TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, siete (07) de junio de dos mil veintidós (2022)
212º y 163º

ASUNTO: KP02-M-2022-000001

PARTE DEMANDANTE: ciudadano HABIB DIAB MALOUF, venezolano, mayor de edad ytitular de la cédula de identidad N° V-3.855.188.-
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: ROSA VIRGINIA SUAREZ, abogada en ejercicio e inscrita en el I.P.S.A bajo el N° 44.856, con dirección de correo electrónico rvsr68@hotmail.com y número de teléfono (0424) 581-57-85.-
PARTE DEMANDADA: ciudadano EDGAR AURFRALI ALVARADO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N.° 10.848.382, con dirección de correo electrónicoedgaraurfali@gmail.com y número de teléfono (0414) 572-59-48 y la sociedad mercantil J & JEY IMPORT C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en fecha 05 de agosto del 2011 bajo el N.° 32, tomo 67-A.-
APODERADO JUDICIAL DEL CO-DEMANDADO EDGAR AURFALI ALVARADO: JOSÉ PAUSIDES GARCÍA, abogado en ejercicio e inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 291.709, con dirección de correo electrónico lcdojoseluis@gmail.com y número de teléfono (0424) 505-31-29.-
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMATORIA).
(Sentencia interlocutoria dentro de lapso).-

I
RELACION SUCINTA DE LOS HECHOS
Se inició la presente acción por libelo de demanda presentado en fecha 01 de febrero de 2022, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Civil de Barquisimeto y previa distribución de Ley correspondió el conocimiento y sustanciación a este Juzgado.-
Por auto de fecha 10 de febrero del 2022, se admitió la presente demanda por no ser contraria a las buenas costumbres, al orden público o a alguna disposición expresa en la Ley, ordenándose la intimación de la parte demandada.-
La parte actora presentó escrito de reforma de la demanda en fecha 22 de febrero del 2022, la cual se admitió el 04 de marzo del año en curso.-
Consignados los fotostatos respectivos en fecha 17 de marzo del 2022 se libró boleta de intimación “Al ciudadano EDGAR AURFALI ALVARADO… actuando en su propio nombre y en representación de la Sociedad Mercantil J & JEY IMPORT C.A…”
Por auto de fecha 06 de abril de 2022, quien suscribe se abocó al conocimiento de la causa en el estado en que se encontraba.-
Cursa al folio 35 diligencia de fecha 08 de abril del 2022, suscrita por el alguacil de este Tribunal y consignó boleta de intimación firmada por el ciudadano EDGAR AURFALI ALVARADO, quien otorgó al poder apud-acta al abogado JOSÉ PAUSIDES GARCÍA.-
Mediante escrito recibido el 28 de abril del 2022, el codemandado EDGAR AURFALI ALVARADO se opuso a la intimación y en fecha 09 de mayo del 2022, presento la contestación a la demanda.-
Por auto de fecha 09 de mayo del 2022, se dejó constancia que la causa continuaría por el procedimiento ordinario y se abrió el lapso de promoción de pruebas.-
El 02 de mayo, el codemandado EDGAR AURFALI ALVARADO promovió pruebas, las cuales se agregaron a las actas el 01 de los corrientes junto con las pruebas presentadas por la parte actora.-
En esta misma fecha en la cual se dicta la presente decisión, se recibió escrito de oposición a las pruebas presentado por la parte demandante.-

II
Seguidamente revisadas como han sido las actas procesales, este Tribunal procede a emitir pronunciamiento y lo hace en los siguientes términos:

Es oportuno resaltar la importancia que tiene para el proceso el hecho de que los actos procesales se efectúen correctamente, observando las formas y validez de cada acto pues, cualquier falla que ocurra, puede afectar no sólo el acto en sí, sino a los subsiguientes que dependen de aquél. Por lo tanto, la nulidad procesal puede definirse como la desviación del acto que vicia la finalidad para la cual fue establecida por la Ley o cuando no se ha cumplido con las formas procesales esenciales a su validez.
Dispone el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, lo siguiente:
“Artículo 206. Los Jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando y corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez…”
La nulidad de los actos consecutivos a un acto írrito se produce cuando éste, por disposición de la Ley, sea esencial a la validez de aquellos o cuando la misma Ley preceptúa especialmente tal nulidad. Se entiende entonces que un acto es esencial a la validez de los que le siguen, cuando éstos son causalmente dependientes de aquel y, por ello, la nulidad del acto que les sirve de base o fundamento los afecta necesariamente. En estos casos se produce la llamada reposición de la causa, esto es, la restitución del proceso al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad, anulándose todo lo actuado desde aquel momento.
Señala la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 12 de diciembre de 2012 expediente No. 2011-000680 con ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez, lo siguiente:
“(…) Las formas procesales regulan la actuación del juez y de los intervinientes en el proceso, para mantener el equilibrio entre las partes y el legítimo ejercicio del derecho de defensa. El incumplimiento de estas formas da lugar a la reposición y renovación del acto, siempre que ello sea imputable al juez y hubiese ocasionado indefensión para las partes o alguna de ellas, lo que debe ser examinado en armonía con la nueva concepción del debido proceso consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe las reposiciones inútiles y el predominio de la consecución de la justicia sobre las formas que regulan el trámite procesal.
Sobre este particular, es oportuno indicar que será inútil o injustificada la reposición, cuando el acto, supuestamente írrito, alcance su fin; caso en el cual, la actuación del juez además de generar un desequilibrio en el proceso, ocasiona a un retardo procesal que contraría los principios de economía y celeridad procesal, perjuicios estos que en definitiva atentan contra el debido proceso.
En ese sentido, queda claro que siendo el juez el director del proceso, es su deber mantener y proteger los derechos constitucionalmente establecidos en el artículo 49 de la Constitución, evitando extralimitaciones, desigualdades o incumplimiento de formalidades esenciales que puedan generar un estado de indefensión a las partes involucradas en el juicio, y tomando siempre en consideración los principios que rigen en materia de reposición y nulidad, acorde con la economía y celeridad procesal que debe reinar en los trámites procesales, en armonía con los cuales es consagrado el requisito de la utilidad de la reposición. Por consiguiente, es imprescindible para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad. (Vid. sentencia N° 00587, de fecha 31 de julio de 2007, caso: Chivera Venezuela S.R.L., contra Inversiones Montello C.A. y otra)...”

