TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO.
Trujillo, 07 de Junio de 2016.
206° y 157°
EXPEDIENTE: Nº A- 0489-2016

(DECLARATORIA DE COMPETENCIA).
ÚNICO:

Remitidas las presentes actuaciones por declinatoria de competencia, contentivas del juicio de PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, provenientes del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, quien en fecha 15 de Marzo de 2016, se declaró incompetente por la materia para admitir, sustanciar y decidir la presente causa, y en consecuencia, declinó la competencia a este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

Éste tribunal encontrándose dentro de la oportunidad legal para pronunciarse sobre la competencia para conocer y decidir el presente asunto, hace las SIGUIENTES REFLEXIONES:
En fecha 24 de Mayo de 2012, el abogado en ejercicio ALVARO ANTONIO TELLES SUAREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 72.469, actuando en nombre y representación de los ciudadanos EMERENCIANA ARAUJO viuda de BRICEÑO, JOSE RAFAEL BRICEÑO ARAUJO, VICTOR ATILIO BRICEÑO ARAUJO, OFIDA DEL CARMEN BRICEÑO ARAUJO, MARIA YOLANDA BRICEÑO ARAUJO, AMPARO BRICEÑO ARAUJO, MARIA COROMOTO BRICEÑO DE MORILLO, MARIA ESTRELLA BRICEÑO ARAUJO, FELIX REINALDO BRICEÑO ARAUJO, YORMA JOSE BRICEÑO ARAUJO y AURORA DEL CARMEN BRICEÑO ARAUJO, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números 9.110.932, 5.357.570, 5.357.571, 9.327.936, 10.401.989, 11.322.179, 11.321.432, 14.929.075, 16.376.488, 17.095.251 y 9.327.937, respectivamente, presenta una demanda por PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, en contra de los ciudadanos MARÍA LOURDES BRICEÑO ARAUJO y PEDRO ALFONSO BRICEÑO, titulares de las cédulas de identidad números 14.929.074 y 5.357.407, respectivamente, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Primero y Segundo de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, correspondiéndole por distribución al Juzgado Primero de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.
En fecha 15 de marzo de 2016, el referido Juzgado se declaró incompetente por la materia para admitir, sustanciar y decidir la presente causa, y en consecuencia, declinó la competencia al Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria del Estado Trujillo, con sede en Trujillo, Municipio Trujillo del Estado Trujillo.
En fecha 06 de Junio de 2016, recibe la presente causa este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

Ahora bien, este sentenciador previo a la consideración sobre la competencia por la materia del tribunal para conocer la presente causa, es fundamental dejar sentado que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su título VI al tratar el Sistema Socioeconómico en su Capítulo I, incorpora al Desarrollo Rural y Sustentable de la Nación desarrollando en los artículos 305, 306 y 307 principios estratégicos destinados a la materialización de políticas públicas dirigidas a garantizar la Seguridad Alimentaría de la población entendida ésta como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor; así como en el fortalecimiento de herramientas encaminadas en la consecución de un propio modelo productivo, en tales sentidos promueve la Agricultura Sustentable enmarcando la productividad de alimentos como interés de la Nación, asumiendo a su vez el Estado el rol de dictar las medidas que fuesen necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento, cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales en favor del ambiente.
En este orden, se desarrollan dichas políticas públicas para garantizar la efectividad en los distintos sectores de la producción de alimentos, en tal sentido, la legislación patria establece en el artículo 5 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario regula las actividades agrarias o principales así como las secundarias o conexas, de transformación, industria e intercambio; la respectiva norma establece: Las actividades agrarias de mecanización, recolección, transporte transformación, distribución e intercambio de productos agrícolas se establecerán de forma autogestionaria y cogestionaría a través de consejos comunales, consejos de campesinos y campesinas, organizaciones cooperativas, comunas y cualquier tipo de organización colectiva, lo que viene a significar que se está en presencia de la actividad agraria desde todos los contratos previos a la actividad de producción agropecuaria hasta el consumo de los alimentos, entendiéndose como producción agropecuaria tal a la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, en tal sentido el juez agrario es competente para conocer los asuntos relativos a dicha actividad.
Igualmente, observa éste Tribunal, que el artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales.
Así mismo el artículo 197 ordinal 1 de la misma ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:
“4.- Acciones sucesorales sobre bienes afectos a la actividad agraria”.

De las disposiciones legales aquí referidas, se obtiene como primer requisito de competencia para los jueces de primera instancia agraria, que los conflictos o solicitudes con ocasión a la actividad agraria sean entre los particulares y por ello tramitarlos por el procedimiento ordinario agrario, esto es que las partes sean personas naturales o colectivas, en el caso que nos ocupa versa sobre una demanda entre particulares en la cual su situación fáctica es del conocimiento por la materia del tribunal declinado, haciendo especial énfasis para su conocimiento en la determinación del elemento de la Agrariedad el cual según Antonio Carrozza en su obra Scritti di Diritto Agrario la define así: la actividad productiva agrícola consiste en el desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y de los recursos naturales , que se resuelve económicamente en la obtención de frutos, vegetales o animales, destinarles al consumo directo, bien tales cuales, o bien previa una o múltiples transformaciones.
Por lo antes expuesto se verificó la competencia de éste Juzgado en cuanto a la materia, haciéndose necesario, así mismo, verificar la competencia en cuanto al territorio, en tal sentido y conforme a la resolución número 2008-0051, de fecha 29 de Octubre de 2008, La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia crea los Tribunales con competencia Agraria en el Estado Trujillo, resolución ésta que en sus artículos 4 y 5 establece lo siguiente:
Artículo 4: “Crear un Juzgado de Primera Instancia Agraria con competencia en el territorio de los Municipios Candelaria, Escuque, Pampanito, Trujillo, Pampán, San Rafael de Carvajal, Urdaneta, Boconó, Carache, José Felipe Márquez Cañizales y José Vicente Campo Elías del Estado Trujillo, denominado JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO con sede en la población de Trujillo, estado Trujillo.” (Resaltado y mayúscula de la Sala Plena)

