TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022)
211º y 163º

ASUNTO: MANUAL 1015
PARTE DEMANDADA-RECONVINIENTE: ciudadano CARLOS STRACQUADAINI PAPPALARDO, venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la cédula de identidad N° V-7.160.198.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECONVINIENTE: BORIS FADERPOWER, abogado en ejercicio e inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 47.652, correo electrónico faderpower@gmail.com, número telefónico (0414) 530-05-00.-
PARTE DEMANDANTE-RECONVENIDA: ciudadano HENRY ANTOUN SOUEID y CHADI NADDAF, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 12.435.291 y V- 24.339.878, respectivamente.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECONVENIDA: FARID RICHA DORADO, ARABIA MACHADO, JULISSA GIL, SIMON BRAVO, ERNESTO SALDIVIA Y AARON SOTO, abogados en ejercicio e inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº 60.097, 45.754, 205.262, 62.965, 138.612 y 23.422, respectivamente, número telefónico (0414) 528-04-14 y correo electrónico aaronsotolawger@hotmail.com.-
MOTIVO: DESALOJO y reconvención por DAÑOS Y PERJUICIOS
(Sentencia interlocutoria con fuerza definitiva).-

I
Por recibido el presente expediente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 10 de junio de 2022, remitido con oficio 143/2022, del Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción del estado Lara, en virtud de la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del estado Lara, correspondiendo el conocimiento de la misma, previa distribución a este Juzgado.-
Ahora bien, revisadas como han sido las actas procesales y en acatamiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, pasa este Despacho a pronunciarse sobre la reconvención propuesta en los términos siguientes:
Alega el abogado del ciudadano CARLOS STRACQUADAINI PAPPALARDO, que procedió a reconvenir, por indemnización y daños y perjuicios morales a los ciudadanos HENRY ANTOUN SOUEID y CHADI NADDAF, quienes actuando de mala fe pretenden el desalojo de su representado de local comercial del cual, procesalmente su representado actualmente se encuentra subrogado en los derechos de propiedad que los demandantes fraudulentamente adquirieron sobre los inmuebles arrendados, en violación de su derecho preferente de adquirir la propiedad de los mismos, y adicionalmente su representado se encuentra solvente en el pago de los cánones de arrendamiento por haber realizado las respectivas consignaciones arrendaticias dentro de los plazos y las condiciones establecidas en la ley, pretendiendo de manera fraudulenta desconocer los efectos de la sentencia dictada en el juicio de retracto legal arrendaticio, motivo por el cual ha causado daños morales a su representado, razón por la cual procede a reconvenir a los mencionados ciudadanos para que convengan o en su defecto sean codemandados por el tribunal a pagar a titulo de indemnización de daños y perjuicios morales la cantidad de Cien Mil Bolívares con Cero céntimos (Bs 100.000,00), cantidades equivalentes a Cinco Millones de Unidades Tributarias (U.T. 5.000.000,00), calculadas a un valor de Veinte Mil Bolívares (20.000), cantidad que luego de la reconversión monetaria decretada por el Ejecutivo Nacional equivale a Dos Céntimos de Bolívares (Bs 0,02) por cada Unidad Tributaria; y también equivalente a Cuatrocientos Veintiocho con Cuarenta y Ocho (428,48) Petros, calculados a razón de Doscientos Treinta y Tres Bolívares con Treinta y Ocho Céntimos (Bs. 233,38) por cada Petro , cuyo valor de la Unidad Tributaria y el Petro.
Asimismo indico lo siguiente:
“ por razones de hecho y derecho antes expuesta, solicito se admita la presente reconvención de indemnización de daños y perjuicio, por no ser contraria a derecho, ni al orden público ni a una disposición expresa de la ley; y con respecto a esto último, con el debido respeto se le recuerda a la ciudadana juez que el presente procedimiento se sustancia por el procedimiento ordinario, no siendo aplicable al presente procedimiento, la norma excepción que limita el derecho a reconvernir, prevista en el artículo 888 del Código de Procedimiento Civil…”

