TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO.
Trujillo, 22 de noviembre de 2023
212º y 164º
I. DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.

PARTE DEMANDANTES: Ciudadanos MARIA INÉS QUEVEDO TREJOS y HERMOGENES MORILLO, titulares de las cédulas de identidad números 4.959.279 y 9.158.209, respectivamente.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogada en ejercicio LUISANA ROJAS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 152.576.

PARTE DEMANDADOS: Ciudadanos JUAN JOSÉ MORILLO LAGUNA, XIOMARA MORILLO LAGUNA y MAITE COROMOTO MORILLO LAGUNA, titulares de las cédulas de identidad números 12.331.192, 12.331.140 y 18.071.136, respectivamente.
NO CONSTITUYÓ REPRESENTACION JUDICIAL.
ASUNTO: NULIDAD ABSOLUTA DE VENTA Y DAÑOS MORALES.

EXPEDIENTE: A- 0776-2022.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.
II. BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
Este tribunal pasa a extender la presente sentencia; no sin antes hacer una síntesis, precisa y lacónica del asunto planteado, ello de conformidad al artículo 243 ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido, se observa:
En fecha 28 de marzo de 2022, la abogada en ejercicio LUISANA ROJAS, Inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 152.576, en su condición de apoderada judicial de los ciudadanos MARIA INÉS QUEVEDO TREJOS y HERMOGENES MORILLO, titulares de las cédulas de identidad números 4.959.279 y 9.158.209, respectivamente; incoa la presente demanda ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA DE VENTA Y DAÑOS MORALES, en contra de los ciudadanos JUAN JOSÉ MORILLO LAGUNA, XIOMARA MORILLO LAGUNA y MAITE COROMOTO MORILLO LAGUNA, titulares de las cédulas de identidad números 12.331.192, 12.331.140 y 18.071.136, respectivamente, por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, correspondiéndole conocer por distribución al referido juzgado; corre inserta del folio 01 al 06 y su vto.
En fecha 05 de abril de 2022, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo se declaró incompetente por la materia para seguir conociendo y tramitando la presente causa, y en consecuencia, declinó la competencia a este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, ordenando remitir el presente expediente; corre inserto del folio 66 al 68.
En fecha 25 de abril de 2022, recibe la presente causa este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo; corre inserto al folio 69 y su vto.
En fecha 27 de abril de 2022, el Secretario del Tribunal mediante nota secretarial, le da entrada correspondiente y cuenta inmediata al juez; corre inserto al folio 70.
En fecha 28 de abril de 2022, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo se declara competente para conocer y decidir la presente demanda por NULIDAD ABSOLUTA DE VENTA Y DAÑOS MORALES; corre inserto del folio 71 al 73.
En fecha 01 de noviembre de 2022, el Tribunal mediante auto dicta un despacho saneador en la presente demanda, en virtud que la parte actora no describe ni identifica el objeto de su pretensión, apercibiéndosele a subsanar los defectos u omisiones indicados dentro de los tres (03) días de despacho siguientes so pena de inadmisión de demanda, ordenándose la notificación de la parte actora; corre inserto al folio 74.
En fecha 05 de diciembre de 2022, el Alguacil del Tribunal mediante diligencia consigna la boleta de notificación de la parte demandante, la cual fue practicada en la persona de su apoderada judicial, abogada LUISANA ROJAS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 152.576; corre inserto del folio 75 al 76.
En fecha 06 de marzo de 2023, la apoderada judicial de la parte actora, abogada LUISANA ROJAS, plenamente identificada, mediante diligencia solicita el desglose de los folios 08 al 52; corre inserta al folio 77.
En fecha 28 de marzo de 2023, la apoderada judicial de la parte actora, abogada LUISANA ROJAS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 152.576, mediante diligencia solicita el desglose de los folios 08 al 52; corre inserta al folio 78.
En fecha 29 de marzo de 2023, el Juez Suplente abogado REIMER MONCAYO, se aboca al conocimiento de la presente causa, otorgando tres (03) días de despacho de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, indicando que vencido dicho lapso sin que las partes hubieren hecho uso de tal derecho, la causa continuará su curso en el mismo estado en que se encontraba; corre inserto al folio 79.