Del criterio parcialmente transcritos se desprende que para la procedencia de las nulidades procesales se requiere como elemento esencial, la afectación al derecho de defensa de alguno de los litigantes, pues de lo contrario su finalidad restauradora del procedimiento en protección de las formas procedimentales, desaparecería y se convertirían en una manera de hacer los procesos interminables, violentando las garantías establecidas en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es por ello que nuestra legislación procesal, regula la utilidad de la reposición en los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, al establecer que en ningún caso se declarará la nulidad si el acto alcanza el fin al cual está destinado, no permitiendo la nulidad de los actos consecutivos del procedimiento, sino sólo cuando dicho acto sea esencial para la validez de los siguientes, pues de lo contrario se estaría violentando el derecho que se pretende proteger.
En este sentido dispone el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Es formalidad necesaria para la validez del juicio la citación del demandado para la contestación de la demanda, citación que se verificará con arreglo a lo que se verificará con arreglo a lo que se dispone en este Capítulo.
Se precisa traer a estrados la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 16 de noviembre del 2001, que señaló:
“...Se ha establecido que el derecho al debido proceso consustanciado con el derecho a la defensa forman un todo, cuyo fin último es garantizar el acceso a la justicia y la obtención de tutela judicial efectiva... Así, la doctrina ha señalado que el derecho al debido proceso –y dentro de éste el derecho a la defensa- tiene un carácter operativo e instrumental... es decir, su función última es garantizar el ejercicio de otros derechos materiales mediante la tutela judicial efectiva, por ello su ejercicio implica la concesión para ambas partes en conflicto, de la misma oportunidad de formular pedimentos ante el órgano jurisdiccional. De manera que la violación del debido proceso podrá manifestarse: 1) Cuando se prive o coarte a alguna de las partes la facultad procesal para efectuar un acto de petición que a ella privativamente le corresponda por su posición en el proceso; 2) Cuando esa facultad resulte afectada de forma tal que se vea reducida, teniendo por resultado la indebida restricción a las partes de participar efectivamente en plano de igualdad, en cualquier juicio en el que se ventilen cuestiones que les afecte. Bajo esta óptica la violación al debido proceso y la consecuente indefensión operará, en principio, dentro de un proceso ya instaurado, y su existencia será imputable al Juez que con su conducta impida a alguna de las partes la utilización efectiva de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para la defensa de sus derechos...”(…)
En sentencia No. RC.000848 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 5 de diciembre de 2016, Magistrado ponente: Guillermo Blanco Vázquez estableció:
“…Debiendo resaltarse así, la importancia de los “Actos de Comunicación Procesal”, pues ellos desarrollan el primer eslabón del equilibrio procesal o principio de igualdad de armas al garantizar la “Defensa”, que como expresa A.C.P (Garantía Constitucional de la Defensa Procesal. Ed. Bosch. Barcelona. España. Pág 17)”… la defensa en el ámbito de nuestra disciplina, sólo puede referirse a la actividad procesal que desarrolla una persona, primero, como reacción ante una demanda, y luego ante cualquier actividad procesal de la otra parte que afecte o pueda llegar a afectar sus intereses en el transcurso de un juicio ya iniciado…” Por eso, en nuestro P.C., el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, dispone que la citación es una formalidad necesaria y esencial para la validez de un juicio, de nota que un vicio en la misma podría conllevar a la invalidación de ese proceso, y que la citación tiene por finalidad llamar al demandado para que comparezca ante el Tribunal a dar constatación a la demanda formulada en su contra en un plazo determinado y, tal llamamiento o comunicación, tiene como primer acto, la citación personal, que constituye el mecanismo por excelencia y sine qua non, impermitible, que debe agotarse para la continuación del debido íter adjetivo…”(Resaltado del Tribunal).-
Respecto al carácter de orden público de la norma contenida en el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada ponente: Carmen Zuleta De Marchan, exp. No. 04-2814, se pronunció en los siguientes términos:
“(…) Para resolver, esta Sala Accidental considera:
La persona llamada a juicio tiene dos maneras de librarse del procedimiento seguido contra él; una en forma temporal; otra, en forma definitiva. La primera, cuando practicada su citación, ha dejado de llenarse en ella alguna de las formalidades esenciales para su validez. Siendo la citación una formalidad necesaria para la validez de todo juicio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, la omisión de formas necesarias en la práctica de la misma, si no ha sido cubierta con la presencia del demandado, la hace viciosa, y por ende, se estima que no ha habido citación. De modo que, alegada dicha falta por el demandando oportunamente, debe reponerse la causa al estado de que se subsane el vicio y se practique la citación en forma legal. Mientras esto ocurre, el demandado habrá logrado librarse del juicio; pero ello, como claramente se advierte, será solo temporalmente…”(…)
En este orden de ideas, el Juez como director del proceso y garante de las formas procesales a fin de alcanzar su fin ulterior, el cual es la justicia, tiene el deber de ordenar la reposición de la causa, aún de oficio, cuando evidencie que se quebrantó u omitió alguna forma procesal necesaria para la validez del juicio y cuyo contenido sea de orden público. En el caso de autos, se evidencia que al ordenar la intimación de la parte demandada, la respectiva boleta librada fue dirigida “Al ciudadano EDGAR AURFALI ALVARADO… actuando en su propio nombre y representación de la Sociedad Mercantil J & JEY IMPORT C.A…”, no obstante, la citación es personalísima, y en consecuencia, se deben librar tantas boletas como codemandados haya, las cuales deben dirigirse personalmente a cada uno de ellos. Al omitir la citación personal de la codemandada sociedad mercantil J & JEY IMPORT C.A, se vulneró la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa de dicha persona jurídica. Si bien es cierto que la parte actora señala que el ciudadano EDGAR AURFALI ALVARADO actúa en su propio nombre y además en representación de la sociedad mercantil J & JEY IMPORT C.A., dicha cualidad de representación no consta en el expediente, y se desprende del poder apud-acta otorgado por el codemandado en referencia, así como de los escritos de oposición y contestación a la demanda presentados por el mismo, que al menos en lo atinente a esas actuaciones, ha actuado solo en su propio nombre, por lo que considera esta juzgadora que debe declarase la reposición de la causa al estado de citación personal de la co-demandada sociedad mercantil J & JEY IMPORT C.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 215 ibídem. En consecuencia, se declaran nulas las actuaciones realizadas posteriores al poder apud-acta de fecha 08 de abril del 2022, que riela al folio 37, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-
III
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SE REPONE la causa al estado de practicar la citación personal de la sociedad mercantil J & JEY IMPORT C.A., identificada en el encabezamiento de la presente decisión, quedando nulas todas las actuaciones posteriores al poder apud-acta de fecha 08 de marzo del 2022, que riela al folio 37, por ser esencial a la validez de los actos subsiguientes que fueron cumplidos durante el desarrollo del proceso.-
Dada la naturaleza de la decisión, no hay lugar a costas de conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-
Publíquese incluso en la página web del Tribunal Supremo de Justicia www.lara.scc.org.ve , Regístrese y déjese copia certificada.-
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los siete (07) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2.022). Años 212° y 163°
LA JUEZ

ABG. DIOCELIS JANETH PEREZ BARRETO
EL SECRETARIO

ABG. GUSTAVO GOMEZ
En esta misma fecha siendo las 02:00 p.m., se publicó y registró la anterior decisión previa las formalidades de ley.
EL SECRETARIO

ABG. GUSTAVO GOMEZ

DJPB/GG/p.h
KP02-M-2022-000001
ASIENTO LIBRO DIARIO MANUAL: 54