TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo
Trujillo, ocho de marzo de dos mil diecisiete
206º y 158º

ASUNTO: TP11-N-2016-000003.
PARTE DEMANDANTE: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Universidad Nacional Autónoma domiciliada en la ciudad de Mérida, estado Mérida, creada mediante Decreto de la Superior Junta Gubernativa de la Provincia de Mérida el 21 de septiembre de 1.810, bajo el nombre de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros y con el nombre de Universidad de los Andes que le fue dado mediante el artículo 51 del título I del Decreto Presidencial No. 2.543 de 1.883, publicado en el tomo X, año 1.887, contenido en la Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela, editada por orden del General Antonio Guzmán Blanco.
REPRESENTANTE LEGAL: MARIO BONUCCI ROSSINI, titular de la cédula de identidad N° 4.595.968, en su carácter de Rector.
PARTE DEMANDADA: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR ÓRGANO DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TRUJILLO CON SEDE EN TRUJILLO.
TERCERO INTERESADO: SILVIA VERÓNICA GODOY BENÍTEZ.

ASUNTO: DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO.

El presente proceso se inicia por demanda contencioso administrativa de nulidad, presentada el 20 de enero de 2016 por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, representada judicialmente por el Abogado JUAN CARLOS SARACHE BALZA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 129.009; contra el acto administrativo constituido por providencia administrativa No, 066-2015-00104, de fecha 13 de noviembre de 2015, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el estado Trujillo, con sede en Trujillo, expediente Nº 066-2015-01-00160. Una vez hecho el sorteo respectivo, le correspondió su conocimiento por suerte de la asignación automática que hace el sistema Juris a este Tribunal.

En el orden indicado, por auto de fecha 21 de enero de 2016, se le da entrada al presente asunto y, por auto de fecha 26 de enero de 2.016, este órgano jurisdiccional admite la demanda; no obstante, aclaró que no se le daría curso a ningún otro acto del proceso hasta tanto constara en autos la certificación de cumplimiento de la providencia administrativa, puesto que estaba acreditado en las actas del expediente administrativo consignado que sólo se había dado cumplimiento parcial a la providencia administrativa cuya nulidad se demanda, al cumplirse únicamente con la orden de reenganche pero no con el pago de los salarios caídos. En tal sentido, se ordenó oficiar al órgano que emitió el acto impugnado para que certificara el cumplimiento tanto de la orden de reenganche como del restablecimiento de la situación jurídica infringida, incluyendo el pago de los salarios caídos siendo librado, en la misma fecha del auto de admisión, el oficio correspondiente, dejándose constancia de la práctica de dicha notificación el 5 de febrero de 2.016; sin que hasta la presente fecha se haya recibido respuesta alguna. Asimismo, mediante decisión de fecha 15 de febrero de 2.016, se declaró sin lugar el amparo cautelar solicitado. Cabe destacar que las últimas actuaciones de la parte demandante fueron el escrito de fecha 12 de febrero de 2.016 donde solicita el referido amparo cautelar declarado sin lugar y solicita igualmente medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido, así como diligencia de la misma fecha donde consigna en 56 folios copias para la práctica de notificaciones que no fueron ordenadas por este órgano jurisdiccional. Así las cosas, una vez cumplido el lapso otorgado a la Inspectoría del Trabajo del estado Trujillo con sede en Trujillo para que remitiera la certificación de cumplimiento, se suspendió el curso de la causa por auto de fecha 24 de febrero de 2.016, advirtiendo que no se daría curso a ningún acto del proceso hasta tanto no constara en autos la certificación de cumplimiento del acto administrativo cuya nulidad se demanda; sin que después de esa fecha la Inspectoría haya dado respuesta a la solicitud remitida, ni la parte demandante haya consignado prueba alguna del cumplimiento de la totalidad de la orden contenida en el acto administrativo cuya nulidad demanda, a los fines de poder dar curso al proceso.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR:
Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se estableció, en el artículo 25, numeral “3”, una excepción a la regla general atributiva de competencia para el conocimiento de las pretensiones de nulidad que corresponden a los tribunales con competencia en materia contencioso administrativa, a saber: “Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la ley Orgánica del Trabajo”; sin que la citada norma estableciera en forma expresa a qué Tribunales correspondía la competencia, habiendo aclarado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 955, de fecha 23 de septiembre de 2010, que su conocimiento corresponde en primera instancia a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y, en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo; criterio éste que fuera ratificado en sentencia No. 108, de fecha 25 de febrero de 2011, entre otras; razón por la cual este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, teniendo por norte de sus actuaciones, la tutela efectiva de los derechos e intereses de los justiciables y al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia, con la brevedad y la celeridad que debe orientarlo, ratifica su competencia para conocer de la presente demanda de nulidad del acto administrativo de efectos particulares constituido por providencia administrativa No. 066-2015-00104, de fecha 13 de noviembre de 2015, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el estado Trujillo, con sede en Trujillo, expediente Nº 066-2015-01-00160.

