TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL
MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA
Sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 14 de diciembre de 1990, bajo el No. 77, Tomo 102-A-Sgdo., cuya última modificación estatutaria consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 28 de Julio de 1.993 y debidamente registrada por el mencionado Registro Mercantil en fecha 24 de Agosto de 1.993, bajo el No. 32, Tomo 103-A-Sgdo. APODERADOS JUDICIALES: YOLIMAR QUINTERO VÁSQUEZ, letrada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 66.473.

PARTE DEMANDADA
Sociedad mercantil INVERSIONES GIOGAR C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Apure el 06 de julio de 1999, bajo el No. 0104, Tomo 5-A, y posteriormente modificados sus Estatutos e inscrito por ante el mencionado Registro Mercantil en fecha 09 de enero de 2002, bajo el No. 38, Tomo 21, en la persona de su Director Administrativo ciudadano GILMER OSWALDO GARCÍA LEÓN, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-9.869.625, y los ciudadanos TIRSIA DEL CARMEN LEÓN DE MARIÑO y OMAR DE JESUS MARIÑO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nos. V-3.770.038 y V-5.358.684, respectivamente. APODERADO JUDICIAL: No consta apoderado judicial constituido en autos.

MOTIVO
COBRO DE BOLÍVARES

I

Se recibió la presente causa en fecha 15 de julio de 2015 de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, asentándose en el Libro de Causas el 20 de julio de 2015, con motivo del recurso de apelación interpuesto el 06 de julio de 2015 por la abogada Yolimar Quintero Vásquez, apoderada judicial de la parte actora, contra la decisión dictada el 29 de junio de 2015 por el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró la perención de la instancia en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES incoara la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A. en contra de la empresa INVERSIONES GIOGAR C.A y los ciudadanos TIRSIA DEL CARMEN LEÓN DE MARIÑO y OMAR DE JESUS MARIÑO.

Mediante auto de fecha 23 de julio de 2015, el ciudadano Juez Titular de este Despacho Judicial se abocó al conocimiento y revisión de la causa de marras.

II

Visto el recurso de apelación interpuesto el 06 de julio de 2015 por la abogada Yolimar Quintero Vásquez, apoderada judicial de la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A. (parte actora), en contra de la decisión dictada de fecha 29 de junio de 2015 dictada por el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Superioridad considera menester hacer las siguientes consideraciones:
• Que el presente proceso se inició por demanda de Cobro de Bolívares, incoada por la abogada Yolimar Quintero Vásquez, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A., contra la empresa INVERSIONES GIOGAR C.A., admitida el 03 de mayo de 2012 por el Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual ordenó el respectivo emplazamiento por el procedimiento oral, de conformidad con lo establecido en el 341 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con las disposiciones contenidas en los artículos 859 y siguientes eiusdem;

• Que mediante diligencia del 15 de mayo de 2012, la representación judicial de la parte actora consignó escrito de reforma de la demanda, la cual fue admitida en fecha 16 de mayo de 2012 (Folios 98 y 99);

• Que a través de diligencia de fecha 21 de mayo de 2012, la apoderada judicial de la parte actora consignó cuatro (4) juegos de copia del libelo y del auto de admisión, a los fines de la elaboración de las tres (3) compulsas de citación y la apertura del Cuaderno de Medidas;

• Que por auto del 24 de mayo de 2012, el a-quo instó a la representación judicial de la accionante a consignar cuatro (4) juegos de copias simples de la reforma de la demanda y su admisión, para la elaboración de las compulsas y del cuaderno de medidas, las cuales fueron consignadas el 11 de junio de 2012 (Folio 103);

• Que mediante diligencia de fecha 11 de junio de 2012, la apoderada judicial de la parte actora consignó los emolumentos necesarios a los fines del envió de la comisión y práctica de la citación de la parte demandada (Folio 106);

• Que a través de auto del 15 de junio de 2012, el Tribunal de la Causa libró las respectivas compulsas a la parte demandada (Folio 107);

• Que por diligencias de fechas 17 de julio de 2012, 30 de julio de 2012, 17 de septiembre de 2012 y 23 de octubre de 2012, la representación judicial de la parte demandante dejó constancia de estar practicando las gestiones pertinentes a los fines de la citación de la parte demandada;

• Que mediante diligencia del 20 de noviembre de 2012, la apoderada judicial de la parte actora solicitó la subsanación del auto de admisión de la reforma de la demanda, así como de los oficios para la práctica de la citación, en virtud de que por error involuntario colocaron “Inversiones Giocar, C.A.” siendo “Inversiones Giogar, C.A.”, lo cual fue corregido a través de auto de fecha 21 de noviembre de 2012 (Folios 120 y 121);

