TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR ACCIDENTAL CIVIL, MERCANTIL Y DE TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO

EXPEDIENTE NÚMERO: 4248-11

QUERELLANTE: ANGEL ENRIQUE RAMOS DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.060.983, quien aparece representado por los abogados Gilmer Viloria Hernández, Lisbeth González de Matheus y María Verónica Vielma de Barrios, inscritos en Inpreabogado bajo los números 8.132,111.954 y 111.929

QUERELLADA: PROMOTORA VALER- VALEN C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo en fecha 11 de mayo de 2.005, bajo el Nº 65, Tomo 7-A, quien se encuentra representada legalmente por los ciudadanos Carlos José Rumbos Guerrero y Rafael Antonio Pérez, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nos 1.408.860 y 3.908.523, en su condición de Presidente y Director, respectivamente, quien aparece asistida judicialmente por la abogada Niniver Carolina Parisi Medina y Katerin Pérez Herrera , inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 112.996 142.517.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

JUEZ ACCIDENTAL PONENTE: Abog. Rimy Edith Rodríguez Artigas

HISTORIAL
Cursan la presente apelación ejercida la abogada Lisbeth González de Matheus, inscrita en Inpreabogado bajo el número 111.954, apoderada judicial de la parte querellante, contra la sentencia definitiva de fecha 6 de Octubre de 2010 dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del estado Trujillo, y que fuera oído en ambos efectos como consta en auto dictado al folio 153, del presente expediente.
En fecha 22 de octubre de 2011 fueron recibidas las presentes actas a este Tribunal Superior, el Juez Titular, abogado Rafael Aguilar se inhibe en conocer la presente causa por existir causal conforme al numeral 12 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, como consta en acta levantada el 22 de marzo de 2011, al folio 155, en fecha 16 de octubre de 2017, el Juez Provisorio designado abogado Adolfo Gimeno Paredes se abocó al conocimiento de la causa, ordenando la notificación de las partes., actuaciones remitidas al tribunal comisionado, las cuales no fueron cumplidas.
Mediante acta de fecha 18 de septiembre de 2023 la abogada Mireya Carmona Torres se Inhibió de conocer se inhibió de conocer la presente causa por existir causal conforme al numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Habiendo sido designada como juez accidental, la suscrita, y quien mediante sentencia dictada el 28 de noviembre de 2023 declaró con lugar la inhibición planteada por la Juez Provisorio.
Mediante auto dictado en fecha 28 de noviembre de 2023, la suscrita Juez se aboco al conocimiento de la causa y ordenó notificar a las partes mediante cartel publicado en la cartelera de este Juzgado Superior; siendo publicado dicho cartel el día 8 de diciembre de 2023 y agregado mediante nota de secretaria de fecha 11 de enero de 2023, conforme consta a los folios 92 y 93 del presente expediente.
Por auto dictado en fecha 11 de enero de 2023 se reanudo la presente causa, al folio 94.

