REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del
Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 17 de abril de 2015
204º y 156º
ASUNTO: KP02-V-2013-000583
DEMANDANTES: por los ciudadanos JESUS GREGORIO RODRIGUEZ LEAL, ALBA SUSANA VANOY DE RODRIGUEZ y DAVID SALVADOR RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros: V- 7.340.995, V- 11.883.514 y V- 18.332.373.
ABOGADO ASISTENTE: JESUS MARIA MENDOZA MELENDEZ, inscrito en el I.P.S.A bajo el número 185.710.
DEMANDADOS: los ciudadanos FRANCISCO MIGUEL DOMINGUEZ ROJAS, OLGA GRACIELA FERNANDEZ DE DOMINGUEZ y FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros: V- 4.124.417, V- 4.479.340 y V- 13.072.439.
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA.
El presente juicio es por RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, se inició mediante libelo de demanda interpuesto por los ciudadanos JESUS GREGORIO RODRIGUEZ LEAL, ALBA SUSANA VANOY DE RODRIGUEZ y DAVID SALVADOR RODRIGUEZ, debidamente asistidos por el abogado JESUS MARIA MENDOZA MELENDEZ, Contra: los ciudadanos FRANCISCO MIGUEL DOMINGUEZ ROJAS, OLGA GRACIELA FERNANDEZ DE DOMINGUEZ y FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ. Todos arriba identificados. Sin embargo, revisada como ha sido la causa, se constata que la última actuación por la parte actora fue en la fecha 14 de junio de 2013, donde la parte actora solicito al Tribunal se avocara al conocimiento de la demanda. Al respecto señala el procesalista RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE en su obra Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil “El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. (…) La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural que es la sentencia”. Por su parte, GIUSSEPE CHIOVENDA, citado por CARLOS COLOMBO, en su obra Código Comercial y Civil de la Nación, indica que la inactividad procesal, libera a los órganos del Estado de las obligaciones que se derivan de la existencia de un juicio evitando que se mantenga por tiempo indefinido la incertidumbre que trae aparejada a las partes la iniciación de proceso. Así observa quien este juzga que este asunto se encuentra paralizado, evidenciándose un total abandono de la causa y cumpliéndose en consecuencia con las previsiones legales contempladas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que: “Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”, en concordancia con el artículo 269 ejusdem, en donde se dispone que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, lo que significa que es de orden público y no requiere para su declaración, solicitud por parte de alguno de los sujetos procesales, siendo necesario que se verifique si se han dado las condiciones necesarias para que se produzca, esto es, la existencia de una instancia, la inactividad procesal y el transcurso del tiempo señalado en la disposición legal. En cuanto al primer requisito, es evidente que existe el supuesto que este es un procedimiento válidamente interpuesto; en relación a la inactividad procesal, también consta de las actas del expediente, ya que no fue suscrita por los demandantes ninguna diligencia donde se impulsara el proceso; por último también está evidenciado de los autos el tercer elemento, esto es, el transcurso del tiempo, ya que desde el 14 de junio de 2013, hasta la presente fecha ha transcurrido más de un año sin actividad procesal, por lo que a juicio de quien dictamina es procedente declarar PERIMIDA, la presente instancia y así se establece. En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Tribunal Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara PERIMIDA la presente instancia, de conformidad con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. Se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente, una vez quede firme la presente sentencia. No hay condenatoria en costas en razón de lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
La Juez temporal

Abg. Emma Cristina García Moreno.

La Secretaria

Abg. Ilse Gonzáles


EGGM/IG/alvelis