TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JIMENEZ Y ANDRES ELOY BLANCO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA
Sanare, 29 de Septiembre de 2.022
Años: 212° y 163°
Expediente Nº 2.679/22
DEMANDANTE: OSCAR ANTONIO PEREZ y BLANCA ELENA GUEDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 9.570.106 y V- 10.123.571, domiciliados en la Población de Sanare, Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara.
ABOGADO ASISTENTE: KEILA COROMOTO MONTES TORREALBA y SUNNY MERIELSY ANGULO APONTE, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 161.787 y 143.842.
MOTIVO: DIVORCIO 185, en concordancia con las sentencias Nº 693 de fecha 02 de Junio de 2015 y 1070 de fecha 09 de Diciembre de 2016 dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
SENTENCIA DEFINITIVA.-
En fecha 22 de Julio de 2022, se recibió por distribución demanda de Divorcio 185 en concordancia con las sentencias Nº 693 de fecha 02 de Junio de 2015 y 1070 de fecha 09 de Diciembre de 2016 dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, interpuesta por los ciudadanos OSCAR ANTONIO PEREZ y BLANCA ELENA GUEDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 9.570.106 y V- 10.123.571, domiciliados en la Población de Sanare, Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara, por ante el Registro Civil del Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara, según acta Nº 70, folio 120 frente, de fecha 07 de Agosto del año 1987, asimismo fijaron su domicilio conyugal en el Sector las Tunas, Barrio el Cementerio de la Población de Sanare del Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara, de la unión matrimonial procrearon tres hijos de nombres Oscar Alberto Pérez Guedez, de 33 años de edad, cédula de identidad Nº V- 18.923.585, Ernesto Antonio Pérez Guedez, de 32 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.923.605, y Miguel Angel Pérez Guedez, de 20 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 28.577.468. “…. Ahora bien nuestra relación matrimonial en los primeros años fue un ambiente de paz, amor y la felicidad reinó en nuestro hogar, posteriormente la situación conyugal se fue convirtiendo en indiferencias y discusiones que nos llevaron a una separación, viviendo cada uno en domicilio diferente, desde el año 2008, hace más de catorce (14) años, no hemos hecho vida en común bajo ninguna circunstancia.;”. Acompañó dicha solicitud con copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los cónyuges, original del acta de matrimonio, original de actas de nacimiento y copia fotostáticas de los ciudadanos Oscar Alberto Pérez Guedez, de 33 años de edad, cédula de identidad Nº V- 18.923.585, Ernesto Antonio Pérez Guedez, de 32 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.923.605, y Miguel Angel Pérez Guedez, de 20 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 28.577.468. Consta a los folios 01 al 10.
En fecha 29 de Julio de 2022, se admitió la demanda presentada por no ser contrario al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, se ordenó notificar al Ministerio Público indicando que la decisión será dictada al quinto día de despacho siguiente a la constancia en autos del informe fiscal, consta al folio 11 y 12.
En fecha 13 de Septiembre de 2022, compareció la alguacil Accidental Abogada Roxana Ramírez y consigno boleta de citación sin cumplir. Consta al folio 13 al 14
En fecha 15 de Septiembre de 2022, consta informe fiscal debidamente suscrito por la Abogada Ana María Torrealba Rivero, en su carácter de Fiscal Decima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la cual emite opinión favorable al referido procedimiento, consta al folio 15.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
Para decidir, esta juzgadora considera que resulta pertinente citar la sentencia que desarrolla el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, como causales para pretender el divorcio, tal como fue desarrollado en sentencia No. 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016, por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, en la cual señala:
“….Por lo tanto, el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia.
Así pues, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vínculo afectivo de libre consentimiento preexistente entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual se genera una serie de derechos y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad.
Dentro de este orden de ideas, la institución romana del affectio maritalis trataba acerca de la voluntad de ser marido o de ser mujer, viniendo a ser el sustento fundamental del matrimonio, por lo que ha de ser continua y su ruptura desembocaba en el divorcio.
