República Bolivariana de Venezuela En su nombre Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. 204º y 155º Sabana de Mendoza 07 de Noviembre de 2014 204º y 155º Vista la diligencia de fecha 04 de Noviembre de 2.014, suscrita por el ciudadano ANTONIO SIMANCAS INCIARTE, titular de la cédula de identidad 11.317.696, asistido por el abogado JOSÉ AMADO ARAUJO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 31.341, cuyo extracto principal es del tenor siguiente: (..) “me doy por notificado de la decisión interlocutoria dictada en la presente solicitud, y por cuanto no estoy de acuerdo con la medida cautelar de carácter ambiental decretada y ejecutada por este tribunal, Apelo de la misma”. (Resaltado del Tribunal). Ahora bien, La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo 228 de forma expresa establece: La sentencia definitiva es apelable a ambos efectos, dentro de un lapso de cinco días de despacho, computados a partir del día siguiente de la publicación del fallo o de la notificación de las partes si el mismo hubiere sido publicado fuera del lapso establecido en el artículo anterior. En el procedimiento oral las sentencias interlocutorias son inapelables, salvo disposición especial en contrario. (Resaltado del Tribunal). En este mismo sentido, el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, respecto al medio de impugnación de las medidas cautelares establece lo siguiente: “Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar”. En este contexto, La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 07 de abril de 2014, que recayó sobre el expediente número 12-1180, señaló: “(Omissis) Ahora bien, debe acotarse que el derecho a la tutela judicial efectiva (como garantía constitucional) supone la facultad de acceder a la justicia, impartida conforme al artículo 26 del Texto Fundamental (imparcial, gratuita, accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles); por su parte, el derecho al debido proceso que a su vez comprende el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho al juez natural, entre otros, no incluye dentro de sus componentes la recurribilidad absoluta de todas las providencias judiciales, pues ésta sólo tienen cabida, si la ley así lo contempla. Por ello, la circunstancia de que determinados juicios se sustancien en una sola instancia, o que determinadas resoluciones judiciales no posean apelación como es el caso de autos, responde en algunos casos, a la voluntad del legislador de descongestionar, dentro de lo posible, los tribunales de la República, y en el caso del procedimiento agrario responde a esos principios superiores que llaman a tomar una decisión ajustada a derecho de la manera más expedita, visto el fin último que se persigue, como lo es el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En efecto, la jurisdicción especial agraria es la llamada a amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305 y 307 y que el legislador concentró en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina, y el logro de un desarrollo armónico y viable en el contexto de la justicia social que toda actividad agraria persigue. En este sentido, la exposición de motivos del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone en cuanto al procedimiento agrario, que el mismo se informa de los valores contenidos en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos a la simplicidad, oralidad, uniformidad y eficacia, procurando un procedimiento sencillo que desarrolle el principio de celeridad y economía procesal. Por ello, la creación de incidencias vía jurisprudencial, en este caso la apelación, de decisiones interlocutorias, estando expresamente prohibidas por el texto adjetivo agrario, van en contra de los postulados que tan celosamente resguarda dicho instrumento normativo, llegando a quebrar el fin supremo conseguido con la implementación de un procedimiento oral, que es se reitera, la consecución expedita de la justicia, más aun cuando las partes pueden alegar los gravámenes que se le hayan causado por la sentencia interlocutoria en la impugnación de la sentencia definitiva, garantizándose así el derecho a la tutela judicial efectiva…” (Resaltado del Tribunal) Ahora bien, de la norma antes transcrita, así como la jurisprudencia se evidencia que el legislador patrio no prohibió de forma expresa la apelación de las sentencias interlocutorias, pero si limitó el acceso al mencionado recurso, con el objeto de aligerar el procedimiento Ordinario Agrario y depurarlo de incidencias innecesarias que pudiesen ser reparadas en la sentencia definitiva o a través del recurso de apelación que se interponga a tales efectos, siendo requisito sine qua non para la procedencia del medio ordinario de impugnación la existencia de una disposición expresa que así lo establezca, ejemplo de ello las decisiones a que se refieren los artículos 209, 211 y 247 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en cumplimiento a la parte in fine del artículo 228 eiusdem; por lo tanto, mal puede tener apelación el fallo recurrido por el coapoderado actor al establecer expresamente el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 246 de la de Tierras y Desarrollo Agrario, que el medio de impugnación valido contra cualquier decreto cautelar es la oposición a la medida, y no el recurso de apelación, es decir, la decisión que se pretende enervar no tiene recurso de apelación previsto expresamente en la Ley, ni es esa la vía idónea para confutar los efectos del fallo cautelar, y en eso han sido contestes la jurisprudencia y la doctrina. En tal sentido, este sentenciador declara inadmisible el Recurso de Apelación interpuesto contra la decisión proferida por este Tribunal en fecha 03 de Diciembre de 2.014. Así se decide. EL JUEZ PROVISORIO, ABOG. RAFAEL RAMÓN DOMINGUEZ ROSALES. EL SECRETARIO JOSÉ ARCADIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ RRDR/Jah.- Sol- A-0064-2014.