TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
Trujillo, uno ( 1 ) de Noviembre de dos mil dieciséis
206º y 157º

SENTENCIA

ASUNTO: TP11-L-2016-000199
DEMANDANTE: CARLOS MANUEL HERNANDEZ
DEMANDADA: POLLOS CAMPESTRE LEO´S, C.A., solidariamente a los accionistas LEONARDO ANTONIO JOVITO BRICEÑO Y GLENDA MAIRENE PULGAR RIVERA
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS CONCEPTOS LABORALES

Vista la demanda de fecha 18 de Octubre de 2016, así como la Subsanación presentada en fecha 27 de octubre de de 2016, por el abogado YOVANY RAMIREZ AVENDAÑO, titular de la Cédula de Identidad N.° 4.493.365, inscrito en el Inpreabogado N.º 20.493, actuando con el carácter de apoderado Judicial del ciudadano CARLOS MANUEL HERNANDEZ, titular de la Cédula de Identidad N.º 10.316.928, mediante la cual demanda a la entidad de Trabajo POLLOS CAMPESTRE LEO´S, C.A, y solidariamente a los accionistas LEONARDO ANTONIO JOVITO BRICEÑO y GLENDA MAIRENE PULGAR RIVERA, titulares de la Cédula de Identidad N.º V-10.033.051 y V-13.064.321, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS CONCEPTOS LABORALES, por la relación laboral que mantuvo con la POLLOS CAMPESTRE LEO´S, C.A desde el 16/06/2010 hasta el 31/07/2016. Este Tribunal luego de haber revisado el libelo de la demanda y la subsanación, encuentra que la misma es INADMISIBLE en virtud de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

PRIMERO: En doctrina jurisprudencial de reciente data (02/06/2004), contenida en sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, en caso de juicio de cobro de prestaciones sociales incoado por 560 trabajadores contra las sociedades de comercio INTESA, PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), PDV-IFT, PDV INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A., se expuso lo que a continuación se transcribe:

" (...) En sintonía con lo expuesto, resulta propicio traer a colación, los alegatos arguidos por el Dr. Félix Palacios coapoderado judicial de los demandantes, referente al despacho saneador.

Adujo en su intervención oral, que el despacho saneador no está orientado a suplir defensas que solo pueden ser alegadas por las partes llamadas al proceso.

Para abordar el planteamiento efectuado por el ut supra catedrático, la alzada observa:

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo desarrolla y da vida a los principios constitucionales contenidos en la disposición Cuarta Transitoria de la Carta Magna, el proceso del trabajo, es oral, público, contradictorio, en donde el operador de justicia no es un convidado de piedra en el proceso, el nuevo Juez del Trabajo participa en el proceso en una forma dinámica y como se resalta en la exposición de motivos de la Ley Adjetiva Laboral: ‘...el principio del Juez Director del Proceso, permite concebir la función jurisdiccional como una actividad dinámica, donde las iniciativas relativas al proceso están distribuidas por el legislador entre las partes y el Juez. Ha quedado atrás la concepción del Juez mercenario, que solo hacía aquello que las partes le habían solicitado y mientras ello no sucediere, debía mantenerse impasible...’.

El espíritu del legislador, esta orientado a la participación del operador de justicia, no como un espectador sino como un verdadero director del proceso, de lo que cobra vida el principio de la concentración procesal.

Citando al profesor Humberto Briceño Sierra al referirse al despacho saneador afirmó: ‘...Es el medio por el que el Juez resuelve sobre cuestiones relativas a la legalidad de la relación procesal...’ Universidad Nacional Autónoma de México, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XII, página 611.

Puede el Juez así, ordenar o suprimir los vicios que alerte en su función revisora, disponiendo que el actor los subsane en el plazo perentorio establecido al efecto en la ley.

En criterio de este Tribunal, el despacho saneador previsto en el artículo 124 de la ley adjetiva del Trabajo, no se encuentra enmarcado en una frontera minúscula, por el contrario y a tenor de lo establecido en la exposición de motivos de la ley, se le atribuyó al operador de justicia la facultad de examinar la demanda antes de decidir sobre su admisión, permitiéndole al Juez que ordene la subsanación de aquellos defectos que impiden darle a la demanda el trámite de ley o decidir apropiadamente.

El despacho saneador tiene por norte, vigilar y erradicar las impurezas que afecten el proceso, respondiendo así a la idea de la economía procesal.

Esta institución procesal, opera por iniciativa del Juez o a solicitud de parte, debe tenerse presente que este nuevo proceso prohíbe la interposición de cuestiones previas en conformidad con el artículo 129 ibidem, por lo que la participación del Juez cobra vida a través del despacho saneador, a tenor de lo establecido en los artículos 124 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con la finalidad de depurar el proceso de vicios, y así darle vida al mandato constitucional contenido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que no se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales, siendo el proceso un instrumento para alcanzarla.