• Que a través de diligencia de fecha 07 de enero de 2013, la representación judicial de la demandante consignó tres (3) juegos de fotostatos, a los fines de la citación de los co-demandados;

• Que por auto del 11 de enero de 2013, el a-quo instó a la representación judicial de la actora a consignar mediante diligencia tres (3) juegos de copias simples del libelo de demanda y del auto de admisión dictado el 03-05-2012, lo cual fue consignado por diligencia del 01 de febrero de 2013 (Folio 126);

• Que mediante auto de fecha 14 de febrero de 2013, el Tribunal de la Causa ordenó librar las respectivas compulsas de los co-demandados (Folio 127);

• Que a través de diligencia del 25 de febrero de 2013, la apoderada judicial de la parte actora canceló los emolumentos al alguacil (Folio 131);

• Que por diligencias de fechas 22 de marzo de 2013, 25 de abril de 2013, 12 de julio de 2013, 24 de septiembre de 2013, 30 de octubre de 2013, 10 de diciembre de 2013, 20 de enero de 2014, 10 de marzo de 2014, 21 de abril de 2014, 09 de junio de 2014, 01 de julio de 2014, 20 de noviembre de 2014, 09 de febrero de 2015, 05 de marzo de 2015, 08 de mayo de 2015 y 22 de junio de 2015, la representación judicial de la parte demandante dejó constancia de estar practicando las gestiones pertinentes, a los fines de la citación de la parte demandada;

• Que mediante decisión de fecha 29 de junio de 2015, el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró la perención de la instancia en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES incoara la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A. en contra de la empresa INVERSIONES GIOGAR C.A. y los ciudadanos TIRSIA DEL CARMEN LEÓN DE MARIÑO y OMAR DE JESUS MARIÑO;

• Que a través de diligencia de fecha 06 de julio de 2015, la abogada Yolimar Quintero Vásquez, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A. (parte actora), ejerció recurso de apelación contra la sentencia del 29 de junio de 2015 proferida por el Tribunal a-quo, siendo oído en ambos efectos el 13 de julio de 2015.

Esta Alzada observa:

El Ejecutivo Nacional o los distintos órganos de gobierno del Poder Judicial, en diferentes épocas, han proferido numerosas resoluciones y/o decretos que aluden a la competencia de los tribunales de la República y que en gran medida han influido en la actividad jurisdiccional, ya sea atendiendo razones de política judicial, de facilitación del acceso a la justicia, o fundándose en causas administrativas.

En relación con la mencionada temática, el profesor uruguayo ENRIQUE VESCOVI (1984), señala:

“La distribución de la competencia responde, a la necesidad práctica de una mejor y eficiente administración de la justicia. Se atiende a la mayor facilidad de administrarla, preferentemente, y al mejor acceso a ella de quienes, como partes, deben acudir o están sometidos a la misma.
La división obedece a diferentes razones y criterios. Hay, por sobre todo, una de carácter institucional, que se funda en el orden jerárquico de los tribunales y también en la especialización de la magistratura (por materias). También existe un criterio práctico consistente en la necesaria aproximación del tribunal al lugar del hecho, así como a aquel en el cual están situadas las partes (domicilio). Lo que, de otra manera, refiere a la centralización o descentralización (territorial). Otras veces el criterio es puramente objetivo, relacionado con la índole de la causa de que se trata (si es un delito más o menos grave, si es un asunto patrimonial de más razones o menos valor, …división por turnos).” (Teoría General del Proceso, P.156)

Durante la vigencia de la Constitución de 1961 y desde la promulgación de la actual Carta Magna, tanto el Consejo de la Judicatura, otrora; como el Tribunal Supremo de Justicia, actualmente, han venido estableciendo pautas, regulaciones y/o modificaciones cuánticas, con la finalidad de distribuir la competencia y adaptarla a los nuevos tiempos en beneficio de los justiciables.

En ese sentido, el 18 de marzo de 2009 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó Resolución Nº 2009-0006, en la que establece:
“Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:
a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto.

Artículo 2.- Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas o adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro asunto de semejante naturaleza…”

De la precitada resolución se desprende, meridianamente, que aquellos litigios cuyo conocimiento se atribuye por una competencia objetiva cuántica que no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), serán susceptibles de atendibilidad, trámite y decisión por los Juzgados de Municipio de la correspondiente Circunscripción Judicial.

