TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO
CIRCUITO JUDICIAL PENAL

Corte de Apelacion Penal
TRUJILLO, 10 de Septiembre de 2014
204º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : TJ01-P-2009-000123
ASUNTO : TP01-R-2014-000182

RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS
PONENTE: DRA. LEXI MATHEUS MAZZEY
De las partes:
Recurrente. Abg. RAFAEL SIMANCAS, Defensor Privado
Recurrido: Tribunal de Ejecución N° 02, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
Delito: ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR previsto y sancionado en el articulo 5 con las agravantes establecidas en el articulo 6 numeral 1 y 3 de la ley sobre hurto y robo de vehiculo automotor , en agravio del ciudadano LUIS ENRIQUE BRICEÑO
Motivo: Recurso de Apelación de Auto contra la decisión dictada en fecha 05 de junio de 2014 interpuesto por el Defensor privado Rafael Simancas contra el auto en el cual Revoca el beneficio de trabajo fuera del Establecimiento Penal
CAPITULO PRELIMINAR

Corresponde a esta Sala conocer Recurso de Apelación Nº TP01-R-2014-000182, interpuesto por el Abg. Rafael Simancas, Defensor privado

En fecha 26 de agosto de 2014, se Admite de conformidad con lo establecido en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, el presente recurso, por lo que estando en la oportunidad de ley, se pasa a resolver en los siguientes términos:

TITULO I.-
DEL RECURSO DE APELACIÓN

El Defensor privado Abg. Rafael Simancas ejerce recurso de apelación en contra del auto dictado en fecha 05 de junio de 2014 por el Tribunal de Ejecución N° 02 , del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo señalando:
“YO, RAFAEL RAMON SIMANCAS ARAQUE, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° 12.044.841, ABOGADO EN EJERCICIO INSCRITO EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO CON EL N° 117.428, CON DOMICILIO PROCESAL EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE CARVAJAL, URBANIZACION SATEL1TE, CASA N° 2, SECTOR LA HORQUETA, DEL ESTADO TRUJILLO, PROCEDIENDO EN MI CARÁCTER DE DEFENSOR PRIVADO DEL CIUDADANO: MANUEL PUJOL; PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN AUTO, ANTE USTED, CON EL DEBIDO RESPETO Y PARA ANTE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO, CON BASE EN LOS ARTICULOS 49 Y 51 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y ESTANDO DENTRO DEL LAPSO LEGAL, YA QUE EL MISMO FUE PRESENTADO ANTE ESTE TRIBUNAL POR ORDEN DE CAPTURA EL DIA 5 DE JUNIO DEL AÑO 2014 Y TOMANDO EN CUENTA QUE EL DIA LUNES 9 DE JUNIO DEL AÑO 2014 FUE PUBLICO Y NOTORIO UNA HUELGA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO QUE HIZO IMPOSIBLE TENER ACCESO AL EXPEDIENTE, CONSIDERA ESTA DEFENSA QUE ESTA EN TIEMPO LEGAL Y ANTE USTED CON TODO RESPETO Y ACATAMIENTO OCURRO PARA EXPONER Y SOLICITAR LO SIGUIENTE:
MOTIVOS DE LA APELACION.
EL ARTÍCULO 439 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, ESTABLECE LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO 439. “DECISIONES RECURRIBLES. SON RECURRIBLES ANTE LA CORTE DE APELACIONES LAS SIGUIENTES DECISIONES:
.4. LAS QUE DECLAREN LA PROCEDENCIA DE UNA MEDIDA CAUTELAR PRIVATIVA DE LIBERTAD O SUSTITUTIVA.
.5. LAS QUE CAUSEN UN GRAVAMEN IRREPARABLE, SALVO QUE SEAN DECLARADAS IN IMPUGNABLES POR ESTE CODIGO;
IMPUGNO LA DECISIÓN DICTADA POR EL HONORABLE JUEZ DE EJECUCION N° 2 DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO, EN EL AUTO DICTADO EN FECHA 5-06- 2014 DE DEL AÑO 2014, Y NOTIFICADO DEL MISMO EN FECHA 5-06-2014, EN LA CUAL LA JUEZ DECLARA REVOCAR A MI DEFENDIDO LA FORMULA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO DE PENA DE DESTACAMENTO DE TRABAJO, PORQUE EL MISMO NO SE PRESENTO MAS, PERO HONORABLES MAGISTRADOS MI DEFENDIDO NO SE EVADIO DEL BENEFICIO POR GUSTO O POR NO QUERER CUMPLIR CON LA PERSECUCION PENAL, SINO POR SALVAGUARDAR SU VIDA YA QUE FUE VICTIMA DE UN ATENTADO EN EL MOMENTO QUE CUMPLIA CON SU BENEFICIO, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITO UNA VEZ REVISADAS LAS ACTUACIONES QUE SE RESTITUYA AL MISMO DE ESA FORMULA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO DE PENA Y SE REVOQUE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE EJECUCION N°2 EN FECHA 5 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
CON LO QUE SE CONCLUYE QUE DICHA DECISION VIOLA EL ARTICULO 26, 27, 49 ORDINAL 10,20,40 Y 8° DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. A TENOR DE LO ANTERIOR, RESULTA OBVIO QUE A MI DEFENDIDO SE LES VULNERO EL DERECHO, GARANTIZADO EN EL ARTICULO 49. ORDINAL 1°,2°,4° Y 8° CONSTITUCIONAL, EN EL CUAL SE DISPONE QUE, TODA PERSONA PODRA SOLICITAR DEL ESTADO EL RESTABLECIMIENTO O REPARACION DE LA SITUACION JURIDICA LESIONADA
POR ERROR JUDICIAL RETARDO U OMISION INJUSTIFICADO...” MANIFIESTA RIVERA MORALES, EN SU OBRA NULIDADES PROCESALES PENALES Y CIVILES
PARAFRASEANDO A BERNAL Y MONTEALEGRE LO SIGUIENTE: “RAZONAN LOS AUTORES BERNAL CUELLAR Y MONTEALEGRE QUE UNO DE LOS PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL PROCESO PENAL ES EL DERECHO A DEFENDERSE PROBANDO. POR TANTO, CUANDO POR NEGLIGENCIA, DESIDIA O ARBITRARIEDAD DEL FUNCIONARIO JUDICIAL SE OMITE LA PRACTICA DE PRUEBAS RELEVANTES, DE PRONUNCIAMIENTO U OMISION, SE INCURRE EN NUL IDAD’
EL ARTICULO 157 DE NUESTRA LEY ADJETIVA PENAL, ESTABLECE LO SIGUIENTE: “LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL SERAN EMITIDAS MEDIANTE SENTENCIA O AUTO FUNDADOS, BAJO PENA DE NULIDAD, SALVO LOS AUTOS DE MERA SUSTANCIACION...”
COMO PUNTO PREVIO DEBO CITAR LO QUE HA DICHO NUESTRO MAXIMO TRIBUNAL DE LA REPUBLICA AL RESPECTO:
SENTENCIA N° 85 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE
JUSTICIA EN FECHA 01. DE FEBRERO DEL AÑO 2006, DONDE QUEDO ESTABLECIDO LO SIGUIENTE:
“... conforme al articulo 173 del código orgánico procesal penal, todas las decisiones que expidan los árganos de la jurisdicción penal deben ser, so pena de nulidad motivada, salvo que se trate de autos de mera sustanciación...” (QUE NO ES EL CASO DE LA DECISION QUE SE EXAMINA)...
