REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, 26 de enero de 2024.
213º y 164º
Asunto: KP01-0-2024-000020.
Asunto Principal: IP41-S-2021-000068.
Jueza Superiora: Abogada, Milena del Carmen Fréitez Gutiérrez.

Accionante: Ciudadano abogado Ramón Agustín Loaiza Queipo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 155.773, en su carácter de abogado designado por el ciudadano Juan Gabriel Adrian González, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-13.202.154.

Presunto Agraviado: Juan Gabriel Adrian González, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-13.202.154.

Presunto agraviante: ciudadana abogada Edgary Zarraga, en su carácter de jueza regente del Tribunal Único de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Falcón con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro.

Motivo de conocimiento: Acción de amparo constitucional.


Capitulo preliminar

En fecha 24 de enero de 2024, siendo las 9:00 horas de la mañana, se recibe por esta alzada, acción de amparo constitucional interpuesto por el ciudadano abogado Ramón Agustín Loaiza Queipo, en su carácter de abogado designado por el ciudadano Juan Gabriel Adrian González, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-13.202.154, en contra de la ciudadana abogada Edgary Zarraga, jueza regente del Tribunal Único de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Falcón, con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, por presunta omisión en la realización del acto de juramentación del abogado Ramón Agustín Loaiza Queipo en virtud de designación realizada por el imputado, consignada en la unidad de recepción y distribución de documentos en fecha 01 de marzo de 2023, situación que representa según el accionante violación al derecho a la defensa, tutela judicial efectiva a petición y a recibir respuesta oportuna, en la causa signada con el alfanumérico IP41-S-2021-000068.

A la referida acción de amparo, le fue asignada la nomenclatura KP01-0-2024-000020, correspondiendo la ponencia, según distribución realizada de a través del Sistema Informático Juris 2000, a la Jueza Superiora Integrante Milena del Carmen Fréitez Gutiérrez quien en esa misma fecha se aboca al conocimiento del asunto; motivo por el cual, estando dentro de los lapsos de ley se procede a emitir el siguiente pronunciamiento:
De la competencia

Debe previamente esta Corte de Apelaciones determinar su competencia para conocer de la presente Acción de Amparo; y a tal efecto, observa que la misma versa sobre la presunta omisión por parte del Tribunal Único de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Falcón, con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, en la causa alfanumérico IP41-S-2021-000068, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 66, literal “A”, ordinal 6°, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia para conocer corresponde al tribunal superior, que en este caso es la Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Centro Occidental por ser ésta el Tribunal Superior del juzgado accionado en virtud de tener competencia plena en los estados Lara, Yaracuy, Falcón y Portuguesa respecto a los asuntos en donde se ventilen delitos tipificados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en el caso en cuestión.
Así mismo se observa que la competencia para conocer de la presente Acción de Amparo viene atribuida en acatamiento a la doctrina vinculante del Máximo Tribunal de la República, sustentada en sentencia del 20 de enero del 2000 (caso Emery Mata Millán), en la que se determinó que la competencia para conocer de los autos o decisiones dictados por los Tribunales de Primera Instancia que vulneren derechos y garantías constitucionales, corresponde a las Cortes de Apelaciones o Tribunales Superiores.

En tal sentido, esta Corte de Apelaciones, se declara competente para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional incoada por el ciudadano abogado Ramón Agustín Loaiza Queipo, en su carácter de abogado designado por el ciudadano Juan Gabriel Adrian González, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-13.202.154, en contra de la ciudadana abogada Edgary Zarraga, en su carácter de Jueza regente del Tribunal Único de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Falcón, con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, por presunta omisión en la realización del acto de juramentación del ciudadano abogado Ramón Agustín Loaiza Queipo, en virtud de designación realizada por el imputado, consignada en la unidad de recepción y distribución de documentos en fecha 01 de marzo de 2023, lo que origina violación al derecho a la defensa, tutela judicial efectiva a petición y a recibir respuesta oportuna, en la causa signada con el alfanumérico IP41-S-2021-000068. Así se decide.-

De la admisibilidad de la acción de amparo

Recibido como ha sido el escrito contentivo de la Acción de Amparo Constitucional, e interpuesta y establecida la competencia de esta Corte de Apelaciones para conocer del mismo; se procede a verificar si la referida acción de amparo se encuentra incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que señala:

Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla;

2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado;

3) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales, constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no puedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación;

4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.
Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.