III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De conformidad con lo establecido en el artículo 243 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil, se procede a exponer los motivos de hecho y de derecho en que se fundamenta la presente decisión:
De la Competencia del Tribunal
La determinación de la competencia del Tribunal es elemento esencial para la validez del juicio y, como bien lo señalara la Sala Político-Administrativa en sentencia del 18 de febrero de 1999, (caso E. Meléndez en amparo, exp. 14.691), “… es presupuesto imprescindible del cual deriva la potestad del juez para decidir el fondo…” (Resaltado del Tribunal)
Este Tribunal a los fines de verificar si es competente para conocer la presente acción observa que, el artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en correspondencia con la sentencia de fecha 9 de julio de 2021, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en expediente 17-0425, en la cual se declara la nulidad parcial por inconstitucional del referido artículo y la nulidad por inconstitucional del articulo 252 eiusdem; con efectos ex nunc y erga omnes, con la siguiente interpretación constitucional:
Artículo 186.
“Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, pudiendo aplicarse supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil”. (Resaltado del Tribunal)

Ahora bien, es necesario señalar que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario viene a establecer el ámbito de competencia de los Jueces Agrarios, indicando en el artículo 197 eiusdem los asuntos que éstos deben conocer; resaltando que la citada norma en su ordinal 15º otorga la competencia para conocer de forma general las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria; en este sentido y como el presente asunto se enmarca dentro de las acciones previstas en los ordinales 1°, 8° y 15° de la disposición ut supra transcrita; incidiendo dicha situación fáctica en la actividad agraria, la cual viene a ser determinante para establecer la competencia por la materia del Juez Agrario, es por ello que éste Tribunal es competente por la materia para conocer la presente causa.

En este orden de ideas establece el artículo 197 eiusdem, ordinales 1, 8 y 15 eiusdem, establece lo siguiente:
“Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promueven con ocasión de la actividad agraria sobre los siguientes asuntos:
1. Acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria
Omissis…
8. Acciones derivadas de contratos agrarios.
Omissis…
15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” (Resaltado del Tribunal).
Con relación a la competencia por el territorio, el tribunal trae a colación la resolución número 2.008-0051 de fecha 29 de octubre de 2.008, proferida por la Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia en la cual crea los Tribunales con competencia Agraria en el Estado Trujillo, la cual en sus artículos 4 y 5 establece lo siguiente:
Artículo 4: “Crear un Juzgado de Primera Instancia Agraria con competencia en el territorio de los Municipios Candelaria, Escuque, Pampanito, Trujillo, Pampán, San Rafael de Carvajal, Urdaneta, Boconò, Carache, José Felipe Márquez Cañizales y José Vicente Campo Elías del Estado Trujillo, denominado JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO con sede en la población de Trujillo, estado Trujillo.”
Artículo 5: “Crear un Juzgado de Primera Instancia Agraria con competencia en el territorio de los Municipios Miranda, Andrés Bello, Motatán, Sucre, Bolívar, Rafael Rangel, Valera, La Ceiba y Monte Carmelo del Estado Trujillo denominado JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, tendrá la competencia que le atribuye la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario a los juzgados de primera instancia agraria, con sede en la ciudad Sabana de Mendoza.” (Resaltado y mayúscula de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia).
En tal sentido, constatado en la presente causa elemento de la agrariedad, así como que, el asunto versa sobre un inmueble ubicado en el municipio Boconó del estado Trujillo, es por lo que este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo es competente para conocer y decidir el presente asunto. Así se declara.
Determinada como ha sido la competencia del tribunal, pasa este jurisdicente a pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda interpuesta por los ciudadanos MARIA INÉS QUEVEDO TREJOS y HERMOGENES MORILLO, titulares de las cédulas de identidad números 4.959.279 y 9.158.209, respectivamente, incoada en contra de los ciudadanos JUAN JOSÉ MORILLO LAGUNA, XIOMARA MORILLO LAGUNA y MAITE COROMOTO MORILLO LAGUNA, titulares de las cédulas de identidad números 12.331.192, 12.331.140 y 18.071.136, respectivamente, considerando prudente quien aquí decide traer a colación como previo los artículos 26 y 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen los siguiente:
Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. (Resaltado del Tribunal)

Artículo 51: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”. (Resaltado del Tribunal)

