TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, viernes, veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014).
204º y 155º
ASUNTO: KP02-R-2014-000245

PARTE DEMANDANTE: LUÍS ALCIDES BETANCOURT URIBE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-4.469.097.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: JOSÉ RAFAEL CERESINI, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 92.452.

PARTE DEMANDADA: (1) NOVA GRILL, C.A. sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, de fecha 20 de septiembre de 2010, bajo el N° 35, Tomo 88-A, (2) EMANUEL BRAZAO MENDONCA DIOGO, portugués, titular de la cédula de identidad E-81.467.552 y (3) JIM ALEXIS RINCONES CORDERO, venezolano, titular de la cédula de identidad V-11.426.492.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: (1) NOVA GRILL, C.A.: CRISTOBAL RONDÓN, FREDDY RONDÓN OLIVARES y GABRIELA MARTÍNEZ ALARCÓN, abogados, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 15.267, 76.095 y 177.146 respectivamente.

MOTIVO: Incomparecencia de la parte actora.

SENTENCIA: Interlocutoria.
RECORRIDO DEL PROCESO

La presente causa sube a esta alzada por recurso de apelación interpuesto por la parte actora en la presente causa, contra la decisión de fecha 26/02/2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta circunscripción judicial.

El 13/03/2014, se oyó la apelación en ambos efectos.

En fecha 08/04/2014, el asunto es recibido por este juzgado fijándose para el día 15/04/2014 a las 11:00 a.m. la celebración de la audiencia de apelación.

Siendo ésta la oportunidad procesal correspondiente, este juzgado procede a pronunciarse en los siguientes términos:

ALEGATOS DE LAS PARTES EN LA AUDIENCIA

DE LA PARTE ACTORA RECURRENTE

Narró el represente judicial de la parte actora, que el día pautado para la celebración de la audiencia preliminar al momento de salir de su residencia se dio cuenta que la salida estaba obstaculizada por una manifestación pública conocida como “guariba”, razón por la cual explica que tuvo que buscar una salida alternativa, procediendo a saltar la cerca que limita el urbanismo donde reside cayendo al suelo de manera brusca, lo que a su decir, le ocasionó un fuerte dolor en la espalda ameritando atención medica por lo que acudió manera inmediata al Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda”. En dicho centro asistencial, le fue diagnosticado “Contractura Lumbar”.

Para demostrar sus dichos, consignó constancia constante de un (01) folio útil.
Peticiona que se interprete este hecho como una causa fortuita y se aplique el principio de flexibilidad adoptado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a las consecuencias por incomparecencia a las audiencias preliminares.

DE LA PARTE DEMANDADA

Alegó el representante judicial de la demandada NOVA GRILL, C.A., que su domicilio se encuentra en la Avenida Lara de esta ciudad, no obstante a las manifestaciones públicas cumplió con su obligación de presentarse al acto programado en la presente causa.

Señaló que no conoce el documento presentado por su contraparte por no haber tenido acceso al expediente, ya que el mismo se encontraba en la secretaría del tribunal.

Realizó una distinción entre el valor probatorio del documento privado y el documento público, luego de ello explicó que deja en manos del tribunal que estime si proceden los supuestos de flexibilización para aplicar las consecuencias de ley en caso de incomparecencia justificada.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ARGUMENTACIÓN

Así las cosas, esta alzada considera oportuno señalar lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual reza:

“Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar se considerará desistido el procedimiento, terminando el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha. Contra esta decisión, el demandante podrá apelar a dos (2) efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Parágrafo Primero: El desistimiento del procedimiento solamente extingue la instancia, pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos.

Parágrafo Segundo: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente, el Tribunal Superior del Trabajo decidirá oral e inmediatamente la apelación, previa audiencia de parte, pudiendo ordenar la realización de una nueva audiencia preliminar, cuando a su juicio existieren fundados y justificados motivos o razones de la incomparecencia del demandante por caso fortuito o fuerza mayor plenamente comprobables, a criterio del Tribunal. La decisión se reducirá a forma escrita y contra la misma será admisible el recurso de casación, si alcanzare la cuantía a que se refiere el artículo 167 de esta Ley y se intentare dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha decisión.