CONSIDERACIONES
Por cuanto esta sentenciadora observa que en la presente causa, no se evidencia impulso procesal de las partes y se encuentra paralizada ante esta instancia, hasta la presente fecha desde el día 15 de junio 2011, folio 159, razón por la cual este Tribunal en vista de que la regla especial en materia de perención establece que solo el transcurso del tiempo sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina de pleno derecho la perención, tal como lo preceptúa el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
De lo señalado anteriormente, resulta evidente para esta operadora de justicia que en la presente causa ha transcurrido más de un año sin que ninguna de las partes haya dado impulso procesal a la apelación ejercida en el juicio de cumplimiento de contrato sigue el ciudadano Ángel Enrique Ramos Díaz contra la Sociedad Mercantil Promotora Valer- Valen C.A, tal y como lo establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al disponer que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no produce la perención…” (Sic).
Asimismo, tomando en consideración el criterio establecido en la sentencia Nª 956, expediente 00-1491, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 1 de junio de 2001, con ponencia del ex Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, la cual argumenta que:
“…También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda antes de que antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención. Sin embargo, en razón del orden público, debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil y que, en consecuencia, si la materia es de orden público, la perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de perención, ya que es difícil pensar que los intereses superiores del menor, por ejemplo, puedan quedar menoscabados porque perimió el proceso donde ellos se ventilaban…” (Sic).
Igualmente, la sentencia numero 1102 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 12 de mayo de 2003, ha expuesto con respecto a los efectos de la perención, lo siguiente:
“…Para esta Sala, la institución de la perención “castiga” la negligencia de las partes, sin diferenciar que ellos son menores o no, tal como lo expresa el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil. Dicha negligencia no puede ser premiada, fundada en el interés de los menores, mantenido indefinidamente al demandado sujeto al juicio, ya tal situación sub iudice indefinida contraría el debido proceso y la propia finalidad del mismo.
Si se toma en cuenta que el efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, sino a raíz de su declaración, postergar por espacio de tres meses que se incoe de nuevo la acción para reclamar el derecho, en principio, ningún perjuicio causa la declaratoria de perención al demandante, así se trate de un menor y así se declara…” (Sic).
De las transcripciones parciales antes señaladas se sostiene que la negligencia de las partes no puede ser premiada manteniendo al demandado sujeto a un juicio pues ello contraviene el debido proceso y la propia finalidad del mismo, en consecuencia por ser el debido proceso una garantía de carácter constitucional, es procedente la declaratoria de la perención de la instancia. En ese sentido, se puede definir la perención como un modo de extinción de la relación procesal, al transcurrir un cierto tiempo en estado de inactividad. Por ende, es una obligación y una carga de las partes impulsar el procedimiento mediante la ejecución de actos dentro del mismo, so pena de incurrir en la perención de la instancia y la extinción del proceso. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias.
De igual manera, considera esta operadora de justicia que es preciso señalar que conforme lo prevé el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil “… La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que, resulten de los autos; solamente extinguen el proceso…” (Sic). En efecto, el fundamento de la institución de la perención de la instancia reside en dos motivos importantes: 1.-) La presunta intención de las partes e abandonar el proceso, que se demuestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo); y, 2.-) El interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar al juez deberes de cargo innecesario, esto es, después de un período de inactividad procesal prolongado el Estado entiende liberara sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal.
Observa esta juzgadora que en el juicio de cumplimiento de contrato sigue el ciudadano Ángel Enrique Ramos Díaz contra la Sociedad Mercantil Promotora Valer- Valen C.A, ha transcurrido más de un año, sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes que diera impulso al proceso, siendo la última actuación procesal, la realizada en fecha día 16 de junio 2011, folio 159, oportunidad cuando la apoderada judicial de la parte demandante, abogada Lisbeth González de Matheus, mediante diligencia consignó diligencia mediante la cual solicitó se ratifique el oficio para la designación de Juez Accidental, considerando quien aquí juzga que ha operado la perención de la instancia, y, por ende, extinguida la instancia. Así se decide.
Considerando quien aquí juzga que ha operado la perención de la instancia, y, por ende, extinguida la instancia. Así se decide.
En tal virtud y como quiera que ha transcurrido más de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en el presente proceso, debe forzosamente declararse la perención de esta segunda instancia, extinguido el presente recurso de apelación y declararse, en consecuencia, la sentencia apelada con fuerza de cosa juzgada. Así se decide.
DECISIÒN
En fuerza de las consideraciones de hecho y de derecho que se han dejado expuestas, este Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara.
PRIMERO: EXTINGUIDA ESTA SEGUNDA INSTANCIA Y CON FUERZA DE COSA JUZGADA la sentencia definitiva de fecha 4 de noviembre de 2010 dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del estado Trujillo.
SEGUNDO: No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza de este fallo.
Publíquese y regístrese la presente sentencia.