TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA
CORTE DE APELACIONES
Barquisimeto, 24 de Agosto de 2017
Años: 207º y 158º
ASUNTO: KP01-R-2016-000357
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2016-019108
PONENTE: DR. LUÍS RAMÓN DÍAZ RAMÍREZ
De las partes:
Recurrente: ABOGADO CARLOS LUIS LOPEZ VASQUEZ, en su carácter de Defensor Público Vigésimo del Estado Lara, de los ciudadanos MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

Recurrido: Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

Delito: ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal. Adicionalmente para WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, USO DE CEDULA FALSA previsto en el artículo 41 previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación.

Motivo: Recurso de Apelación de Auto, interpuesto contra la decisión dictada en fecha 23/07/2016 y fundamentada en fecha 01/08/2016, por parte del Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante el cual decreto MEDIDA DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra los ciudadanos MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, titular de la cedula de identidad Nº V-25.748.258, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-19.828.063, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal. Adicionalmente para WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, USO DE CEDULA FALSA previsto en el artículo 41 previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación.

CAPITULO PRELIMINAR
Corresponde a esta Corte conocer del recurso de Apelación de Autos interpuesto por el ABOGADO CARLOS LUIS LOPEZ VASQUEZ, en su carácter de Defensor Público Vigésimo del Estado Lara, de los ciudadanos MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, contra la decisión dictada en fecha 23/07/2016 y fundamentada en fecha 01/08/2016, por parte del Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante el cual decreto MEDIDA DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra los ciudadanos MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, titular de la cedula de identidad Nº V-25.748.258, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-19.828.063, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal. Adicionalmente para WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, USO DE CEDULA FALSA previsto en el artículo 41 previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación.

Ahora bien, visto que en fecha 24-04-2017, en virtud de la designación del nuevo Juez Provisorio de la Corte de Apelaciones del estado Lara, realizada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, se procede a reconstituir la Sala Natural de la Corte de Apelaciones de la manera siguiente: Juez Profesional, Reinaldo Octavio Rojas Requena (Presidente de la Sala), Juez Profesional Arnaldo José Osorio Petit y Juez Profesional, Luis Ramón Díaz Ramírez. En tal sentido, se recibe el presente asunto en fecha 05 de Abril de 2017, se le dio cuenta al Juez Presidente y efectuada la distribución legal, de acuerdo al sistema automatizado JURIS 2000, Asumió la ponencia del presente asunto el Dr. Luís Ramón Díaz Ramírez.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 442 del Código Adjetivo Penal, en fecha 14 de Junio de 2017, se admitió el recurso de Apelación, por no concurrir ninguno de los supuestos a que se contrae el artículo 428 ejusdem. Y acogiéndose al lapso establecido en el tercer aparte de la citada norma legal, se pasa a dictar pronunciamiento con fundamento en los siguientes términos en atención a lo siguiente:

TITULO I.
DE LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA RECURRIR POR APELACIÓN.

Esta Corte de Apelaciones, con el único propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 424, 427 y 440 del Código Orgánico Procesal Penal, hace las siguientes consideraciones en cuanto a:

CAPÍTULO I.
La Legitimación del Recurrente.

Al respecto, en el caso sub judice, quienes interponen el recurso es el ABOGADO CARLOS LUIS LOPEZ VASQUEZ, en su carácter de Defensor Público Vigésimo del Estado Lara, de los ciudadanos MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, cualidad esta evidenciada en los autos que conforman este cuaderno. Y ASÍ SE DECLARA.

CAPÍTULO II
Interposición y oportunidad para ejercer Recurso de Apelación.