la sala estima necesario ratificar que el significado que involucra la tutela judicial efectiva, atiende a la garantía de acceder a los órganos de la administración de justicia, a la solución del fondo de la controversia planteada conforme a derecho y a obtener la decisión oportunamente mediante un sistema de justicia enmarcado por la gratuidad, accesibilidad, imparcialidad idoneidad, transparencia, autonomia, independencia, equidad sin dilaciones indebidas, de forma expedita, y sin formalismos ni reposiciones inútiles, a fin de proteger los derechos e intereses de las personas.”
Por lo tanto la conjugación de los artículos 2, 26 y 257 de la constitución de la republica bolivariana de Venezuela, obligan a todo juzgador a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta no es otra que la resolución del conflicto de fondo de manera imparcial, idónea y motivada
LA DECISIÓN DICTADA POR EL A QUO VIOLA TODA LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL, YA QUE ES UNA VIOLACION AL ARTICULO 26 CONSTITUCIONAL, 49 CONSTITUCIONAL Y 244 DE NUESTRA NORMA ADJ ETIVA PENAL. COMO TODOS SABEMOS ESTA DECISIÓN ES CONTRARIA AL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 26, 49 NUMERAL 2 Y 8, TAL COMO LO SEÑALA EL MAGISTRADO ELADIO APONTE APONTE EN SENTENCIA N° 277 DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL EN FECHA 20 DE JUNIO
DEL AÑO 2006.
HACIENDO ALUSIÓN A OTRA DECISIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
.“ aun cuando el articulo de la constitución de la republica bolivariana de Venezuela no lo indique expresamente, es de su esencia el que todo acto de juzgamiento contenga una motivación, requerimiento este que atañe al orden publico, puesto que, de ¡o contrario, no tendría aplicación el sistema de responsabilidad de los jueces que la propia norma preceptúa, además de que se desconocería como se obtuvo la cosa juzgada, al tiempo que” principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social..
AHORA BIEN, EXPUESTO LO ANTERIOR, RESULTA NECESARIO DETERMINAR AL CIUDADANO JUEZ 2° DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCION DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA, EN LA REALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL, POR MEDIO DE LA DECISIÓN IMPUGNADA POR ESTA VÍA INCURRIÓ EN UN ERROR GRAVE DE DERECHO, QUE SE PUEDA ESBOZAR COMO UNA EXTRALIMITACIÓN DE SUS FUNCIONES O ACTO ARBITRARIO Y VI0LATORIO EN RAZÓN DE ELLO SE DEBE SEÑALAR QUE TAL CUAL COMO SE REFIRIÓ EN EL CAPÍTULO 1 DEL PRESENTE ESCRITO IDENTIFICADO COMO DE LOS HECHOS.
1.- LA VIOLACIÓN DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL.
EL ACCIONAR DEL TRIBUNAL 2° DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCION DEL CIRCUNSCRIPICION JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA, DEVINO EN UNA SITUACIÓN PLURIOFENSIVA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE MI DEFENDIDO, AL INSURGIR COMO UN OBSTÁCULO A LOS DERECHOS: A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DERECHO A LA DEFENSA, GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO INTEGRADA POR LOS DERECHOS A LA DOBLE INSTANCIA, A LA LIBERTAD PERSONAL, Y EL DERECHO AL JUEZ NATURAL CONCRETAMENTE A LA INDEPENDENCIA DE ESTE Y EL DERECHO A LA VIDA.
2 VIOLACION AL DERECHO A LA TUTELA EFECTIVA
EL ARTÍCULO 26 DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SE PRESENTA COMO UNA DE LAS GRANDES INNOVACIONES DE LA NACIENTE REPUBLICA BOLIVARIANA, DONDE SE CONSAGRA A LA JUSTICIA COMO UN VALOR SUPERIOR DE SU ORDENAMIENTO JURÍDICO Y A SU VEZ SE PRIVILEGIA EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA VIDA DE LA REPÚBLICA; EN ESE ENTENDIDO SURGE COMO UNA GARANTÍA DE ESOS POSTULADOS EL DERECHO DE TODOS LOS JUSTICIABLES A EXIGIR DEL ESTADO VENEZOLANO EN SU RAMA JUDICIAL, LA EFICACIA PALPABLE DE LOS ÓRGANOS QUE EJERCEN LA JURISDICCIÓN, POR LO QUE PARA ALGUNOS TRATADISTAS LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ABARCA EL DERECHO AL ACCESO A LOS ÓRGANOS DE JUSTICIA, A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS, A DECISIONES MOTIVADAS Y CONGRUENTES. RESPECTO AL ÚLTIMO PUNTO, DEBEMOS SEÑALAR QUE TAL COMO SE REFLEXIONARA CON
ANTERIORIDAD, LA CONGRUENCIA CONSISTE EN OBTENER UNA RESPUESTA POR PARTE DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, ACORDE CON LO SOLICITADO.
PARA SUSTENTAR LO ANTES EXPUESTO, INVOCO LA SENTENCIA N° 1440 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 12-07-07, CON PONENCIA DEL MAGISTRADO JESUS EDUARDO CABRERAS ROMERO.
