TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SÉPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
204º y 155º

ASUNTO: 00551-12.
ASUNTO ANTIGUO: AH1B-V-2004-000147.
MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTAS.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS JUDICIALES.
PARTE ACTORA: JUNTA DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO CONJUNTO RESIDENCIAL CENTRO LA CUADRA, TORRE ESTE Y OESTE, ubicado entre las Esquinas Barcenas a Río, y entre las Esquinas Puente Restaurador a Piedras, Parroquia Santa Teresa, Caracas.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadano NELSON ALFONSO MEJIA NARVÁEZ, venezolano, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 63.636.
PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil INMOBILIARIA y ADMINISTRADORA INNOVADORA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 05 de marzo de 1992, bajo el Nº 13, Tomo 76-A pro; y en la persona de la ciudadana DOROTEA CAMPOREALE DE RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-5.539.440, en su carácter de Directora.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Ciudadana NURY GARCÍA, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 95.666.
MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTAS.

-I-
SINTESIS DEL PROCESO

Mediante oficio No. 22076-12 de fecha 14 de febrero de 2012, librado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue remitido este expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de dichos Juzgados, a fin que procediera a su Distribución, en virtud de la Resolución Número 2011–0062 dictada el 30 de noviembre de 2011, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual se resolvió en el artículo 1 atribuir competencia como Juzgado Itinerante a este Juzgado. (f.261 y 262).
En fecha 02 de abril de 2012, este Tribunal le dio entrada a la presente causa y ordenó hacer las anotaciones en los libros respectivos (f. 263).
En fecha 03 de diciembre de 2012, quien suscribe se abocó de oficio al conocimiento de la causa (f. 264).
Por auto dictado en fecha 08 de abril de 2014, y a los fines de dar cumplimiento a la Resolución Nº 2012-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se ordenó agregar al expediente, una copia del Cartel de Notificación librado en fecha 10 de diciembre de 2012, una copia del Cartel publicado en el Diario Últimas Noticias el día 10 de enero de 2013, igualmente se realizó su publicación en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, y se ordenó que el Secretario de esté Tribunal dejara constancia de haberse cumplido con las formalidades señaladas, a los fines de proceder a dictar Sentencia en esta causa. (f. 265 al 283).
De la revisión de este expediente se constata que en fecha 20 de enero de 2004, fue introducido ante el Juzgado (Distribuidor) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, libelo de demanda por RENDICIÓN DE CUENTA, acción instaurada por el abogado NELSON ALFONSO MEJIA NARVÁEZ actuando en su carácter de apoderado judicial de la Junta de Condominio del Edificio Conjunto Residencial Centro La Cuadra, Torre Este y Oeste, contra la sociedad mercantil Inmobiliaria y Administradora Innovadora, C.A., en la persona de su Directora ciudadana DOROTEA CAMPOREALE DE RODRIGUEZ, partes identificadas en el encabezado del fallo, el cual previo sorteo de ley, le correspondió al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial conocer del asunto. (f.01 al 09).
Mediante diligencia de fecha 28 de enero de 2004, suscrita por el apoderado judicial de la parte actora, consignó 24 folios útiles contentivos de los anexos fundamentales para la admisión de la demanda. (f. 10 al 158).
En fecha 03 de febrero de 2004, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, dictó auto mediante el cual admitió la demanda y en consecuencia ordenó la citación de la sociedad mercantil INMOBILIARIA Y ADMINISTRADORA INNOVADORA, C.A., en la persona de las ciudadanas MARIA TERESA VILLAR y/o DOROTEA CAMPOREALE DE RODRIGUEZ. (f.159 y 160).
Serie de diligencias suscritas por el apoderado judicial de la parte actora en el cual solicitó Medida Preventiva Innominada, copias certificadas, la devolución de originales, el avocamiento del Juez y la designación de un Administrador Ad-Hoc. (f. 162 al 168).
Por auto dictado en fecha 27 de abril de 2004, el Tribunal negó la designación del Administrador Ad-Hoc, y en su defecto designó un VEEDOR, en la persona del ciudadano ENRIQUE JOSÉ ACOSTA DÍAZ, para la Fiscalización Control e Inspección, Análisis y Aseguramiento de conformidad con lo establecido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, a tal efecto se libró boleta de notificación. (f.169 al 172).
En fecha 27 de abril de 2004, el ciudadano Alguacil Titular consignó la boleta de notificación dirigida al ciudadano ENRIQUE JOSÉ ACOSTA DÍAZ, quien firmó la misma, cumpliendo con la misión encomendada. (f. 173 y 174).
En fecha 29 de abril de 2004, compareció el ciudadano ENRIQUE JOSÉ ACOSTA DÍAZ, quien mediante diligencia aceptó el cargo recaído en su persona y juró cumplirlo bien y fielmente. (f. 175).