En cuanto al tiempo procesal en que fue ejercido el Recurso de Apelación, visto los cómputos presentados por la Secretaria del Tribunal de Control N° 1, se tiene que, a partir del día 27/07/2016 día hábil siguiente a la fundamentación del auto recurrido que fue fundamentado en fecha 26/07/2016, hasta el día 02/08/2016, transcurrió el lapso de (05) días a que se contrae el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo interpuesto el recurso en fecha 28/07/2016 y que desde el 21/10/2016, día hábil siguiente al emplazamiento del Fiscal del Ministerio Publico hasta el 25/10/2016, transcurrió el plazo de tres (3) días para su contestación la cual se realizo en fecha 25/10/2016. Cómputo practicado de conformidad con el artículo 156 ejusdem y por mandato judicial de fecha ut-supra.-….”; todo ello riela al folio veinticuatro (24) del presente asunto, en relación al computo esta Alzada logra constatar que ha sido realizado de manera errónea
Ahora bien, siendo que el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal establece que: “…Los autos y las sentencias definitivas que sucedan a una audiencia oral serán pronunciados inmediatamente después de concluida la audiencia. En las actuaciones escritas las decisiones se dictaran dentro de los tres días siguientes…” y en atención a la sentencia vinculante dictada por la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Expediente N° 2013-1185, la cual cito a continuación:
“…Como ya se indicó, si por razones de complejidad del caso ello no es posible y el auto fundado es dictado y publicado con posterioridad a la fecha de finalización de la audiencia, debe hacerlo en el lapso de tres (3) días siguientes a la misma, en aplicación de lo previsto en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal, caso en el cual el Tribunal de Control debe notificar a las partes de dicha publicación y ello puede hacerlo en la misma audiencia, informando que el auto será publicado en ese lapso; sin embargo, en el supuesto de que el auto sea publicado fuera del lapso de los tres (3) días aludido deberá indefectiblemente practicar la notificación de las partes para, de esta forma, dar certeza del inicio del lapso de apelación y asegurar los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del justiciable…”(negrilla y subrayado de esta Corte).

Es más que evidente, que el lapso de ley que tienen los juzgadores para realizar la fundamentación de las Sentencias tanto de Auto como Definitivas, es de máximo tres (3) días, y de ser excedido este lapso, se deben notificar a las partes. No siendo esté el caso, puesto que consta en auto que la decisión se fundamento a los seis (6) días hábiles siguientes a la Audiencia de presentación, por lo cual era ineludible que el Tribunal A quo, efectuara la debida notificación a las partes, en razón a ello, siendo esta Corte de Apelaciones garante de los derechos que le asisten a las partes en el proceso y en virtud de garantizar la Tutela Judicial Efectiva contenida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y evitar el retardo procesal, es por lo cual se declara el presente Recurso de Apelación interpuesto de forma tempestiva por anticipada. Y ASI SE DECLARA.

CAPÍTULO III
Del Agravio y Posibilidad de impugnar la decisión recurrida:

Con respecto al primero esta Alzada considera, por interpretación auténtica contextual del artículo 427 del Código Orgánico Procesal Penal, que debe existir un agravio invocado por el recurrente legitimado, ocasionado por la decisión que se pretende recurrir y que por ello le sea desfavorable. No considerándose necesario la demostración expresa del agravio; mientras que el mismo pueda ser inferido de los fundamentos que motivan el Recurso, y bastando el hecho de haberse fundamentado legalmente la causal de motivación del mismo.

En el escrito de apelación, dirigido al Juez de Primera Instancia en funciones de Control N° 01 de este Circuito Judicial Penal, se expone como fundamento textualmente entre otras cosas, lo siguiente:

“…Interpongo Recurso de Apelación de Autos en contra de la decisión que priva de su libertad a mi defendido antes identificado, por cuanto no están llenos los extremos para decretar privativa de libertad, no hay peligro de obstaculización, no hay peligro de fuga. Por otra parte, solicito se considere la situación de que en la presente causa se imputan delitos como ROBO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTO-MOTOR, EXTORSION, RESISTENCIA AGRAVADA, que carecen totalmente de los elementos fundamentales para tipificar los mismos, ya que en el caso de mi defendido WILMER MARTINEZ, no es identificado ni descrito por la victima en acta policial, aunado a que mi defendido MOISES ANGULO, manifestó en sala que en los hechos ocurrido no hubo participación de los demás imputado por cuanto fue él quien bajo amenaza y engaño involucra a mi defendido sin que este conociera lo que realmente ocurría. Declarando sin lugar el tribunal las solicitudes realizada por esta defensa en cuanto a la no admisión de las precalificación de los delitos solicitados por la Fiscalía del Ministerio.
Los funcionarios del CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS PENALES Y CRIMINALISTICAS (CICPC), no tomaron en cuenta contar con la presencia de los testigos por lo que no puede tomarse un elemento obtenido por otra vía diferente a la señalada en el COPP, y no aportaron testigos que dieran fe de lo que ahí estaba sucediendo o ocurrido, por lo que estamos en presencia de un procedimiento mal llevado al margen de las normas establecidas tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal Vigente.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 44, establece que la libertad personal es inviolable, garantía esta acogida en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 9 relacionado con la afirmación de libertad y de manera expresa señala que las disposiciones del mencionado Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad tiene carácter excepcional y solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser proporcional a la medida de seguridad que pueda ser interpuesta.
Recurro de dicha decisión emanada de este Tribunal Control, apelación fundamentada en los ordinales 4 y 5 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ciudadanos magistrados de la corte de apelaciones del circuito judicial penal del estado Lara, SOLICITO sea admitido el presente recurso de apelación.
SOLICITO sea modificada la medida privativa de libertad y le sea otorgada la Libertad Plena…”

TITULO II.
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO
CONSIDERACIONES DE LA CORTE DE APELACIONES

Esta Corte para decidir observa, que el recurrente interpone el recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 439 ordinal 4° y 5º del Código orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada en fecha 23/07/2016 y fundamentada en fecha 01/08/2016, por parte del Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante el cual decreto MEDIDA DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra los ciudadanos MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, titular de la cedula de identidad Nº V-25.748.258, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-19.828.063, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal. Adicionalmente para WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, USO DE CEDULA FALSA previsto en el artículo 41 previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación.

Señala el recurrente de conformidad con lo establecido en el artículo 439 ordinal 4° y 5º del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:

“…Interpongo Recurso de Apelación de Autos en contra de la decisión que priva de su libertad a mi defendido antes identificado, por cuanto no están llenos los extremos para decretar privativa de libertad, no hay peligro de obstaculización, no hay peligro de fuga. Por otra parte, solicito se considere la situación de que en la presente causa se imputan delitos como ROBO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTO-MOTOR, EXTORSION, RESISTENCIA AGRAVADA, que carecen totalmente de los elementos fundamentales para tipificar los mismos, ya que en el caso de mi defendido WILMER MARTINEZ, no es identificado ni descrito por la victima en acta policial, aunado a que mi defendido MOISES ANGULO, manifestó en sala que en los hechos ocurrido no hubo participación de los demás imputado por cuanto fue él quien bajo amenaza y engaño involucra a mi defendido sin que este conociera lo que realmente ocurría. Declarando sin lugar el tribunal las solicitudes realizada por esta defensa en cuanto a la no admisión de las precalificación de los delitos solicitados por la Fiscalía del Ministerio…”

Es importante para esta alzada señalar, que una vez decidida, como ha sido en el presente caso, en la audiencia de flagrancia, la continuación de la causa por vía del procedimiento ordinario, se sigue con la etapa investigativa, a fin de colectar todos los elementos de convicción que permitan fundamentar el acto conclusivo que arroje la misma, estando conformadas por un conjunto de diligencias o actos procesales a fin de determinar el autor de un delito, actuando igualmente en esta fase el imputado, su defensa, las víctimas y sus representantes, pudiendo solicitar al Ministerio Público, las práctica de diligencias necesarias a la consecución del fin único del proceso, como es la búsqueda de la verdad.

