TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro
214º y 165º

ASUNTO: KN02-X-2024-000009

PARTE DEMANDANTE: JULIO CESAR PIGORINI CABRERA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-8.611.472.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ENELY AGUILAR RODRIGUEZ, LUIS ANGEL CARUCI y LEANYADI BELSARES, inscritos en el IPSA bajo los Nros. 126.056, 126.030 y 305.354, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: EDGAR ENRIQUE PERALTA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-4.382.297.
MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR NOMINADA DE SECUESTRO
TIPO DE SENTENCIA: INTERLOCUTORIA

BREVE RESEÑA DE AUTOS

Se inició el presente juicio por motivo de DESALOJO (LOCAL COMERCIAL), incoado por el ciudadano JULIO CESAR PIGORINI CABRERA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-8.611.472, representado por sus apoderados judiciales, abogados ENELY AGUILAR RODRIGUEZ, LUIS ANGEL CARUCI y LEANYADI BELSARES, inscritos en el IPSA bajo los Nros. 126.056, 126.030 y 305.354, respectivamente, contra el ciudadano EDGAR ENRIQUE PERALTA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-4.382.297, correspondiéndole el conocimiento del presente asunto a este Tribunal previa distribución que hiciera la Unidad Receptora y Distribuidora de Documentos (URDD) Civil.
En fecha 21 de octubre del presente año, se admitió la presente demanda por no ser contraria a las buenas costumbres, al orden público y a ninguna disposición prevista en la Ley, ordenándose la citación de la parte demandada plenamente identificada en autos y abriéndose cuaderno separado de medidas en virtud de la medida cautelar solicitada.
En fecha 15 de noviembre de 2024, la parte actora ratificó la medida cautelar solicitada en el escrito libelar, jurando la urgencia del caso para lo cual consignó copias del escrito libelar, instrumento fundamental de la demanda y copias del documento de propiedad del inmueble del cual se requiere que recaiga la MEDIDA CAUTELAR NOMINADA DE SECUESTRO, sobre un inmueble propiedad del ciudadano: JULIO CESAR PIGORINI CABRERA, antes identificado, ubicado en la carrera 16 cruce calle 19, Nº 18-89, de esta ciudad de Barquisimeto del estado Lara, según consta en documento debidamente protocolizado por ante la Oficina del Primer Circuito del Municipio Iribarren del estado Lara, en fecha 24/10/2016, inserto bajo el Nº 2016.1911, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 362.11.2.1.6720, y según Título Supletorio emanado por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 20/10/2023, con el expediente Nº KP02-S-2023-002918.

MOTIVACION

Establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, que:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.…”
En efecto, el decreto de la protección cautelar requiere que el juez establezca la presunción de existencia del fumus bonis iuris y el periculum in mora, cuyos requisitos son suficientes para la declaratoria de las medidas cautelares nominadas previstas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil (embargo preventivo de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles y secuestro de bienes determinados).
Sobre este particular, la sala ha dejado sentado que las medidas preventivas nominadas solo se decretaran cuando se verifique en forma concurrentes los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus bonis iuris), apoyado en un documento que al efecto lo demuestre; y 2) el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (peliculum in mora), ello implica concretamente que en relación con el “fomus bonis iuris”, que su confirmación deberá consistir en la existencia del buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar, no puede adelantarse juicio sobre el fondo del asunto planteado, por consiguiente debe entenderse como un cálculo o juicio de probabilidad sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al juzgador, la labor de analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho reclamado, sin tocar el fondo del asunto.
Así las cosas, se tiene que el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, autoriza al Juez de mérito para poner en marcha el poder cautelar del Órgano Jurisdiccional, por lo que debe la parte solicitante de la medida, no solo debe invocar los requisitos de procedibilidad, sino también acreditar en autos los mismos.
En tal sentido, procede este Tribunal a analizar si fueron debidamente invocados y acreditados los requisitos de procedibilidad antes mencionados, y para ello se observa:
En cuanto al primero de los supuestos, es decir, el Fumus Bonis Iuris, “humo del buen derecho” o “apariencia del buen derecho”, expresión que se utiliza en el caso de las medidas cautelares y que describe el requisito según el cual la petición aparentemente está fundada jurídicamente, como por ejemplo seria: “La existencia de una letra de cambio hecha según la Ley, lo cual constituye en este ejemplo el fomus bonis iuris para la procedencia de una medida cautelar.” En tal sentido, se tiene que la parte demandante consigno: copia certificada del documento de propiedad debidamente protocolizado por ante la oficina del Primer Circuito del Municipio Iribarren del estado Lara, en fecha 24/10/2016, inserto bajo el Nº 2016.1911, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 362.11.2.1.6720, así como también original de Título Supletorio emanado por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 20/10/2023, con el expediente Nº KP02-S-2023-002918, de la revisión de los instrumentos documentales consignados se observa la apariencia del buen derecho, y como consecuencia de ello este Tribunal da por satisfecho la invocación y acreditación del primer requisito exigido en la norma adjetiva vigente para el decreto de la tutela cautelar solicitada.
Con referencia al segundo de los requisitos (peliculum in mora), o “peligro en la mora” el cual es unos de los elementos a considerar en la decisión de medidas cautelares, y que consiste en tomar en cuenta el riesgo que se tiene al retrasar o no la decisión cautelar, como por el ejemplo seria “Ante la ruindad de un edificio, por lo que se toma la decisión ante el peliculum in mora de continuar habitándolo”, el mismo como ya se indicó, se equipara a un cálculo o juicio de probabilidad con la pretensión ya que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada, por lo que el juez, en su labor cautelar, debe analizar su petición. Con respecto a tal requisito, se tiene que la doctrina imperante, viene afirmando que tal requerimiento se fundamenta en la posibilidad procesal de alegar el temor producto de la demora que podría surgir de la duración del proceso, o mejor dicho, el peligro de insatisfacción, que no podría ser solventado en la sentencia definitiva, y sobre la base de un interés actual, se pretende mediante el decreto de estas medidas el aseguramiento o garantía de la ejecución.
En ese sentido, el autor Eduardo Néstor De Lazzari en su obra “MEDIDAS CAUTELARES”, Librería Editora Platense, S.R.L., La Plata, 1995, págs. 30 y 31, expone:

