TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO.
Trujillo, 11 de enero de 2023.
212º y 163º
I. DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano FELIPE DE JESUS ANDRADE BASTIDAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3.783.486.

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Abogada en ejercicio IRMA MARÍA NUÑEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 301.361.

DEMANDADO: Ciudadano ANTONIO JOSÉ VETANCOURT, titular de la cédula de identidad número 9.378.963.
NO CONSTITUYÓ REPRESENTACIÓN JUDICIAL.
EXPEDIENTE: A-0796-2022 (ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES, COSTAS PROCESALES E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS)
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
II. BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
Este tribunal procede a realizar una síntesis, precisa y lacónica del asunto planteado, ello de conformidad al artículo 243 ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido, se observa:
En fecha 07 de diciembre de 2022, el ciudadano FELIPE DE JESUS ANDRADE BASTIDAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3.783.486, asistido por la abogada en ejercicio IRMA MARÍA NUÑEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 301.361, incoa una demanda por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES, COSTAS PROCESALES E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, en contra del ciudadano ANTONIO JOSÉ VETANCOURT, titular de la cédula de identidad número 9.378.963, riela del folio 01 al 05 y su vto.
En fecha 19 de diciembre de 2023, el Tribunal mediante auto dictó un despacho saneador a los fines que la parte actora subsanara la demanda en virtud de la ambigüedad en las pretensiones propuestas, otorgando el lapso de tres (03) días de despacho conforme a lo previsto en el artículo 199 ejusdem, so pena de inadmisión, riela al folio 94.

III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De conformidad con lo establecido en el artículo 243 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil, se procede a exponer los motivos de hecho y de derecho en que se fundamenta la presente decisión:

De la Competencia del Tribunal
La determinación de la competencia del Tribunal es elemento esencial para la validez del juicio y, como bien lo señalara la Sala Político-Administrativa en sentencia del 18 de febrero de 1999, (caso E. Meléndez en amparo, exp. 14.691), “… es presupuesto imprescindible del cual deriva la potestad del juez para decidir el fondo…” (Resaltado del Tribunal); así las cosas, este jurisdicente a los fines de verificar la competencia del juzgado que regenta, en primer orden observa que el artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece:
“Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, pudiendo aplicarse supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil”. (Resaltado del Tribunal)
En este orden de ideas establece el artículo 197 eiusdem, ordinales 1, 8 y 15 eiusdem, establece lo siguiente:
“Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promueven con ocasión de la actividad agraria sobre los siguientes asuntos:
Omissis…
2. Acciones de indemnización de daños y perjuicios derivados de la actividad agraria.
15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” (Resaltado del Tribunal).
Ahora bien, en razón de dichas disposiciones legales, es necesario señalar que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario viene a establecer el ámbito de competencia de los Jueces Agrarios, indicando en el artículo 197 eiusdem los asuntos que éstos deben conocer; resaltando que la citada norma en su ordinal 15º le otorga a los Jueces Agrario competencia para conocer de forma general todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria; en este sentido y como el presente asunto se enmarca dentro de las acciones previstas en el ordinal 2° del referido artículo.
Con relación a la competencia por el territorio, el tribunal trae a colación la resolución número 2.008-0051 de fecha 29 de octubre de 2.008, proferida por la Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia en la cual crea los Tribunales con competencia Agraria en el estado Trujillo, la cual en sus artículos 4 y 5 establece lo siguiente:
Artículo 4: “Crear un Juzgado de Primera Instancia Agraria con competencia en el territorio de los Municipios Candelaria, Escuque, Pampanito, Trujillo, Pampán, San Rafael de Carvajal, Urdaneta, Boconò, Carache, José Felipe Márquez Cañizales y José Vicente Campo Elías del Estado Trujillo, denominado JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO con sede en la población de Trujillo, estado Trujillo.”
Artículo 5: “Crear un Juzgado de Primera Instancia Agraria con competencia en el territorio de los Municipios Miranda, Andrés Bello, Motatán, Sucre, Bolívar, Rafael Rangel, Valera, La Ceiba y Monte Carmelo del Estado Trujillo denominado JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, tendrá la competencia que le atribuye la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario a los juzgados de primera instancia agraria, con sede en la ciudad Sabana de Mendoza.” (Resaltado y mayúscula de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia).
En tal sentido, constatado en la presente causa elemento de la agrariedad, así como que, dentro del conjunto de bienes afectados a la actividad agraria, sobre los cuales conforme los dichos del actor se produce el conflicto, uno de ellos ubicados en el municipio Boconó del estado Trujillo, es por lo que este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo es competente para conocer y decidir el presente asunto. Así se declara.
Determinada como ha sido la competencia del tribunal, pasa este jurisdicente a pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda que, por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES, COSTAS PROCESALES E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, incoase el ciudadano FELIPE DE JESUS ANDRADE BASTIDAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3.783.486, asistido por la abogada en ejercicio IRMA MARÍA NUÑEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 301.361; considerando prudente quien aquí decide traer a colación como previo los artículos 26 y 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen los siguiente:
Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. (Resaltado del Tribunal)

Artículo 51: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”. (Resaltado del Tribunal).

En este orden, el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece:
“… En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el juez o jueza de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres (3) días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el juez o jueza negará la admisión de la demanda… ” (Resaltado por el Tribunal)

Ahora bien, los órganos jurisdiccionales frente al ejercicio del derecho de acción deben admitir la demanda incoada con la expresa condición que la misma no sea contraria al orden público, a la moral o alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico; en este sentido, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en el primer aparte del artículo 199, viene a regular la institución de derecho procesal del despacho saneador con el firme propósito de depurar el proceso de vicios, obstáculos, errores, trabas y cualquier otra irregularidad que enturbien el iter procedimental; ordenando la corrección mediante auto motivado e indicando el lapso para ello, el cual es limitado a tres (03) días de despacho, so pena de inadmisión de la demanda, en este orden, el tribunal frente a la Acción intentada en fecha 07 de diciembre de 2022, por el ciudadano FELIPE DE JESUS ANDRADE BASTIDAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3.783.486 asistido por la abogada en ejercicio IRMA MARÍA NUÑEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 301.361, en contra del ciudadano ANTONIO JOSÉ VETANCOURT, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 9.378.963, por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES, COSTAS PROCESALES E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, procedió en fecha 19 de diciembre de 2022, a dictar un despacho saneador a los fines que la parte actora subsanara la demanda en virtud de la ambigüedad en las pretensiones propuestas, otorgando el lapso de tres (03) días de despacho conforme a lo previsto en el artículo 199 ejusdem, so pena de inadmisión; por ello y como consecuencia que la subsanación ordenada no fue presentada, este órgano jurisdiccional declara inadmisible la demanda interpuesta por incumplimiento del primer aparte del artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide.

DISPOSITIVO

Este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
ÚNICO: INADMISIBLE la demanda por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES, COSTAS PROCESALES E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por el ciudadano FELIPE DE JESUS ANDRADE BASTIDAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3.783.486, asistido por la abogada en ejercicio IRMA MARÍA NUÑEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 301.361, en contra del ciudadano ANTONIO JOSÉ VETANCOURT, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 9.378.963, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. ASÍ SE DECIDE.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y EXPÍDANSE LAS COPIAS DE LEY.

Dada, sellada y firmada, en el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo. A los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.

Abg. JOSE CARLENIN ARAUJO BRICEÑO
JUEZ. -
Abg. REIMER MONCAYO
SECRETARIO. -

En la misma fecha se público la presente sentencia a las 11:00 a.m.
Conste. Scrío.

JCAB/RM
EXP. A-0796-2022