TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 16 de junio de 2015
205º y 156º

ASUNTO: AP11-V-2013-001394

PARTE SOLICITANTE: MIRIAM DEL CARMEN ARVELO CORDERO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 4.356.877.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE SOLICITANTE: GUSTAVO ARVELO, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 75.233.
PARTE DEMANDADA: HERMINDA ANDREINA LÓPEZ LÓPEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº 10.483.151, y los HEREDEROS DESCONOCIDOS del ciudadano JESUS RICARDO LÓPEZ, quien en vida fuera venezolano, soltero, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 2.966.584.
DEFENSOR JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: CARLOS AGAR VILLASMIL, abogado en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 89.530.
MOTIVO: ACCION MERO DECLARATIVA

-I-

Se inicia el presente juicio el 28 de noviembre de 2013 mediante libelo de demanda presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial para su distribución correspondiéndole a este Juzgado conocer del presente asunto incoado por la ciudadana MIRIAM DEL CARMEN ARVELO CORDERO en la que alegó que desde el mes de febrero de 1994 inició una relación estable de hecho (concubinato) con el ciudadano JESUS RICARDO LÓPEZ hasta la fecha de su fallecimiento el 28 de octubre de 2013; asi mismo adujo que vivieron en forma estable y permanente en Petare, Calle El Hatillo, Residencias Mariela, Piso 11, Apto. 11-1.

En fecha 03 de diciembre de 2013 este Tribunal dictó auto de admisión de la demanda ordenando el emplazamiento de la demandada. En esa misma fecha se libró el edicto correspondiente.

En fecha 16 de diciembre de 2013 la representación de la parte actora solicitó se libre comisión a los juzgados de Nueva Esparta, a los fines de practicar la citación de la demandada.

En fecha 18 de diciembre de 2013 este Tribunal ordenó comisionar al Juzgado Distribuidor de Municipio del Municipio Maneiro de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a fin de que practicara la citación personal de la ciudadana HERMINDA ANDREINA LÓPEZ LÓPEZ.

En fecha 10 de marzo de 2014 la representación judicial de la parte actora consignó los ejemplares de la publicación en prensa del edicto y solicitó se publique el mismo en la cartelera del Tribunal.

En fecha 13 de marzo de 2014 se recibieron las resultas de la comisión provenientes del Juzgado Distribuidor de Municipio del Municipio Maneiro de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, dejando constancia de haber citado efectivamente a la referida ciudadana codemandada en su carácter de heredera conocida del de cujus.

En fecha 28 de marzo de 2013 la Secretaria de este Despacho dejó constancia de haber fijado el edicto en la cartelera del Tribunal.

En fecha 06 de mayo de 2014 se libró nuevo edicto de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 16 de mayo de 2014 la representación de la parte actora consignó ejemplar de la publicación en prensa del edicto ordenado.

En fecha 27 de mayo de 2014 la Secretaria de este despacho dejó constancia de haber dado cumplimiento a la formalidad de fijación cartelaria.

En fecha 01 de julio de 2014 la representación judicial de la parte actora solicitó se nombre defensor ad litem a la parte demandada.

En fecha 10 de julio de 2014 este Tribunal designó como defensora ad litem de la parte demandada a la abogada ASTRID RANGEL.

En fecha 25 de julio de 2014 la defensora judicial designada aceptó el cargo y juró cumplirlo fielmente.

Posteriormente, debidamente citada la auxiliar de justicia, en fecha 03 de octubre de 2014 presentó escrito de contestación de la demanda.

En fecha 22 de octubre de 2014 la representación judicial de la parte actora presentó escrito de promoción de pruebas, haciendo lo propio la defensora judicial de la demandada en fecha 27 del mismo mes y año.

En fecha 07 de noviembre de 2014 este Tribunal dictó auto de admisión de pruebas.

En fecha 12 de noviembre de 2014 se evacuaron las testimoniales correspondientes a los ciudadanos MARTHA MIREYA BOLIVAR NAVAS, NELSON BERMÚDEZ MARIN, JOSE GREGORIO TORRES TORRES y NAURIS MORENO OJEDA.

En fecha 25 de noviembre de 2014 este Tribunal libró oficio dirigido a la sociedad ROFENIR C.A., a los fines de evacuar los informes promovidos.