Mediante diligencia de fecha 10 de mayo de 2004, el ciudadano Alguacil dejó constancia de la imposibilidad de hacer efectiva la citación de la parte demandada. (f. 176 al 195).
Diligencia suscrita por el apoderado judicial de la parte actora, quien solicitó la Citación por Cartel a la parte demandada; y mediante auto dictado por el Tribunal en fecha 13 de mayo de 2004, acordó lo solicitado de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. (f.196 al 199).
Diligencias suscritas por el apoderado judicial de la parte actora, mediante las cuales retiro y consignó el Cartel de Citación de los ejemplares de Prensa en los diarios EL NACIONAL y EL UNIVERSAL. (f. 200 al 204).
En fecha 10 de junio de 2003, el Secretario Titular del Tribunal dejó constancia que se traslado a la dirección de la parte demandada y fijó el Cartel de Citación cumpliendo con las formalidades de Ley. (f. 205 y 206).
Mediante diligencia de fecha 06 de julio de 2004, suscrita por la ciudadana DOROTEA CAMPAREALE, en su carácter de Directora de la sociedad mercantil INMOBILIARIA ADMINISTRADORA INNOVADORA C.A., asistida por la abogada VICTORIA TORRES VILLA, se dio por notificada y otorgo Poder Apud-Acta a los ciudadanos PEDRO BELLO, VICTORIA TORRES VILLA y NURY GARCÍA. (f.207).
Mediante escrito de fecha 27 de julio de 2004, compareció el ciudadano ENRIQUE ACOSTA, en su carácter de Veedor, asistido por el abogado GUSTAVO ADOLFO DELGADO, quien manifestó el motivo por el cual no ha podido cumplir con la misión encomendada por lo que solicitó impartir las medidas pertinentes a objeto de cumplir a cabalidad el cargo de Veedor designado por este Tribunal. (f. 208 y 209).
Mediante diligencia de fecha 09 de agosto de 2004, suscrita por la apoderada judicial de la parte demandada, la misma consignó escrito de Rendición de Cuenta. (f. 212 al 223).
Mediante diligencia de fecha 26 de agosto de 2004, suscrita por el apoderado judicial de la parte actora, consignó cinco (5) legajos contentivos de copias simples de las facturas de condominio, a fin que sean certificadas, y por auto dictado en fecha 01 de septiembre de 2004, el Tribunal acordó lo solicitado. (f. 224 al 225).
Diligencia de fecha 07 de septiembre de 2004, suscrita por el apoderado judicial de la parte actora, quien consignó escrito de observaciones y tres (03) anexos. (f.227 al 235).
Diligencias de fecha 19 de octubre de 2004, suscritas por el apoderado judicial de la parte actora, quien solicitó el nombramiento de experto en la presente causa, por auto dictado en fecha 25 de octubre del mismo año, el Tribunal acordó lo solicitado, Asimismo, en fecha 28 de octubre de 2004, oportunidad fijada para que tenga lugar el nombramiento de expertos; el Tribunal dejó constancia que compareció el apoderado judicial de la parte actora quien consignó la carta de aceptación del ciudadano VICTOR TOVAR MERCHAN, y el Tribunal designó a los ciudadanos HENRY FLORES y AURA COLINA, a tal efecto se libraron boletas de notificación. (f. 239 y 240).
En fechas 02, 22 y 24 de noviembre de 2004, comparecieron los ciudadanos VICTOR TOVAR MERCHÁN, HENRY FLORES y AURA COLINA, quienes mediante diligencias aceptaron el cargo recaído en su persona y juraron cumplirlo fielmente, asimismo, solicitaron el pago de los honorarios de conformidad con lo establecido en la Ley de Arancel Judicial, en consecuencia el Tribunal acordó lo solicitado. (f. 241 al 247).
En fecha 27 de septiembre de 2005, compareció el apoderado judicial de la parte actora quien mediante diligencia consignó copias simples de los cheques emitidos a los expertos contables como pago del 50% de los honorarios Profesionales. (f. 251 al 253).
Mediante diligencia de fecha 30 de marzo de 2006, el apoderado judicial de la parte actora, solicitó el avocamiento del Juez, y por auto dictado en fecha 03 de abril de 2006, la ciudadana ELIZABETH BRETO GONZALEZ, se avocó al conocimiento de la causa, asimismo ordenó la notificación a la parte demandada, por lo que en fecha 04 de mayo de 2006, el Alguacil Titular consignó la boleta firmada por la apoderada judicial de la parte demandada cumpliendo con la misión encomendada. (f.254 y 258).
Diligencias de fechas 17 de enero y el 18 de septiembre de 2007, suscritas por la apoderada judicial de la parte demandada, mediante las cuales solicitó se dicte sentencia en la presente causa. (f. 259 y 260).
Finalmente, por auto de fecha 14 de febrero de 2012, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenó remitir el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial. A tales efectos, libró oficio Nº 22076-12. (f. 261 y 262).
En fecha 02 de abril de 2012, este Tribunal le dio entrada a la presente causa y ordenó hacer las anotaciones en los libros respectivos (f. 263).
Auto dictado en fecha 03 de diciembre de 2012, quien suscribe se abocó de oficio al conocimiento de la causa (f. 264).
