PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, nueve de agosto de dos mil diecinueve 209º y 160º ASUNTO: KP02-O-2019-000043 Visto el escrito presentado el día hoy 09/08/2019, por el Abg. ILBER JOSE MELENDEZ CUEVAS, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 257.236 actuando como representante sin poder de conformidad con el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil del ciudadano GENNARO MORGIONE COVIS titular de la cedula de identidad N° V-10.841.823, mediante la cual solicita a este Tribunal, que conoce de la acción de amparo constitucional el decreto de medida cautelar consistente en el resguardo y aseguramiento del orden público en la vivienda que ocupa su representado con su cónyuge en calidad de arrendatarios a los fines de mantener y asegurar la conservación del status quo y del orden publico mientras se decide la presente acción de amparo constitucional. Sobre el poder cautelar del Juez en el proceso de amparo constitucional, la Sala estableció en el fallo sentencia n.° 156 del 24 de marzo de 2000 (Caso “Corporación L’Hotels C.A.”) lo siguiente: “A pesar de lo breve y célere de estos procesos, hay veces en que se hace necesario suspender el peligro que se cierne sobre la situación jurídica que se dice infringida o evitar que se pueda continuar violando antes que se dicte el fallo del proceso de amparo; y dentro de un Estado de Derecho y de Justicia ante esa necesidad, el juez del amparo puede decretar medidas precautelativas. Pero para la provisión de dichas medidas, y al menos en los amparos contra sentencias, al contrario de lo que exige el Código de Procedimiento Civil, al peticionario de la medida no se le pueden exigir los requisitos clásicos de las medidas innominadas: fumus boni iuris, con medios de prueba que lo verifiquen; ni la prueba de un periculum in mora (peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo), como sí se necesita cuando se solicita una medida en base al artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, donde también han de cumplirse los extremos del artículo 588 eiusdem, si se pide una cautela innominada. Dada la urgencia del amparo, y las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no puede exigírsele al accionante, que demuestre una presunción de buen derecho, bastando la ponderación por el juez del fallo impugnado; mientras que por otra parte, el periculum in mora, está consustanciado con la naturaleza de la petición de amparo, que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor que lo haga y, que requiere que urgentemente se le restablezca o repare la situación. De allí, que el juez del amparo, para decretar una medida preventiva, no necesita que el peticionante de la misma le pruebe los dos extremos señalados con antelación en este fallo, ni el temor fundado de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ya que ese temor o el daño ya causado a la situación jurídica del accionante es la causa del amparo, por lo que el requisito concurrente que pide el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, para que procedan las medidas innominadas, tampoco es necesario que se justifique; quedando a criterio del juez del amparo, utilizando para ello las reglas de lógica y las máximas de experiencia, si la medida solicitada es o no procedente. Viene a ser la posible tardanza de la resolución del proceso de amparo, así él sea breve, el elemento principal a tomar en cuenta por el juez que ha admitido el amparo, a los fines del decreto de medidas preventivas, y ello queda a su total criterio. El juez que admite un amparo, no lo hace con el mismo criterio que el juez civil que admite la demanda a ventilarse por el juicio ordinario, ya que lo que se pondera en este proceso es distinto. En el amparo lo que analiza el juez es la posibilidad de que se esté lesionando al accionante en un derecho constitucional, motivo por el cual la sentencia de amparo no es ni de condena, ni mero declarativa, ni constitutiva; y si por la verosímil lesión se da curso al amparo se está aceptando la posibilidad de un buen derecho por parte del accionante, que no necesita prueba específica, bastándose el fallo impugnado para crear la verosimilitud, lo que motiva la admisión de la acción y la apertura del juicio de amparo. (…) Lo importante de la medida que se solicita con el amparo, es la protección constitucional que se pretenda y, al igual que en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la protección constitucional se concreta suspendiendo efectos lesivos o amenazantes, y es éste el tipo básico de medidas que puede pedir el accionante, y cuyo decreto queda a criterio del juez de amparo si lo estima o considera procedente para la protección constitucional sobre la cual gravita la inmediatez del daño. Es más, no permitiendo la estructura del proceso de amparo una específica oposición a la medida que se pide con la solicitud de amparo, el juez debe analizar muy bien los efectos que puede causar la medida que decrete, teniendo en cuenta la actuación de los afectados y el carácter reversible de lo que decrete, en el sentido de que si el accionante no tuviese razón, la medida no perjudica al accionado. Esto sin perjuicio de la responsabilidad proveniente del error judicial” (s.S.C. n.° 156 de 24 de marzo de 2000, caso: Corporación L’Hotels, C.A.). No obstante la derogatoria del artículo 22 de la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales consideramos que el Juez constitucional tiene la potestad de decretar o dictar medidas cautelares innominadas que busquen proteger anticipadamente el derecho constitucional lesionado o amenazado de lesión dentro de una solicitud de amparo constitucional. El mandamiento o decisión cautelar, acordado inaudita parte, según nuestra Casación, necesariamente tendrá CARACTER PROVISONAL y no constituye adelanto de opinión sobre la procedencia del amparo o sobre la competencia del órgano judicial que la acuerda, pues se limita al restablecimiento temporal de la situación constitucional infringida y evitar así daños irreparables o de difícil reparación por el eventual amparo.