadano RAMON OSWALDO TERAN PEREZ titular de la cedula de identidad Nº (representante de la asociación civil Provivienda Socialismo siglo XXI). TERCERO: Se Ordena Oficiar al Consejo de Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Iribarren, a los fines que se provean las medidas de abrigo u otras que ese ente dentro de su competencia dicte para asegurar los derechos de los niños y adolescentes, (de ser el caso que los mismos ocupen el inmueble), en virtud del acto de DESOCUPACION o el DESALOJO, de los ocupantes del terreno ubicado en la calle 6 con autopista Florencio Jimenez carrera 1 de Santa Isabel del Estado Lara, propiedad del ciudadano RAMON OSWALDO TERAN PEREZ titular de la cedula de identidad Nº (representante de la asociación civil Provivienda Socialismo siglo XXI), que realizara la Policía Nacional del Estado Lara.
Regístrese. Publíquese. Notifíquese.

EL JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL EN FUNCIONES QUINTO DE CONTROL

OSWALDO JOSE GONZALEZ ARAQUE
LA SECRETARIA