Por auto dictado en fecha 08 de abril de 2014, y a los fines de dar cumplimiento a la Resolución Nº 2012-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012, emanada de la Sala Plena Del Tribunal Supremo de Justicia, se ordenó agregar al expediente, una copia del Cartel de Notificación librado en fecha 10 de diciembre de 2012, una copia del Cartel publicado en el Diario Últimas Noticias el día 10 de enero de 2013, igualmente se realizó su publicación en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, y se ordenó que el Secretario de esté Tribunal dejara constancia de haberse cumplido con las formalidades señaladas, a los fines de proceder a dictar Sentencia en esta causa. (f. 265 al 283).
- II -
DEL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN:
La Acción, como derecho, facultad o poder reconocido Constitucionalmente, deviene en el interés del ciudadano de instar al Órgano Jurisdiccional, a los fines de ver la tutela de su derecho, es decir, que se le administre justicia. Este derecho, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se concreta con la proposición de la demanda y, la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso.
Ello así, dicho pedimento o llamamiento se efectúa con el fin que aquél atienda la pretensión, para ver materializada la satisfacción de lo que se pide, independientemente de sí se otorgue o no lo pedido, lo importante es garantizar por parte del Estado (Órgano Jurisdiccional) tal derecho.
El Tratadista Francisco Cornejo Certucha, al analizar la noción de interés considera que está “estrechamente vinculada con los fines del derecho una de las funciones primordiales del derecho es la de proteger los intereses que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales. Por esta razón, el contenido de las normas jurídicas se integra por facultades y derechos concedidos a las personas que representan estos intereses; de esta manera se tutelan las aspiraciones legítimas de los miembros de una comunidad”. (Interés Jurídico, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa-UNAM, México, 2001).
Por otra parte, el Dr. Román J. Duque Corredor, en su libro “Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario” sostiene que: “Ciertamente que en este aspecto el Código de Procedimiento Civil no sólo modernizó el concepto de interés procesal, sino que recogió lo que había admitido la jurisprudencia, de que dicho interés no solo puede ser actual sino incluso una mera declaración de la existencia de un derecho o de una relación jurídica, con la cual ya recibieron las acciones mero-declarativas su partida de nacimiento legal”…”la única limitación es que estas acciones son inadmisibles cuando el actor puede obtener la satisfacción completa de sus intereses mediante una acción diferente”. En otras palabras, que las acciones merodeclarativas o de declaración de certeza son supletorias ….en este sentido la Casación Civil había advertido sobre la naturaleza sucedánea y no principal de la acción declarativa, cuando advertía: “…al Juez corresponderá impedir en la practica que la institución (las acciones declarativas), de lugar a acciones ligeras e infundadas y que al pretender transformar la sentencia en un sucedáneo de la prueba escrita, se incurra en consecuencias tales como en las que en la practica se admita la acción para todos los casos faltos de pruebas o de incertidumbre artificiosamente creada…”. (Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario Tomo I, Ediciones Fundación Projusticia, Colección Manuales de Derecho, Caracas 2000, Págs. 77 y 78).
Así “(…) el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la administración de justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo”. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 686 del 2 de abril de 2002, Caso: MT1 (Arv) Carlos José Moncada).
En virtud de ello, se deduce que es indiscutible que ambas partes mantengan el interés en que se les sentencie; el actor para ver satisfecha su pretensión presentada con la demanda y, la accionada, a los fines de que se declare no tener ninguna obligación con la que ha instado al Órgano Jurisdiccional. Por ello, cuando ninguna de las dos actúa, incluso cuando ni siquiera lo hacen quienes sean llamados al procedimiento como interesados, tal omisión o falta de hacer, denota que no quieren que se les sentencie -El Derecho de obtener con prontitud la decisión debe ejercerse y exigirse- por lo cual no ACCIONAN al Órgano Jurisdiccional para este fin, -NO PIDEN QUE LA CAUSA SE DECIDA-. (Negrillas de este Juzgado).
Así las cosas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nº 788, de fecha 04 de mayo de 2004, expresó lo que sigue:
“...El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño justo, personal o colectivo. Tal interés ha de manifestarse en la demanda o SOLICITUD y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la comprobación de esta falta de interés, ella puede declarase de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si el interés no existe. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional Nº 256 de fecha 01/06/01, Caso FRAN VALERO GONZALEZ Y MILENA PORTILLO; y Sentencia Nº 686, de fecha 02/04/2002. Caso: CARLOS JOSÉ MONCADA entre otros).” (Subrayado de este Juzgado).