De las consideraciones expuestas concluye esta alzada que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tiene la obligación de examinar celosamente si el libelo de demanda que le ha sido presentado, cumple con los extremos exigidos en el artículo 123 de la ley procesal del trabajo y de constatar que el escrito libelar es ambiguo, oscuro o violenta el citado artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que no es otra que la inadmisibilidad de la demanda,
Así se decide. (...)"

Ahora bien, acogiendo íntegramente el criterio precedentemente trascrito, considera este juzgador que la parte actora incurrió en una deficiente subsanación que acarrea la INADMISIBILIDAD de la demanda en virtud de que los vicios precisados por este Tribunal en el libelo primogénito, impide el ejercicio del derecho a la defensa de la demandada y obstaculiza la apropiada administración de justicia por parte del Juez, toda vez que: Habiéndose ordenado al demandante corregir las deficiencias señaladas en el auto de Despacho Saneador de fecha 19 de Julio de 2016, en el cual se le solicito lo siguiente;

Segundo: También la parte actora debe realizar con claridad el calculo de las Prestaciones Sociales demandadas, de conformidad con lo establecido en los literales “ a y b ” del articulo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, esto a los fines de comparar cual de los dos montos a que hace mención la norma de los lterales “ c y d ”, le es mas favorable al demandante.

No obstante, se observa en dicho escrito que la parte actora no dio cumplimiento a lo aquí solicitado ya que no consta en el escrito de subsanación la información requerida, es decir la parte actora no realizo el calculo de las Prestaciones Sociales demandadas, de conformidad con lo establecido en los literales “ a y b ” del articulo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a los fines de cotejar cual de los resultados de las dos ( 2 ) operaciones matemáticas a que hace mención la norma de los lterales “ c y d ”, le es mas beneficiosa al demandante, sin explicar cual es el salario utilizado que multiplicado por 180 días da como resultado la cantidad de Bs. 103.350,00, es decir, no se indico en la demanda ni en la subsanación con cual salario se realizo este ejercicio matemático, si es con salario básico o con salario integral, por lo tanto, no se tiene claro el origen de la antigüedad demandada.

Es importante resaltar que toda demanda debe bastarse por si misma, por lo que debe contener la mas completa especificación y relación de lo hechos, así como toda la información necesaria para una mejor comprensión, de tal manera que no sea necesario recurrir a otros elementos o recaudos para completarlos. En aquellas demandas de cantidades de dinero como es el presente caso, el demandante debe indicar las cantidades que reclama y detallar de forma clara y precisa los montos y conceptos que pretende le sean acordados por el Tribunal, ya que una demanda que no cumpla con estos requisitos en principio es defectuosa y como tal no debe ser admitida.

Así mismo, es oportuno señalar que en distintas decisiones de la Sala de Casación Social del Tribunal supremo de Justicia, la exhortación que se les hace a los Jueces de Sustanciación como directores del proceso, para que hagan uso del Despacho Saneador, con el fin de controlar que la demanda sea arreglada para obtener una Sentencia ajustada a derecho.

Ahora bien, ante esta incertidumbre en la que no se realizo la operación matemática solicitada por el Tribunal para determinar el origen del resultado de la cantidad de Bs. 103.350,00, como monto total de la Antigüedad demandada, traería como consecuencia que ante una posible incomparecencia de la demandada a la Audiencia Primigenia, no se garantizaría una tutela Judicial efectiva, dificultando de esta manera la comprensión del contenido libelar y en consecuencia la pretensión; concluyendo este juzgador que la pretensión en los términos propuestos se aparta de los principios de interposición de una demanda como son la relación lógica, circunstanciada y precisa de toda pretensión, por cuanto que toda demanda debe ser clara, precisa y concisa y bastarse por si misma, y no es así en el presente caso, teniendo como consecuencia la violación al debido proceso y el derecho a la defensa de la esta demandada.

. Así pues que al contener el libelo corregido las señaladas imprecisiones no es procedente su admisión, en virtud de no dar cumplimiento con los extremos exigidos en el Articulo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, vulnerándose con ello el derecho a la defensa y la apropiada administración de justicia por parte del Juez. Se le advierte a la parte actora que por cuanto lo que se esta declarando es la INADMISIBILIDAD de la demanda, podrá ejercer nuevamente su acción al día siguiente de que este auto quede definitivamente firme. Así se decide.
Publíquese. Regístrese
El JUEZ

ABG. JOSE DARIO CASTILLO S
LA SECRETARIA

ABG. LORENY LINARES