TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Barquisimeto, veintinueve (29) de Junio de 2018
208º y 159º

Asunto: KP02-L-2018-000149

PARTE ACTORA: Ciudadano JOSE LUCAS AMAYA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V- 7.305.700.

APODERADO DE LA PARTE ACTORA: La profesional del derecho FELIMAR SISO, en su condición de Procuradora Especial de Trabajadores en el Estado Lara, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nº 114.319.

PARTE DEMANDADA: entidad de trabajo RESTAURAN MARIA ERCILA C.A. y solidariamente a la persona de MARCELO SUAREZ (NO COMPARECIO).

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: (NO COMPARECIO).

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS DE LEY.

SENTENCIA DEFINITIVA.

En el día de hoy, Viernes veintinueve (29) de junio de 2.018, oportunidad fijada por este Tribunal para que tenga lugar la publicación del fallo en el presente asunto, según Acta levantada en fecha 22 de junio de 2018, la cual recoge los hechos originados en la oportunidad de la celebración de la Audiencia Preliminar fijada en el presente proceso previo el cumplimiento de las formalidades de Ley; acto en el cual este Juzgado dejó constancia de que no asistió la demandada ni por si, ni a través de sus representantes legales ni por medio de Apoderado Judicial alguno, presumiéndose por tanto la admisión de los hechos alegados por el demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Estando dentro de la oportunidad legal para que tenga lugar la reproducción escrita del mismo, se pronuncia esta juzgadora previa las consideraciones siguientes:

En uso de las facultades conferidas en el ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO, se aplicó de forma análoga, el ARTICULO 159 EJUSDEM, que prescribe que dentro del lapso de cinco (5) días hábiles al pronunciamiento de la sentencia, el Juez deberá en su publicación, reproducir por escrito el fallo completo, el cual se agregará a las actas, norma aplicada en el Procedimiento de Juicio, pero en virtud de que la misma no es contraria a los principios fundamentales establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hace posible la publicación y reproducción de la presente sentencia, por este Tribunal Octavo (8º) de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción del Estado Lara y estando dentro del lapso señalado se procede a dictar sentencia en los términos siguientes:

Este Tribunal considera necesario precisar, previo el análisis de los hechos que fueron admitidos por la demandada contenidos en el escrito libelar, que los mismos, a criterio de quien decide, son suficientes para determinar y establecer que efectivamente: 1.- Existió una relación de naturaleza laboral entre la actora y la demandada que se inició el 27 de septiembre de 2009 y finalizó el 22 de septiembre de 2017. 2.- Que el cargo que desempeño el ciudadano José Amaya, al servicio de la demandada fue de mesonero, en un horario de lunes a viernes de 10:00 A.M a 04:00 P.M. 3- que el motivo de la finalización de la relación laboral fue por despido injustificado. 4- que su último salario devengado fue 136.544 Bs. mensual.
Así, es importante señalar la pertinencia de los aspectos esenciales de la doctrina sentada en sentencia No. 866 de fecha 17 de Febrero de 2004, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en el juicio incoado por Arnaldo Salazar contra VEPACO C.A., donde se estableció:
ii)”… Aún cuando se pueda afirmar que la presunción de la admisión de los hechos antes comentada reviste carácter absoluto, tal admisión opera esencialmente sobre los hechos ponderados por el demandante en su demanda no con relación a la legalidad de la acción o del petitum (rectius: pretensión)”…
iii) “… La ilegalidad de la acción supone que la misma se encuentra prohibida por la ley, no tutelada por el ordenamiento jurídico, mientras que la segunda preposición (contrariedad de la pretensión con el derecho) se orienta a la desestimación de la demanda por no atribuirle la ley a los hechos alegados, la consecuencia jurídica peticionada…” (Destacado del Tribunal)

De acuerdo a la presunción de admisión de los hechos y siendo que la relación laboral entre la accionante y el demandado se rige en primer lugar por la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, atendiendo a los presupuestos constitucionales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 87 y siguientes.

En vista de la Presunción de la Admisión de los Hechos alegados por la accionante, debido a la incomparecencia de la parte demandada en la oportunidad fijada para la celebración de la Audiencia Preliminar, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tiene la obligación de examinar que la misma no sea contraria a derecho, aprovechándose si fuera el caso, del material probatorio que conste en autos, aunque los mismos no puedan ser valorados por este Juzgador, pueden ser utilizados para inferir si los hechos narrados en el libelo acarrean las consecuencias jurídicas señaladas.

Conforme a la confesión por la incomparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar, este Tribunal determina que el tiempo de servicio contados desde la fecha de ingreso y posterior egresó alegado por el trabajador, en consecuencia, los derechos y beneficios adquiridos y que son objetos de reclamo mediante la presente acción, se calcularán en base a dicho tiempo. ASI SE DECIDE.