Asimismo, se atribuye a dichos juzgados el conocimiento exclusivo de los asuntos propios de la Jurisdicción Voluntaria, exceptuando los casos en los que participen niñas, niños o adolescentes.

Ahora bien, en Ponencia Conjunta del 10 de diciembre de 2009 (Exp: Nº AA20-C-2009-000283) la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, hace un análisis sobre el alcance de la Resolución Nº 2009-0006 (del 18/03/2009) estableciendo lo siguiente:

“(…Omissis…)
Dada la anterior problemática, la Sala Plena de este Máximo Tribunal, consideró de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la ley Orgánica del Poder Judicial, que debía hacerse una distribución equitativa y eficiente de las causas, entre los jueces ordinarios, para garantizar a los justiciables el acceso a la justicia, asegurando su eficacia y transparencia.

En consecuencia a partir de la publicación de la referida Resolución que fue en Gaceta Oficial Nº 39.152 de fecha 2 de abril de 2009, se redistribuyó a los Juzgados de Municipio la competencia para conocer en primera instancia de asuntos contenciosos que no excedan de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.); y de manera exclusiva y excluyente de todos los asuntos de la jurisdicción voluntaria y no contenciosa en materia civil, mercantil y familia donde no intervengan niños, niñas y adolescentes; todo ello, según las reglas ordinarias sobre la competencia sobre el territorio.

Por consiguiente, es evidente que el propósito y finalidad de la Resolución Nº 2009-00006, es garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las partes, para lo cual, se atribuyó a los Juzgados de Municipio competencia en ciertos asuntos que eran del conocimiento de los Juzgados de Primera Instancia, para corregir el problema ocasionado por la excesiva acumulación de causas, en consecuencia, es obvio, que los Tribunales de Municipio, en virtud del propósito que persigue la resolución, actúan como Juzgados de Primera Instancia, en todos los asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa en materia civil, mercantil y familia donde no intervengan niños, niñas y adolescentes, mencionados en la Resolución. Por ese motivo, una consecuencia indiscutible, es que las apelaciones que se propongan contra las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio, cuando actúen como jueces de primera instancia, deben ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio.

Por otra parte, es necesario señalar que las modificaciones a las competencias de los Tribunales de la República, no afectará el conocimiento ni el trámite de los asuntos en curso, sino en los asuntos nuevos que se presenten posterior a su entrada en vigencia, es decir, esta Resolución Nº 2009-0006 da ultraactividad (transitoria) a la normativa anterior en relación a los procesos en curso, por ello, tal Resolución es aplicable a los juicios iniciados posterior a la publicación de la referida Resolución en Gaceta Oficial Nº 39.153 de fecha 2 de abril de 2009.

En virtud de los antes expuesto, la Resolución Nº 2009-0006…no es aplicable al presente caso, pues el presente juicio de desalojo se inició en fecha…antes de su entrada en vigencia. (…)”

Igualmente, en sentencia del 10 de marzo de 2010 (Exp: Nº AA20-C-2009-000673) la Sala Civil del Alto Tribunal de la República, en la resolución de un conflicto de competencia, sentó lo siguiente:

“(…) Ahora bien, de la lectura de las actas que integran el expediente, específicamente en el folio noventa y siete (97) se encuentra inserto auto proferido en fecha 20 de abril de 2009, por el Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el cual indica: “…Visto el anterior libelo de demanda y sus recaudos, referente al juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRA VENTA, sigue la ciudadana MILAGRO DEL VALLE HERNÁNDEZ GÓMEZ, (…), contra la ciudadana NORATCY ELENA SEMPRUN OCANDO (…). Por cuanto la demanda no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, este Tribunal la ADMITE en cuanto a lugar en derecho”.
De lo anterior, se evidencia que el presente juicio por cumplimiento de contrato opción de compra-venta, fue interpuesto en fecha posterior a la entrada en vigencia de la Resolución emanada de este Máximo Tribunal, lo que determina en el sub iudice la aplicabilidad de la misma. Así se decide.
Por consiguiente, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala determina que el órgano jurisdiccional competente en este caso, para conocer del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el fallo proferido en fecha 21 de julio de 2009, por el Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, es el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial y sede. Así se decide.
No obstante ante la declaratoria de competencia, esta Sala insta a la abogada Imelda Rincón Ocando, Juez Provisoria del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, para que en lo sucesivo, de estricto cumplimiento y atienda con verdadero empeño lo ordenado en la Resolución N° 2009-0006, proferida por la Sala Plena de este Alto Tribunal, en el sentido de que realice interpretaciones que vayan en favor de la celeridad y la expedita administración de la justicia, ello con el fin de evitar desgastes jurisdiccionales innecesarios.
Siendo que, la mencionada profesional del derecho le otorgó a la mencionada Resolución, una interpretación errónea como fue: “…siendo que la Resolución (…), únicamente modifica “a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, y de los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial”; sin hacer mención alguna a los Tribunales Superiores o de Categoría “A”; resulta a todas luces improcedente en derecho, inferir que la competencia vertical o jerárquica funcional ha sido modificada implícitamente.
En consecuencia, y por los fundamentos antes expuestos se declara la incompetencia de este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, para conocer la presente causas (sic), pues proviene de un Tribunal de Municipio o de la categoría “C”, y su superior jerárquico es el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de Categoría “B”, a quien le corresponde conocer, una vez distribuida la causa por la Oficina correspondiente, sobre el recurso de apelación formulado, como Juzgado de Segunda Instancia…”. Pues, tal interpretación otorgada contraría el espíritu, propósito y razón de la Resolución emanada de la Sala Plena de este Máximo Tribunal, tal y como quedó expuesto en la presente decisión. Así queda establecido.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara competente al JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a fin de que conozca y resuelva la apelación ejercida en el presente juicio.(…)”

