TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO.
Trujillo, 05 de octubre de 2.016
206º y 157°

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.
PARTE DEMANDANTE: JUAN FRANCISCO VALECILLOS PAREDES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.722.847, domiciliado en el Sector Visun, Parroquia Cabimbu, Municipio Urdaneta del Estado Trujillo.
REPRESENTANTE CONFORME A LA LEY DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogada MARIA CLAUDIA ANTONELLO STIVALA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogada bajo el número 71.812, Defensora Pública Agraria número 03 del Estado Trujillo.
PARTE DEMANDADA: MARIO ROJAS, DULCE ROJAS y MANUEL ANTONIO ROJAS, titulares de las cédulas de identidad números 5.356.020, 19.644.371 y 3.738.796 respectivamente.
NO CONSTITUYÓ REPRESENTACION JUDICIAL.

ASUNTO: SERVIDUMBRE DE AGUA.

EXPEDIENTE: A- 0383-2.015

II. BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES Y SINTESIS DE LA CONTROVERSIA

Este tribunal pasa a extender la presente sentencia; no sin antes hacer una síntesis, precisa y lacónica del asunto planteado, ello de conformidad al artículo 243 ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido, se observa:

En fecha 25 de febrero de 2.015, el ciudadano JUAN FRANCISCO VALECILLOS PAREDES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.722.847, debidamente asistido por la Abogada MARIA CLAUDIA ANTONELLO STIVALA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogada bajo el número 71.812, Defensora Pública Agraria número 03 del Estado Trujillo, incoa la presente acción por servidumbre de agua en contra de los ciudadanos MARIO ROJAS, DULCE ROJAS y MANUEL ANTONIO ROJAS, titulares de las cédulas de identidad números 5.356.020, 19.644.371 y 3.738.796 respectivamente, alegando al respecto ser poseedor y ocupante desde hace aproximadamente 30 años de un lote de terreno ubicado en el sector el Caney Parroquia Cabimbu Municipio Urdaneta del Estado Trujillo; con los siguientes linderos Norte: Terrenos ocupados por Humberto Rojas y Roger Valecillos; Sur: Terrenos ocupados por Adolfo Valecillos Y Gerardo Valecillos; Este: Terrenos ocupados por Gerardo Valecillos y por el Oeste: Terrenos ocupados por Humberto Rojas en una extensión aproximada de tres hectáreas con tres mil cuatrocientos un metro cuadrados (3ha 3401 mts2) con cultivos de fresas y zanahorias; aduciendo al respecto mantener desde el año 2003 una servidumbre de agua (toma y manguera) por los terrenos ocupados de los ciudadanos MARIO ROJAS y DULCE ROJAS, así como por el inmueble de MANUEL ROJAS, consistiendo la misma en el paso de una manguera hasta conectar a la quebrajada visun; en este contexto, fundamenta su pretensión alegando:
“… a raiz de la problemática surgida con la Medida Autónoma Ambiental solicitada antes este mismo Tribunal, la cual cursa en el expediente A-0329, dichos ciudadanos tomaron una actitud a favor del sujeto pasivo de la medida y en contra de los solicitantes dentro de los cuales me encuentro yo, lo que ocasionó que endecha 27 d junio de 2.014 los ciudadanos MARIO ROJAS y DULCE ROJAS, cortaron la manguera de media pulgada que pasa por su terreno y que va hasta mi unidad de producción, posteriormente, en fecha 21 de octubre de 2.014, día en que la técnico agraria de la Defensora publica se encontraba haciendo inspección preparatoria con motivo al corte de la manguera, se acercó el ciudadano MANUEL ROJAS, hasta donde estábamos y me manifestó que por el terreno de él no le pasara mas la manguera. Situación que causa un grave a los cultivos existentes a la unidad de producción. (sic) (Resaltado del Tribunal)