Parágrafo Tercero: Si el recurrente no compareciere a la audiencia fijada para resolver la apelación, se considerará desistido el recurso de casación y se condenará al apelante en las costas del recurso.”

Dado el contenido de la norma citada, se hace necesario el estudio de lo que debe entenderse por caso fortuito o fuerza mayor, y en tal sentido, la doctrina ha expresado que el caso fortuito es aquel que proviene de accidentes naturales o es ajeno a la voluntad humana, y por fuerza mayor se entiende aquel acontecimiento irresistible que ni el padre de familia más prudente puede evitar.

Al respecto, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2004, en el caso seguido por Arnaldo Salazar Otamendi contra Publicidad Vepaco, C.A., estableció la flexibilización de los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor a los efectos de la incomparecencia de las partes, y en tal sentido expresó:

“Toda causa, hecho, obstáculo o circunstancia no imputable que limite o impida el cumplimiento de la obligación, debe necesariamente probarse.

Tal condición limitativa o impeditiva debe resultar de orden práctico.

Asimismo, tal imposibilidad plena en ejecutar la obligación necesariamente debe instaurarse como sobrevenida, es decir, que se consolida o materializa con posterioridad a contraerse legítimamente la obligación.

De otra parte, la causa externa (no imputable) generadora del incumplimiento no puede resultar previsible y aun desarrollándose en imprevisible, la misma debe ser inevitable a saber, no subsanable por el obligado.

Igualmente y de manera conclusiva, debe especificarse que la causa del incumplimiento no puede responder a una actitud volitiva, consciente del obligado (dolo o intencionalidad).”

Reseñado lo anterior, pasa este tribunal a pronunciarse en relación al documento consignado por la parte actora en la audiencia de apelación. En este sentido, en cuanto a los documentos públicos administrativos, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 0782, de fecha 19 de mayo del año 2009 (caso: Benito José Delgado Bencomo Vs. Schlumberger Venezuela, S.A), indicó:

“De los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos, se deduce que los documentos administrativos conforman una tercera categoría dentro del género de las pruebas documentales, pues no pueden asimilarse plenamente a los documentos públicos a tenor de lo dispuesto en el artículo 1357 del Código Civil (documento público negocial) y mucho menos a los instrumentos privados, otorgándole entonces la doctrina civilista la categoría o el nombre de “documentos públicos administrativos”, por conservar éstos de todos modos el mismo efecto probatorio de los documentos públicos, en razón de que emanan de funcionarios que cumplen atribuciones que le han sido conferidas por la Ley; empero, la prueba que se deriva de tales instrumentos administrativos no es absoluta o plena, porque el interesado puede impugnarla, y en consecuencia, desvirtuarla en el proceso, mediante la utilización de las pruebas legales que estime pertinentes, es decir, están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, y por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario.
Consecuente con lo anteriormente expuesto, considera esta Sala que el documento administrativo contentivo de la notificación en la reclamación hecha por el trabajador Benito Delgado contra la empresa Schlumberger Venezuela, S.A. no puede considerarse un documento público en sentido amplio a tenor de lo dispuesto en el artículo 1357 del Código Civil, sino un “documento público administrativo”, que tiene el mismo efecto probatorio de los documentos públicos y que contiene por lo tanto una presunción de certeza que el interesado en lo contrario debe desvirtuar en el proceso judicial en la oportunidad respectiva.
Ahora bien, según la doctrina civilista, los “documentos públicos administrativos” a diferencia del documento público negocial (artículo 1357 del Código Civil), no pueden ser aportados en cualquier estado y grado de la causa, sino en el lapso probatorio ordinario según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, es decir, pueden anunciarlo o promoverlo en el lapso de promoción y producirlos o evacuarlos en la etapa de evacuación de pruebas, criterio que esta Sala de Casación Social comparte, por lo que subsumiendo el mismo a la materia adjetiva laboral, debe entonces decirse que el “documento público administrativo”, debe ser aportado o promovido en la oportunidad de la audiencia preliminar, como así lo exige el artículo 73 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y debe ser evacuado en la audiencia de juicio, como así lo señala el artículo 152 eiusdem”. (Negritas nuestras).