En fecha 13 de enero de 2015 se recibieron informes provenientes de la sociedad ROFENIR, C.A.

En fecha 04 de febrero de 2015 la defensora judicial designada y la representación judicial de la parte actora consignaron escrito de informes.

-II-

Estando en la oportunidad procesal de dictar sentencia en el presente juicio, este Tribunal es del criterio que, en cuanto a la entidad concubinaria en sí, corresponde al demandante la carga de demostrar la existencia de la relación concubinaria con todas las notas o elementos que hacen de ella un concubinato cabal. El supuesto de hecho de la norma aplicable prevista en los artículos 75 y 77 de la Constitución, así como en los artículos 70 y 767 del Código Civil más las disposiciones pertinentes que rigen el matrimonio es la existencia de una relación fáctica, cuasimatrimonial entre un hombre y una mujer, hecho que el demandante debe describir en términos generales ya que al alegar la configuración de este tipo de relación debe soportar la carga de la prueba conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.

Señala el artículo 77 de nuestra Carta Magna la validez, eficacia y reconocimiento de la institución del concubinato, al consagrar que:

“Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio.”

Sobre el punto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 15 de julio del 2005, Expediente N° 1682, en Recurso de Interpretación del Artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera dejó asentado:

“ … El concubinato es un concepto jurídico, contemplado en el Artículo 767 del Código Civil, y tiene como característica –que emana del propio Código Civil- el que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, la cual está signada por la permanencia de la vida en común (la soltería viene a resultar un elemento decisivo en la calificación del concubinato, tal como se desprende del Artículo 767 de Código Civil y 7, letra a) de la Ley del Seguro Social). Se trata de una situación fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común. Además de los derechos sobre los bienes comunes que nacen durante esa unión (Artículo 767 eiusdem), el Artículo 211 del Código Civil, entre otros, reconoce otros efectos jurídicos al concubinato, como sería la existencia de la presunción pater ist est para los hijos nacidos durante su vigencia.
Dado lo expuesto, para la Sala es claro que actualmente el concubinato que puede ser declarado tal es aquel que reúne los requisitos del Artículo 767 del Código Civil, y él viene a ser una de las formas de uniones estables contempladas en el artículo constitucional, ya que cumple los requisitos establecidos en la ley (Código Civil), para ser reconocido como tal unión. Por ahora –a los fines del citado Artículo 77- el concubinato es por excelencia la unión estable allí señalada, y Así se declara (…) En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca. En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso del concubinato, la aplicación del Artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo, hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso; y reconocer, igualmente, la duración de la unión, cuando ella se ha roto y luego se ha reconstituido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio. Ahora bien, el matrimonio –por su carácter formal- es una institución que nace y se prueba de manera distinta al concubinato o a cualquier otra unión estable, y por ello estas últimas no pueden equipararse íntegramente al matrimonio y, por tanto, no puede pretenderse que, automáticamente, todos los efectos del matrimonio se apliquen a las “uniones estables”. En consecuencia, no es posible una declaración general que asimile las uniones (de cualquier tipo) al matrimonio, y por lo tanto, observa la Sala, hay que distinguir cuáles efectos del matrimonio se aplican al concubinato y a las posibles otras uniones estables. Estas uniones (incluido el concubinato) no son necesariamente similares al matrimonio, y aunque la vida en común (con hogar común) es un indicador de la existencia de ellas, tal como se desprende del artículo 70 del Código Civil, este elemento puede obviarse siempre que la relación permanente se traduzca en otras formas de convivencia, como visitas constantes, socorro mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta, hijos, etc. Siguiendo indicadores que nacen de las propias leyes, el tiempo de duración de la unión, al menos de dos años mínimo, podrá ayudar al juez para la calificación de la permanencia, ya que ese fue el término contemplado por el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, al regular el derecho de la concubina a la pensión de sobrevivencia (…) Ahora bien, al equipararse al matrimonio, el genero “unión estable” debe tener, al igual que éste, un régimen patrimonial, y conforme al artículo 767 del Código Civil, correspondiente al concubinato pero aplicable en la actualidad por analogía a las uniones de hecho, éste es el de la comunidad en los bienes adquiridos