Ahora bien, una vez analizados por esta instancia superior, los argumentos esgrimidos por el recurrente de autos, en esta denuncia, es necesario indicar lo contemplado en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, con respecto a los presupuestos de procedencia de la declaratoria de Privación Judicial Preventiva de libertad, el cual dispone:

“...Procedencia. El Juez o Jueza de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”

De modo, que para que sea procedente la Privación Judicial Preventiva de Libertad, debe atenderse a la concurrencia de los tres presupuestos antes mencionados, debidamente fundados en la decisión, ahora bien, se evidencia de la lectura realizada a la decisión recurrida, que el Juez A Quo, consideró se encuentran reunidos dichos presupuestos, cuando mencionó entre otras cosas lo siguiente:
“…Ahora bien, realizada la audiencia oral conforme a lo dispuesto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgador decidió en los siguientes términos:
A: Vista el Acta Policial de fecha: 21 de Julio de 2016, los funcionarios adscrito0s a la SUB-DLEGACIÓN DE BARQUISIMETO dejan constancia entre otras cosas del modo, tiempo y lugar en que realizan la Aprehensión del ciudadano: MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, titular de la cedula de identidad N° V-25.748.258, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de la cedula de identidad N° V-19.828.063 y KARINA ELIZABETH MORENO ADÁN, titular de la cedula de identidad N° V-16.386.523, imputándole la comisión de los delitos de: MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA: Robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, Robo agravado de vehículo automotor, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal; WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Porte ilícito de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, y Uso de cedula falsa, previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación; KARINA ELIZABETH MORENO ADÁN: Robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, Robo agravado de vehículo automotor, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal.
B.- Tomando en consideración que el Ministerio Público hizo uso de la facultad conferida en el encabezamiento del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, aunado a la procedencia de la misma por no violentarse el derecho a la defensa del imputado de auto, se ordena la tramitación de la presente causa por las vías del procedimiento penal ordinario a tenor de lo establecido en el artículo 262 y siguientes de la citada norma procesal, a los efectos de que se practiquen las diligencias de investigación necesarias para el total esclarecimiento de los hechos objeto de esta causa.
C.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 236, 237 ordinales 2°, 3° en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238, se decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, titular de la cedula de identidad N° V-25.748.258, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de la cedula de identidad N° V-19.828.063 y KARINA ELIZABETH MORENO ADÁN, titular de la cedula de identidad N° V-16.386.523, imputándole la comisión de los delitos de: MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA: Robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, Robo agravado de vehículo automotor, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal; WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Porte ilícito de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, y Uso de cedula falsa, previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación; KARINA ELIZABETH MORENO ADÁN: Robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, Robo agravado de vehículo automotor, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal.
D).- Verificándose a través del análisis del Acta Policial de fecha: 21 de Julio de 2016, los funcionarios adscrito0s a la SUB-DLEGACIÓN DE BARQUISIMETO dejan constancia entre otras cosas del modo, tiempo y lugar en que realizan la Aprehensión del ciudadano: MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, titular de la cedula de identidad N° V-25.748.258, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de la cedula de identidad N° V-19.828.063 y KARINA ELIZABETH MORENO ADÁN, titular de la cedula de identidad N° V-16.386.523, imputándole la comisión de los delitos de: MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA: Robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, Robo agravado de vehículo automotor, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal; WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Porte ilícito de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, y Uso de cedula falsa, previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación; KARINA ELIZABETH MORENO ADÁN: Robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, Robo agravado de vehículo automotor, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal.