Con relación a la llamada teoría del “decaimiento de la acción”, es preciso señalar lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nº 956, del 01 de junio de 2001, recaída en el (Caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero), Expediente Nº 00-149, en la cual se estableció lo siguiente:
“(…) es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendiendo este como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
En ambos casos, la función Jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida de interés procesal, (…) y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscriben al procedimiento.
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala – la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida tal del impulso procesal que le corresponde.
(Omissis)
No estableció ni la constitución ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta sala del 28 de Julio de 2000 (caso: Luís Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial…”
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales:
1.- Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el Juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al Juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
2.- La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como el caso de marras. Tal parálisis conforme a los principios generales de las instituciones, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de la prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que declara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. (…)”. Entre otros, fallos (Vid. Sentencia de la referida Sala Nº 2673 del 14 de diciembre de 2001, Caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., SC. Expediente Nº 08-1569, 29 de marzo de 2012. Caso: FEDECÁMARAS vs. CONINDUSTRIAS). (Negrillas y subrayado de este Juzgado).

El Juez como director del proceso, sí bien es cierto, tiene el deber de impulsar de oficio el procedimiento hasta su conclusión, excepto cuando esté suspendido por algún motivo legal, debe a los fines de cumplir con los principios constitucionales de economía procesal y celeridad procesal analizar el caso, a los fines que se descongestione el aparato jurisdiccional, sobre todo cuando de las actas procesales se desprende a todas luces una falta de interés de las partes; que evidencia que la causa ha tenido una suerte de sueño eterno, porque éstas con su inactividad así lo han demostrado, razón por la cual resultará imperioso castigar tal comportamiento mediante el decaimiento de la acción. (Negrillas y subrayado de este Juzgado). ASI SE SEÑALA.
Como corolario de lo anterior la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia del 29 de octubre de 2013, con relación a la inactividad de las partes señaló lo siguiente:
“…Lo anterior demuestra que no existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado, toda vez que el interés que manifestó la parte demandante cuando acudió a los órganos del Estado, debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma.
El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. De esta manera, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 416/2009).
Al respecto, la Sala ha señalado que el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 686/2002).
Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 256/2001).
En tal sentido, la Sala ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia.
Este criterio se estableció en el fallo de esta Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A., en los siguientes términos:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)”. El referido criterio, según el cual, debe declararse la pérdida del interés procesal por abandono del trámite, aun estando la causa en estado de sentencia, si se verifica la inactividad de la parte accionante y la falta de impulso procesal de la misma, ha sido ratificado por esta Sala Constitucional en fallos Nros. 132/2012, 972/2012 y 212/2013…”