“.. ahora bien, esta sala ha sostenido que el texto fundamental de la republica, prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un estado de derecho y de justicia, dentro de los cuales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva, consagrada en el articulo 26 constitucional. Dicha garantía, se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho y su contenido se forma con base en dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes.
SENTENCIA N° 455 DE LA SALA DE CASACION PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 02-08-07, CON PONENCIA DE LA MAGISTRADO MIRIAM MORANDY MIJARES
“... al juez de juicio le corresponde el análisis de todos los diversos elementos de prueba, confrontándolos entre si para arribar a una conclusión y valorar el merito probatorio de los testimonios de acuerdo a las condiciones objetivas y subjetivas de percepción del testigo, a fin de otorgarle credibilidad y eficacia probatoria; a la corte de apelaciones le corresponde, el examen del razonamiento utilizado por el sentenciador, con fundamento en los principios generales de la sana critica, es decir; si la motivación del fallo se ajusta a los criterios de la lógica y de la experiencia. En este orden de ideas, constituye un deber fundamental para la corte de apelaciones cuando así lo haya alegado el recurrente, verificar y determinar que en la sentencia sometida a su revisión se haya detallado de las pruebas debatidas en el juicio oral, así mismo, la comparación de unas con otras bajo el método de la sana critica racional, con la determinación clara y precisa de los hechos que se dan por probados y el derecho aplicable...”
SENTENCIA N° 1885 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, DE FECHA 02-09-04, CON PONENCIA DEL MAGISTRADO IVAN RINCON URDANETA.
“...en criterio de esta sala “la violación al derecho a la defensa existe cuando los interesados no conocen d procedimiento que pueda afectarlos, se les impide su participación en el o el ejercicio de sus derechos, se les prohibe realizar actividades probatorias o no se les notifican los actos que los afecten-
PETITA. -
HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES, CONSIDERANDO QUE LOS JUECES DEBEN CIRCUNSCRIBIR SUS ACTUACIONES EN UN ESTADO SOCIAL, DE DERECHO Y DE JUSTICIA, ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, YA QUE ES DEBER Y MISION INELUDIBLE DE LOS MISMOS RESOLVER TODAS LAS EXPECTATIVAS Y PEDIMENTO DE LAS PARTES, RESPETANDO EL DEBIDO PROCESO Y APLICANDOLO EN TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES, SIENDO INJUSTIFICABLE CONVALIDAR CUALQUIER ACTUACION QUE VIOLENTE LOS DERECHOS INHERENTES A LAS PARTES EN EL PROCESO, Y ADEMAS NUESTRA CARTA MAGNA ESTABLECE EN SU ARTICULO 25, RELATIVO EN MATERIAS DE NULIDADES QUE” TODO ACTO DICTADO EN EJERCICIO DEL PODER PUBLICO QUE VIOLE O MENOSCABE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR ESTA CONSTITUCION Y LA LEY, ES NULO, RESPETANDO LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 190 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL QUE DICE: “ NO PODRA SER APRECIADOS PARA FUNDAR UNA DECISION JUDICIAL, NI UTILIZADOS COMO PRESUPUESTO DE ELLA, LOS ACTOS CUMPLIDOS EN CONTRAVENCION O CON INOBSERVANCIA DE LAS FORMAS Y CONDICIONES PREVISTAS EN ESTE CODIGO, LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, LAS LEYES Y LOS TRATADOS, CONVENIOS O ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA REPUBLICA”, INVOCO LA DOCTRINA Y EL CONTENIDO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SEÑALADAS SUPRA. SOLICITO COMO EN EFECTO LO HAGO SE REVISE DEL AUTO DICTADO POR EL JUZGADO 10 DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCION DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO RUJILLO EN LA PRESENTE CAUSA. Y SE DECRETE CON LUGAR DICHA APELACION Y SE RESTITUYA EL BENEFICIO A MI DEFENDIDO.
Revisadas como han sido los autos, así como las denuncias formuladas en el escrito recursivo, esta Alzada pasa a decidir en los términos siguientes:
La parte recurrente sostiene, que en audiencia oral celebrada en fecha 05/06/14, por ante el Tribunal segundo de Ejecución de este Estado, con motivo de la captura practicada en contra de su representado, le fue revocado la Formula Alterna de cumplimiento de pena relativo al Destacamento de Trabajo, al cual no se presentó más, por salvaguardar su vida, ya que fue victima de un atentado en el momento en que cumplía con su beneficio, por lo que solicita se le restituya su beneficio y en consecuencia se revoque la decisión proferida por el tribunal segundo de ejecución antes señalada.

