TSJ Regiones - Decisión

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO.
Trujillo, 14 de febrero de 2018
207º y 159º

I. DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano ANTONIO RAMÓN VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.310.607.
APODERADO DE LA PARTE ACTORA: Abogado en ejercicio RARAEL MARÍA GODOY PÉREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 27.830.
PARTE DEMANDADA: Ciudadano JOSÉ FELIPE VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad números 10.310.609.
NO CONSTITUYÓ REPRESENTACION LEGAL.
EXPEDIENTE: A-0255-2013
SENTENCIA: INTERELOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.
II. BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
Este tribunal, procede a realizar una síntesis, precisa y lacónica del asunto planteado, ello de conformidad al artículo 243 ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido, se observa:
En fecha 08 de mayo de 2013, el ciudadano ANTONIO RAMÓN VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.310.607, asistido por el abogado en ejercicio RARAEL MARÍA GODOY PÉREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 27.830, presente escrito de MEDIDA AUTÓNOMA DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA Y DE ASEGURAMIENTO A LA BIODIVERSIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, en contra del ciudadano JOSÉ FELIPE VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad números 10.310.609, sobre un lote de terreno ubicado en el sector Las Invasiones de la Urbina, municipio Candelaria del estado Trujillo, con los siguientes linderos: Por el Norte: con carretera que conduce a la población de Monay; Por el Sur: carretera que conduce la parcela de Macario Bravo; por el Oeste: con carretera vecinal, y por el Este: con carretera vecinal; la cual corre inserta del folio 01 al 04.
En fecha 13 de mayo de 2013, el Tribunal mediante auto admite la presente solicitud fijándose la práctica de una inspección judicial para el día 05 de junio de 2013; riela al folio 05.
En fecha 05 de junio de 2013, el Tribunal mediante auto difiere el traslado para la práctica de la inspección judicial para el día 07 de junio de 2013, librándose oficio N° 0856-13 al Comandante de la Guarnición Militar del estado Trujillo para que designe efectivos militares para que acompañen al tribunal durante la inspección; oficio N° 0857-13 a la Dirección Administrativa Regional Trujillo a los fines que faciliten un vehículo para realizar el traslado, y oficio N° 0860-13 al Coordinador del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS) del estado Trujillo, para que designe un funcionario que acompañe el tribunal durante la práctica de la inspección judicial; riela del folio 14 al 17.
En fecha 07 de junio de 2013, el Tribunal se trasladó al lote de terreno objeto de la solicitud evacuando la inspección judicial; riela del folio 18 al 21.
En fecha 14 de junio de 2013, este tribunal mediante auto dictó un despacho saneador conforme al articulo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los fines que la parte actora antes identificada ajuste su pretensión a una verdadera demanda de acción posesoria en el lapso de tres (03) días de despacho; corre inserto del folio 22 al 26.

III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De conformidad con lo establecido en el artículo 243 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil, se procede a exponer los motivos de hecho y de derecho en que se fundamenta la presente decisión:
De la Competencia del Tribunal
La determinación de la competencia del Tribunal es elemento esencial para la validez del juicio y, como bien lo señalara la Sala Político-Administrativa en sentencia del 18 de febrero de 1999, (caso E. Meléndez en amparo, exp. 14.691), “… es presupuesto imprescindible del cual deriva la potestad del juez para decidir el fondo…” (Resaltado del Tribunal); así las cosas, este jurisdicente a los fines de verificar la competencia del juzgado que regenta, en primer orden observa que el artículo 186 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario establece:
“Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales. ” (Resaltado del Tribunal)
En este orden, el legislador patrio en el artículo 197 ordinales 1º y 15 º eiusdem, estableció lo siguiente:
“Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promueven con ocasión de la actividad agraria sobre los siguientes asuntos:
“Omissis…
14. Acciones derivadas del uso común de las aguas de regadío y de las organizaciones de usuarios de las mismas.
15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” (Resaltado del Tribunal)