Ahora bien, los órganos jurisdiccionales frente al ejercicio del derecho de acción deben admitir la demanda incoada con la expresa condición que la misma no sea contraria al orden público, a la moral o alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico; en este sentido, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en el primer aparte del artículo 199, viene a regular la institución de derecho procesal del despacho saneador con el firme propósito de depurar el proceso de vicios, obstáculos, errores, trabas y cualquier otra irregularidad que enturbien el iter procedimental; ordenando la corrección mediante auto motivado e indicando el lapso para ello, el cual es limitado a tres (03) días de despacho, so pena de inadmisión de la demanda, en este orden, el tribunal frente a la Acción intentada en fecha 28 de marzo de 2022 por los ciudadanos MARIA INÉS QUEVEDO TREJOS y HERMOGENES MORILLO, antes identificados, quienes demandaron por NULIDAD ABSOLUTA DE VENTA Y DAÑOS MORALES, en contra de los ciudadanos JUAN JOSÉ MORILLO LAGUNA, XIOMARA MORILLO LAGUNA y MAITE COROMOTO MORILLO LAGUNA, titulares de las cédulas de identidad números 12.331.192, 12.331.140 y 18.071.136, respectivamente, sobre el inmueble ut supra descrito; vistos los hechos narrados por la parte actora así como la acción intentada dictó un despacho saneador a la demanda interpuesta con el propósito que la parte actora ocurriese al tribunal dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a subsanar la demanda en virtud que la parte actora no describe ni identifica el objeto de su pretensión, con la advertencia que en caso de no hacerlo no se admitiría la misma; destacándose que el escrito de demanda debe valerse por sí mismo, sin necesidad de remitir a la lectura de cualquier otro documento para la verificación de los requisitos de admisibilidad; por tales razones y a juicio del suscrito, el actor no subsanó lo ordenado en el despacho saneador, siendo el Tribunal particularmente celoso en el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción, teniendo este la especial facultad de verificar si han quedado satisfechos tales requisitos y si no existe alguna causal que haga inadmisible la demanda. De allí es que al no salvarse en la acción lo exigido, pretendida por los ciudadanos MARIA INÉS QUEVEDO TREJOS y HERMOGENES MORILLO, titulares de las cédulas de identidad números 4.959.279 y 9.158.209, respectivamente, asistidos por su apoderada judicial abogada LUISANA ROJAS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 152.576, en la oportunidad señalada, por lo cual resulta forzoso para este órgano jurisdiccional, negar la admisión de la presente acción por incumplimiento del primer aparte del artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide.
Notifíquese a la parte actora y/o en la persona de su apoderado legal; y una vez quede firme la presente decisión se acuerda el desglose de las documentales que corren insertas del folio 08 al 52, ambas inclusive, debiendo la parte actora consignar los fotostatos simples para su certificación, los cuales se incorporaran al presente expediente en el lugar de los antes mencionados. Así se decide.

IV DISPOSITIVO

Este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: INADMISIBLE la demanda por NULIDAD ABSOLUTA DE VENTA Y DAÑOS MORALES, intentada por los ciudadanos MARIA INÉS QUEVEDO TREJOS y HERMOGENES MORILLO, titulares de las cédulas de identidad números 4.959.279 y 9.158.209, respectivamente, incoada en contra de los ciudadanos JUAN JOSÉ MORILLO LAGUNA, XIOMARA MORILLO LAGUNA y MAITE COROMOTO MORILLO LAGUNA, titulares de las cédulas de identidad números 12.331.192, 12.331.140 y 18.071.136, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide.
SEGUNDO: Notifíquese a la parte actora y/o en la persona de su apoderado legal; y una vez quede firme la presente decisión se acuerda el desglose de las documentales que corren insertas del folio 08 al 52, ambas inclusive, debiendo la parte actora consignar los fotostatos simples para su certificación, los cuales se incorporaran al presente expediente en el lugar de los antes mencionados. Así se decide.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y EXPÍDANSE LAS COPIAS DE LEY.

Dada, sellada y firmada, en el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. A los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Años 213º de la Independencia y 164º de la Federación.

Abg. JOSE CARLENIN ARAUJO BRICEÑO
JUEZ. -
Abg. REIMER MONCAYO
SECRETARIO. -

En la misma fecha se público la presente sentencia a las 02:30 p.m.
Conste. Scrío.
JCAB/RM/MM
EXP. A-0776-2022