Ahora bien, revisadas exhaustivamente como han sido las actas que componen el presente expediente, se observa que si bien es cierto la orden contenida en el auto de admisión de la demanda iba dirigida a la Inspectoría del Trabajo del estado Trujillo con sede en Trujillo, a fin de que remitiera el expediente administrativo y la certificación de cumplimiento de la providencia administrativa impugnada; también es cierto que para que dicho órgano administrativo pudiese certificar tal cumplimiento, debía la parte demandante, previo a ello, no sólo acatar la totalidad del acto administrativo cuya nulidad demanda, sino además evidenciar tal cumplimiento ante el órgano que lo emitió, a objeto de que éste pueda certificar su cumplimiento y llenar así los extremos exigidos por el artículo 425.9 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras para dar curso al proceso, sin que exista evidencia alguna de que haya cumplido con tales extremos.

Así las cosas, se observa que, desde la fecha en que se dictó el auto de admisión de la demanda el 26 de enero de 2.016, este órgano jurisdiccional advirtió que la continuación del proceso estaría condicionada a la certificación del cumplimiento del dispositivo de la providencia administrativa impugnada, razón por la cual se hacía necesario comprobar el cumplimiento del pago de los salarios caídos, a que se refiere la obligación de restitución de los derechos de la trabajadora SILVIA VERÓNICA GODOY BENÍTEZ. En efecto, el auto de admisión en referencia estableció lo siguiente:

“….Del texto citado de la referida decisión vinculante se colige, con meridiana claridad, que la certificación de cumplimiento de la providencia administrativa impugnada no constituye un requisito de admisibilidad de la demanda de nulidad, sino una condición para dar curso al proceso; ergo se puede admitir la demanda, pese a la ausencia de la certificación de cumplimiento, empero no podrá, una vez admitida la misma, tramitarse ningún otro acto del proceso sin que haya sido consignada la misma, correspondiendo al órgano jurisdiccional que conozca de la causa requerir a la Inspectoría del Trabajo correspondiente la certificación respecto al cumplimiento efectivo de la orden de reenganche, y la restitución de la situación jurídica infringida por parte del patrono, que incluye el pago de los salarios caídos y demás conceptos ordenados en la parte dispositiva del acto impugnado, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Como consecuencia de lo expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estadio Trujillo, ADMITE LA PRESENTE DEMANDA DE NULIDAD, por no ser contraria al orden público, a disposición expresa de la ley, ni a las buenas costumbres y no estar incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad de la demanda previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; sin embargo, advierte a la parte demandante que no dará curso a ningún otro acto del proceso hasta tanto el Inspector del Trabajo de la ciudad de Trujillo estado Trujillo certifique el cumplimiento efectivo tanto de la orden de reenganche como de la restitución de la situación jurídico infringida que incluye el pago de los salarios caídos y demás conceptos ordenados en la parte dispositiva de la providencia administrativa cuya nulidad se demanda; ya que verificando los recaudos que acompañan el escrito libelar sólo consta un acta de ejecución más no la certificación del cumplimiento absoluto de la dispositiva de la providencia, a cuyo objeto se ordena oficiar al referido órgano administrativo del trabajo, en la persona del Inspector del Trabajo, a los fines de notificarle de la admisión de la demanda y de requerirle que remita, tanto la certificación de cumplimiento correspondiente, si la providencia administrativa impugnada fue cumplida en todos los términos contenidos en su parte dispositiva y, en caso contrario, informe a este órgano jurisdiccional de su incumplimiento.