durante el tiempo de existencia de la unión. Se trata de una comunidad de bienes que se rige, debido a la equiparación, que es posible en esta materia, por las normas del régimen patrimonial-matrimonial. Diversas leyes de la República otorgan a los concubinos derechos patrimoniales y sociales en diferentes áreas de la vida, y esto, a juicio de la Sala, es un indicador que a los concubinos se les está reconociendo beneficios económicos como resultado de su unión, por lo que, el artículo 77 eiusdem, al considerarlas equiparadas al matrimonio, lo lógico es pensar que sus derechos avanzan hasta alcanzar los patrimoniales del matrimonio, reconocidos puntualmente en otras leyes. La Ley que Regula el Subsistema de Pensiones (artículo 69-6) otorga a los concubinos pensión de sobrevivencia; la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Estadal y Municipal, otorga a la concubina derechos a la pensión de sobrevivencia (artículo 16-3); las Normas de Operación del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de los Préstamos Hipotecarios a Largo Plazo (artículo 130), así como las Normas d Operación del Decreto con Rango y Fuerza d Ley que Regula el Subsistema de Viviendas (artículo 34) prevén al concubinato como elegibles para los préstamos para la obtención de vivienda; la Ley del Seguro Social (artículo 7-a) otorga a la concubina el derecho a una asistencia médica integral; la Ley Orgánica del Trabajo (artículo 568) da al concubino el derecho de reclamar las indemnizaciones que corresponderán a su pareja fallecida, e igual derecho otorga el Estatuto de la Función Pública (artículo 31). Se trata de beneficios económicos que surgen del patrimonio de los concubinos: ahorro, seguro, inversiones del contribuyente (artículo 104 de la Ley de Impuesto sobre la Renta lo reconoce), etc., y ello, en criterio de la Sala, conduce a que si se va a equiparar el concubinato al matrimonio, por mandato del artículo 77 constitucional, los efectos matrimoniales extensibles no pueden limitarse a los puntualmente señalados en las leyes citadas o en otras normas, sino a todo lo que pueda conformar el patrimonio común, ya que bastante de ese patrimonio está comprometido por las leyes referidas. Tal comunidad de bienes, a diferencia del divorcio que exige declaración judicial, finaliza cuando la unión se rompe, lo cual –excepto por causa de muerte- es una cuestión de hecho que debe ser alegada y probada por quien pretende la disolución y liquidación de la comunidad. A juicio de la Sala, y como resultado natural de tal situación, quien demanda la disolución y liquidación de la comunidad, podrá pedir al juez se dicten las providencias del artículo 174 del Código Civil, en el supuesto en él contemplado (…) Al aparecer el artículo 77 constitucional, surgen cambios profundos en el régimen concubinario del artículo 767 del Código Civil, ya que existiendo la unión estable o permanente, no hay necesidad de presumir, legalmente, comunidad alguna, ya que ésta existe de pleno derecho –si hay bienes- con respecto de lo adquirido, al igual que en el matrimonio, durante el tiempo que duró la unión y, como comunidad, no es que surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos, o entre uno de ellos y los herederos del otro, como lo contempla el artículo 767 del Código Civil, sino que, al igual que los bienes a que se refiere el artículo 168 del Código Civil, los terceros que tengan acreencias contra la comunidad podrán cobrarse de los bienes comunes, tal como lo pauta dicha norma (…) Como resultado de la equiparación reconocida en el artículo 77 constitucional, en cuanto a los efectos y alcances de la unión estable (concubinato) con el matrimonio, la Sala interpreta que entre los sujetos que la conforman, que ocupan rangos similares a los de los cónyuges, existen derechos sucesorales a tenor de lo expresado en el artículo 823 del Código Civil, siempre que el deceso de uno de ellos ocurra durante la existencia de la unión. Una vez haya cesado, la situación es igual a la de los cónyuges separados de cuerpos o divorciados. Al reconocerse a cada componente de la unión derechos sucesorales con relación al otro, el sobreviviente o supérstite, al ocupar el puesto de un cónyuge, concurre con los otros herederos según el orden de suceder señalado en el Código Civil (artículo 824 y 825) en materia de sucesión ab intestato, conforme al artículo 807 del Código Civil, y habrá que respetársele su legítima (artículo 883 del Código Civil) si existiere testamento. Igualmente, las causales de indignidad que haya entre los concubinos, se aplicarán conforme al artículo 810 del Código Civil (...) Debido a los efectos y alcances señalados, la sentencia que declare la unión, surtirá los efectos de las sentencias a que se refiere el Ordinal 2° del Artículo 507 del Código Civil, el cual se aplicará en toda su extensión, menos en lo referente a la necesidad de registro de la sentencia, lo cual no está previsto –y por lo tanto carece de procedimiento– en la Ley…”