Promoviendo los siguientes medios probatorios:
Documentales:
A). Original de Instrumento de Declaratoria de Permanencia, otorgada por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, debidamente autenticado por el servicio interno de memoria documental del referido instituto, en fecha 22 de octubre de 2.009 bajo el número 26, folio 26, tomo 386.
B). Original de Constancia expedida por el Sistema de Riego El Garrapatal-Vega Abajo, en fecha 06 de febrero de 2.015.
Testimoniales
Neida del Carmen Ángel Rivas, titular de la cédula de identidad número 12.905.934.
Ricardo Antonio Segovia Araujo, titular de la cédula de identidad número 15.709.097
José Eutimio Fajardo Gil, titular de la cédula de identidad número 15.709.097
Hugo de Jesús Morillo Uzcategui, titular de la cédula de identidad número 10.314.683.
Inspección Judicial
En un inmueble ubicado en el sector el Caney Parroquia Cabimbu Municipio Urdaneta del Estado Trujillo; con los siguientes linderos Norte: Terrenos ocupados por Humberto Rojas y Roger Valecillos; Sur: Terrenos ocupados por Adolfo Valecillos Y Gerardo Valecillos; Este: Terrenos ocupados por Gerardo Valecillos y por el Oeste: Terrenos ocupados por Humberto Rojas en una extensión aproximada de tres hectáreas con tres mil cuatrocientos un metro cuadrados (3ha 3401 mts2); escrito de demanda que corre inserta del folio 01 al 05
En fecha 09 de marzo de 2.015, el tribunal mediante auto admite la presente demanda librándose en dicha oportunidad las respectivas boletas de citación; corre inserto del folio 18 al 22.
En fecha 16 de junio de 2.015, el alguacil del tribunal mediante diligencia consiga las boletas de citación y sus compulsas, entre estas practicada al co-demandado MANUEL ANTONIO ROJAS, mas no a los co-demandados MARIO ROJAS y DULCE ROJAS por haberse negado a recibirla, ello conforme a lo expuesto por el alguacil. Corren insertas del folio 23 al 42.
En fecha 03 de julio de 2.015, el Defensor Público Auxiliar encargado del Despacho Defensoril Agrario número 03 del Estado Trujillo, ABOGADO Rafael Eduardo Briceño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 164.979, mediante diligencia solicita se libre cartel de citación a los demandados de autos MARIO ROJAS y DULCE ROJAS; corre inserta al folio 43.
En fecha 22 de julio de 2.015, el tribunal mediante auto libró cartel de citación a los demandados de autos ciudadanos MARIO ROJAS y DULCE ROJAS; corren insertos del folio 44 al 45.

III. MOTIVACIONES PARA DECIDIR

De conformidad con lo establecido en el artículo 243 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil, se procede a exponer los motivos de hecho y de derecho en que se fundamenta la presente decisión:

De la Competencia del Tribunal

La determinación de la competencia del Tribunal es elemento esencial para la validez del juicio y como bien lo señalara la Sala Político-Administrativa en sentencia del 18 de febrero de 1999, (caso E. Meléndez en amparo, exp. 14.691), “… es presupuesto imprescindible del cual deriva la potestad del juez para decidir el fondo…” (Resaltado del Tribunal).
Este Tribunal a los fines de verificar si es competente para conocer la presente acción observa que; el artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario dispone:

“Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales.” (Resaltado del Tribunal).

Así las cosas, se observa que la pretendida acción recae directamente sobre un predio rústico; acción ésta se interpone con ocasión de la actividad agraria, al respecto el artículo 197 ordinales 3º y 15º de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establecen lo siguiente:
Artículo 197 ordinales 3º y 15º:

“Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promueven con ocasión de la actividad agraria sobre los siguientes asuntos:
Omissis…
3. Acciones relativas al uso, aprovechamiento, constitución de servidumbres y demás derechos reales, para fines agrarios.
Omissis…
15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” (Resaltado del Tribunal).

Ahora bien, en razón de dichas disposiciones legales, es necesario señalar que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario viene a establecer el ámbito de competencia de los Jueces Agrarios, indicando en el artículo 197 eiusdem los asuntos que éstos deben conocer; resaltando que la citada norma en su ordinal 15º otorga la competencia para conocer de forma general, las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria; en este sentido y como el presente asunto se enmarca dentro de las acciones previstas en el ordinal 3º de dicha disposición legal incidiendo dicha situación fáctica de una manera u otra en la actividad agraria, la cual viene a ser determinante para establecer la competencia por la materia del Juez Agrario, es por ello que éste Tribunal es competente por la materia para conocer la presente causa; Así se declara.
Con relación a la competencia por el territorio, este tribunal observa que en fecha 29 de octubre de 2008, La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante resolución número 2008-0051 crea los Tribunales con competencia Agraria en el Estado Trujillo, resolución ésta que en sus artículos 4 y 5 establece lo siguiente:
“Artículo 4: Crear un Juzgado de Primera Instancia Agraria con competencia en el territorio de los Municipios Candelaria, Escuque, Pampanito, Trujillo, Pampán, San Rafael de Carvajal, Urdaneta, Boconó, Carache, José Felipe Márquez Cañizales y José Vicente Campo Elías del Estado Trujillo, denominado JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO con sede en la población de Trujillo, estado Trujillo.
Artículo 5: “Crear un Juzgado de Primera Instancia Agraria con competencia en el territorio de los Municipios Miranda, Andrés Bello, Motatán, Sucre, Bolívar, Rafael Rangel, Valera, La Ceiba y Monte Carmelo del Estado Trujillo denominado JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, tendrá la competencia que le atribuye la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario a los juzgados de primera instancia agraria, con sede en la ciudad Sabana de Mendoza.” (Resaltado y mayúscula de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia).
En este contexto, claramente se evidencia que el asunto planteado recae sobre un inmueble ubicado en el Municipio Urdaneta del Estado, en consecuencia este Tribunal con competencia agraria es competente también por el territorio para conocer y decidir el presente asunto Así se declara.