El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;

6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia;

7) En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la Constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos;

8) Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta

Así pues, constata esta alzada que de acuerdo a lo denunciado por la hoy accionante, en fecha 01 de marzo de 2023 consignó ante la unidad de recepción y distribución de documentos escrito de designación de defensa realizado por el imputado Juan Gabriel González, en el asunto penal IP41-S-2021-000068, y a la fecha de presentación de la acción de amparo el 02 de octubre de 2023, el tribunal accionado continúa sin realizar el acto de juramentación; trayendo como consecuencia que hasta la fecha de la presentación de la acción de amparo, la violación o amenaza invocada, no haya cesado. Aunado a ello, constata esta alzada que la amenaza en contra de los derechos constitucionales denunciados por el accionante, puede ser realizable, posible e inmediata por el tribunal presuntamente agraviante, y a su vez, la misma puede ser subsanada o reparada por el Juzgado a quo.
Por otra parte, se evidencia que la omisión en la realización del acto de juramentación denunciada a través de la presente acción de amparo no fue consentida tácita o expresamente por el hoy accionante tácita o expresamente, por cuanto se desprende de autos que desde la fecha de la presunta violación o amenaza han trascurrido siete (07) meses; constatándose entonces que no existen para esta Corte de Apelaciones, signos inequívocos de aceptación. Igualmente, se verifica que no existe otro medio para lograr la restitución de la situación jurídica infringida, pues no se trata de un auto fundado o alguna decisión dictada por el tribunal de instancia que pueda ser susceptible de apelación.

Por último, se observa que la presente acción de amparo no es interpuesta en contra de alguna decisión dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, ni existe en la actualidad en el territorio venezolano suspensión de derechos y garantías constitucionales que prohíban la presente acción de amparo, ni está pendiente ninguna otra decisión de amparo con relación a los mismos hechos aquí invocados.

En consecuencia, habiéndose verificado por esta alzada que la presente acción de amparo constitucional no está incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y considerando que el ciudadano abogado Ramón Agustín Loaiza Queipo, en su carácter de abogado designado por el ciudadano Juan Gabriel Adrian González, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-13.202.154, se encuentra debidamente legitimado conforme a escrito de designación debidamente suscrito por el ciudadano imputado Juan Gabriel Adrian González, inserto en el folio cinco (05) del cuaderno de amparo, recibido por la unidad de recepción y distribución de documentos del cuerpo de alguacilazgo de dicho Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, tal como se evidencia en sello húmedo ubicado en la parte inferior izquierda del escrito; por lo que lo procedente y ajustado a derecho es admitir la presente acción de amparo constitucional, conforme al artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo notificarse a la Fiscalía Superior del Ministerio Público, conforme establece el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y además, a la ciudadana Jueza Edgary Zarraga, jueza regente del Tribunal Único de Primera Instancia en Funciones de Juico del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Falcón, con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, a los fines que pueda preparar su defensa y a su vez, pueda informar lo que a bien considere sobre la presente acción de amparo, como garantía del debido proceso establecido artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

Decisión

En mérito de los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, de la Región Centro Occidental con sede en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, actuando en Sede Constitucional y administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la ley, declara:

Primero: Se admite la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano abogado Ramón Agustín Loaiza Queipo, en su carácter de abogado designado por el ciudadano Juan Gabriel Adrian González, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-13.202.154, en contra de la ciudadana abogada Edgary Zarraga, jueza regente del Tribunal Único de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Falcón con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, en la causa signada con el alfanumérico IP41-S-2021-000068.


Segundo: Se ordena notificar a la Fiscalía Superior Ministerio Público del estado Lara sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Tercero: Se ordena notificar sobre la admisión de la presente acción de amparo, a la ciudadana abogada Edgary Zarraga, jueza regente del Tribunal Único de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Falcón con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, a los fines que informe a esta alzada, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la recepción de la notificación, lo que a bien considere respecto a la solicitud de amparo, para lo cual, deberá remitirse a través de correo electrónico copia certificada de la acción de amparo aquí admitida.

Así pues, una vez vencidos los lapsos procesales supra mencionados, el accionante en amparo, el presunto agraviante y la representación del Ministerio Público deben concurrir a esta Corte de Apelaciones, en sede constitucional, a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral telemática, la cual tendrá lugar, tanto en su fijación como para su práctica, dentro de las noventa y seis (96) horas a partir del vencimiento del lapso de cuarenta y ocho (48) horas para la presentación del informe.

Líbrese los correspondientes oficios de notificación

Publíquese, regístrese y diarícese. Barquisimeto, 26 de enero de 2024. Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación.


Abg. Esp. Milagro Pastora López Pereira
Jueza Superiora y Presidenta de la Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra La Mujer de la Región Centro Occidental

Abg. Milena del Carmen Fréitez Gutiérrez
Jueza superiora integrante
(Ponente)
Abg. Mariela Josefina Peraza Ortiz.
Jueza superior integrante (s)

Secretaria
Abg. Grace Heredia.

Asunto: KP01-O-2024-000020.
Milenafréitez/ -