Visto el precepto constitucional que regula la materia, así como la interpretación y alcance del mismo realizado jurisprudencialmente, este Tribunal pasa de seguidas a analizar el acervo probatorio cursante en autos, a fin de determinar si la parte accionante demostró suficientemente los elementos básicos de la relación concubinaria que pretende se le reconozca.

La accionante, para demostrar los hechos en que fundamentó su pretensión incorporó al expediente en la oportunidad de plantear la demanda el acta de defunción del ciudadano JESUS RICARDO LOPEZ, que este Tribunal le confiere valor probatorio de conformidad con al artículo 429 de Código de Procedimiento Civil por no haber sido impugnada ni tachada.

Asimismo, junto con su escrito de promoción de pruebas consignó “A” y “A.1”, estados de cuenta de las tarjetas de crédito MasterCard y Visa del de cujus, de las cuales se desprende que en efecto el referido ciudadano residía en la dirección señalada al principio de este fallo. Este Tribunal le confiere valor probatorio por cuanto no fue impugnado ni tachado de acuerdo al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

Marcado “B”, consignó Carta de Residencia emanada del Consejo Comunal “Raúl Pérez Peña” en la cual se deja constancia de que el ciudadano fallecido residía en Petare, calle El Hatillo, Residencias Mariela, Piso 11, apto. 11-1, siendo su “cónyuge” de la ciudadana MIRIAM DEL CARMEN ARVELO CORDERO. Documental a la que este Tribunal confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue impugnada ni tachada.

Marcados “C” y “C-1” consignó contrato de servicios funerarios con la sociedad ROFENIR C.A., en los cuales se observa que la ciudadana demandante suscribe en calidad de “cónyuge” del de cujus. Este Tribunal considera que deben ser valoradas junto con el informe proveniente de dicha sociedad en el cual se le informa a este Tribunal que la demandante suscribió dichos contratos inscribiendo como beneficiario al ciudadano JESUS RICARDO LOPEZ en condición de “cónyuge”, así como que los servicios funerarios contratados fueron pagados por la demandante. Se les confiere valor probatorio por cuanto no fueron impugnados ni tachados de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

Por último, en cuanto a las declaraciones de los ciudadanos MARTHA MIREYA BOLIVAR NAVAS, NELSON BERMÚDEZ MARIN, JOSE GREGORIO TORRES TORRES y NAURIS MORENO OJEDA, este Tribunal les confiere valor probatorio, por cuanto los mismos son contestes al deponer que conocen a la ciudadana demandante, así como que era pareja estable y permanente del de cujus desde el mes de febrero de 1994 y que ambos vivían juntos en el apartamento identificado en actas.

-III-

Establece el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil que: “Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente”

La norma transcrita ut supra se refiere a las llamadas acciones mero declarativas o acciones de mera certeza, las cuales consisten en la activación de la función jurisdiccional del Estado en la búsqueda de un pronunciamiento de ley que permita despejar la duda o incertidumbre acerca de si se está en presencia o no de una relación jurídica determinada o de un derecho.