Una vez cumplido el lapso anterior y en acatamiento a lo dispuesto en la precitada sentencia vinculante de la Sala Constitucional, se suspenderá el proceso, vale decir, no se le dará curso a ningún otro acto de procedimiento, (…OMISSIS…) hasta tanto no conste en autos la certificación de cumplimiento de todo el dispositivo contenido en la providencia administrativa impugnada; suspensión ésta que no podrá exceder del lapso de perención previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa… ”.

Siendo ello así, se observa que desde el auto de fecha 24 de febrero de 2.016 (folio 39), que suspende el curso del proceso, una vez vencido el lapso otorgado a la Inspectoría del Trabajo para la remisión de la certificación de cumplimiento, ha transcurrido en exceso el lapso de un (1) año para que opere la perención, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En tal sentido, aunque de las actas procesales se desprenden indicios de que la parte demandante pudo haber dado cumplimiento al reenganche, no existe certificación de cumplimiento del mismo ni evidencia alguna del pago de los salarios caídos y demás beneficios laborales dejados de percibir ordenados en el dispositivo de la providencia administrativa cuya nulidad se demanda; requisito indispensable para dar continuidad al proceso de conformidad con el artículo 425.9 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras, por lo que le correspondía a la parte demandante de autos darle el impulso adecuado al proceso, mediante el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones impuestas en la parte dispositiva del acto impugnado, ante la autoridad administrativa del trabajo, para que ésta pudiese certificar el cumplimiento de la providencia administrativa atacada; máxime cuando la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 5 de agosto de 2014, caso Alcaldía del Municipio Autónomo Acevedo del estado Miranda, pone límite a dicha suspensión, mediante la aplicación del lapso de perención previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los términos siguientes:

En ese sentido, esta Sala debe señalar que el objetivo del legislador al señalar que “en caso de reenganche, los tribunales del trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida”, es el de salvaguardar el derecho al trabajo, al salario y a la estabilidad del trabajador que cuenten con una orden de reenganche a su favor, como factor esencial del derecho social, durante la tramitación del procedimiento de nulidad de la providencia administrativa impugnada por el patrono, hasta tanto se produzca una sentencia definitivamente firme; sin embargo, no puede considerarse que la referida disposición establezca una causal de inadmisibilidad para la interposición de la demanda, por cuanto la certificación del cumplimiento efectivo de la orden de reenganche no depende del patrono sino de la autoridad administrativa, a la cual no se le ha impuesto un tiempo para otorgarla o como sucede en el presente caso, en el cual el incumplimiento del reenganche es atribuible al trabajador y no al patrono.

En ese sentido, debe destacar esta Sala en un Estado Social de Derecho y de Justicia como el previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no pueden salvaguardarse derechos de unos y condicionar otros, en virtud de supeditar la admisibilidad de la demanda de nulidad de una providencia administrativa por una causa no establecida en la Ley, ya que se vulnera el derecho de acceso a la justicia, y de tutela judicial efectiva, más aun cuando la interposición de la pretensión ya se encuentra limitada por un lapso de caducidad, razón por lo que esta Sala encuentra que lo ajustado a derecho es que la condición consagrada en el numeral 9, del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, debe ser aplicada para el trámite de la demanda de nulidad y no para su admisión, para de esta manera garantizar la tutela judicial efectiva y el principio pro actione, sin trastocar el espíritu de la norma, el cual, como anteriormente se señaló, no es otro que la protección de los derechos a la estabilidad del trabajador, toda vez que, si bien es el débil jurídico en este proceso, dicha protección no puede convertirse en la limitación del derecho a la justicia del patrono.

Dicha suspensión se mantendrá hasta que el Tribunal Laboral que esté conociendo de la causa, una vez admitida, requiera la certificación con la Inspectoría del Trabajo respecto al cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida por parte del patrono, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y teniendo en consideración que dicha suspensión no debe exceder del lapso de caducidad establecido en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