Artículo 5: “Crear un Juzgado de Primera Instancia Agraria con competencia en el territorio de los Municipios Miranda, Andrés Bello, Motatán, Sucre, Bolívar, Rafael Rangel, Valera, La Ceiba y Monte Carmelo del Estado Trujillo denominado JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, tendrá la competencia que le atribuye la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario a los juzgados de primera instancia agraria, con sede en la ciudad Sabana de Mendoza.” (Resaltado y mayúscula de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia).
En este contexto y en razón que el inmueble se encuentra ubicado en el sitio denominado Montero, Parroquia Jajó, Municipio Urdaneta del Estado Trujillo; en tal sentido, éste Tribunal se declara competente por el territorio para conocer y decidir el presente asunto. Así se declara.
Se ordena notificar a los ciudadanos EMERENCIANA ARAUJO viuda de BRICEÑO, JOSE RAFAEL BRICEÑO ARAUJO, VICTOR ATILIO BRICEÑO ARAUJO, OFIDA DEL CARMEN BRICEÑO ARAUJO, MARIA YOLANDA BRICEÑO ARAUJO, AMPARO BRICEÑO ARAUJO, MARIA COROMOTO BRICEÑO DE MORILLO, MARIA ESTRELLA BRICEÑO ARAUJO, FELIX REINALDO BRICEÑO ARAUJO, YORMA JOSE BRICEÑO ARAUJO y AURORA DEL CARMEN BRICEÑO ARAUJO, titulares de las cédulas de identidad números 9.110.932, 5.357.570, 5.357.571, 9.327.936, 10.401.989, 11.322.179, 11.321.432, 14.929.075, 16.376.488, 17.095.251 y 9.327.937, respectivamente, y/o en la persona de su apoderado judicial abogado en ejercicio ALVARO ANTONIO TELLES SUAREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 72.469, de la presente decisión. Así se decide

DISPOSITIVO:
Este Tribunal de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, Administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decreta:

PRIMERO: Que es competente para conocer y decidir la presente demanda por PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, presentada por el abogado en ejercicio ALVARO ANTONIO TELLES SUAREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 72.469, actuando en nombre y representación de los ciudadanos EMERENCIANA ARAUJO viuda de BRICEÑO, JOSE RAFAEL BRICEÑO ARAUJO, VICTOR ATILIO BRICEÑO ARAUJO, OFIDA DEL CARMEN BRICEÑO ARAUJO, MARIA YOLANDA BRICEÑO ARAUJO, AMPARO BRICEÑO ARAUJO, MARIA COROMOTO BRICEÑO DE MORILLO, MARIA ESTRELLA BRICEÑO ARAUJO, FELIX REINALDO BRICEÑO ARAUJO, YORMA JOSE BRICEÑO ARAUJO y AURORA DEL CARMEN BRICEÑO ARAUJO, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad números 9.110.932, 5.357.570, 5.357.571, 9.327.936, 10.401.989, 11.322.179, 11.321.432, 14.929.075, 16.376.488, 17.095.251 y 9.327.937, respectivamente, en contra de los ciudadanos MARÍA LOURDES BRICEÑO ARAUJO y PEDRO ALFONSO BRICEÑO, titulares de las cédulas de identidad números 14.929.074 y 5.357.407, respectivamente; por lo tanto una vez cumplidos los lapsos legales relativos a la solicitud de regulación de competencia, conocerá el presente asunto. Así se decide
SEGUNDO: Se ordena librar Boleta de Notificación a los ciudadanos EMERENCIANA ARAUJO viuda de BRICEÑO, JOSE RAFAEL BRICEÑO ARAUJO, VICTOR ATILIO BRICEÑO ARAUJO, OFIDA DEL CARMEN BRICEÑO ARAUJO, MARIA YOLANDA BRICEÑO ARAUJO, AMPARO BRICEÑO ARAUJO, MARIA COROMOTO BRICEÑO DE MORILLO, MARIA ESTRELLA BRICEÑO ARAUJO, FELIX REINALDO BRICEÑO ARAUJO, YORMA JOSE BRICEÑO ARAUJO y AURORA DEL CARMEN BRICEÑO ARAUJO, titulares de las cédulas de identidad números 9.110.932, 5.357.570, 5.357.571, 9.327.936, 10.401.989, 11.322.179, 11.321.432, 14.929.075, 16.376.488, 17.095.251 y 9.327.937, respectivamente, y/o en la persona de su apoderado judicial abogado en ejercicio ALVARO ANTONIO TELLES SUAREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 72.469. Así se decide

Abg. JOSÉ CARLENIN ARAUJO BRICEÑO
JUEZ.-

Abg. GEOVANNA GODOY
SECRETARIA.-