Ahora bien, determinada la competencia del tribunal, el suscrito jurisdicente observa que en el presente asunto desde la fecha 03 de julio de 2.015, oportunidad en la cual el representante conforme a la ley de la parte actora solicitó la citación por carteles de conformidad con el artículo 202 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y resuelta la solicitud conforme a lo requerido en fecha 22 de julio de 2.015, la parte demandante no ha materializado ningún tipo de actuación, lo cual pone de manifiesto la inactividad procesal de la misma, en este contexto, el legislador ha consagrado la figura de la perención de la instancia la cual constituye una sanción para la inactividad de las partes que, después de iniciado el procedimiento mediante la proposición de la demanda, se abstengan posteriormente de dar el impulso correspondiente para que el juicio finalice.
En este sentido, de acuerdo a los razonamientos antes descritos éste Tribunal considera oportuno examinar lo que establece el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil de la siguiente manera:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…” (Resaltado del Tribunal).

Y a la facultad que le impone el artículo 269 eiusdem, que contempla lo siguiente:

“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente...” (Resaltado del Tribunal).

De igual manera nuestro máximo Tribunal, en sentencia de fecha 22 de septiembre de 1993, en Sala de Casación Civil, expediente número 92-0439, en juicio Banco República, C. A. contra Alejandro Saturno Santander, expuso:
“…La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aun de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. Siendo entonces la perención materia de orden público, se causa por la misma inactividad de las partes durante el procedimiento, antes de que éste entre en fase de sentencia, esto es, al día siguiente del vencimiento del termino para presentar las observaciones a los informes, pues al verificarse de derecho, su efecto extintivo se expende a todos los actos procesales anteriores y posteriores, salvo aquellos a que se refiere el articulo 270 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que la perención no impida que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de los autos…” (Resaltado del tribunal)

Igualmente, la Sala Constitucional, en sentencia No. 02968 del 20 de diciembre de 2006, caso Up-Line Publicidad, C.A., estableció:

Omissis…
“El decreto de la perención, por el transcurso de más de un año sin actividad de las partes, ha sido considerado por esta Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia Nº 956/01 del 1 de junio, se dejó sentado lo siguiente:

”...También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención…”

En base a las normas de hecho y de derecho anteriormente trascritas, este Juzgador considera que se acoplan perfectamente al presente caso, y en razón que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia y visto que ha transcurrido más de un (1) año, sin actividad procesal, como consecuencia de ello se traduce la MATERIALIZACIÓN DE LA PERENCIÓN.

Por consiguiente y en base a lo expuesto en las líneas precedentes, este Juzgado actuando como director del proceso declara de Oficio la Perención de la Instancia de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, tal como se decidirá en el dispositivo del presente fallo. Asi de decide.
Se orden notificar a la parte actora en su persona o a través de su Representante legal conforme a la Ley de la presente decisión. Así de decide.
Igualmente este sentenciador no condena en costas dada la naturaleza de la decisión. Así de decide.

DISPOSITIVO:

Este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: Declara:
PRIMERO: Declara de Oficio LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, por falta de impulso procesal de la parte demandante ciudadano JUAN FRANCISCO VALECILLOS PAREDES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.722.847. Así se decide.
SEGUNDO: Se orden notificar a la parte actora en su persona o a través de su Representante legal conforme a la Ley de la presente decisión. Así se decide
TERCERO: No se condena en costas dada la naturaleza de la decisión. Así se decide

PUBLÍQUESE, REGISTRESE Y DÉJENSE LAS COPIAS DE LEY

Dada, sellada y firmada, en el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. A los cinco (05) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

Abg. JOSÉ CARLENIN ARAUJO BRICEÑO
JUEZ.-

Abg. GEOVANNA GODOY.
SECRETARIA.-

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las 03:00 p.m.,
Conste.
Scría