De manera que, de acuerdo al contenido de las decisiones parcialmente precitadas, y toda vez que lo que se persigue, mutatis mutandi, es “corregir el problema ocasionado por la excesiva acumulación de causas” de los Tribunales de Primera Instancia, se colige que las apelaciones de los Juzgados de Municipio deben ser conocidas, Per Saltum, por los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial respectiva.
De tal modo que, la causa de marras, iniciada el 30 de abril de 2012, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución Nº 2009-0006 (del 18/03/2009, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.153 del 02-04-2009), y sentenciada por un Juzgado de Municipio que actuó como tribunal de causa, cuya decisión fue recurrida, debe ser conocida en segundo grado de jurisdicción por este Juzgado Superior, de acuerdo al contenido de la mencionada resolución de la Sala Plena de nuestro Supremo Órgano Judicial y a las jurisprudencias antes citadas.

De ahí, que conforme a lo antes señalado, en lo atinente a la apelación interpuesta el 06 de julio de 2015 por la abogada Yolimar Quintero Vásquez, apoderada judicial de la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A. (parte actora), en contra de la decisión del 29 de junio de 2015 dictada por el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró la perención de la instancia en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES incoara la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A. en contra de la empresa INVERSIONES GIOGAR C.A. y los ciudadanos TIRSIA DEL CARMEN LEÓN DE MARIÑO y OMAR DE JESUS MARIÑO, este Juzgado Superior asume la competencia para conocer y resolver el recurso a que se ha hecho referencia.

En consecuencia, asumida la competencia del presente asunto por este Juzgado Superior, lo procedente es ordenar a trámite el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte accionante, en el juicio de COBRO DE BOLÍVARES incoado por la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A. en contra de la empresa INVERSIONES GIOGAR C.A. y los ciudadanos TIRSIA DEL CARMEN LEÓN DE MARIÑO y OMAR DE JESUS MARIÑO.
III
Por las motivaciones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta la siguiente sentencia:
PRIMERO: Declara su competencia para conocer y decidir con motivo del recurso de apelación interpuesto el 06 de julio de 2015 por la abogada Yolimar Quintero Vásquez, apoderada judicial de la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A. (parte actora), en contra de la resolución judicial proferida el 29 de junio de 2015 por el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró la perención de la instancia en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES incoara la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A. en contra de la empresa INVERSIONES GIOGAR C.A. y los ciudadanos TIRSIA DEL CARMEN LEÓN DE MARIÑO y OMAR DE JESUS MARIÑO;

SEGUNDO: Asumida la competencia por este Órgano Jurisdiccional en la causa de marras, se ordena a trámite la apelación en referencia y se fija el vigésimo (20º) día de despacho siguiente a la data de la presente decisión para la verificación del acto de informes, de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, déjese copia y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, a los veintinueve (29) días del mes de julio de dos mil quince (2015).-
EL JUEZ

Dr. ALEXIS CABRERA ESPINOZA
LA SECRETARIA,

Abg. ANA MORENO V.
En esta misma fecha, siendo las tres y veinticinco minutos de la tarde (03:25 pm.), se publicó y registró la presente decisión.
LA SECRETARIA,

Abg. ANA MORENO V.
EXP. N° 11045
(AP71-R-2015-000745)
AJCE/AMV/fccs
D.Int.