TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control del Estado Lara (Carora)
Carora, 22 de febrero de 2016
205º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL: KP11-P-2016-000571
ASUNTO: KP11-P-2016-000571

Vista la solicitud formulada por la Fiscalía Superior del Ministerio Público en relación al decreto de Medida de protección a favor del ciudadano ANTONIO HUMBERTO MORILLO MELENDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 15.848.910, este Tribunal hace las siguientes observaciones:
Es preciso destacar que el acuerdo de la medida solicitada está sujeta a los siguientes aspectos, conforme a lo establecido en LOS Artículos 1, 4, 7, 17, 30, 31, 34 y 35 de la Ley de protección a las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, asimismo el artículo 17 establece:
Artículo 17. Las medidas a las que se refiere la presente Ley serán solicitadas por el Ministerio Público, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, previo análisis de los siguientes aspectos:
• La presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad de una persona, a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa penal.
• La viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de protección.
• La adaptabilidad de la persona a las medidas especiales de protección.
• El interés público en la investigación y en el juzgamiento del hecho en razón de su grado de afectación social; o la validez, verosimilitud e importancia del aporte de la persona cuya protección se requiere para la investigación y juicio penal correspondiente.

A los fines de evaluar los aspectos indicados, debe observarse que anexo a la solicitud que presenta la Fiscalía Superior del Ministerio Público, se observa entrevista realizada a la ciudadana ANTONIO HUMBERTO MORILLO MELENDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 15.848.910, así como Acta de Compromiso de aceptación de medida de protección en fecha 18-02-16, quien expone que el día 07-02-2016, recibió llamada telefónica del ciudadano Carlos Miguel Pinto apodado El Platanero, donde le informa que se fugará del penal para asesinarlo ya que encuentra privado de libertad por el homicidio de su hermano Alfredo José Morillo Meléndez, quien asesinado el día 30-09-2011.
En atención a la mencionada entrevista, se infiere que los hechos que se denuncian constituyen una amenaza inminente a sufrir un daño por parte del privado de libertad Carlos Miguel Pinto, quien con dicha actuación podrían inhibir a las víctimas bajo temor o coacción, en detrimento de una efectiva administración de justicia.
Esta situación, además de que puede obstaculizar la investigación en la presente causa, genera una situación de temor fundado para la víctima y sus familiares, circunstancia ésta que la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales ha tomado en cuenta para ofrecer los mecanismos de protección a las personas que intervienen en el proceso penal, en este caso, a las víctimas, buscando así que los procesos penales no se obstruyan por el terror que se puede ejercer contra sus actores, en especial, las víctimas y testigos, tomando en cuenta que a través de estos medios de prueba es que de manera esencial se lleva la demostración del hecho ante el órgano decisor.
Aunado a lo ya mencionado, y hecha la revisión de la presente causa, se puede observar efectivamente que el ciudadano ANTONIO HUMBERTO MORILLO MELENDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 15.848.910, aparece como víctima por ser hermano del occiso de la presente causa. Con esa cualidad le fue tomada entrevista en la que manifiesta que el imputado de autos es la persona que asesino a su hermano; elementos éstos que sirvieron de base para fundar la medida de Privación Preventiva de Libertad que le decretare este Tribunal al ciudadano Carlos Miguel Pinto apodado El Platanero, plenamente identificados en autos, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO.
En este sentido se puede inferir por una parte, que se trata el presente caso de una investigación que interesa al orden público, pues se trata de un hecho que afecta no solo intereses privados sino la paz social, pues obliga a la comunidad a mantenerse en un estado de alerta permanente por temor a sufrir de hechos similares.
Es así como este Tribunal considera que en el presente caso se dan los supuesto contemplados en el artículo 17 de la Ley de protección a las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, toda vez que existe un temor fundado de sufrir un daño por las declaraciones relevantes dadas en la presente causa y que se trata de un hecho con evidente interés público por su repercusión en la paz social; resultando así legalmente procedente la solicitud fiscal.
Ahora bien, tomando en consideración la naturaleza de las amenazas proferidas en contra de la persona que aparece como víctimas en la presente causa, este Tribunal estima procedente acordar medida de protección establecida en el artículo 21 de la Ley de Protección a las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, específicamente la relativa a RONDA DE PATRULLAJE DIARIO POR 3 MESES, A CARGO DE FUNCIONARIOS POLICIALES DEL Estado Lara, en su lugar de residencia en Sector Santo Domingo, calle Valencia entre calles Zulia y Merida, casa S/N, A MEDIA Cuadra del Restaurant Trapiche Caroreño, Carora, Parroquia Trinidad Samuel, Estado Lara,

DISPOSITIVA
En base a las consideraciones que preceden, este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY, declara: PRIMERO: Con Lugar la solicitud fiscal sobre otorgamiento de Medida de protección y en consecuencia se dicta MEDIDA DE PROTECCIÓN a favor del ciudadano ANTONIO HUMBERTO MORILLO MELENDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 15.848.910, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Protección a las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; específicamente la relativa a RONDA DE PATRULLAJE DIARIO POR 3 MESES, A CARGO DE FUNCIONARIOS POLICIALES DEL Estado Lara, en su lugar de residencia en Sector Santo Domingo, calle Valencia entre calles Zulia y Mérida, casa S/N, A MEDIA Cuadra del Restaurant Trapiche Caroreño, Carora, Parroquia Trinidad Samuel, Estado Lara. SEGUNDO: Notifíquese a las partes y líbrense los respectivos oficios a la Coordinación Policial Torres.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de este Tribunal en la ciudad de Carora, a los Veintidós (22) días del mes de Febrero de 2016. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
LA JUEZA DE CONTROL Nº 11

ABOG. MARILUZ CASTEJON PEROZO

LA SECRETARIA