Ahora bien, en razón de dichas disposiciones legales, es necesario señalar que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario viene a establecer el ámbito de competencia de los Jueces Agrarios, indicando en el artículo 197 eiusdem los asuntos que éstos deben conocer; resaltando que la citada norma en su ordinal 15º le otorga a los Jueces Agrarios competencia para conocer de forma general todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria; en este sentido y como el presente asunto se enmarca dentro de las acciones previstas en el ordinal 14º del referido artículo..
Con relación a la competencia por el territorio, el tribunal trae a colación la resolución número 2.008-0051 de fecha 29 de octubre de 2.008, proferida por la Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia en la cual crea los Tribunales con competencia Agraria en el Estado Trujillo, la cual en sus artículos 4 y 5 establece lo siguiente:
Artículo 4: “Crear un Juzgado de Primera Instancia Agraria con competencia en el territorio de los Municipios Candelaria, Escuque, Pampanito, Trujillo, Pampán, San Rafael de Carvajal, Urdaneta, Boconò, Carache, José Felipe Márquez Cañizales y José Vicente Campo Elías del Estado Trujillo, denominado JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO con sede en la población de Trujillo, estado Trujillo.”
Artículo 5: “Crear un Juzgado de Primera Instancia Agraria con competencia en el territorio de los Municipios Miranda, Andrés Bello, Motatán, Sucre, Bolívar, Rafael Rangel, Valera, La Ceiba y Monte Carmelo del Estado Trujillo denominado JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, tendrá la competencia que le atribuye la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario a los juzgados de primera instancia agraria, con sede en la ciudad Sabana de Mendoza.” (Resaltado y mayúscula de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia).

En tal sentido, constatado en la presente causa elemento de la agrariedad, así como que, el asunto versa sobre dos inmuebles ubicados en el Municipio Candelaria del estado Trujillo, es por lo que este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo es competente para conocer y decidir el presente asunto. Así se declara.
Determinada como ha sido la competencia del tribunal, pasa este jurisdicente a pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda que por ACCIÓN POSESORIA POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN, incoase el ciudadano ANTONIO RAMÓN VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.310.607, asistido por el abogado en ejercicio RARAEL MARÍA GODOY PÉREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 27.830, en contra del ciudadano JOSÉ FELIPE VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad números 10.310.609; considerando prudente quien aquí decide traer a colación como previo los artículos 26 y 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen los siguiente:
Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. (Resaltado del Tribunal)

Artículo 51: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”. (Resaltado del Tribunal)

En este orden, el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece:
“…En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el juez o jueza de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres (3) días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el juez o jueza negará la admisión de la demanda…” (Resaltado por el Tribunal)

Ahora bien, los órganos jurisdiccionales frente al ejercicio del derecho de acción deben admitir la demanda incoada con la expresa condición que la misma no sea contraria al orden público, a la moral o alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico; en este sentido, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en el primer aparte del artículo 199, viene a regular la institución de derecho procesal del despacho saneador con el firme propósito de depurar el proceso de vicios, obstáculos, errores, trabas y cualquier otra irregularidad que enturbien el iter procedimental; ordenando la corrección mediante auto motivado e indicando el lapso para ello, el cual es limitado a tres (03) días de despacho, so pena de inadmisión de la demanda, en este orden, el tribunal frente a la Acción intentada en fecha 08 de mayo de 2013, por el ciudadano ANTONIO RAMÓN VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.310.607, asistido por el abogado en ejercicio RARAEL MARÍA GODOY PÉREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 27.830, en contra del ciudadano JOSÉ FELIPE VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad números 10.310.609, por ACCIÓN POSESORIA POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN; procedió en fecha 14 de junio de 2013, a dictar un despacho saneador con el propósito que la parte actora ocurriese al tribunal dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a subsanar la demanda a los fines que la parte actora antes identificada ajuste su pretensión a una verdadera demanda de acción posesoria en el lapso de tres (03) días de despacho; y en virtud que la subsanación no fue presentada, en consecuencia se declara inadmisible la demanda interpuesta por incumplimiento del primer aparte del artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario . Así se decide.

DISPOSITIVO:

Este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: INADMISIBLE, la demanda de ACCIÓN POSESORIA POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN, interpuesta por el ciudadano ANTONIO RAMÓN VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.310.607, asistido por el abogado en ejercicio RARAEL MARÍA GODOY PÉREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 27.830, en contra del ciudadano JOSÉ FELIPE VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad números 10.310.609, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. ASI SE DECIDE.
SEGUNDO: Se ordena la notificación de la parte actora de la presente decisión. ASI SE DECIDE.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y EXPÍDANSE LAS COPIAS DE LEY.

Dada, sellada y firmada, en el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. A los catorce (14) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018). Años 207º de la Independencia y 159º de la Federación.

Abg. JOSÈ CARLENIN ARAUJO BRICEÑO.
JUEZ.-
Abg. REIMER MONCAYO
SECRETARIO.-

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las 02:10 p.m.
Conste
Scrío

JCAB/RM.
EXP. A-0255-2013