La doctrina coincide en señalar que el dictado de la medida cautelar responde a la necesidad de evitar aquellas circunstancias que en todo o en parte impiden o hacen más difícil o gravosa la consecución del bien pretendido, o en cuya virtud el daño temido se transforma en daño efectivo. Pero tales acontecimientos, si se registraran efectivamente ocasionarían directamente la frustración. Por lo tanto es lícito obviar la espera y dispensar de la certidumbre absoluta acerca de que la actuación normal del derecho llegará tarde. Basta con la sola posibilidad de que ello ocurra, con el alea de sufrir el perjuicio. Alcanza con el temor del daño, pues ello configura un interés jurídico que justifica el adelanto jurisdiccional.
Este legítimo interés en obrar proviene del estado de peligro en el cual se encuentra el derecho principal. Como expresa RAMÍREZ, la morosidad judicial, la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin retardo una providencia definitiva, es el fundamento del peligro en la demora”. (…)

En ese sentido, la parte demandante manifiesta que el demandado no tiene la mínima intención de cumplir con lo pactado en el contrato de arrendamiento, haciendo sus pagos sean extemporáneos e incompletos, o en el peor de los casos deteriorar o menoscabar el inmueble objeto de la presente Litis, como en efecto está ocurriendo, por lo que consigna fotografías marcadas con las letras C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, donde se evidencia el nivel de deterioro que posee, evidenciándose filtraciones, deterioro en las paredes, frisos y baldosas, deterioro del baño, cerraduras y puertas, siendo el caso que existe una presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho que tiende a burlar o desmejorar la efectividad de la futura sentencia por la tardanza del presente juicio.
En ese sentido, se debe acotar que en lo que concierne a la probanza de este requisito de procedibilidad de las medidas cautelares, Román Duque Corredor, en su compendio de “APUNTACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CIVIL ORDINARIO”, tomo II, Ediciones Fundación Projusticia, Caracas, 1999, págs. 158, 159 y 161, refiere que:

(...) “Igualmente, ha de demostrar el solicitante en forma presuntiva la existencia del riesgo manifiesto, es decir, ostensible, de que quede ilusoria la ejecución del fallo, que se le denomina “fumus periculum in mora” (humo u olor de peligro por el retardo). La demostración de estos extremos ha de hacerla el interesado a través de un medio de prueba que constituya presunción grave de ambas circunstancias. Sin embargo, efectuada esa doble prueba presuntiva, corresponde al Juez apreciar si en verdad existe o no ese riesgo, ya que el texto mencionado del artículo 585, determina que sólo las podrá decretar cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de la sentencia. La providencia cautelar, en consecuencia, que dicta el Juez, por su urgencia, consiste en un “mero juicio de posibilidades sobre el derecho sustancial de que se pretende titular el sujeto peticionante”.
Ahora bien, si al Juez le compete apreciar tal probabilidad o posibilidad, la carga de la comprobación de ambos extremos es del solicitante de la medida. (...)
Respecto del requisito del peligro por el retardo, la tardanza procesal no es necesario demostrarla porque es obvio y notorio que existe un tiempo considerable que va desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia que se dicte quede definitivamente firme. Mientras que las circunstancias de hecho que ciertamente justifiquen la medida preventiva para evitar un perjuicio al derecho reclamado, cuya existencia se presume, sí deben evidenciarse, también presuntivamente.”