Por su parte establece el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, transcrito supra, lo siguiente: “Las uniones estables entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”

Ahora bien, en la actualidad el concubinato ha adquirido rango constitucional en virtud de haber sido incorporado en el artículo 77 de la Carta Magna Patria, antes citado, el cual fue interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 15 de julio de 2005, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA, cuya interpretación estableció los parámetros necesarios para reconocer un hecho social, la cual tiene carácter vinculante (jurisprudencia normativa) para los demás Tribunales de la República, la cual establece:

“…En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca.
(…)
En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso la cual con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso de concubinato, la aplicación del artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo, hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso: y de reconocer, igualmente, la duración de la unión, cuando ella se ha roto y luego se ha reconstruido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio…”

La esencia del concubinato o de la unión estable no viene dada como el matrimonio por un documento que crea el vinculo, como lo es el acta de matrimonio, sino por la unión permanente (estable) entre el hombre y la mujer, lo que requiere un transcurso de tiempo (que ponderará el Juez), quien es el que califica la estabilidad de la unión. Así pues, encontramos que la “unión estable de hecho entre un hombre y una mujer”, representa un concepto amplio que va a producir efectos jurídicos, independientemente de la contribución económica de cada uno de los unidos en el incremento o formación del patrimonio común o en el de uno de ellos, siendo lo relevante para la determinación de la unión estable, la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia, y que la pareja sea soltera, formada por divorciados o viudos entre sí o con solteros, sin que existan impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio.

Por su parte si bien es cierto que la unión concubinaria se encuentra protegida en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es menos cierto, como se ha dicho anteriormente, que a tenor de dicha norma tal relación debe estar signada por una unión estable con fecha cierta de inicio, la cual debe ser alegada por quien tenga interés y probadas las características de dicha relación como la permanencia o estabilidad en el tiempo y demás signos exteriores de existencia de tal unión, es decir, la prueba de posesión del estado de concubina, ya que tal condición debe ser reconocida por el grupo social donde se desenvuelve.

En el caso sub examen se evidencia la conducta contumaz de la codemandada HERMINDA ANDREINA LOPEZ LOPEZ, en su condición de heredera del de cujus, quien al haber sido efectivamente citada no compareció a dar contestación a la demanda ni ejerció ninguna defensa en juicio; de allí que se tengan aplicables los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil y ASI SE DECIDE.

Así mismo, la defensora ad litem, ejerciendo la representación de los eventuales herederos desconocidos del de cujus si bien es cierto ejerció su derecho a la defensa al contestar la demanda no es menos cierto que la misma fue realizada en forma genérica y amplia, y en la fase probatoria no ejerció ningún tipo de actuación dirigido a desvirtuar la pretensión de la accionante, todo ello con motivo de la imposibilidad alegada en ubicar a algún heredero o interesado en la pretensión demandada.

Analizadas como han sido las pruebas cursantes a los autos, de la apreciación concatenada de las pruebas aportadas a juicio así como la valoración de las mismas en el contradictorio, puntualmente las testimoniales evacuadas y las documentales aportadas donde se evidencia el tratamiento de “cónyuges” de las partes, han llevado a la convicción de este administrador de justicia para aseverar que efectivamente hubo una unión estable de hecho entre los ciudadanos MIRIAM DEL CARMEN ARVELO CORDERO y JESUS RICARDO LÓPEZ, iniciada desde el mes de febrero de 1994 hasta el 28 de octubre de 2013, fecha del fallecimiento del ciudadano JESUS RICARDO LÓPEZ, lo cual ha quedado plenamente demostrado en la secuela del juicio cumpliéndose de esta forma con lo presupuestado en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil y ASI SE DECIDE.

-IV-

Por los razonamientos anteriormente expuestos, éste JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara CON LUGAR la acción intentada por la ciudadana MIRIAM DEL CARMEN ARVELO CORDERO, suficientemente identificada en el cuerpo de la presente decisión. En consecuencia, se declara la existencia de una unión concubinaria entre la ciudadana accionante y el ciudadano JESUS RICARDO LÓPEZ, iniciada aproximadamente desde el mes de febrero de 1994 hasta el 28 de octubre de 2013, fecha del fallecimiento del referido ciudadano.
Se exime de costas a las partes en virtud de la naturaleza jurídica del fallo.
PUBLIQUESE, REGISTRESE y NOTIFIQUESE conforme a lo dispuesto en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 7º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 16 de junio de 2015. 205º y 156º.
EL JUEZ,

RICARDO SPERANDIO ZAMORA
LA SECRETARIA

YAMILET J. ROJAS M.

En esta misma fecha, siendo las 2:27 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA

YAMILET J. ROJAS M.

Asunto: AP11-V-2013-001394