E.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado de auto ha sido autor o partícipes en la ejecución del punible objeto de la presente, verificándose del análisis del Acta Policial de fecha: 21 de Julio de 2016, los funcionarios adscrito0s a la SUB-DLEGACIÓN DE BARQUISIMETO dejan constancia entre otras cosas del modo, tiempo y lugar en que realizan la Aprehensión del ciudadano: MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, titular de la cedula de identidad N° V-25.748.258, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de la cedula de identidad N° V-19.828.063 y KARINA ELIZABETH MORENO ADÁN, titular de la cedula de identidad N° V-16.386.523, imputándole la comisión de los delitos de: MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA: Robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, Robo agravado de vehículo automotor, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal; WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Porte ilícito de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, y Uso de cedula falsa, previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación; KARINA ELIZABETH MORENO ADÁN: Robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, Robo agravado de vehículo automotor, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal.
F.- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, evidenciándose tal circunstancia por la posible pena a imponer en la presente causa que al exceder de diez años de privación de libertad, determina la configuración de la presunción juris tantum de peligro de fuga por estimar el legislador que en éste tipo de casos se presume que el procesado pueda evadir la persecución penal impidiendo la aplicación en la definitiva de la sanción penal a que hubiere lugar; aunado a ello observa ésta juzgador que éste tipo de punibles causan un grave daño no solo a las personas afectadas por el mismo sino también a la sociedad.
Por otra parte se observa la posibilidad por el tipo delictual objeto de la presente así como las circunstancias de comisión del mismo, de que en caso de quedar en libertad a la imputada de auto pudiese destruir, modificar, alterar u ocultar elementos de convicción, así como influir para que testigos de la presente causa se comporten de manera reticente o desleal colocando en peligro la investigación que desarrollará el Ministerio Público, a los efectos de llevar al proceso la verdad de los hechos tendiente a la realización de la justicia, tomando como base las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.
DISPOSITIVA
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 236 numerales 1ª, 2° y 3° y el artículo 237 en su segundo parágrafo del Código Orgánico Procesal Penal: PRIMERO: Se declara con lugar la aprehensión en flagrancia de los ciudadanos MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, titular de la cedula de identidad N° V-25.748.258, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de la cedula de identidad N° V-19.828.063 y KARINA ELIZABETH MORENO ADÁN, titular de la cedula de identidad N° V-16.386.523, de conformidad con el numeral 1º del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. SEGUNDO: Se admite la precalificación fiscal por la presunta comisión de los siguientes delitos: MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA: Robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, Robo agravado de vehículo automotor, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal; WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Porte ilícito de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, y Uso de cedula falsa, previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación; KARINA ELIZABETH MORENO ADÁN: Robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, Robo agravado de vehículo automotor, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra lka delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, Resistencia a la autoridad agravada, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal. TERCERO: En cuanto al procedimiento solicitado, esta Juzgadora acuerda la tramitación de la causa por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme a lo establecido en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente. CUARTO: Se decreta MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los imputados MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, titular de la cedula de identidad N° V-25.748.258, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de la cedula de identidad N° V-19.828.063 y KARINA ELIZABETH MORENO ADÁN, titular de la cedula de identidad N° V-16.386.523, por existir fundados elementos de convicción para vincular al imputado con los hechos investigados y acreditado el peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, considerando la entidad del delito, la magnitud del daño causado y la cuantía de la pena, encontrándose llenos los extremos de los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual deberán cumplir en el CENTRO PENITENCIARIO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL “SARGENTO DAVID VILORIA”…”

