REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
Corte de Apelacion Penal
TRUJILLO, 17 de Abril de 2015
204º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL : TP01-P-2015-000872
ASUNTO : TP01-R-2015-000035


RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO
PONENTE: DRA. RAFAELA GONZALEZ CARDOZO

Se recibieron las presentes actuaciones procedentes del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 7 del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, Apelación de Auto, constante de (12) folios útiles, interpuesto por los Abgs. CARLOS LUIS VERA BENCOMO y LEONARDO JOSE LUCENA BARRETO, con el carácter de Fiscales Auxiliares Interinos adscritos a la Sala de Flagrancia del Ministerio Publico del estado Trujillo, en la causa penal Nº TP01-P-2015-000872, en contra del ciudadano JORGE ALBERTO FERNANDEZ VASQUEZ, recurso éste ejercido en contra del Auto de fecha 24 de Enero 2015, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 7 del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, que declara: “…PRIMERO: Se califica la detención de los ciudadano JORGUE ALBERTO FERNANDEZ VAZQUEZ…, por el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, EN GRADO DE FUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 07 de la ley sobre el hurto y robo de vehiculo automotor y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL Art. 112 de la Ley para el desarme y Control de armas y municiones, y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, como flagrante al haberse producido la detención al momento de cometerse el hecho, de conformidad con el artículo 44 constitucional. CUARTO: se acuerda Medida Cautelar Sustitutiva de libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numeral 1 del COPP consistente en: DETENCION DOMICILIARIA, de conformidad con el Art. 242.1 del Código orgánico Procesal Penal…”
DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE APELACION, DEL AUTO RECURRIDO Y DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA PRESENTE DECISION:
Planteo los recurrentes”… APELO DE LA DECISIÓN EMANADA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN PUNCIONES DE CONTROL Nº 07 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO, en lo que respecta a la sustitución de la medida de Privación Judicial Preventiva de libertad por el “ARRESTO DOMICILIARIO del ciud1ano imputado JORGE ALBERTO FERNANDEZ VASQUEZ, titular de la cédula de Identidad Nº 12.874.638, conforme a lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal en su numeral 1, siendo presentado este ciudadano el día 24 de Enero del 2015 por el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR ERN GRADO DE FRUSTRACIÓN previsto en el articulo 7 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehiculo Automotor, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO Previsto y Sancionado en el artículo 112 de la Ley Para el Desrame y Control de Armas y Municiones y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código penal, cometido en agravio de la COLECTIVIDAD y del ciudadano identificado como denunciante en las acta policiales como DENUNCIANTE 003-215, suscritas por los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con Sede en Valera del Estado Trujillo, todo lo cual se realiza de acuerdo al contenido del artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal,