Como puede observarse el motivo de impugnación esta fundado por la parte recurrente en un único aspecto, haber revocado el a quo el beneficio de Destacamento de trabajo a su representado, que si bien no lo cumplió, se debió a la necesidad de salvaguardar su vida al ser victima de un atentado en el momento que cumplía con el beneficio.

Visto el motivo de impugnación, esta Alzada para decidir, estima necesario reproducir lo señalado en el auto por el A Quo, al momento de resolver, a saber:
“…“Escuchada la declaración del penado y en virtud de que no logra demostrar la amenaza de la cual dice haber sido objeto así como tampoco justifica el tiempo evadido es por lo que se ratifica la solicitud de revocatoria de fecha 25-10-2011 en virtud del incumplimiento de las condiciones impuestas, de conformidad con lo establecido en el articulo 500 del Código Orgánico Procesal Penal…”

Trascrito parcialmente el fundamento de la decisión objeto de impugnación, esta Alzada pasa a decidir en los siguientes términos:

En relación al motivo de impugnación, el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

“Cualquiera de las medidas en este capítulo, se revocarán por incumplimiento de las obligaciones impuestas…la revocatoria será declarada de oficio, a solicitud del Ministerio Público…”

Evidenciado del sistema juris que al mencionado penado le fue acordada la Formula alternativa de cumplimiento de la pena relativa al Destacamento de Trabajo en fecha 27/06/11, bajo el cumplimiento de una serie de condiciones, entre las cuales se encuentra el pernoctar en el Internado Judicial de Trujillo. Al respecto, se observa igualmente del sistema juris que en fecha 12/09/11, la dirección del Internado Judicial de Trujillo remite al tribunal segundo de ejecución de este Estado oficio N° 2786, informando que el penado en cuestión, se presentó a pernoctar el día sábado 10/09/11 sin justificativo alguno, finalmente a escasos tres meses desde que fue acordado el beneficio, a saber en fecha 16/09/11, remite comunicación N° 953 la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación, Coordinación Regional Andina, informando que el penado no se había presentado a pernoctar, resolviendo el a quo en fecha 27/01/12 suspender los efectos del beneficio acordado, hasta tanto se lograra su aprehensión y en audiencia oral decidir sobre su revocatoria o mantenimiento, considerando el tribunal en dicha fecha, lo contenido en el oficio N° 33859 emanado del Internado Judicial del estado Trujillo, respecto a que el penado había salido del internado judicial el día Martes 25-10-2011 y no se ha presentado a pernoctar por lo que se daba como EVADIDO, así mismo del oficio N° 0205, emanado de la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación, Coordinación Regional Andina, participando que el penado Manuel Ramón Pujol Ochoa, titular de la cédula de identidad N° 14.148.486, había faltado a pernotar los días 26, 27, 28 de Octubre calificado como evadido del Internado Judicial y hasta la presente fecha no se había presentado a la Unidad Técnica para justificar sus faltas.

