PODER JUDICIAL Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, martes veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciséis (2.016). 206º y 157º ASUNTO: KP02-R-2016-000660 PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA S.R.L., inscrita en el Registro Mercantil de Comercio llevado por la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia en los Mercantil del Distrito Federal, el 05 de noviembre de 1952. ABOGADOS APODERADOS DEL DEMANDANTE: Carlos Rojas Chávez, inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 119.414. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Providencia Administrativa Nº 00449, de fecha 06/06/2016, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara sede Pío Tamayo, que declaró SIN LUGAR la suspensión temporal de la relación laboral en expediente Nº 005-2015-11-000035. MOTIVO: AMPARO CAUTELAR. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. I RECORRIDO DEL PROCESO Ha sido distribuida a esta alzada la presente causa, en virtud del recurso de apelación ejercido por la parte accionante recurrente contra la decisión dictada en fecha 18 de julio de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. En fecha 01 de agosto de 2016, se oyó en ambos efectos la apelación formulada en el expediente signado con el N° KH09-X-2016-000030, conforme a lo previsto en el Artículo 88 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Previa distribución realizada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal (U.R.D.D. No Penal), fue recibido por esta Alzada el presente asunto en fecha 16 de septiembre de 2016, conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Estando dentro de la oportunidad legal para pronunciarse sobre el recurso de apelación ejercido contra la sentencia que negó la solicitud de amparo cautelar, de conformidad con el Artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta Juzgadora se pronuncia en los siguientes términos: II DE LA SENTENCIA RECURRIDA En fecha 18 de julio de 2016, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta circunscripción judicial, dictó sentencia mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar para la modificación de los horarios de la Sociedad Mercantil AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA S.R.L., solicitada por la parte actora, ya que no se observa violación alguna del procedimiento administrativo tramitado; ni tampoco es evidente la trasgresión directa del Texto Fundamental, por lo que no se encuentran cubiertos los requisitos exigidos en el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con base en las siguientes consideraciones: “[…]El Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que: “En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio. Igualmente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de Nº 402-01, 20-03, manifestó lo siguiente: Por ello, a juicio de la Sala, al afirmarse el carácter accesorio e instrumental que tiene el amparo cautelar respecto de la pretensión principal debatida en juicio, se considera posible asumir la solicitud de amparo en idénticos términos que una medida cautelar, con la diferencia de que la primera alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia ésta que por su trascendencia, hace aún más apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada. En tal sentido, nada obsta a que en virtud del poder cautelar que tiene el juez contencioso-administrativo, le sea posible decretar una medida precautelativa a propósito de la violación de derechos y garantías constitucionales, vista la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la transgresión de un derecho de naturaleza constitucional. (…) En ese sentido, es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. Asimismo, debe el juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un verdadero perjuicio de los derechos constitucionales del accionante. Entonces, resulta necesario determinar de la solicitud planteada, la presunción grave de violación evidente y flagrante de un derecho o garantía constitucional, que conlleve al riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable al actor; es decir, la ponderación de intereses constitucionales colectivos y que dicha medida no prejuzgue sobre la decisión definitiva. El actor solicita el amparo cautelar para que sean modificados los horarios de la empresa demandada, en el supuesto que este Tribunal no acuerde dicha solicitud en la medida cautelar que acompaña el escrito libelar. Así las cosas, visto lo alegado por la parte demandante en su escrito, se observa que en el aparte dedicado al amparo constitucional cautelar, se limita a enunciar el artículo 27 constitucional, relativo al derecho que tiene toda persona de ser amparada en el ejercicio de sus derechos, mas sin embargo, no establece la relación que existe entre la norma aducida y la actuación violatoria a la misma, por parte del órgano administrativo que dictó la providencia. De lo anterior, no se observa violación alguna del procedimiento administrativo tramitado; ni tampoco es evidente la trasgresión directa del Texto Fundamental, por lo que los vicios denunciados requieren el análisis de las pruebas y pronunciamiento sobre el fondo. Por lo expuesto, no se encuentran cubiertos los