CAPITULO II
FUNDAMENTOS QUE ORIGINAN PRESENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN
El Proceso Penal, tiene un fin y no es otro que el de la búsqueda de la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en a aplicación del derecho, y a ese fin deberá dirigirse la actuación de todos los sujetos procesales que intervienen en dicho proceso, correspondiendo a los jueces al momento de decidir atenerse a esa verdad y Justicia aplicada en el derecho. En este caso la parte de la decisión adoptada por el Tribunal a quo en el marco de la celebración de la Audiencia de Presentación celebrada de fecha 24 de Enero del año 2015, no esta ajustada en su totalidad a este fin, pues por el contrario causa un gravamen irreparable tanto al Estado Venezolano, como a la víctima antes señalada ya que el ciudadano JORGE ALBERTO FERNANDEZ VASQUEZ fue aprehendido, cometiendo varios delitos que a todas luces son Delitos Graves como lo son ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN GRADO DE TENTATIVA previsto en el artículo 7 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO Previsto y Sancionado en el artículo 112 de la Ley Para el Desrame y Control de Armas y Municiones y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código penal, cometido en agravio de la COLECTIVIDAD y del ciudadano identificado como denunciante en las acta policiales corno DENUNCIANTE 003-215, evidenciándose que por la comisión de estos tres delitos el imputado no solo atenta contra la vida y la integridad Física y Psicológica de la víctima, sino que además el portar un arma de fuego sin su debida documentación que acredita la tenencia o el porte de la misma, al igual que el haberse aprovechado de dicha arma de fuego ya que la misma se encuentra solicitada por la sub. delegación del CICPC Santa Mónica, Distrito Capital, por el delito de Hurto en fecha 13-06-2010, se considera todos estos delitos graves y pluri ofensivos ya que atentan contra el orden público, contra la sociedad como tal, contra el buen orden y la sana convivencia de las personas y el otorgarle como fue una Medida de Detención Domiciliaria a este ciudadano, no compartiendo el Tribunal la solicitud hecha por parte del Ministerio Público en cuanto a la medida Privativa de Libertad solicitada en fecha 24-1- 2015 cuando se celebro la Audiencia de Presentación de Imputado y luego de haberlo imputado estos tres delitos ya mencionados y darle esta medida, da pie a que con decisiones como esta quede como antecedente y ejemplo para que cualquier persona pueda tomar un arma de fuego y salir a la calle a llevar a cabo cualquier fechoría en perjuicio de la sociedad o de alguna persona en particular incluso pueda acabar con la vida de esa persona a sabiendas que le pueden otorgar una medida de coerción personal en su propia casa, y a pesar de que el mismo Tribuna] Supremo de Justicia y la Doctrina Patria a señalado que este tipo de medida se equipara y asemeja a una Privativa de libertad y que lo único que cambia seria el sitio de reclusión, no es menos cierto que en la realidad eso no es así ya que muchas de las personas que son favorecidas con este tipo de medidas no las cumplen en su totalidad, ya que aunado al hecho de que no se fija custodia policial por la grave crisis que igualmente existe en los Cuerpo Policiales específicamente en el Estado Trujillo, las personas incumplen dichas medidas ya que no existe ningún tipo de autoridad que les prohíba salir a la calle a seguir cometiendo delitos, aun pudiendo ser muchos mas graves a los cometidos y en consecuencia se vea burlada la justicia por quienes infringen las leyes, siendo que a continuación se pasa a transcribir un extracto de la parte de la decisión que se recurre:

CONSIDERACIONES... Considera que si bien el delito calificado tiene una pena prevista que no supera los 8 años de prisión, quien decide, sopesa la posibilidad que se someta el imputado con una medida cautelar de las previstas en el Art. 242.1 del texto venal adjetivo, en el entendido de que el ciudadano hoy imputado, reside en el Estado Trujillo e indico con exactitud la residencia del mismo y previa evaluación de los delitos calificados, en tal sentido se debe observar el diseño de (as mismas es para un proceso garantista, cuyas normas regulan la privación de Libertad y limitan los principios del juicio previo y presunción de inocencia, pero no es menos cierto que tales garantías tiene excepciones, pues se establece la posibilidad de encarcelamiento, durante el proceso penal, el cual debe ser siempre excepcional. Siendo importante precisar que una medida privativa de libertad provisional aparece, como un mal necesario y si se toma en cuenta que el proceso penal, no es de cumplimiento instantáneo, por lo que en ocasiones es necesario adoptar medidas asegurativas de su realización y de su posible resultado en la imposición de las penas por lo tanto se justifica la imposición de Medidas Cautelares Sustitutivas, pues se trata de no sacrificar el interés colectivo, ante el interés individual en consecuencia, este Tribunal declara procedente dicha solicitud y acuerda al imputado medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con lo establecido en el articulo 242.1 del COPP consistente en DETENCIÓN DOMICILIARIA

