TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la
Región Centro Occidental

Barquisimeto, 07 de marzo de 2025
Años 214° y 165°
Asunto: KP01-X-2025-000002.
Asunto Principal: IP41-S-2024-000657.
Juez Superior Ponente: Abg. Carlos Luis Medina Méndez.
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
Jueza Inhibida: ciudadana abogada Julymar Medina en su condición Jueza Suplente del Tribunal Primero de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, sede Santa Ana de Coro.

Imputado: ciudadano José Ramón Santos, titular de la cedula N° V- 5.027.384
Delito: Abuso sexual sin penetración.
Víctima: Ana Yackeline García Márquez.
Motivo: Inhibición.
CAPÍTULO PRELIMINAR
En fecha 25 de febrero de 2025, se recibe cuaderno especial de inhibición que fuere planteada por la ciudadana abogada Julymar Medina en su condición Jueza Suplente del Tribunal Primero de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, sede Santa Ana de Coro, para conocer la causa signada con el alfanumérico IP41-S-2024-000657 seguida en contra del ciudadano José Ramón Santos, titular de la cedula N° V- 5.027.384 ,por la presunta comisión del delito de Abuso sexual sin penetración, a la cual le fue asignada la nomenclatura KP01-X-2025-000002 correspondiéndole la ponencia, según distribución realizada a través del sistema Informático Juris 2000, al Juez Superior (S) Ponente: Abg. Carlos Luis Medina Méndez, abocándose al conocimiento de la causa en esa misma fecha; motivo por el cual, conforme a lo establecido en el artículo 99 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a emitir el siguiente pronunciamiento:
PLANTEAMIENTO DE LA INHIBICIÓN
En fecha 10 de septiembre de 2024, esta Sala de la Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Centro Occidental, con sede en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, da entrada a cuaderno especial de inhibición, signado bajo la nomenclatura KP01-X-2025-000002, en la cual la ciudadana abogada Julymar Medina en su condición Jueza Suplente del Tribunal Primero de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, sede Santa Ana de Coro, dejo sentado en fecha 24 de diciembre de 2024 mediante acta, su inhibición al conocimiento de la referida causa, expresando lo siguiente

…Omissis…
“En el día de hoy, veinticuatro (24) de Diciembre(sic…) del año Dos(sic…) Mil(sic…) veinticuatro (2024), habilitando en horas de Despacho(sic…) procede esta juzgadora, en su carácter de Jueza(sic…) Suplente(sic…) Primera(sic…) de Control Audiencias(sic…) y Medidas, y en tal sentido expone: MI INHIBO DE CONOCER EN LA PRESENTE CAUSA, actuando con estricta sujeción a la norma prevista en los artículos 89 numeral 7 en concordancia con el artículo 90 del texto adjetivo penal…”
“A tal efecto señalo, que por cuanto me encuentro incursa en una causal de inhibición obligatoria, toda vez que he tenido conocimiento de la causa como experto del equipo multidisciplinario de este Circuito Judicial, en la realización del informe integral en fecha 12/11/24 a la Ciudadana(sic…) Ana Yackeline García Márquez, víctima del presente asunto, previa solicitud de este tribunal. El mencionado expediente forma parte de las causas activas de este Tribunal, signada bajo N° IP41-S-2024-000657, seguida en contra del ciudadano JOSÉ RAMÓN SANTOS, de nacionalidad venezolana, titular de la cedula Nro. V- 5.027.384, investigado por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”
“Es mi deber como jueza, informar a la Corte de Apelaciones, que en virtud de haber emitido opinión y suscrito el calidad de experto, el informe integral supra citado vinculado a la Ciudadana(sic…) Ana Yackeline García Márquez, víctima del presente asunto…”
(...Omissis...)