La parte recurrente, sostiene que su representado no se evade por su gusto, sino por salvaguardar su vida, ya que había sido victima de un atentado en el momento que cumplía con su beneficio, circunstancia esta que en ningún momento fue informada por el penado a su defensa, dirección del recinto penal o delegado de prueba encargado de su supervisión, a fin de que el tribunal respectivo tomara las previsiones correspondientes que le permitieran continuar con el disfrute del beneficio acordado.
Así las cosas, considera esta alzada que no le asiste la razón a la parte recurrente, por cuanto se evidencia que el A quo al momento de resolver revocar el beneficio acordado de destacamento de trabajo, el cual comporta la obligación de laborar de lunes a viernes, en el horario diurno regular y pernoctar todos los días en el Internado Judicial, constata que el mismo le fue suspendido por presentar el penado una serie de irregularidades, entre ellas, que el día sábado 10/09/11 se presenta al penal sin justificativo alguno, cuando su obligación era pernoctar desde el día viernes 09/09/11 y posteriormente desde el día 26/10/11 se ausenta del lugar, considerándose desde la fecha evadido, sin que justificara las razones de su incomparecencia, incluso a la persona que desde el punto de vista institucional le es mas cercana como es el delegado de prueba que le había sido asignado para su supervisión. Una vez aprehendido, tres (03) años posteriores y puesto a la orden del tribunal requirente, sólo expone que había sido objeto de amenazas, lo cual no justifica su ausencia, entendiendo esta alzada que el penado dispone del personal adecuado entre ellos un delegado de prueba e incluso acceso al juez que lleva su causa quien de manera regular asiste al recinto penal a fin de realizar entrevistas con los internos, por lo que de no querer evadirse por gusto como lo señala la defensa, era su obligación acudir a las autoridades respectivas e informar lo sucedido a fin de evitar la interrupción o incumplimiento del beneficio impuesto, quedando confirmada la decisión dictada por el A quo en relación a la revocatoria del beneficio de Destacamento de Trabajo, objeto de impugnación. Así se decide.-

DISPOSITIVA
Por los razonamientos anteriormente señalados, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECRETA: Primero: SIN LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por el abogado Rafael Ramón Simancas Araque, en su carácter de Defensor Privado del penado MANUEL RAMÓN PUJOL OCHOA, titular de la cédula de identidad N° 14148486, contra la decisión de fecha 05/06/2014, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, en la causa Nº TJ01-P-2009-000123.
Segundo: QUEDA CONFIRMADA la decisión proferida.
Tercero: Se ordena la remisión de las actuaciones al Tribunal de Origen.-
Regístrese, Publíquese y Remítase.

Dada, firmada y sellada en la Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo a los diez (10) días del mes de Septiembre del dos mil catorce (2014).

Dr. Benito Quiñónez Andrade
Presidente de la Corte de Apelaciones

Dra. Rafaela González Cardozo Dr. Lexi Matheus
Juez de la Corte Juez de la Corte S (Ponente)

La Secretaria

Abg. Ruth Mary Peña