De esta manera se desprende el motivo por el cual se esta recurriendo, generado por el hecho de no haber ACORDADO la medida de Privación Judicial Preventiva de libertad, para el ciudadano JORGE ALBERTO FERNÁNDEZ VÁSQUEZ, por el “ARRESTO DOMICILIARIO, por ser un derecho Constitucional y procesal, aun cuando el tribunal pueda haber acogido la postura del Máximo Tribunal de Justicia, donde manifiesta que el arresto domiciliario se equipara a una Medida Privativa de libertad, no es menos cierto que el Tribunal Aquo, debió evaluar las circunstancias de tiempo lugar y modo, como fue aprehendido el ciudadano JORGE ALBERTO FERNANDEZ VASQUEZ y que otros elementos de interés criminalisticos fueron hallados en el momento de su detención y no como lo hace ver dicho tribunal A quo, que es un delito inacabado y el hecho de que el imputado presente registro ni antecedentes policiales, y a pesar de que acogió todas las calificaciones hechas por el Ministerio Público, decreto la Aprehensión en flagrancia del ciudadano detenido y acordó el Procedimiento ordinario, decidió con la medida ya señalada.

En el mismo orden de ideas, al observar el Acta de Audiencia de presentación donde queda plasmado todo lo que las partes del proceso alegan, en la misma no se observa un argumento serio, lógico y jurídico por parte del Tribunal Ad Quo para dictar la medida de ARRESTO DOMICILIARIO ya que hace mención en parte de que dicho imputado muy bien puede someterse al proceso a través de una medida cautelar sustitutiva de libertad sin tomar en cuenta prácticamente lo que señala la víctima en su denuncia, que al momento de salir de la casa de su amiga este ciudadano IMPUTADO de una vez lo somete y le coloca la pistola en el cuello y le dijo que lo acompañara, pensando la víctima que quería quitarle la camioneta de su propiedad, pero este pidió ayuda y fue cuando los funcionarios actuantes intervienen e impiden la comisión de cualquier hecho punible, ya que no se tiene certeza de cual en si era el delito que el ciudadano imputado JORGE ALBERTO FERNANDEZ VASQUEZ quena cometer, pero todo apunta a que era apropiarse del vehículo del denunciante, bajo amenazas a la vida de este, igualmente flama poderosamente la atención que esta Representación Fiscal imputa dos delitos mas como lo es Porte Ilícito de Arma de Fuego y aprovechamiento de cosas provenientes del delito de Hurto. Observando estos delitos mas, se puede determinar una concurrencia real de delitos ya que fueron cometidos los tres por el mismo ciudadano y que a pesar de que cada uno por separado en cuanto a su sanción no superan los diez (10) años en sus términos máximos, la conjugación de los tres permite determinar que efectivamente es procedente la solicitud del Ministerio Público al momento de la Audiencia de presentación en cuanto a la Privativa de Libertad ya que sin la comisión de estos dos delitos mas, el imputado hubiese logrado su cometido, no siendo este el resultado espera por el mismo, gracias a la intervención de los órganos de seguridad del Estado.

Basando precisamente el Ministerio Público la fundamentación del recurso de apelación en base a los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procese] Penal, en virtud que las condiciones no han cambiado aun cuando se sabe que hay arraigo en el país no se enuncio el numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal sino que se solicita la privativa de conformidad a los numerales 2, 3 y 5 y parágrafo primero porque se está en presencia de tres delitos graves mas el de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR EN GRADO DE TENTATIVA ya que en reiteradas jurisprudencias de la Sala Constitucional y Penal del Tribunal Supremo de Justicia son considerados delito pluriofensivos que van en contra de la sociedad, es un delito establecidos en los artículos 7 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, artículo il2 de la Ley Para el Desrame y Control de Armas y Municiones y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito de Hurto como lo es el artículo 470 del Código Penal, ahora bien, en base a los numerales 2, 3 y parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a la pena que llegaría a imponerse y el artículo 374 establece en delitos que superen los tres años obviamente estamos en presencia de un delito que supera dicho parámetro en su limite máximo y que se encuentra taxativamente incluido entre los delitos por los cuales no procede la libertad inmediata, en relación a la magnitud del daño causado estamos en presencia de un delito pluriofensivo, que atenta no solo con la víctima del presente caso sino que atenta contra la sociedad en general y en jurisprudencia reiterada se han considerado delitos graves que se debe tratar en juicio y es donde se va a demostrar la culpabilidad o inocencia.