En ese sentido, al ser obvio que la sustanciación de los asuntos judiciales necesariamente tienen un arco de tiempo definido por el legislador y cuya duración, en el presente caso, se puede extender mucho más, es por lo que se tiene por satisfecho ese requisito. ASÍ SE ESTABLECE.-

Aplicando los postulados antes expuestos y el examen de la medida cautelar a que se contrae el presente cuaderno, debe señalarse, con relación a la presunción de buen derecho y al peligro de mora, que la acción incoada se refiere al desalojo de un local comercial, fundamentando tal pretensión en los literal “L”, del artículo 40 de la Ley de Regulación de Arrendamientos de inmuebles destinados a uso comercial; trayendo a los autos las documentales supra identificadas del cual la demandante alega la presunción grave del incumplimiento del pago del canon de arrendamiento por parte del arrendatario EDGAR ENRIQUE PERALTA, y en referencia al vencimiento de la prorroga legal arrendaticia, de lo que se colige que –pudiera- existir una presunción grave de la procedencia en derecho de la pretensión a que se contrae la acción incoada, ello sin que esto implique una valoración anticipada al fondo de la causa.

En cuanto a las medidas de secuestro, el artículo 599 eiusdem establece, que:
Art. 599. Se decretará el secuestro:
omissis…
7° De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones de arrendamiento, por estar deteriorada la cosa, o por haber dejado de hacer las mejoras a que esté obligado según el Contrato. También se decretará el secuestro de la cosa arrendada, por vencimiento del término del arrendamiento, siempre que el vencimiento de dicho término conste del documento público o privado que contenga el contrato…
En este caso el propietario, así como el vendedor en el caso del Ordinal 5° podrán exigir que se acuerde el depósito en ellos mismos, quedando afecta la cosa para responder respectivamente al arrendatario o al comprador, si hubiere lugar a ello. (Resaltado del Tribunal).

Ahora bien en materia de arrendamiento comercial el literal “L” del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial establece lo siguiente:

En los inmuebles regidos por este Decreto Ley queda taxativamente prohibido:
…
l. Dictar o aplicar medidas cautelares de secuestro de bienes muebles o inmuebles vinculados con la relación arrendaticia, sin constancia de haber agotado la instancia administrativa correspondiente, que tendrá un lapso de 30 días continuos para pronunciarse. Consumido este lapso, se considera agotada la instancia administrativa. (Resaltado del Tribunal).

De la norma citada encontramos establecido en ella que debe agotarse la vía administrativa ante el órgano encargado de ello, para que el juez pueda proceder a decretar la medida de secuestro sobre un local comercial que sea objeto de un determinado litigio, hecho este que fue demostrado en autos con la consignación de la denuncia realizada en fecha 02 de noviembre de 2023, al ente administrativo como lo es el SUNDDE, llenándose así los requisitos de procedencia para que proceda la medida cautelar solicitada.

En aplicación del articulado anteriormente señalado y vistos los alegatos de la accionante, y los recaudos acompañados al libelo, en criterio de esta juzgadora, al observar que habiéndose satisfecho los extremos para la pertinencia de la cautelar requerida, existiendo la apariencia de buen derecho suficiente a favor de la demandante, para acordar la medida solicitada, sin que ello implique anticipar un juicio de valor, pues, reitera el Tribunal que el atributo de certeza exigido es de tal grado que debe derivar de los documentos fundamentales que acompañen la petición del actor, esto es, se trata de una presunción grave de la procedencia en derecho de la pretensión a que se contrae la acción incoada por la demandante, sin que sea necesario entrar a fondo en una confrontación o valoración probatoria, por lo que luce apropiado o procedente la petición de medida de secuestro peticionada. ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVO

En fuerza a los argumentos de hecho y de derecho anteriormente fundamentados en la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:

PRIMERO: Procedente la MEDIDA CAUTELAR NOMINADA DE SECUESTRO, de conformidad con lo establecido con los artículos 585, 588 y 599, numeral 7, del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 41 literal “L” del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, sobre el siguiente bien inmueble ubicado en la carrera 16 cruce calle 19, Nº 18-89, de esta ciudad de Barquisimeto estado Lara, según consta en documento debidamente protocolizado por ante la Oficina del Primer Circuito del Municipio Iribarren del estado Lara, en fecha 24/10/2016, inserto bajo el Nº 2016.1911, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 362.11.2.1.6720. Se advierte a la accionante que dada la provisionalidad y revocabilidad de la medida decretada, se señala que la falta de impulso procesal del juicio principal, acarreará a la suspensión de la misma.
SEGUNDO: Nómbrese en su oportunidad depositaria judicial y en caso de ser necesario hágase uso de la fuerza pública de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: Se fija oportunidad para la práctica de la Medida Cautelar de Secuestro, para que tenga lugar el día Jueves 16/01/2025, a las 10:00 a.m. en esta ciudad; asimismo se acuerda oficiar al Cuerpo Policial del Estado Lara y a la Juez Rectora y Coordinadora Civil del estado Lara.

CUARTO: Déjese copia de la presente providencia cautelar de conformidad con lo ordenado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese incluso en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.
Déjese copia certificadas por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de La Circunscripción Judicial del Estado Lara.
LA JUEZ PROVISORIA
ABG. YOXELY CAROLINA RUIZ SÁNCHEZ
LA SECRETARIA ACCIDENTAL
ABG. WILSENNY MARIN PINEDA
Seguidamente se cumplió con lo ordenado y se libraron oficios Nros. 4920-684 y 4920-685.-
La Sec. Acc.-

YCRS/WMP/kyob.-
Exp. JUZ-2-MUN-N° KN02-X-2024-000009