De lo antes trascrito, se desprende claramente, que el Juez del Tribunal A Quo, consideró la existencia de un hecho punible que merece pena Privativa de Libertad y cuya acción penal no se encontraba evidentemente prescrita como lo es la precalificación fiscal dada a los ciudadanos MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, titular de la cedula de identidad Nº V-25.748.258, y WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-19.828.063, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal. Adicionalmente para WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, USO DE CEDULA FALSA previsto en el artículo 41 previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación, de igual forma estableció, que las circunstancias de modo, tiempo y lugar configuraban la detención flagrante y como consecuencia de ello, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a lo previsto en el artículo 236 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, así como la prosecución de la causa por vía del procedimiento ordinario.

En este mismo orden de ideas, es importante tener presente, que la privación judicial preventiva de libertad, contra un ciudadano, es una medida que procede cuando se encuentran llenos los extremos legales exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez colectados los elementos de convicción, el Fiscal del Ministerio Público, a tenor de lo dispuesto en el mencionado artículo, tiene la facultad de solicitar ante el Juez de Control una medida privativa de libertad, si se encuentran llenos los extremos antes descritos, o en su defecto solicitar una medida menos gravosa de las establecidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, e incluso la libertad plena del aprehendido.

Es así que ante la solicitud Fiscal, el Juez está obligado a verificar si tales requisitos de procedencia se cumplen, pudiendo dictar en su defecto una medida cautelar sustitutiva de libertad cuando considere que los supuestos que motivan la privación pueden ser satisfechos con la aplicación de una medida menos gravosa para el imputado, tal como lo constituyen las medidas cautelares sustitutivas contempladas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

Si bien es cierto que el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece los motivos por los que una persona debe detenerse, el Juez apreciará cada caso en particular y analizará el peligro de fuga, en el que siempre va a considerar la pena a imponer en un posible Juicio Oral y Público, sin que ello signifique que no puedan optar por una Medida Cautelar Menos Gravosa, las cuales pueden solicitar las veces que así lo consideren los imputados, por estar establecidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, tal y como lo ha reiterado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nro. 158 de fecha 03 de Mayo de 2005 en la cual establece:

"…El legislador le concede al imputado el derecho a solicitar la sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad, las veces que lo considere pertinente, tanto es así que el precepto le impone al juez la obligación de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime conveniente la sustituirá por otras menos gravosas, es decir, que el juez decidirá, de acuerdo con su prudente arbitrio. También dispone esta norma que no es susceptible de ser apelada aquella decisión del juez mediante la cual niegue la revocación o sustitución de la medida privativa de libertad…"

En este sentido, considera esta alzada que la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, requiere la presencia de un hecho con las características que lo hacen encuadrable o subsumible dentro de una acción penal antecedentemente calificada como delito; el señalamiento de que el sujeto activo es el autor o partícipe en el hecho punible, donde no se exige plena prueba de la autoría o participación, sino la existencia de razones o elementos de juicio que emanan de los actos de investigación, que permiten concluir racionalmente, que el sujeto señalado como imputado es el autor del delito o ha participado en él; que no existan causas de justificación; y que el hecho sea perseguible por el Estado para imponer una sanción. Asimismo, es oportuno señalar que, este tipo de medida cautelar, es la más grave en nuestro ordenamiento jurídico, se impone en forma excepcional, sólo por delitos de cierta gravedad, o cuando no se haya observado buena conducta predelictual por parte del imputado. En pocas palabras es una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad en su tramitación.

De igual manera, y en relación al peligro de fuga, previsto en el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, denunciado por la recurrente de autos, de que no se encuentra satisfecho en la presente causa, es preciso indicar que en las causas de delitos cuya penas en su límite máximo sean igual o superior los diez (10) años de prisión, está prohibido expresamente por la ley, específicamente en el parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, otorgar medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad, de las establecidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, que para los casos en que se subsumen al referido artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, se toma en cuenta el tipo de delito, que por el límite de pena que establecen son de carácter grave.

En razón de ello, es por lo que al momento de analizar el peligro de fuga consagrados en el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, se observa que la Jueza A Quo, tomo en consideración el tipo de delito, que por el límite de pena que establece es considerado un delito grave, al tratarse de la precalificación de delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal. Adicionalmente para WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, USO DE CEDULA FALSA previsto en el artículo 41 previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación, los cuales son delitos considerados jurisprudencialmente como Pluriofensivos, siendo estos, delitos que atentan contra la seguridad social, la integridad física, así como también el bien jurídico protegido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como es el derecho a la propiedad e inclusive, el derecho a la vida, es decir, que ante la presencia de este tipo de delitos que son considerados delitos graves, y la posible sustracción del procesado de autos, del presente proceso que se le sigue, dada la magnitud del daño causado, así como la posible pena a imponer; fueron estas las circunstancias que tomó en consideración para fundamentar, el presupuesto establecido en el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juez del Tribunal A Quo.