Siendo así las cosas, el afecto, proveniente del latín affectus, refiere a un sentimiento, el cual es el resultado de las emociones, hacia alguien o algo, especialmente de amor o cariño, por lo que podemos concluir que el afecto o cariño es la principal fuente del matrimonio y de su permanencia.
Es de agregar, tal y como en la institución del affectiomaritalis, dicho afecto que origina la unión de una pareja en matrimonio debe ser permanente, por cuanto éste es la fuente directa de la creación del contrato matrimonial y la existencia, de hecho, del vínculo marital depende de tal afecto.
En este sentido, al momento en el cual perece el afecto y cariño ocurre el nacimiento del desafecto, el cual es definido por la Real Academia Española como la falta de estima por algo o alguien a quien se muestra desvío o indiferencia.
Dicho desafecto consiste en la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimientos positivos que existían hacia él o la cónyuge cambien a sentimientos negativos o neutrales.
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.
En efecto, la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona....”
Ahora bien, cumplidos los supuestos de hecho establecidos en el artículo 185 del Código Civil, en las sentencias fundamento de la acción y teniendo en cuenta la nueva visión que se ha dado a la institución de naturaleza civil y de carácter social del divorcio de cara a la merecida relevancia que la Sala Constitucional mediante sentencias de contenido adjetivo –vinculantes- antes analizadas concede a una de sus actuales causales, en concreto, la manifestación de voluntad de uno cualesquiera de los cónyuges al deseo de poner fin a la relación matrimonial por la invocación expresa de la incompatibilidad de caracteres o el desafecto, tal como ocurrió en el caso planteado. Por ello, una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial, se debe tener como efecto la disolución del vínculo, siendo la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, razón por la cual la presente acción debe prosperar, y así se decide…”
Con base a los criterios jurisprudenciales antes transcrito este Juzgado estima que la acción de divorcio debe prosperar, pues se evidencia el desafecto, que los cónyuges no cohabitan, faltando así a los deberes y derechos del matrimonio, y en el dispositivo de esta decisión decretará la disolución del vínculo matrimonial, por cuanto en el presente procedimiento se cumplieron todos los requisitos previstos en la Ley, no se observaron vicios en las actuaciones cumplidas, por lo que a juicio de esta sentenciadora es procedente la pretensión.- Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.-
DISPOSITIVA
Por lo anteriormente expuesto se observa que en el presente juicio se encuentran llenos todos los extremos exigidos por el 185 en concordancia con las sentencias 693 de fecha 02 de Junio de 2015 y 1070 de fecha 09 de Diciembre de 2016 dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y en vista que los cónyuges están contestes en afirmar que han permanecido separados, y por cuanto no fue objetada la solicitud por parte del Fiscal del Ministerio Publico, tal como consta en escrito de opinión que riela al folio 15 del presente expediente; este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, y siguiendo los criterios establecidos en las sentencias dictadas por la Sala Constitucional Nº 1070 de fecha 09 de Diciembre de 2015 respectivamente. DECLARA CON LUGAR la solicitud de divorcio y por consiguiente DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL contraído por los ciudadanos: OSCAR ANTONIO PEREZ y BLANCA ELENA GUEDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nº V- 9.570.106 y V- 10.123.571, domiciliados en la Población de Sanare, Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara. Ofíciese al organismo competente, remitiendo copia certificada de la presente decisión, a los fines legales consiguientes. Expídanse las copias que soliciten las partes interesadas y ordénese el archivo judicial del presente expediente. ASI SE DECIDE.
Dada, firmada y sellada en la sede del TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JIMENEZ Y ANDRES ELOY BLANCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA. En Sanare a los Veintinueve (29) día del mes de Septiembre de 2.022. Año 212º y 163º.
La Juez Provisorio,

Abg. Milangela M. Jiménez
La Secretaria

Abg. María L. Vergara
En esta misma fecha se registró y se publicó siendo las 3:30 p.m.