REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Vigésimo Segundo (22°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018) 208º y 159º ASUNTO: AP21-L-2016-002320. PARTE ACTORA: José Guzmán, Yosmer Carreño y Jordan Durán, Venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-22.530.878, 17.158.546 y 20.154.690 respectivamente. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: abogados Carmen Salinas y Alexis García, inscritos en el IPSA con los Nros. 124.578 y 188.837 respectivamente. PARTE DEMANDADA: Constructora Escon 7, S.A, inscrita en fecha 15/02/2000, ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 45, Tomo 48-A-Sgdo. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyó. MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales Por cuanto en fecha 22 de junio de 2017, se acordó mi designación como Juez Provisorio para ejercer el cargo en este Tribunal, tal como se evidencia en la comunicación TSJ-CJ-N° 2016-2017, emanada de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, y dado que en fecha 18 de julio de julio de 2017, acepté el cargo y presté juramento de ley ante la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, tal como se evidencia en el Acta N° 073-2017, de la misma fecha, tomando posesión efectiva del cargo el 19 de julio de 2017; me ABOCO al conocimiento de la presente causa, a los fines legales consiguientes.- I PARTE NARRATIVA En fecha 03 de octubre de 2016, los abogados Carmen Salinas y Alexis García, inscritos en el IPSA con los Nros. 124.578 y 188.837 respectivamente., en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos José Guzmán, Yosmer Carreño y Jordan Durán, interpusieron demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales, contra la entidad de trabajo Constructora Escon 7, S.A, dándose por recibida y admitida la misma el día 10 de octubre de 2016. Por lo que se libró el cartel de notificación a la empresa demandada, a los fines de que se llevara a cabo la audiencia preliminar. En fecha 27 de enero de 2017, la representación judicial de la parte actora, diligenció consignando nueva dirección de la parte demandada y solicitando el acompañamiento al alguacil para que se practique la notificación, siendo acordado por el Tribunal mediante auto de fecha 31 de enero de 2017. En fecha 04 de julio de 2017, el departamento de alguacilazgo consigna negativa la notificación de la entidad de trabajo Constructora Escon 7, S.A, debido a que la parte actora no había hecho acto de presencia por el alguacilazgo para acordar fecha y hora del acompañamiento para practicar la notificación y dicho cartel llevaba mucho tiempo en la unidad. II MOTIVACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, tal y como se indicó en el capítulo anterior, desde el 31 de enero de 2017, fecha en la cual el Tribunal se pronunció sobre lo solicitado por la parte actora en fecha 27 de enero de 2017, hasta el día de hoy inclusive, ha transcurrido un lapso de un (01) año, dos (02) meses y veinticuatro (24) días, sin que conste en autos ningún acto de procedimiento de la parte oferente, para impulsar o darle continuidad a la presente causa, en la etapa procesal de practicar la notificación de la parte accionada a los efectos de la apertura de la cuenta de ahorros correspondiente. Sobre la situación in comento podemos traer a colación la sentencia dictada en fecha 26 de junio de 2013, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en el caso LUIS CONRRADO MORALES LOAIZA contra la sociedad mercantil SCHLUMBERGER VENEZUELA, S.A, en la que se estableció: (…) Igualmente señala que en nuestro vigente derecho procesal la perención se concibe como la extinción del proceso por el transcurso de un (1) año sin ningún acto de procedimiento por las partes. El instituto de la perención también es conocido con el nombre de caducidad, cualquiera de los dos vocablos es adecuado para su designación. Así tenemos que la perención se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un (1) año. No se considera inactividad, a los efectos de la perención, la suspensión del curso del proceso que pueden acordar las partes para tratar de una transacción, pero al cesar el plazo de la suspensión el procedimiento recobra su curso y puede producirse la perención por la inactividad posterior de las partes. (…) En relación con la condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes está sometida al plazo de un (1) año, el cual se computa desde el último acto de procedimiento. Aunque la ley no precisa este momento inicial, debe aplicarse la regla general de cómputo de los lapsos por año, es decir, desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso (…)”. De los anteriores señalamientos se puede concluir a tenor de lo dispuesto en los artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, que ha operado en el presente asunto la consumación de la perención de la instancia, toda vez que desde el día 31 de enero de 2017, última actuación realizada por el Tribunal donde se pronunció sobre lo solicitado por la parte actora en fecha 27 de enero de 2017, hasta el día de hoy veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018) inclusive, ha transcurrido un lapso de un (01) año, dos (02) meses y veinticuatro (24) días, por lo que no se evidencia que la parte actora haya ejecutado actos de impulso que demuestren la actualidad de su interés procesal para la prosecución de la presente causa. Establecido de esta manera los hechos acaecidos, concernientes a la inactividad y falta de interés de la parte actora en darle impulso al proceso, debe forzosamente este Juzgado decretar consumada la perención de la instancia, con base en lo previsto tanto en la Ley Adjetiva del Trabajo como en los criterios de la Sala de Casación Social y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y Código de Procedimiento Civil, referentes a la perención en materia laboral; y como consecuencia de lo expuesto, la terminación del presente proceso. ASÍ SE DECIDE. III DISPOSITIVO Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Vigésimo Segundo (22°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con lo previsto en los artículos 201 y 202 Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, que se aplican por analogía del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en consecuencia la terminación del presente proceso. SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas. TERCERO: Se ordena la notificación de la parte actora de la presente decisión. Publíquese, Regístrese y Notifíquese Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Vigésimo Segundo (22°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018). Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación. EL JUEZ JOSE ANTONIO MORENO P. El SECRETARIO, WILFREDO LANDAETA En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia. El SECRETARIO, WILFREDO LANDAETA