REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental Barquisimeto, treinta de julio de dos mil diecinueve 209º y 160º ASUNTO: KP02-O-2013-000049 Consta al último folio del escrito que encabeza las presentes actuaciones que en fecha 2 de abril de 2013, es recibido por este Tribunal la acción de amparo interpuesto por la ciudadana SUSANA CAROLINA IBARRA ROJAS, titular de la cédula de identidad No. 12.764.111, asistida por la abogada Marianela Peña, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.453, contra el SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, por la presunta violación de los artículos 75, 76 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En fecha 3 de abril de 2013, este Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo admitió a sustanciación el presente asunto, dejando salvo su apreciación en la definitiva y se ordenaron las citaciones y notificaciones de conformidad con la Ley, siendo librado todo ello en fecha 16 de abril de 2013. Sustanciado el procedimiento conforme a las previsiones aplicables, en fecha 18 de julio de 2013, este Tribunal declaró CON LUGAR, la acción de amparo constitucional, siendo posteriormente declarada definitivamente firme en fecha 06 de agosto de 2013. Por auto de fecha 26 de agosto de 2013, este Tribunal acordó la ejecución voluntaria de la sentencia, librando las respectivas notificaciones. En fecha 20 de enero de 2014, se acuerda la ejecución forzosa, siendo libradas las respectivas notificaciones. Por último, en fecha 18 de marzo de 2015, se dicto auto acordando notificar mediante oficio al ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público de la Ejecución Forzosa acordada, a los fines de cumplir lo ordenado por la sentencia dictada. En esta misma fecha, se aboca al conocimiento de la presente causa la Abg. Marvis Coromoto Maluenga de Osorio, en virtud de su designación como Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. Lo descrito supra permite observar, concretamente respecto a la fecha en que se realizó el último acto procesal, que el expediente se encuentra en un evidente e inequívoco estadio que deja entrever su paralización por un lapso superior a un (01) año, no imputable a este Órgano Jurisdiccional, es decir, el asunto ha sido desprovisto de manera prolongada de actuaciones procesales de impulso o continuación del procedimiento a instancia de parte interesada. Tal situación, conlleva a sostener, sin perjuicio del derecho que tienen las partes intervinientes de realizar las diligencias que consideren pertinentes y en la oportunidad que así lo deseen, que en la actualidad existe en la causa una ausencia de interés en la consecución de actuaciones procesales que la hagan permanecer activa, independientemente del estado en que se encuentra, pues el interés no sólo es esencial para la interposición de una determinada pretensión, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, lo cual se extiende a sus distintas fases o etapas, en virtud que resulta inútil y gravoso para la función jurisdiccional, la acumulación o guarda de un asunto en el que -actualmente- no existe interesado. En este sentido, se aprecia que el interés que manifestó la parte recurrente cuando acudió a esta instancia judicial, ha debido mantenerse presente hasta la efectiva realización y materialización de la tutela judicial invocada, lo que también implica la ejecutoria del fallo que le resultó favorable, puesto que ello supone igualmente la realización de actos procesales de impulso que devienen del interés propio del derecho individual que ostenta por una circunstancia o situación real que elevó ante este órgano de administración de justicia, la cual le fue reconocida con la finalidad de evitar un daño a su situación jurídica particular. Ahora, si bien con lo descrito no se pretende razonar sobre la pérdida del interés procesal como una sanción en los términos de una extinción de la acción, en razón de no ser el punto de análisis ni valoración; no menos cierto es que sí entiende este Juzgado Superior que por el largo tiempo transcurrido sin actos de procedimiento, ha desaparecido hasta la presente fecha, el interés procesal en la consecución del proceso, al menos en su fase de ejecución, en virtud de no haber constancia en el expediente de la comparecencia de parte interesada. Así, advertida la existencia de una total inactividad en el presente procedimiento, sin que efectivamente se haya realizado acto alguno que demuestre un interés en su continuación, considera oportuno esta Juzgadora, sin que se cuestione el derecho de las partes de activar nuevamente la causa, ordenar la remisión del expediente a la sede del archivo judicial de esta Circunscripción Judicial, a los fines de que proceda al archivo para su resguardo, conservación y cuidado. En consecuencia, se ORDENA el archivo temporal del expediente. La Jueza Provisoria, Abg. Marvis Maluenga de Osorio La Secretaria, Abg. Andreina Giménez Seguidamente se archivó constante de una (1) pieza principal en ciento ochenta y cuatro (184) folios útiles. La Secretaria, L.S. Juez Provisoria (fdo) Marvis Maluenga de Osorio. La Secretaria (fdo.) Andreina Giménez. La Secretaria (fdo). La suscrita Secretaria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Barquisimeto a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019). Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación. La Secretaria, Abg. Andreina Giménez