En virtud de las consideraciones expuestas y, por haber transcurrido un lapso suficiente sin que la parte actora hasta la presente fecha, ni por sí ni por medio de apoderado, previa notificación del Abocamiento de la nueva Juez en esta causa y, de la solicitud por parte de este Administrador de Justicia, de que manifestarán su interés en el procedimiento sin que lo hicieran “(…) demuestra que no existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado. El interés que manifestó la parte demandante cuando acudió a los órganos del Estado, el cual debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma”. Por ello, esta Juzgadora, acogiendo los criterios jurisprudenciales reiterados por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, relativo al decaimiento de la acción, cuando se trata de falta de interés procesal, siendo éste uno de los caracteres principales para la procedencia y continuidad de la pretensión, pues el mismo es un medio restablecedor de situaciones jurídicas infringidas, relacionadas directamente con el goce y ejercicio de derechos y garantías constitucionales, como así lo prevé nuestra Carta Magna, considera, que en el caso de autos, ha cesado la amenaza, situación jurídica o interés en la pretensión denunciada, sin que la parte actora haya considerado mantener el interés en ésta. ASÍ SE ESTABLECE.
Ahora bien, en virtud de haber transcurrido mas de ocho (08) años, desde el momento en que diligenció por ultima vez el apoderado judicial de la parte actora en fecha 27 de septiembre de 2005, hasta la presente fecha, sin que se demostrara interés procesal alguno de dicha causa; esta Juzgadora, acogiendo el criterio Jurisprudencial reiterado por Nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil, relativo al decaimiento de la acción cuando se trata de falta de interés procesal, siendo este uno de los caracteres principales para procedencia y continuidad de la pretensión, pues el mismo es un medio restablecedor de situaciones jurídicas infringidas, relacionadas directamente con el goce y ejercicio de derechos y garantías constitucionales, considera, que en el caso de autos, ha cesado la amenaza o situación jurídica denunciada en la presente demanda, en virtud de encontrarse la causa sin actividad de la parte actora por más de ocho (08) años. ASI SE ESTABLECE.
En atención a lo expuesto, esta juzgadora observa, que lo procedente es declarar el abandono del trámite correspondiente a la demanda por RENDICIÓN DE CUENTAS, en consecuencia la terminación del procedimiento, lo que evidentemente implica el decaimiento de la acción en esta instancia y así se establecerá en el dispositivo de esta decisión. ASI SE DECLARA.

- III -
DISPOSITIVA

Atendiendo a los razonamientos expresados, este JUZGADO SÉPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en virtud que esta causa se encuentra comprendida en los presupuestos de la Resolución Nº 2011-0062, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de noviembre de 2011, DECLARA: PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el juicio por RENDICIÓN DE CUENTAS que incoara el abogado NELSON ALFONSO MEJIA NARVÁEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial de la JUNTA DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO CONJUNTO RESIDENCIAL CENTRO LA CUADRA, TORRE ESTE Y OESTE, en contra de la sociedad mercantil INMOBILIARIA Y ADMINISTRADORA INNOVADORA, C.A., en la persona de su Directora ciudadana DOROTEA CAMPOREALE DE RODRIGUEZ, partes plenamente identificadas en el encabezado del fallo. SEGUNDO: Por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Se ordena remitir el expediente al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de la continuación del presente juicio.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena notificar a las partes de la presente decisión.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SÉPTIMO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en la ciudad de Caracas, el 14 de mayo de 2014. Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
LA JUEZ TITULAR,

MILENA MÁRQUEZ CAICAGUARE
EL SECRETARIO TITULAR

YORMAN J. PÉREZ M
En la misma fecha, siendo las 10:30 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la decisión anterior, dejándose copia certificada de la misma en el copiador respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo se ordenó la notificación de las partes.-
EL SECRETARIO TITULAR,

YORMAN J. PÉREZ M.

Exp. Nº 00551-12.
Exp. Antiguo: AH1B-V-2004-000147.
MMG/YJPM/03.