En concordancia con el criterio trascrito, no queda duda que los documentos públicos administrativos merecen el mismo efecto probatorio que los documentos públicos, y que contienen por lo tanto, una presunción de certeza que el interesado en demostrar lo contrario, debe desvirtuar en el proceso judicial en la oportunidad respectiva, mediante la utilización de las pruebas legales que estime pertinentes, es decir, están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, y por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario, sin necesidad de la declaración del tercero que lo expide para su validez.

Así las cosas, visto que la documental consignada se trata de un documento público administrativo, que no fue impugnado por la parte contraria y se trajo al proceso en la oportunidad y forma prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, quien juzga procede a su valoración en los siguientes términos;

Original de Constancia Médica: Esta documental emana de una institución de salud pública, en consecuencia, a tenor del criterio supra transcrito, se presume legal y legítimo. De la misma se evidencia que el ciudadano JOSÉ RAFAEL CERESINI MAGALLANES acudió el día 26/02/2014 al Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” por presentar problemas de salud. Y así se establece.

La circunstancia antes demostrada, por ser imprevisible e irresistible para el ciudadano JOSÉ RAFAEL CERESINI MAGALLANES constituye un acontecimiento de fuerza mayor que obliga a esta instancia a declarar justificada la incomparecencia de la parte actora a la audiencia de preliminar, pues para ese momento dicho ciudadano era el único apoderado judicial del actor en la presente causa. Y así se decide.

OBITER DICTUM

Resuelto el fondo de la apelación, no puede obviar mencionar esta alzada el alegato de defensa esgrimido por el ciudadano FREDDY RONDÓN en su condición de apoderado judicial de la parte demandada NOVA GRILL, C.A., mediante el cual señala que no tuvo acceso al presente expediente pues el mismo se encontraba en la secretaría de este tribunal.

Al respecto deja asentado quien suscribe, que es política de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara por lineamientos expresos de la Coordinación Nacional del Trabajo y los postulados contenidos en los artículos 26, 51, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, permitir a los usuarios de la jurisdicción laboral en todo el país, y particularmente en esta circunscripción, el pleno e inmediato acceso a los expedientes judiciales en los que sean parte o puedan tener algún interés general o especifico, sin que sea óbice para ello, que la causa propiamente dicha se encuentre en la sede del archivo central, en la secretaría del tribunal, en el despacho del juez respectivo o en cualquier otra dependencia de esta coordinación, por ello, se estima inadmisible el argumento a través del cual se pretendió afirmar que no se tuvo acceso al asunto por permanecer en la secretaría de esta alzada, ya que era suficiente que fuese solicitado bien sea al archivo respectivo o directamente al secretario de este tribunal.

DECISIÓN
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión de fecha 26/02/2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial.

SEGUNDO: No hay condenatoria en costas del recurso, dadas las resultas del fallo.

TERCERO: Se REVOCA en todas sus partes la decisión recurrida.

CUARTO: Se REPONE la causa al estado de que el Juez Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta circunscripción judicial, fije nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, sin necesidad de nuevas notificaciones, dado que las partes se encuentran a derecho.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2014. Año 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

Abg. José Tomas Álvarez Mendoza
Juez

Abg. Dimas Roberto Rodríguez Millán
Secretario

Nota: En esta misma fecha, 25 de abril de 2014, se dictó y publicó la anterior decisión. Año: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
Abg. Dimas Roberto Rodríguez Millán
Secretario

KP02-R-2014-000245