II
Este Tribunal efectúa ciertas consideraciones de hecho y de derecho, y lo hace en los siguientes términos:
El Juez como director del proceso, debe velar porque el mismo se desarrolle dentro de un estado de derecho y de justicia, siempre en resguardo del derecho a la defensa; igualmente los jueces están en la obligación de procurar la estabilidad de los juicios como directores del proceso; estar vigilantes de corregir y evitar que se cometan faltas que más adelante pudiesen acarrear nulidad de todo lo actuado, o de alguno de los actos de procedimiento.-
Ello es así por cuanto el proceso, constitucionalmente, ha sido previsto como uno de los medios para alcanzar la justicia. Esta justicia se vislumbra como uno de los fines esenciales del Estado (artículos 2 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).-
En este sentido, el juez está dotado de grandes poderes de dirección por cuanto la labor que desarrolla, no sólo es para resolver un conflicto entre dos partes, sino a la final como un acto por el cual se imparte justicia, lo que se traduce como una garantía de la paz social que debe imperar en todo tiempo en el Estado venezolano.-
Respecto a la facultad del juez como director del proceso la Sala Constitucional mediante sentencia 2278/2001 de fecha 16-11-2001, caso Jairo Cipriano Rodríguez Moreno, estableció lo siguiente:
“…En su condición de director del proceso, el juez interviene de forma protagónica en la realización de este instrumento fundamental para la realización de la justicia, para la efectiva resolución de los conflictos y el mantenimiento de la paz social. Siendo rector del proceso, el juzgador no puede postrarse ante la inactividad de las partes, ni adoptar una actitud inerte o estática, sino asumir la posición activa que le exige el propio Texto Fundamental. Cuando la Constitución, en su condición de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, le exige que sea el principal garante de la actuación circunstanciada de la ley y de sus propios mandatos normativos, le está imponiendo el deber constitucional de hacer valer, permanentemente, los principios asociados al valor justicia, indistintamente del proceso de que se trate, de la jerarquía del juez o de la competencia que le ha conferido expresamente el ordenamiento…”

En otro orden de ideas, tenemos que la demanda reconvencional está contemplada en la Ley por motivos de economía procesal, para evitar una multiplicidad de juicios. Por otro lado, de esa manera se evitará el pronunciamiento de sentencias contradictorias respecto de pretensiones conexas.
El autor Arístides RengelRomberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano “…La reconvención, mutua petición o contrademanda puede definirse como la pretensión que el demandado hace valer contra el demandante junto con la contestación en el proceso pendiente, fundada en el mismo o diferente título que la del actor, para que sea resuelta en el mismo proceso y mediante la misma sentencia...”

Definiendo la reconvención, la Sala de Casación Civil, mediante decisión proferida el 26 de marzo de 1987, en el juicio seguido por la sociedad mercantil Inversiones Xoma, C.R.L. contra Lya Márquez Corao de Valery, expresó:

“…Ahora, bien, la reconvención o mutua petición es un recurso que la ley confiere al demandado por razones de celeridad procesal, en virtud del cual se le permite plantear a su vez, en el acto de la litis contestación, cualquier pretensión que pueda tener contra el actor primitivo, incluso referida a situaciones diferentes de las que se plantean en el juicio principal…”
En este orden, es preciso señalar que la acumulación indebida de pretensiones, prohibida expresamente por el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, el cual estatuye:
“Artículo 78: “No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí.
Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí”. (Negrillas del Tribunal).-