En este mismo orden de ideas, ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 723 de fecha 15 de Mayo de 2001, por la que deja asentado que corresponde al juez, por mandato legal, “…determinar cuándo (omisis) existe la presunción razonable de peligro de fuga, de manera que, estima esta Sala que al cumplirse con los extremos procesales del artículo (Omisis) es de carácter eminentemente discrecional, la presunción de peligro de fuga basta con que para el sentenciador sea racional, en atención a la duda razonable que se desprende del caso…”.

Por otra parte, en cuanto al peligro de obstaculización, es de gran importancia tomar en cuenta, la condición social de la persona a quien se le sigue el proceso, el cual queda determinado por el tipo de actividad que pueda realizar con el fin de obstaculizar las investigaciones seguidas en el proceso, pues existen sospechas por parte del Juzgador del Tribunal de la recurrida, de que el mismo evadirá el proceso o influirá en la investigación, por sus relaciones sociales y las características del delito precalificado por el Ministerio Público.

Asimismo se desprende, que la decisión objeto de impugnación no violenta principios constitucionales, tales como el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, así como tampoco existe violación de ninguna otra garantía de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico, ya que estamos en presencia de los elementos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en el caso bajo estudio, el Juez de Primera Instancia, fundamentó su decisión de acuerdo a los presupuestos que autorizan y justifican dicha medida, conjugando los principios de excepcionalidad, subsidiaridad, provisionalidad y proporcionalidad, por lo que al no asistirle la razón a la defensa hoy recurrente, es por lo que esta alzada declara Sin Lugar el punto alegado. Y ASI SE DECIDE.

En consecuencia, ha quedado demostrado que la decisión dictada por el Tribunal A Quo, cumplió con todos los requisitos legales exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 236, 237 y 238, por consiguiente, está debidamente fundamentada y motivada conforme a derecho se refiere, para dictar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al procesado de autos, es por lo que, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación y se CONFIRMA en toda y cada una de sus partes la decisión judicial dictada por el Tribunal A Quo. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación de Autos interpuesto por ABOGADO CARLOS LUIS LOPEZ VASQUEZ, en su carácter de Defensor Público Vigésimo del Estado Lara, de los ciudadanos MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, contra la decisión dictada en fecha 23/07/2016 y fundamentada en fecha 01/08/2016, por parte del Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante el cual decreto MEDIDA DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra los ciudadanos MOISÉS JOSÉ ANGULO MENDOZA, titular de la cedula de identidad Nº V-25.748.258, WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-19.828.063, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6, numerales 1, 2, 3 y 10 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el secuestro y la extorsión, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 218, numeral 1ro del Código Penal. Adicionalmente para WILMER ALEXANDER MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones, USO DE CEDULA FALSA previsto en el artículo 41 previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de identificación.

SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01 de este Circuito Judicial Penal.

TERCERO: Se ordena la remisión de las presentes actuaciones al Tribunal de Primera Instancia que este conociendo de la causa principal signada con el N° KP01-P-2016-019108, a los fines legales consiguientes.

Publíquese, regístrese la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Lara, a la fecha indicada Ut Supra. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

POR LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO LARA
El Juez Profesional
Presidente De La Corte De Apelaciones

Reinaldo Octavio Rojas Requena
El Juez Profesional, El Juez Profesional,

Luís Ramón Díaz Ramírez Arnaldo José Osorio Petit
(Ponente)
La Secretaria

Maribel Sira
ASUNTO: KP01-R-2016-000357
LRDR/Yoselin.-