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
La inhibición es el acto en virtud del cual el Juez u otro funcionario judicial requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso (Ricardo Henríquez La Roche, T.I., Pág.292). La ley impone al funcionario que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, la obligación de declararla, sin aguardar que se le recuse, es decir, que el Juez debe separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2917, de fecha 13 de diciembre de 2004, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, ha dejado asentado:
“…esta Sala debe reiterar que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva del decidor, ya que sólo éste es capaz de conocer si, efectivamente, en su persona existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad. Así lo reconoce nuestra legislación que obliga al funcionario judicial a separarse de la causa, cuando encuentre que en su persona existe una causal de recusación (artículos 84 del Código de Procedimiento Civil y 87 del Código Orgánico Procesal)…”
La Sala de Casación Penal en sentencia N° 392 del 19 de agosto de 2010, expresó lo siguiente en relación a la imparcialidad que debe revestir al juez al administrar justicia:
“…El juez, en el ejercicio de su función de administrar justicia, debe ser imparcial, esto es, no debe existir ninguna vinculación subjetiva entre él y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento, ni con el objeto de la misma, ya que la presencia de algunos de esos vínculos conlleva a la inhabilidad del funcionario judicial para intervenir en ella. Para preservar la imparcialidad del juez o jueza, la ley consagra la institución de la recusación, la cual se concibe como el poder otorgado a las partes para solicitar la exclusión de aquél del conocimiento de una determinada causa, por cualquiera de los motivos expresamente previstos…”.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 211 del 15 de febrero de 2001, en relación con la imparcialidad que debe tener el funcionario judicial ha señalado:
“…La inhibición es un deber jurídico impuesto por la ley al funcionario judicial de separarse del conocimiento de una causa, en virtud de encontrarse en una especial vinculación con las partes, con el objeto del proceso o con otro órgano concurrente en la misma causa, calificada por la ley como causal de recusación y, por ser un deber procesal, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil dispone que si el funcionario retarda esa declaratoria a sabiendas de que está incurso en el impedimento, deberá responder de los daños que con su intervención haya causado a la parte que resulte afectada y está sujeto también a multa, por retardo en el cumplimiento de este deber…”.
El artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal dispone los fundamentos legales en las cuales deben fundarse las inhibiciones formuladas por los jueces y juezas, los o las fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes y cualquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, que consideren que le son aplicables una o algunas de las causales señaladas en el citado artículo, toda vez que las mismas versan sobre la imposibilidad del funcionario judicial, para intervenir en la controversia sometida a su conocimiento.
Del análisis del referido artículo se observa que existen causales de carácter objetivo y subjetivo, así tenemos que las causales establecidas en los numerales 1, 2 y 3 relativas al grado de parentesco existente entre las partes, la causal establecida en el numeral 90 se refiere a la prohibición de mantener contacto directa o indirectamente con sólo alguna de las partes, para tratar asuntos relacionados con la materia a conocer por el Juez; y la causal contenida en el numeral 7, relacionada con el conocimiento que el juez hubiese tenido del proceso por intervención previa directa y en función de ello, hubiese emitido opinión, son de carácter objetivo en virtud que nacen de la existencia de hechos materiales que no permiten la duda a las partes sobre su existencia. Por otro lado tenemos las causales de carácter subjetivo representadas por las indicadas en los numerales 4, 5 y 8, la causal del numeral 4 relativa a la amistad o enemistad manifiesta, el numeral 5 se refiere al interés directo en el resultado del proceso que pudiese tener el inhibido o recusado, su cónyuge o algunos de sus parientes, dentro de los grados requeridos, y finalmente la causal del numeral 8°, relativa a cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten la imparcialidad del funcionario.
En cuanto a la necesidad de probar la existencia de alguna de las causales, la Sala de Casación Penal, en sentencia del 24 de abril de 2012, ponencia de la Magistrada Ninoska Queipo, señaló lo siguiente:
“… las causales propias de la inhibición o recusación, se traten de objetivas o subjetivas encuentran un punto de similitud, y es que éstas deben ser probadas. En este orden de ideas la doctrina especializada ha sostenido en forma pacífica y reiterada que, la prueba es por naturaleza objetiva y por tanto la cuestión de su estudio se reduce a establecer si existe o no existe prueba, pues si existe prueba fehaciente, la inhibición queda automáticamente probada y si ello no ocurre, la recusación resultaría no probada”.
En el presente caso, la ciudadana abogada Julymar Medina en su condición Jueza Suplente del Tribunal Primero de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, sede Santa Ana de Coro, se inhibió del conocimiento del asunto penal IP41-S-2024-000657 seguido al ciudadano José Ramón Santos, titular de la cedula N° V- 5.027.384, por estar presuntamente incursa en la causal de inhibición establecida en el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a “haberse emitido opinión en la causa con conocimiento de ella…”; aseverando que ha “tenido conocimiento de la causa como experto del equipo multidisciplinario de este Circuito Judicial, en la realización del informe integral en fecha 12/11/24 a la Ciudadana(sic…) Ana Yackeline García Márquez, víctima del presente asunto, previa solicitud de este tribunal. El mencionado expediente forma parte de las causas activas de este Tribunal, signada bajo N° IP41-S-2024-000657, seguida en contra del ciudadano JOSÉ RAMÓN SANTOS, de nacionalidad venezolana, titular de la cedula Nro. V- 5.027.384, investigado por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, tal y como se desprende de copias certificadas del informe integral practicado a la victima de auto inserta del folio cuatro (04) al folio siete (07) del presente cuaderno de incidencias.