Así las cosas, considera esta Representación Fiscal, que la decisión de fecha 24 de Enero del año 2014, se encuentra fuera del contexto jurídico, por cuanto el tribunal A quo decidió con pleno desconocimiento de la norma, no fundamento detalladamente su decisión en cuanto a la medida otorgada, sin tomar en cuenta la pluralidad de delitos y a pesar de que acogió las calificaciones dadas, decreto a aprehensión en flagrancia, y acordó el procedimiento ordinario, otorga dicha medida.
… Con la interposición del presente recurso de apelación y en base a los razonamientos de hecho y de derecho antes explanados, esta Representación del Ministerio Público solicitamos muy respetuosamente, lo siguiente:

Primero: Se admita el presente recurso de apelación, por no ser contrario a derecho, de con lo establecido en el artículo 439 numeral 4° en concordancia con los y 442 del Código Orgánico Procesal Penal.

Segundo: Sea DECLARADO CON LUGAR EL PRESENTE RECURSO y en consecuencia sea revocada la Medida Cautelar Judicial Sustítutiva de Libertad, al ciudadano JORGE ALBERTO FERNANDEZ VASOUEZ, y se decrete la Medida Cautelar Judicial de Privación Preventiva de Libertad, ya que las circunstancias de tiempo, lugar y modo, que permitieron su aprehensión y el cúmulo de elementos de convicción los señalan como autor de los delitos imputados, y a modo de ver de esta Representación Fiscal por el solo hecho de que la Juzgadora considero que uno de los delitos es inacabado, cosa que no lo señala en ninguna parte en el acta de audiencia al igual que tampoco señala que el Imputado no tiene Registros policiales ni antecedentes penales y que era la primera oportunidad en la cual cometió un delito.
Encontrándose esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo en la oportunidad procesal para resolver el recurso de apelación interpuesto, lo hace en los siguientes términos: Revisado como ha sido el escrito contentivo del recurso de apelación interpuesto por la Representación Fiscal y el auto recurrido, estima esta Alzada que la razón acompaña al recurrente, debido a que la medida cautelar sustitutiva de libertad no fue la adecuada para el presente caso, porque si bien es cierto la Juzgadora admite que se encuentra acreditado los hechos punibles de Robo Agravado de Vehículo Automotor en grado de Frustración previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehiculo Automotor y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el art. 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, y Aprovechamiento de Cosas Provenientes de delito previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, los cuales en su conjunto constituyen hechos graves pues con el delito de robo agravado se atentó contra la propiedad individual incluso contra la integridad física y psicológica de la víctima al ser sometida con un arma de fuego para que entregara el vehiculo motocicleta, sumado a ello la persona procesada llevaba consigo un arma de ilícito porte, es decir violentando además la ley que regula la materia, con la irregular tenencia, contribuyendo a omitir las políticas del Gobierno en cuanto al control de las armas que andan circulando en el país, sin ningún tipo de control, encontrándose algunas de ellas en manos de personas inescrupulosas, que las utilizan para la comisión de hechos punibles; sumando a ello que en el presente caso los hechos imputados para el caso de conseguir que el procesado resultara autor de los mismos se expone a una pena elevada que supera los diez años de prisión, en tal virtud que no resulta procedente que sin ninguna justificación fáctica ni de derecho que se otorgue una medida de detención domiciliaria por unos delitos tan lesivos y de frecuente ocurrencia en el país, que dicho sea, tienen sometida a toda la colectividad en una constante zozobra y temor fundado; por otra parte existe la posibilidad incluso que el procesado de autos a pesar de encontrarse en arresto domiciliario pueda realizar gestiones tendientes a obstaculizar el presente proceso, actividades dirigidas a la víctima del hecho para pretender comportamientos reticentes para con el proceso.
En el presente caso no existen razones ni de hecho, ni de derecho que justifiquen el no otorgamiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad pretendida por el Ministerio Público, debido a que se encuentran llenos los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal como son: la acreditación de los hechos punibles de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, EN GRADO DE FUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehiculo Automotor y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, existen además los plurales elementos de convicción que permiten presumir fundadamente que el ciudadano JORGE ALBERTO FERNANDEZ VASQUEZ es el presunto autor del hecho debido a que fue aprehendido a poco de haber ocurrido el delito, en posesión de la moto que momentos antes le había sido despojada a la víctima, portando además un arma de fuego, siendo que la víctima había indicado que el hecho se cometió bajo amenazas con arma de fuego; a ello debe sumarse que emanada el peligro de fuga ante todo por la magnitud del daño causado, la pena que eventualmente se podría imponer por el presente asunto al procesado de ser declarado culpable, siendo que además el procesado según el acta de audiencia se encuentra desempleado en este momento lo que hace fácil que el mismo pueda permanecer oculto o evadir el proceso. Por estas razones estima esta Alzada que la medida de arresto domiciliario debe ser revocada y en su lugar se decreta MEDIDA DE PRIVACION JUDICILA PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con el artículo 44.1 de nuestra Carta Magna y artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia líbrese la correspondiente orden de detención judicial a los órganos competentes.

