REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 2


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
CORTE DE APELACIONES

Barquisimeto, 28 de Abril de 2014
Años: 204º y 154º

ASUNTO: KP01-R-2013-000771
ASUNTO: KP01-P-2011-005622

PONENTE: CESAR FELIPE REYES ROJAS
De las Partes:
Recurrente: Abg. Roberto José Colmenarez Diotaiuti, Defensor Privado del ciudadano Enrique Bermeo Bermeo, titular de la cédula de identidad Nº 17.703.792.
Fiscal: Vigésima Séptima del Ministerio Público del Estado Lara.
Tribunal de la Causa: Tribunal de Ejecución Nº 2 de este Circuito Judicial Penal.
Delito: USO DE CÉDULA DE IDENTIDAD FALSA, previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES A MEDIANA ESCALA EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas.
Motivo: RECURSO DE REVISIÓN, conforme al artículo 462 numeral 6 del Código Orgánico Procesal Penal.

CAPITULO PRELIMINAR

Corresponde a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, entrar a conocer el RECURSO DE REVISION elevado a esta Instancia Superior, por el Abg. Roberto José Colmenarez Diotaiuti, Defensor Privado del ciudadano Enrique Bermeo Bermeo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal.
Este Órgano Superior, a los fines de resolver la procedencia del recurso interpuesto, observa lo siguiente:
-I-
DEL RECURSO DE REVISIÓN

Consta en autos que el Abg. Roberto José Colmenarez Diotaiuti, Defensor Privado del ciudadano Enrique Bermeo Bermeo, interpuso RECURSO DE REVISIÓN, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, ello en razón a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la cual entró en vigencia el 01-01-2013, argumentando en su solicitud lo siguiente:

“…Yo, ROBERTO JOSÉ COLMENAREZ DIOTAIUTI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.315.364, de libre ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 153.053, y con domicilio procesal en la carrera 18, entre calles 27 y 28, torre campanario, tercer piso, oficinas 3A y 3B, Barquisimeto, Estado Lara, en mi condición de Defensor Privado del Penado: ENRIQUE BERMEO BERMEO, venezolano, mayor de edad, casada, titular de la cédula de Identidad Nº V-17.703.792, domiciliada en el sector a Montañita, vía al casino militar del destacamento 15 de la Guardia Nacional Bolivariana, Valera, Estado Trujillo Trapo, Actualmente privado de libertad en el Centro Penitenciario de la ciudad de Trujillo, Estado Trujillo, ante Ud., con el debido respeto acudo a fin de exponer y solicitar:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 462, cardinal sexto y 463 del Código Orgánico Procesal Penal, procedo a ejercer el presente RECURSO DE REVISIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME, en base a los siguientes motivos:
INTROITO: Luego de presentado el escrito conclusivo, contentivo de la acusación formulada por la representación del Ministerio Público, en donde explana los términos de la misma y concluye formulando los cargos de TRÁFICO DE DROGAS BAJO LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el artículo 149, encabezamiento y primer aparte de la Ley de Drogas y USO DE CÉDULA DE IDENTIDAD FALSA, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identidad; procedí a ADMITIR LOS HECHOS INVESTIGADOS Y POR LOS CUALES SE ME ACUSABA, mediante el procedimiento especial contemplado en el artículo 376 del Texto Adjetivo Penal reformada, siéndome impuesta la pena de DOCE (12) AÑOS DE PRISIÓN, más las accesorias de Ley.
De lo anterior se desprende, que al momento de pronunciarse la sentencia condenatoria en contra del ciudadano ENRIQUE BERMEO BERMEO, le fue aplicado el procedimiento por admisión de los hechos contenido en el extinto artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para la época de la comisión del delito, verificándose que el mismo autorizaba al Juez de la causa, en lo que respecta al delito aquí imputado, a rebajar la pena sólo hasta el límite minimo establecido en el ilícito.
Observando que nuestro Máximo Tribunal en la sentencia Nº 16 de fecha 19-02-2008, en lo que respecta a este limitante dejo sentado entre otras cosas:
“…OMISIS…”
LA PROCEDENCIA DEL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN A FAVOR DEL PENADO.
Vista la citada disposición final quinta, del Texto Penal Adjetivo, este recurrente, con todo el respeto posible, LA REVISIÓN DE SU CONDENA, puesto que para la fecha en la cual admite los hechos y se le impone la pena aplicable a los delitos de marras, la disposición anterior, que regía el procedimiento especial por admisión de los hechos, tenía una limitante cual era que la rebaja para el delito de drogas, solo tendría una rebaja de la pena, hasta un tercio, pero que esta rebaja, se limitaba hasta el termino mínimo de la pena a imponer, la cual disposición estaba ajustada a derecho, en cuanto a la condena de DOCE (12) AÑOS, que me fuere aplicada en esa oportunidad, pero que al entrar en vigencia la reforma del compendio Adjetivo Penal, esta limitación fue dejada sin efecto alguno, y siendo que es más favorable al imputado, la entrada en vigencia del reformado Código Procesal Penal, en su artículo 375, tercer aparte, procede conforme a la rebaja de los cinco (5) años, que nos da como pena a imponer, el de OCHO (08) AÑOS, conforme a la disposición citada, en virtud del de la aplicación de la Ley más benigna, que en concordancia con lo en el artículo 462, cardinal sexto, es procedente y así lo demanda este recurrente.
Por ultimo, que una vez declarado con lugar el presente RECURSO DE REVISON SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME, se proceda a la rebaja de la pena a en el caso de marras, de conformidad con lo dispuesto en la parte in fine del articulo 467, del Código Adjetivo Penal vigente…”