Así las cosas, considera esta Alzada que la actuación de la Jueza a quo respecto al planteamiento de la presente inhibición resulta ajustada a derecho, toda vez que al haber emitido opinión como experta en la causa, generó en ella el convencimiento de la existencia de un fundamento serio relacionado con la victima de auto; convencimiento que devino de un análisis de un informe integral practicado a la víctima.

Entonces, mantener a la ciudadana Julymar Medina bajo el conocimiento de la presente causa penal afectaría indudablemente la imparcialidad que debe regir en todo proceso penal, que debe ser consciente y objetiva, separable como tal de las influencias, psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el mismo, y que crean inclinaciones inconscientes.

Por los razonamientos precedentemente expuestos, considera esta Corte de Apelacionesque la presente inhibición se encuentra ajustada a derecho en virtud de que ha sido presentada en forma debida, planteándosela mismaa través de acta, e indicando de forma clara la causal legal que la justifica (la causal establecida en el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal) y en hechos convincentes debidamente acreditados que pudieran afectar su imparcialidad; por lo cual esta Alzada considera procedente la inhibición, por lo que se declara con lugar. Así se decide.-
En acatamiento al fallo Nº 1175 del 23 de noviembre de 2010, dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de carácter vinculante, mediante el cual se estableció: “Que las decisiones que resuelvan las incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal”; esta decisión debe notificarse mediante oficio dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, a la Jueza inhibida y al Juez sustituto o Jueza sustituta temporal.
Asimismo, siendo que la sede de los referidos Juzgados se encuentra en otra localidad distinta a la de esta Corte de Apelaciones, además de lo ordenado en el párrafo anterior y a los fines de su efectivo cumplimiento, se ordena notificar mediante llamada telefónica a la Jueza inhibida y al Juez sustituto o Jueza sustituta temporal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, de lo cual se debe levantar un acta que será suscrita por el Alguacil y la Secretaria, dejando constancia del referido acto en el presente expediente.
El presente asunto será remitido una vez se deje constancia de la notificación telefónica practicada. Las resultas de las notificaciones ordenadas mediante oficio serán remitidas como actuación complementaria una vez sean consignadas en esta Corte de Apelaciones por la Unidad de Alguacilazgo. Así se decide.
DECISIÓN

En fuerza de los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
Único: con lugar la inhibición planteada por ciudadana abogada Julymar Medina en su condición Jueza Suplente del Tribunal Primero de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, sede Santa Ana de Coro, fundamentada en el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, para el conocimiento del asunto IP41-S-2024-000657 seguido contra el ciudadano José Ramón Santos, titular de la cedula N° V- 5.027.384.
Efectúese notificación telefónica dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.
Publíquese, diarícese y remítase las actuaciones al Tribunal de origen en su oportunidad legal. Cúmplase.
Dada, firmada y sellada en la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer Región Centro Occidental, con sede en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, a los siete (07) días del mes de marzo de 2025. Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
Abg. Milena del Carmen Fréitez Gutiérrez

Jueza Presidenta (E) de la Sala Única de la Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Centro Occidental

Abg. Carlos Luis Medina Méndez
Juez Integrante (Ponente)
Abg. Rosabel Lorena Angarita
Jueza Integrante

Secretaria,
Abg. Grace Danyelith Heredia
KP01-X-2025-000002
CLMM//CEM.