REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Barquisimeto, 01 de Diciembre de 2015.
Año 205º y 156º
ASUNTO: KH08-X-2015-000027 .
Parte Demandante: SANDRA KARELIS LÓPEZ YARI, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 21.142.605.
Apoderados Judiciales de la Parte Demandante: LUISANNY COROMOTO DURÁN VALLADARES y OBERTO MANUEL RANGEL CERVERA, Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 229.772 y 229.773 respectivamente.
Parte Demandada: ANTING WU, extranjero, de nacionalidad china, titular de la cédula de identidad Nº E-83.212.584. (quien constituyó la firma personal WU ANTING CHINA W UÑAS ACRILICAS F.P).
RECORRIDO DEL PROCESO
Inicia la presente causa por demanda interpuesta por la ciudadana Sandra Karelis López Yari en fecha 16 de noviembre de 2015, según consta en sello húmedo de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) Civil.
En fecha 19 de noviembre de 2015, este Juzgado se abstuvo de admitir la demanda por no llenarse los requisitos exigidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenando su subsanación.
El 20 de noviembre fue presentado por la parte demandante escrito de subsanación, el cual fue recibido por este Juzgado el día 23 de noviembre de 2015.
El día 26 de noviembre de 2015 se admitió la demanda ordenando el emplazamiento de la parte demandada mediante cartel y 30 de noviembre aperturó el presente cuaderno separado de medidas.
Estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente, este Juzgado procede a pronunciarse sobre la medida de embargo preventivo solicitada bajo las siguientes consideraciones:
MOTIVACIONES
En general las medidas cautelares constituyen un instrumento de la justicia dispuesto para que el fallo jurisdiccional sea ejecutable y eficaz, además que son una expresión de la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El poder cautelar es la potestad otorgada a los jueces que dimana de la voluntad del Legislador para dictar las decisiones cautelares que sean adecuadas y pertinentes en el marco de un proceso, con la finalidad inmediata de evitar el acaecimiento de un daño o una lesión irreparable a los derechos de las partes y la majestad de la justicia.
El Artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT) establece el régimen de las medidas cautelares en los juicios laborales:
A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, mediación y ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que reclama. Contra dicha decisión se admitirá recurso de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del acto que impugna la misma será decidida en forma oral e inmediata y previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes por el Tribunal Superior del Trabajo, sin admitirse recurso de casación contra dicho fallo.
En este orden de ideas, vale señalar que si bien el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo permite, a solicitud de parte, que se decreten medidas cautelares a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, no obstante la doctrina y jurisprudencia son contestes en indicar que los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares y sus diversas modalidades, se encuentran contempladas en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, cuya aplicación deviene por así permitirlo el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”
De conformidad con lo antes transcrito, cabe destacar que dichas medidas están sujetas a los siguientes presupuestos:
• Verosimilitud del derecho reclamado: la cual se conoce en la doctrina como Fumus Boni Iuris y se trata de un cálculo de posibilidades, de una presunción, la cual es, que el solicitante de la medida será en definitiva, el sujeto de juicio de verdad plasmado en la sentencia; la apariencia de Buen Derecho es un juicio preliminar, que no toca el fondo, por el cual quien se presenta como titular del derecho tiene visos de que efectivamente lo es. Por lo cual no puede exigirse la fundabilidad de la misma en un conocimiento exhaustivo y profundo de lo controvertido en el juicio principal, sino un conocimiento superficial que permitirá la decisión de probabilidad respecto de la existencia del derecho que se discute en el proceso. De esta forma el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, otorga al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución el “Poder Discrecional” de acordar las medidas cautelares, siempre que a su juicio exista la presunción grave del Derecho que se reclama.
• El peligro de infructuosidad del fallo (Periculum In Mora): El cual no es más, que el conjunto de actividades desplegadas por el accionado a fin de disminuir en su patrimonio, el cual es el objeto de los derechos sobre los cuales se litiga. Este requisito tiene vinculación directa con el interés procesal, puesto que para poder intentar cualquier acción debe tenerse un interés legítimo y actual; que es definido, como la probabilidad potencial de peligro, de que el contenido del dispositivo pueda quedar disminuido en un ámbito económico; debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, con la lamentable consecuencia de quedar burlada la majestad de la justicia en su aspecto práctico. Se trata pues, según Sánchez (1995) en su libro del Procedimiento Cautelar y de Otras Incidencias, de la existencia de un peligro, de un temor fundado de que se produzca una lesión al derecho cuya protección jurisdiccional se persigue con la proposición de la demanda, lo que constituya el riesgo de que la pretendida sentencia favorable no pueda ser cumplida, de modo que lo que se persigue, “lo urgente, no es la satisfacción del derecho sino el aseguramiento preventivo de los medios aptos para determinar que la providencia judicial, cuando llegue, sea justa y eficaz”. En el caso que nos ocupa, quien juzga considera que al hacer entrega de las cantidades embargadas, pudiera ocasionar grave daño a la demandada en caso de dictarse fallo en el recurso de invalidación, que le sea favorable, daño que es de difícil reparación a futuro.
En el caso de marras, la parte demandante afirma que el ciudadano Wu Anting se encuentra vendiendo todos los activos personales que posee porque se va a mudar a la República Popular China de donde es oriundo, que existe la presunción de que se encuentra vendiendo alguno de los activos de la empresa Wu Anting China W uñas Acrilicas F.P. y que la conducta impropia y contraria a derecho de su empleador viene a representar el “fumus boni iuris” y la presunción greve de que se haga ilusoria la ejecución del fallo está representado por la contumacia de la empresa en sorprenderle en su buena fe y posiblemente dilapidar el patrimonio de la firma para evadir las obligaciones de Ley constituye el periculum in mora.
Así las cosas, en criterio de quien juzga, no consta en autos prueba alguna de los dichos del demandante, por tanto, no existen en las actas procesales elementos que lleven a la convicción de la existencia de presunción grave del derecho que reclama ya que no dio cumplimiento a los extremos de procedencia antes indicados por lo que se niega la medida solicitada. Y así se decide.
DECISIÓN
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara:
PRIMERO: IMPROCEDENTE la medida preventiva de embargo solicitada por la parte demandante.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, primero (01) días de Diciembre de 2015. Año: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Abg. Ana Mercedes Sánchez.
Juez Temporal
Abg. Silvana Quercia.
Secretaria
Nota: En esta misma fecha, 01 de diciembre de 2015, se dictó y publicó la anterior decisión, siendo las 08:45 a.m., agregándose al físico del expediente y al sistema juris 2000. Año: 205° de la Independencia y 156º de la Federación.
Abg. Silvana Quercia.
Secretaria
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