-II-
DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO

Analizados pormenorizadamente los argumentos planteados por el Abg. Roberto José Colmenarez Diotaiuti, Defensor Privado del ciudadano Enrique Bermeo Bermeo se observa lo siguiente:

El ciudadano ENRIQUE BERMEO BERMEO, titular de la cédula de identidad 17.703.792, según sentencia publicada en fecha 29 de Marzo de 2011, por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 12 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Extensión Carora, cumplir la pena de DOCE (12) AÑOS de prisión, más las penas accesorias de ley, por la comisión de los delitos de USO DE CÉDULA DE IDENTIDAD FALSA, previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES A MEDIANA ESCALA EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE.

Señala el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:

“…La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado o imputada, en los casos siguientes:

1. Cuando en virtud de sentencias condenatorias contradictorias estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito, que no pudo ser cometido más de una sola;
2. Cuando la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulte demostrada plenamente;
3. Cuando la prueba en que se basó la condena resulta falsa;
4. Cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza que hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió;
5. Cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción de uno o más jueces o juezas que la hayan dictado, cuya existencia sea declarada por sentencia firme;
6. Cuando se promulgue una ley penal que quite el hecho al carácter de punible o disminuya la pena establecida…”


De la norma anteriormente trascrita, se desprende que la revisión procederá contra las sentencias condenatorias firmes, en todo tiempo y únicamente a favor del condenado o condenada, según los motivos establecidos en el artículo antes aludido, que regula el procedimiento de revisión de sentencia en materia penal.

Así las cosas es preciso señalar, que el encabezamiento del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece:

“…Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron…”


En este mismo orden de ideas, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1760, de fecha 25/09/2001, bajo la ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando, en cuanto al principio de la irretroactividad de la ley, lo siguiente:

“…La garantía del principio de irretroactividad de las leyes está así vinculada, en un primer plano, con la seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto. En un segundo plano, la irretroactividad de la ley no es más que una técnica conforme a la cual el Derecho se afirma como un instrumento de ordenación de la vida en sociedad. Por lo que, si las normas fuesen de aplicación temporal irrestricta en cuanto a los sucesos que ordenan, el Derecho, en tanto medio institucionalizado a través del cual son impuestos modelos de conducta conforme a pautas de comportamiento, perdería buena parte de su hálito formal, institucional y coactivo, ya que ninguna situación, decisión o estado jurídico se consolidaría. Dejaría, en definitiva, de ser un orden.
Por eso esta Sala, ya desde sus primeras decisiones sobre el tema, determinó, conforme a la disposición contenida en el artículo 24 de la Constitución vigente (la cual prohíbe que disposición alguna tenga efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena), que las solicitudes de revisión dispuestas en el artículo 336.10 eiusdem, así como las que la propia jurisprudencia le ha sumado (cf. sent. 93/2001, caso: Corpoturismo), sólo tuvieran alcance respecto a decisiones dictadas durante la vigencia de la norma configuradora de dicho medio; debido a que para las decisiones dictadas bajo el régimen jurídico surgido bajo la Constitución de 1961 no estaba previsto una vía de revisión con este talante, ni existía un órgano con la entidad que hoy ostenta la Sala Constitucional, es decir, titular del poder garantizador de la Constitución, el cual, según alguna doctrina (Peces-Barba, p.ej.), es una rama o dimensión que debe añadirse a la clásica división del Poder Público (ejecutivo, legislativo y judicial), que en nuestro caso se ha visto ampliada con un reciente añadido (electoral y moral)…”

La aludida excepción al principio de irretroactividad se encuentra igualmente contemplada en el numeral 1° del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela el 28 de enero de 1978 según Gaceta Oficial N° 2.146, y que resulta de obligatorio cumplimiento, al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de aplicación inmediata y directa por los Tribunales de Justicia, por mandato expreso del artículo 23 del Texto Democrático.

Así las cosas, debemos indicar, que tal regulación se encuentra igualmente contenida en Instrumentos Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, específicamente la establecida en la disposición novena de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual fue ratificada por Venezuela el 14 de julio de 1.977 según Gaceta Oficial N° 31.256 y que contempla la excepción al “PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY” que regula la situación en la que “…con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello…”.

Ahora bien, podemos observar de los argumentos expuestos en el recurso de revisión por parte del Abg. Roberto José Colmenarez Diotaiuti, Defensor Privado del ciudadano Enrique Bermeo Bermeo, que el mismo realiza su petición de revisión de sentencia condenatoria, en base a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que al tomar en cuenta lo previsto en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, el mismo indica en su ordinal 6º, y el cual fue alegado por el recurrente, lo siguiente:

“…6. Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida…”

No siendo el caso que nos ocupa, por cuanto la norma sustantiva penal, no sufrió cambio alguno, es decir, en el presente caso ni se promulgó una ley que le quite al hecho el carácter de punible, ni se decretó una ley que disminuya la pena establecida para el delito por el cual fue condenado, en el caso en estudio lo que se evidencia, es que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, promulgo en Gaceta Oficial Nº 6.078 Extraordinario de fecha 15-06-2012, el Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, el cual entró en vigencia el 01 de Enero de 2013; es decir, que el recurrente saca de contexto lo previsto en el artículo 462 ordinal 6º del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el mismo hace observaciones sobre la vigencia de una norma procedimental, siendo esta una norma adjetiva que tiene por finalidad regular los procedimientos a seguir en cada caso, garantizando con ello el derecho de las partes a obtener un debido proceso, pues en el referido Código no se tipifica el delito por el cual fue condenado el procesado de autos, por ser esta una norma procedimental, por lo que, al no configurarse en el presente caso el supuesto establecido en el ordinal 6º del articulo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, considera esta Corte de Apelaciones, que lo ajustado a derecho es declarar IMPROCEDENTE el recurso de revisión. Y ASI FINALMENTE SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Con fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el Recurso de Revisión interpuesto por el Abg. Roberto José Colmenarez Diotaiuti, Defensor Privado del ciudadano Enrique Bermeo Bermeo, al no configurarse en el presente caso el supuesto establecido en el ordinal 6º del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal.

Remítase el presente asunto al Tribunal de Primera Instancia por donde curse la causa signado con el Nº KP01-P-2011-5622, a los fines de que sea agregado al asunto principal. Regístrese la presente decisión y notifíquese a las partes.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Barquisimeto, ut Supra. Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.


POR LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO LARA
El Juez Profesional,
Presidente De La Corte De Apelaciones


Cesar Felipe Reyes Rojas
(Ponente)


El Juez Profesional, El Juez Profesional,


Luís Ramón Díaz Ramírez Arnaldo Villarroel Sandoval


La Secretaria

Esther Camargo


KP01-R-2013-000771
CFRR//Juani