requisitos exigidos en el Artículo 5 Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; por lo que se declara improcedente la solicitud de amparo cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado. Así se decide. […]”, III MOTIVACIÓN DEL FALLO Revisadas las actas procesales y estando en el momento oportuno para ello, pasa esta sentenciadora a revisar la procedencia del amparo cautelar solicitado: El Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que: “En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio. Igualmente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de Nº 402-01, 20-03, manifestó lo siguiente: Por ello, a juicio de la Sala, al afirmarse el carácter accesorio e instrumental que tiene el amparo cautelar respecto de la pretensión principal debatida en juicio, se considera posible asumir la solicitud de amparo en idénticos términos que una medida cautelar, con la diferencia de que la primera alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia ésta que por su trascendencia, hace aún más apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada. En tal sentido, nada obsta a que en virtud del poder cautelar que tiene el juez contencioso-administrativo, le sea posible decretar una medida precautelativa a propósito de la violación de derechos y garantías constitucionales, vista la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la transgresión de un derecho de naturaleza constitucional. (…) En ese sentido, es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. Asimismo, debe el juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un verdadero perjuicio de los derechos constitucionales del accionante. Entonces, resulta necesario determinar de la solicitud planteada, la presunción grave de violación evidente y flagrante de un derecho o garantía constitucional, que conlleve al riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable al actor; adicionando a ello lo establecido en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la N° 39.451 del 22 del mismo mes y año, es decir, la ponderación de intereses constitucionales colectivos y que dicha medida no prejuzgue sobre la decisión definitiva. En el presente caso, la parte actora solicitó establecer de manera temporal un turno único de trabajo de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 p.m., con descanso intrajornada de una hora, el cual será de 11:00 am y 3:00 p.m. dependiendo del grupo del trabajo al cual pertenezcan los trabajadores. Ahora bien, en primer lugar aprecia esta Juzgadora de las actas procesales que conforman la presente causa que en relación a los elementos constitutivos de la medida cautelares a los cuales hace alusión el accionante recurrente en su escrito de fundamentación, fumus boni iuris, periculum in mora, periculum in damni no se evidencia prueba alguna en autos del peligro manifiesto, así como tampoco el daño irreparable, siendo esto deber del promovente a los fines de crear convicción ante el Juez. Por otra parte, quien Juzga considera que bajo los planteamientos del querellante, lo aquí examinado podría prejuzgar sobre la decisión definitiva. Por todo lo expuesto, considera quien Juzga que no están cumplidos los extremos indicados en el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en conexión con el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en cumplimiento a lo establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de darle el mismo tratamiento al amparo cautelar y las medidas preventivas en juicios como éste; por lo que, bajo los planteamientos del querellante persigue mediante el amparo cautelar, materializar lo que en todo caso corresponde a la sentencia definitiva, y según los dichos no se verifica un daño irreparable o de difícil reparación, o la presunta violación de un derecho o garantía constitucional. En consecuencia, resulta forzoso para este Juzgador declarar improcedente el amparo cautelar solicitado por la Sociedad Mercantil AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA S.R.L., inscrita en el Registro Mercantil de Comercio llevado por la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia en los Mercantil del Distrito Federal, el 05 de noviembre de 1952. Así se decide.- VI DECISIÓN En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar solicitado por la Sociedad Mercantil AGRIBRANDS PURINA DE VENEZUELA S.R.L., inscrita en el Registro Mercantil de Comercio llevado por la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia en los Mercantil del Distrito Federal, el 05 de noviembre de 1952. Así se decide.- SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia de fecha 18 de julio de 2016, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. TERCERO: Se CONFIRMA la decisión recurrida. CUARTO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza jurídica de la accionada. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Firmada y sellada en el despacho del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2.016. Año 206° de la Independencia y 157° de la Federación. LA JUEZ ABG. HILMARI GARCÍA PADILLA LA SECRETARIA ABG. ROSANGELYS HERNANDEZ Nota: En esta misma fecha, siendo las 1:30 p.m., se dictó y publicó la anterior decisión. LA SECRETARIA ABG. ROSANGELYS HERNANDEZ KP02-R-2015-000660.