En efecto, del texto citado se colige que la interpretación que dio la Sala Constitucional a la exigencia del legislador contenida en el artículo 425.9 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras, fue con la intención de proteger la estabilidad en el trabajo y el salario del trabajador durante el procedimiento judicial donde se debate la nulidad del acto que declara su inamovilidad, más no de constituirse en una limitación al derecho de acceso a la justicia del patrono. Es por ello que descarta que se trate de un requisito de admisibilidad de la demanda, reiterando el deber del patrono de dar cumplimiento al acto administrativo impugnado para poder dar curso al proceso; con lo cual se garantiza el principio pro actione, al tiempo que se le otorga al patrono un lapso suficiente, que no ha de exceder del lapso de perención establecido en el referido artículo 41, para dar cumplimiento al acto impugnado. Siendo ello así, si de acuerdo con el criterio vinculante de la Sala Constitucional, dicha norma persigue proteger tanto la estabilidad del trabajador como su salario durante el procedimiento, lo cual fue debidamente advertido en el auto de admisión de la demanda en los términos ut supra; el curso del proceso va a depender de que efectivamente se acredite el cumplimiento de ambas cargas las cuales deberá soportar el patrono mientras dure el proceso. En tal sentido, se reitera que limita la Sala el tiempo que le da al patrono para cumplir dicha orden y al Inspector del Trabajo para acreditar tal cumplimiento, al mismo lapso de perención establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la finalidad que, de no cumplirse dichas cargas, opere la perención regulada en dicha disposición legal.

En el orden indicado, visto que ha transcurrido más de un (1) año desde que se suspendió el curso del proceso –el 24 de febrero de 2.016- sin que se haya certificado por la autoridad administrativa competente el cumplimiento de la providencia administrativa cuya nulidad se demanda, lo cual se le ha advertido a la parte demandante, no sólo en el auto de admisión, sino además en el referido auto de suspensión; este órgano jurisdiccional observa que el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone:
“Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse nuevamente la acción inmediatamente después de la declaratoria”.

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1 de junio de 2001, caso: FRAN VALERO GONZÁLEZ Y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO; sostuvo lo siguiente:

“Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (...OMISSIS….)
Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes, ya que según el Código de Procedimiento Civil, la inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención.
(...OMISSIS….)
En razón de los argumentos expuestos, considera la Sala que la perención de la instancia, al menos en los procesos de naturaleza civil, o de los que se guíen por el Código de Procedimiento Civil, sólo funciona cuando existe inactividad de las partes, y no cuando después de vista la causa surge inactividad del juez, cuando no sentencie en los términos señalados en las leyes para ello, con lo que se paraliza la causa.
(...OMISSIS….)
También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.…”.

En fuerza de las consideraciones expuestas, habiendo verificado quien decide que el acto siguiente al auto de admisión de la demanda, que correspondía cumplir en el caso de marras, era la certificación de cumplimiento del acto administrativo cuya nulidad se demanda, para lo cual se hacía necesario que la parte demandante de autos diera cumplimiento total y efectivo al mismo ante el órgano administrativo que lo emitió, a los fines de que éste pudiese certificar tal cumplimiento y no existe evidencia alguna de que lo haya hecho, rebasando el tiempo transcurrido los límites de la perención previsto en el precitado artículo 41 y cuya aplicación ordena la precitada sentencia vinculante de la Sala Constitucional, de fecha 5 de agosto de 2.014, caso Municipio Autónomo Acevedo del estado Miranda; es por lo que este Tribunal encuentra llenos los extremos para su declaratoria, en los términos contenidos en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

DISPOSITIVA:
Por las razones de hecho y de derecho expuestas es por lo que este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en el presente juicio de nulidad incoado por el LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, contra el acto administrativo constituido por providencia administrativa No. 066-2015-00104, de fecha 13 de noviembre de 2015, emanado de la Inspectoría del Trabajo en el estado Trujillo, con sede en Trujillo, expediente Nº 066-2015-01-00160. SEGUNDO: Notifíquese de la presente decisión mediante oficio al Procurador General de la República, de conformidad con el artículo 98 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.220, de fecha 15 de marzo de 2.016; acompañándosele copia certificada de la presente decisión, para cuya expedición se autoriza a la ciudadana Secretaria del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 ejusdem.

Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Trabajo del Estado Trujillo, a los ocho (8) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2.017), siendo las 9:45 a.m. Año 206º de la Independencia y 158º de la Federación.

La Jueza de Juicio

Abg. Thania Ocque
La Secretaria

Abg. Egleida Ruiz

En la fecha y hora indicada se publicó la presente decisión, previo cumplimiento de los requisitos de ley.
La Secretaria

Abg. Egleida Ruiz