Por todo lo antes expuesto, en aplicación de la normativa jurídica que reguló la relación de trabajo alegada, le corresponde al trabajador por la terminación de la relación laboral, las siguientes acreencias:

1.- PRIMERO: ANTIGÜEDAD; de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y/o garantía de la prestación social, le corresponde al trabajador la cantidad de:
Total a pagar: Bs. 1.244.067,56
2.- SEGUNDO: INTERESES DE PRESTACIONES, de conformidad con el artículo 142 de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, le corresponde al trabajador la cantidad de:
Total a pagar: Bs.75.191,04
3.- TERCERO: DIAS ADICIONALES, le corresponde al trabajador la cantidad de:
Total a pagar: Bs.87.909,95
4.- CUARTO: VACACIONES VENCIDAS Y FRACCIONADO de conformidad con el artículo 190 y 192 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, le corresponde al trabajador la cantidad de:
Total a pagar: Bs.386.874,67
5. - QUINTO: BONO VACACIONAL VENCIDO Y FRACCIONADO, de conformidad con el artículo 190 y 192 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, le corresponde al trabajador la cantidad de:
Total a pagar: Bs.236.676,27
6.- SEXTO: UTILIDADES VENCIDAS Y FRACCIONADAS, de conformidad con el artículo 131 y 132 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, le corresponde al trabajador la cantidad de:
Total a pagar: Bs.150.857,91
7.- SEPTIMO: INDENIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO, de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, le corresponde al trabajador la cantidad de:
Total a pagar: Bs.1.244.067,56

Conceptos éstos, que si lo sumamos resulta la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS, (Bs.3.425.644,95), cifra que deberá pagar la accionada al Trabajador nombrado y ASÍ SE DECIDE.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano JOSE LUCAS AMAYA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V- 7.305.700, representado por su apoderada judicial la profesional del derecho FELIMAR SISO, inscrita en el Inpreabogado N° 114.319, con domicilio procesal en la ciudad de Barquisimeto estado Lara, en contra la entidad de trabajo RESTAURANT MARIA ERCILA C.A, Y SOLIDARIAMENTE A LA PERSONA DE MARCELO SUAREZ y condena a pagar a la parte demandante la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS, (Bs.3.425.644,95).

Asimismo, al no haber quedado demostrado el pago de los intereses generados por la prestación a la parte actora, se acuerda su pago así como los intereses de mora y la indexación judicial, los cuales deberán ser calculados a través de una experticia complementaria del fallo con cargo a la demandada a través de un único experto designado por el Tribunal conforme a lo señalado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, rigiéndose bajo los siguientes parámetros:

PRIMERO: Por concepto de intereses sobre prestaciones sociales, conforme al Artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2.012) se condena al pago del mismo cuyo monto deberá determinarse mediante experticia complementaria del fallo, considerando la tasa activa determinada por el Banco central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país. Así se establece.-

SEGUNDO: Los intereses de mora sobre las Prestaciones sociales y demás beneficios laborales conforme lo establece el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, computados a partir de la terminación de la relación de trabajo y que el demandado debía cumplir con su obligación de pago. En cuanto a los intereses moratorios, para la cuantificación, el perito se servirá de la tasa fijada por el Banco central de Venezuela de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y se computará a partir de la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que el presente fallo quede definitivamente firme. Para el cálculo de los enunciados intereses de mora, no opera el sistema de capitalización de los propios intereses ni serán objeto de indexación.

TERCERO: En cuanto a la corrección monetaria, estima este Tribunal pertinente señalar que el método llamado indexación judicial, tiene su función en el deber de restablecer la lesión que realmente sufre el valor adquisitivo de los salarios y prestaciones del trabajador por la contingencia inflacionaria, corrigiendo la injusticia de que el pago impuntual de las prestaciones y beneficios que correspondan al trabajador se traduzca en ventaja del moroso, y en daño al sujeto legalmente protegido con derecho a ello. Por consiguiente con fundamento a lo anteriormente expuesto se ordena la corrección monetaria sobre el monto de las cantidades condenadas a pagar y que fueron señaladas anteriormente, el experto aplicará para ello el índice inflacionario y publicado mensualmente por el Banco Central de Venezuela entre el día de la admisión de la demanda hasta la fecha en que el presente fallo quede definitivamente firme.

Se advierte a la parte demandada que de no pagar las sumas condenadas continuarán causándose intereses de mora e indexación judicial conforme lo prevé el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se condena en costas a la parte demandada por cuanto hubo vencimiento total de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Una vez publicado el presente fallo, déjense correr los lapsos a los fines de la interposición de los recursos correspondientes.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los veintinueve (29) días del mes de Junio de dos mil Dieciocho (2.018). Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación. Publíquese, Regístrese y déjese copia de la presente decisión.

LA JUEZ SUPLENTE

ABG. MARIA ALEJANDRA GARCIA

LA SECRETARIA,

ABG. BIANCA ZAMBRANO

La anterior sentencia se publicó en esta misma fecha, siendo las 09:40 de la mañana.

LA SECRETARIA,
ABG.BIANCA ZAMBRANO