DISPOSITIVA

Por los argumentos de hecho y derecho expuestos a lo largo de la presente decisión esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY PRIMERO: DECLARA CON LUGAR RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO interpuesto por los Abgs. CARLOS LUIS VERA BENCOMO y LEONARDO JOSE LUCENA BARRETO, con el carácter de Fiscales Auxiliares Interinos adscritos a la Sala de Flagrancia del Ministerio Publico del estado Trujillo, en la causa penal Nº TP01-P-2015-000872, en contra del ciudadano JORGE ALBERTO FERNANDEZ VASQUEZ, , recurso éste ejercido en contra del Auto de fecha 24 de Enero 2015, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 7 del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, que declara: “…PRIMERO: Se califica la detención de los ciudadano JORGUE ALBERTO FERNANDEZ VAZQUEZ…, por el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, EN GRADO DE FUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 07 de la ley sobre el hurto y robo de vehiculo automotor y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL Art. 112 de la Ley para el desarme y Control de armas y municiones, y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, como flagrante al haberse producido la detención al momento de cometerse el hecho, de conformidad con el artículo 44 constitucional. CUARTO: se acuerda Medida Cautelar Sustitutiva de libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numeral 1 del COPP consistente en: DETENCION DOMICILIARIA, de conformidad con el Art. 242.1 del Código orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: SE REVOCA el AUTO recurrido solo en lo que respecta a la medida de DETENCION DOMICILIARIA que había sido impuesta y en su lugar se DECRETA MEDIDA DE PRIVACION JUDICILA PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con el artículo 44.1 de nuestra Carta Magna y artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia líbrese la correspondiente orden de detención judicial a los órganos competentes informándoles el domicilio donde el ciudadano JORGUE ALBERTO FERNANDEZ VASQUEZ se encuentra en detención domiciliaria.





TERCERO: Se acuerda publicar la presente decisión agregándola al expediente respectivo, anotarla en el Libro Diario llevado por este Tribunal; dejar copia certificada de la presente decisión en el Copiador de Sentencias Interlocutorias llevado por esta Corte.
Dada, sellada, firmada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil quince.




DR. BENITO QUIÑÓNEZ ANDRADE.
PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES.




DRA. RAFAELA GONZALEZ CARDOZO DR. RICHARD PEPE VILLEGAS
JUEZA Y PONENTE DE LA CORTE JUEZ DE LA CORTE




ABG. YARITZA CEGARRA LINARES
SECRETARIA