En este sentido, el artículo 78 citado, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, además cuando por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. Esto es lo que en doctrina se denomina “inepta acumulación de pretensiones”, que no puede darse en ningún caso, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria. Por tanto, el comentado artículo 78 eiusdem, impone al demandante no concentrar pretensiones que deban sustanciarse por procedimientos distintos.-
Considera necesario este Tribunal traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil del Tribunal en sentencia No. 354 de fecha 13 de agosto de 2019, con ponencia del Magistrado Guillermo Blanco, expediente AA20-C-2017-000827:
“…De forma tal que la acumulación de pretensiones es un asunto que atañe al orden público, y así lo ha reconocido esta Sala, entre otras, en sentencia N° 99, del 27 de abril de 2001, expediente N° 2000-178, caso: María Josefina Mendoza Medina c/ Luis Alberto Bracho Inciarte, en la que se señaló: ‘La acumulación de acciones es de eminente orden público. ‘...La doctrina pacífica y constante de la Sala ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento, entendido el proceso civil, como el conjunto de actos del órgano jurisdiccional, de las partes, y de los terceros que eventualmente en él intervienen, preordenados para la resolución de una controversia, el cual está gobernado por el principio de la legalidad de las formas procesales. Esto, como lo enseña Chiovenda, que no hay un proceso convencional sino, al contrario, un proceso cuya estructura y secuencia se encuentra preestablecidas con un neto signo impositivo, no disponible para el juez, ni para las partes. Así, la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia del proceso civil, es obligatoria en un sentido absoluto, tanto para las partes como para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos. Es por lo expresado que la Sala ha considerado tradicionalmente que la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las parte, que es el interés primario en todo juicio....’ (Sentencia de la Sala de Casación Civil del 22 de octubre de 1.997)...” (Resaltado de la Sala).-
Respecto a la acumulación prohibida, resulta imperioso traer a estrados, el criterio establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 314 de fecha 16 de diciembre de 2020; en la que estableció:
“(..omisiss…)
…Ahora bien, en materia de arrendamiento comercial, para obtener la devolución del inmueble arrendado solo es posible ejercer la acción de desalojo, porque no solo los supuestos de hecho contenidos en los literales del a) al h) del artículo 40 son causales taxativas de desalojo sino que también lo son cualquier incumplimiento contractual o legal del arrendatario, a tenor de lo previsto en el literal i), previamente señalado, tal como este lo dispone; dejándose claro que dichas disposiciones son de eminente orden público y, por ende, de interpretación restrictiva.
En el supuesto que se pretendiese sostener que en materia de arrendamiento comercial tendría cabida la acción resolutoria en los casos en que se esté en presencia de un supuesto de hecho distinto a los contenidos en los literales a) al h) del artículo 40, ya que el literal i) de este artículo opera como el equivalente del parágrafo segundo del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y la único aparte del parágrafo único del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, es preciso señalar que no cabe duda que se está en presencia de causales taxativas de desalojo, lo que trae como consecuencia necesaria que solo pueda ejercerse la acción de desalojo y que quede excluida la acción de resolución de contrato.
Permitir el ejercicio de la acción resolutoria en materia comercial inquilinaría sería darle entrada a una interpretación extensiva y vaciaría de contenido lo establecido en el artículo 40 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, ya que le daría cabida al ejercicio de la acción de resolución de contrato, incluso en los supuestos de hecho establecidos en dicho artículo dirigidos para la acción de desalojo, convirtiendo una norma de orden público en una norma de carácter disponible por las partes.
… De esta manera, se tiene que cuando se trata de un contrato de arrendamiento de un local comercial, en el que la parte actora fundamenta su acción, como por ejemplo, en el supuesto pago de los cánones de arrendamiento por dos (2) mensualidades consecutivas, al supuesto uso indebido del inmueble o en los supuestos daños que se le ocasionen al inmueble, se está en presencia de una causal de desalojo, en cuyo caso la ley autoriza el ejercicio de la acción de desalojo mas no el de la resolución de contrato de arrendamiento, por lo cual, no procede la acumulación de pretensiones, esto es, no procede la acumulación de la acción de desalojo con la de cobro de daños y perjuicios…” (Destacado del Tribunal).-