- Insiste nuestro máximo tribunal que la cautela innominada en materia de amparo persigue como fin primordial preservar los derechos constitucionales, tanto del solicitante del amparo, como los del agraviante. Busca un equilibrio de equidad que evite transgredir los derechos constitucionales del agraviante al restituir los derechos y garantías del solicitante. El Juez Constitucional debe analizar y ponderar la presencia y existencia en la solicitud de la cautela de los extremos requeridos por los artículos 585 y 588 del código de procedimiento civil. Es decir, Debe existir una presunción grave del derecho ejercido y de la obligación reclamada, debe tener el signo de la necesidad y urgencia, debe existir una lesión o amenaza real de lesión a un derecho constitucional (valoración incidental o incidenter tantum de los elementos aportados por el actor). El Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, incluyendo la autorización o prohibición de determinados actos, y, en suma, las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. En el supuesto señalado no hay porque esperar la decisión sobre el amparo, sino que se debe proteger el derecho lesionado dictando medidas que corrijan, enerven o permitan restablecer el orden infringido.- Debe existir una presunción grave del derecho ejercido y de la obligación reclamada, debe tener el signo de la necesidad y urgencia (fumus boni iuris y periculum in mora), porque de lo contrario la lesión se agravará. Si están presentes ambos extremos, si existen presunciones que permitan inferir la lesión constitucional alegada, nada debe impedir que la potestad cautelar del Juez constitucional pueda ser ejercida, ya que se trata de una medida instrumental y provisional. Dada la índole de la acción de amparo constitucional que tiende a garantizar inmediatamente el goce y ejercicio de los derechos que la Carta Magna establece, se considera al Juez investido del poder cautelar general requerido para procurar restablecer de modo perentorio la situación jurídica infringida. siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esa circunstancia y del derecho que se reclama, proceden las medidas preventivas nominadas e innominadas a tenor de lo previsto por los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, la demanda de amparo, como cualquiera otra puede garantizarse en sentido procesal mediante los dispositivos precautorios, no sólo para asegurar las resultas del juicio; sino cuando hubiere fundado temor de que se causen lesiones graves o de difícil reparación al derecho del accionante, en cuyo caso, para evitar el daño, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, incluyendo la autorización o prohibición de determinados actos, y, en suma, las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. Es, justamente, por esa proyección que se considera este tipo de medida cautelar como un "amparo provisional", sustentado en la valoración incidental (incidenter tantum) de los elementos aportados por el actor. Ahora bien en el caso bajo análisis, esta Juzgadora observa de las actas que en fecha 07/08/2019, luego de admitir la acción de amparo se trasladó y constituyo Urbanización Atapaima 3, Los Rastrojos, Calle Los Bucares, Casa N° 11, Cabudare Municipio Palavecino, estado Lara, en la cual dejo constancia del hecho que se suscitaba al evidenciarse una cantidad de personas en un mismo inmueble, unos manifestaban ser arrendatarios legítimos y pusieron a la vista el contrato de arrendamiento y otros manifestaron ser propietarios alegación esta aceptada por los arrendatarios. De modo que visto los hechos narrados de forma verbal en fecha 07/08/2019 por el presunto agraviado se observó que manifestó que: “El día de ayer martes 06 de agosto del año 2019, se presentaron en la Urbanización Atapaima 3, Los Rastrojos, Calle Los Bucares, Casa N° 11, Cabudare, los ciudadanos YASIRTA HEREDIA, titular de la cédula de identidad N° V- 6.300.589, y la Abogada MARIANGEL ALMARZA CUELLO, Ipsa N° 108.925, acompañadas de un grupo de personas y quienes alegaban ser la propietaria del inmueble anteriormente identificado que ocupa mi representado , el ciudadano GENARO MORGIONI, titular de la cédula de identidad N° V-10.841.823, quien es el inquilino del referido inmueble conjuntamente con su esposa y toda su familia desde hace mas de 10 años, según contrato de arrendamiento escritos y notariados que existen al respecto, y una vez presentada en la vivienda, estas ciudadanas procedieron a ingresar a la misma, por cuanto los inquilinos no se encontraban en ellas, ya que estaban laborando, con un cerrajero quien procedió aperturar todas las puertas de la casa y a cambiarles toda la cerradura, y una vez que llegaron los inquilinos y logran entrar a la vivienda, se consiguen con que le habían sacados todos los bienes muebles y los habían arrumados en la parte trasera de la casa, siendo allí cuando se comunican con su abogado para plantearle la situación…” De modo pues, que consta en autos suficientes elementos para que esta Juzgadora de forma provisional actuando con sus facultades constitucionales en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decreta: MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA consistente en oficiar a los órganos de seguridad ciudadana del estado Venezolano, en la persona de los representantes de los siguientes cuerpos policiales: Fuerza Armada Nacional Policial del estado Lara, Policía Nacional Bolivariana, delegación del estado Lara y Destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, a los fines de que designen una comisión de funcionarios para que resguarden permanentemente la vivienda y las personas que se encuentran dentro de la misma y garanticen asi el mantenimiento de la paz y la sana convivencia en la referida casa, hasta que este Tribunal dicte sentencia definitivamente firme que resuelva la presente cuestión constitucional. En consecuencia, a fin de practicar la misma, se ordena librar los oficios respectivos, y se habilita el tiempo necesario para la consignación de los mismos por parte del alguacil de este Tribunal. Oficios.- La Juez Provisorio Abg. Johanna Dayanara Mendoza Torres El Secretario Abg. Luís Fernando Ruiz Hernández