REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, cinco (05) de junio de dos mil veinticuatro (2024) 214º y 165º ASUNTO: KC04-X-2024-000015.- PARTE ACTORA: FRANCISCO PINEDA PASCUAL de nacionalidad Española, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-81.195151, domiciliado en el Reino de España. PARTE DEMANDADA: ASOCIACIÓN CIVIL UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MADRE CARMEN RENDILES, debidamente constituida y domiciliada en Cabudare e inscrita en el Registro Público del Municipio Palavecino del Estado Lara, en fecha 19 de julio de 2006, bajo el N°6, folios 1 al 4, protocolo Primero, Tomo 9 y contra los ciudadanos ANA BEATRIZ MATERAN BASTIDAS GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.377.493 en su condición de Presidenta del Consejo Directivo, DULCINEO OLIVERO BASTIDAS GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.260.580, en su condición de Vicepresidente del consejo Directivo y MARIA ISABEL ALVAREZ BORJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.354.157, en su condición de Director Académico. JUEZ INHIBIDA: ABG. JOHANNA DAYANARA MENDOZA TORRES, JUEZ SUPLENTE DEL JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA MOTIVO: INHIBICIÓN (DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL). Vista el Acta de Inhibición, suscrita por la Juez Suplente del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, abogada JOHANNA DAYANARA MENDOZA TORRES, contenida en el juicio de DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL signado bajo la nomenclatura Nº KP02-R-2024-000087 intentada por el ciudadano FRANCISCO PINEDA PASCUAL contra LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MADRE CARMEN RENDILES, la cual es del tenor siguiente: “…presenta formal INHIBICIÓN para seguir conociendo el presente asunto signado con la nomenclatura KP02-R-2024-000087, relativo a juicio Desalojo de Local Comercial interpuesto por el ciudadano Francisco Pineda Pascual contra la Asociación Civil Unidad Educativa Colegio Madre Carmen Rendiles En efecto, en aras de una sana administración de justicia me INHIBO de conocer el presente asunto signado con la nomenclatura KP02-R-2024-000087, en virtud de haber manifestado opinión al fondo del asunto como Jueza Provisoria en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la causa signada bajo el N° KH02-V-2022-000101, por cuanto en fecha ocho (08) de febrero de 2024, dicté sentencia definitiva …” En este orden, llegada la oportunidad para pronunciarse, este tribunal lo hace en los términos que a continuación se exponen: La inhibición constituye una de las instituciones procesales que atienden a la competencia subjetiva, esto es, a la idoneidad relativa del juez para resolver en forma imparcial y transparente determinada controversia. En efecto, las causales de inhibición y recusación previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, constituyen esas vinculaciones calificadas por el legislador como motivos suficientes y fundados de incompetencia subjetiva o inhabilidad del funcionario judicial para intervenir en el pleito. En este sentido resulta indispensable que el tribunal dirimente verifique la legalidad de la inhibición, analice su procedencia o no, a fin de determinar si la causa continuará siendo conocida por el Juzgado que se inhibe o si por el contrario la tramitación del asunto corresponde a otro tribunal de su misma jerarquía, todo lo cual debe hacerse en un lapso breve, sin embargo, la celeridad que implícitamente exige la precitada disposición no obsta para que la decisión que resuelve la incidencia sea debidamente motivada, de allí que el juez dirimente debe verificar necesariamente el cumplimiento de los requisitos de procedencia, vale decir, la fundamentación de la misma en alguna de las causales legalmente consagradas y la prueba que la soporta. En el caso bajo análisis, la jueza suplente Abg. Johanna Dayanara Mendoza Torres se inhibe de seguir conociendo la causa, en razón de haber emitido pronunciamiento con anterioridad sobre el mérito de la causa; y a los fines de demostrar sus alegatos consigna copia certificada (ver folios 05 al 20 del presente cuaderno de inhibición) de la sentencia por ella proferida en el ejercicio de sus funciones como Jueza Provisoria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y dictada en fecha 08 de febrero de 2024 en el asunto signado con el Nº KH02-V-2022-000101, decisión que conllevó al medio de impugnación ejercido e identificado con el Nº KP02-R-2024-000087; lo cual evidencia que ciertamente en el presente caso la jueza inhibida emitió opinión con anterioridad sobre lo principal del juicio, por lo que la inhibición planteada con fundamento en lo establecido en el artículo 82 ordinal 15 del Código de Procedimiento Civil está ajustada a derecho. Así se declara. Remítase con oficio, copia certificada de la presente decisión a la Juez inhibida, a los fines legales consiguientes y de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase otra copia certificada para ser agregada al libro respectivo. Regístrese, publíquese y remítase. La Juez, El Secretario, Abg. Rosángela Mercedes Sorondo Gil Abg. Julio Montes Publicada en la misma fecha en horas de despacho y seguidamente se expidieron las copias certificadas conforme a lo ordenado, remitiéndose una al Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y de Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con oficio Nº 2024/186. El Secretario, Abg. Julio Montes