En el caso de autos del escrito de la demanda principal se observa que la representación judicial de la parte actora demandó el desalojo del local comercial regulado en la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, cuyo procedimiento es el oral previsto en los artículos 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 43 de la Ley especial que rige la materia. Posteriormente en la oportunidad para la contestación de la demanda de desalojo la parte demandada a través de su apoderado judicial, procedió a proponer la mutua petición contra los ciudadanos HENRY ANTOUN SOUEID y CHADI NADDAF, bajo la figura jurídica establecida en los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, que señala lo referente a “daños y perjuicios morales”, en virtud que actuaron de mala fe, ya que se encuentra solvente en los pagos de cánones de arrendamiento establecido en la ley, así como querer de manera fraudulenta desconocer los efectos de la sentencia dictada en el juicio de retracto legal arrendaticio, la cual debe tramitarse por el procedimiento ordinario previsto en el artículo 338 del Código Adjetivo Civil.
Conforme a los criterios jurisprudenciales citados, que esta sentenciadora acoge de conformidad con lo previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, en todas sus partes, está obligada, en el presente caso, por mandato jurisprudencial a declarar la inadmisibilidad de la reconvención al delatar que la pretensión del escrito de reconvención por indemnización por daños y perjuicios morales es incompatible con la pretensión de desalojo de local comercial, juicios que se sustancian y deciden por procedimiento disímiles, el primero de conformidad con el procedimiento ordinario previsto en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 338 y siguientes, y el segundo con el procedimiento oral previsto en los artículos 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 43 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial. -
En este sentido, siendo la jurisprudencia conteste en otorgarles a los jueces amplios facultades de verificación y control de los presupuestos procesales, en aras de garantizar un proceso debido que abarca tanto la celeridad como la economía procesal, evitando retardos innecesarios en los juicios. Es de destacar que tal declaratoria es obligante para el juez en cualquier estado y grado del juicio, incluso, sin necesidad de petición expresa de parte, tal como lo tiene establecido la doctrina judicial de nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se establece.-
Por consiguiente, este Tribunal estima, sobre la base de las actuaciones que cursan en el presente expediente, que es obligatorio declarar INADMISIBLE la reconvención por Indemnización por Daños y Perjuicios Morales, por inepta acumulación, por tratarse de un asunto que atañe al orden público, pues así lo ha establecido la Sala Constitucional al señalar que “(…) los requisitos de admisibilidad de las acciones y recursos son de eminente orden público y que, por lo tanto, su inobservancia no es subsanable y puede ser declarada en cualquier estado y grado de la causa….” (Vid. Sentencia N° 397 del 7 de marzo de 2002), y así quedará establecido en la parte dispositiva.-
III
DISPOSITIVA
En mérito de las precedentes consideraciones, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Primero: INADMISIBLE la reconvención por INDEMNIZACIOPN POR DAÑOS Y PERJUICIOS MORALES intentada por el ciudadano CARLOS STRACQUADAINI PAPPALARDO contra los ciudadanos HENRY ANTOUN SOUEID y CHADI NADDAF, por inepta acumulación de pretensiones de conformidad con lo establecido en los artículos 78 y 341 del Código de Procedimiento Civil.-
Segundo: Se advierte a las partes que una vez quede firme la presente decisión la causa continuará su curso legal, y el tribunal emitirá pronunciamiento sobre la cuestión previa opuesta en virtud de la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 02 de marzo del 2022 que declaró nula las actuaciones posteriores al auto de fecha 01 de noviembre del 2021.-
Tercero: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.-
Publíquese incluso en la página web del Tribunal Supremo de Justicia www.lara.scc.org.ve , Regístrese y Déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los quince (15) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022). Años: 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
LA JUEZ,

Abg. DIOCELIS JANETH PÉREZ BARRETO
EL SECRETARIO,

Abg. GUSTAVO GOMEZ
En la misma fecha de hoy, siendo las 10:35 a.m. se publicó y registró la anterior sentencia previa las formalidades de ley.
EL SECRETARIO,

Abg. GUSTAVO GOMEZ

DPB/GG/ar
MANUAL 1015
ASIENTO LIBRO DIARIO MANUAL: 26